El Ministerio de Justicia ha negado que sea necesario aprobar un decreto ley que suspenda la aplicación de la ley de tasas como pide el PSOE ya que el pago no se practicará de forma retroactiva, sino que comenzará a cobrarse cuando el departamento de Cristóbal Montoro tenga listos los formularios de autoliquidación, según han informado fuentes de Justicia.

Foto: Alberto Ruiz Gallardón

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha mostrado su respeto hacia quienes "quieren mantener el antiguo régimen" de tasas judiciales pero ha afirmado que el Gobierno "no está dispuesto a mantener esa actitud conservadora" porque "el sistema de la Justicia en España no puede continuar como está". Es más, ha dicho que son "el primer paso" de un "cambio absoluto" en la Justicia.

La totalidad de las asociaciones de jueces y fiscales se concentrarán este viernes ante el Ministerio de Justicia y ante las sedes judiciales de las capitales de provincia para protestar por la "grave" situación que atraviesa la Administración de Justicia.

Foto: Gonzalo Moliner Tamborero

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner Tamborero, ha afirmado este jueves en Murcia que la Ley de Tasas Judiciales agilizará la justicia "en alguna medida".

Avisa que las tasas incentivan "soluciones violentas" y que agotará las "vías en derecho posibles" para evitar los "nefastos" efectos de la ley

Dice que "no conduce a nada" que los magistrados protesten por la norma de las tasas, puesto que "luego la han de cumplir"

La asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (FdV) ha denunciado la "chapuza nacional" generada con la ley de tasas judiciales y ha criticado la "total y absoluta descoordinación" entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda al aprobar la norma pero no tener preparados los impresos para el pago de las tasas.

Foto: Una imagen del juicio por la muerte de dos prostitutas en Benissa

CSI-F ha denunciado este jueves que la nueva Ley de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia esconde "nuevas discriminaciones" al colectivo de funcionarios, porque les obliga a asumir el coste de acudir con un abogado y procurador a la comparecencia en defensa de sus derechos laborales.

El Tribunal Supremo ha resuelto este jueves atribuir al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco la competencia sobre la causa abierta a raíz del bloqueo y acoso al Parlamento catalán ocurrido el 15 de junio de 2011, cuando un grupo de personas, tras una convocatoria por parte de los 'indignados' para protestar ante la Cámara catalana, insultó y lanzó objetos a los diputados que acudían a la sesión.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha condenado al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a indemnizar con 437.500 euros a una joven de 24 años por un diagnóstico tardío después de confundir un tumor cerebral con migrañas.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional retomará este viernes el debate sobre la vigencia de la 'doctrina Parot' después de que la reunión que sus 19 magistrados celebraron el pasado día 15 finalizara sin ningún acuerdo, informaron fuentes jurídicas.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz atribuye un delito de amenazas terroristas al exsecretario personal del alcalde de San Sebastián, Josetxo Ibazeta, de Bildu, por increpar el pasado 1 de julio en la capital donostiarra a tres seguidores de la selección española de fútbol que celebraban el triunfo en la Eurocopa.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha invalidado el artículo de la norma 79/2010, más conocido decreto del plurilingüismo, que establece que la lengua materna predominante del alumnado en Educación Infantil será determinada por el centro educativo de acuerdo con el resultado de una pregunta que se efectuará a los padres, madres, o tutores legales.

Foto: Moliner impone la Cruz de San Raimundo de Peñafor a Martínez Moya

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya, ha recibido este jueves, la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, la más alta condecoración de la justicia, de manos del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner Tamborero.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner Tamborero, ha asegurado este jueves que el decreto ley aprobado por el Gobierno para frenar los desahucios en determinadas circunstancias "hay que interpretarlo para aplicarlo como todas las leyes".

Foto: Palacio De Cibeles

El despacho jurídico del vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Rodríguez Ramos, lleva la defensa jurídica del Consistorio madrileño en este proceso judicial, a pesar de que el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que cuenta con una asesoría jurídica formada por 78 personas.

Foto: Artur Mas Y Jordi Pujol

La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto diligencias de investigación contra el diario El Mundo por presunto delito de calumnia contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, al publicar un supuesto borrador policial sobre posibles cuentas en Suiza donde se cobraron comisiones irregulares del 'caso Palau', y considera "radicalmente falsa" la noticia.

Foto: Eduardo Torres Dulce

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha reprochado este jueves al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Martín Rodríguez Sol, que haya abierto diligencias contra "El Mundo" por su información sobre supuestas cuentas en Suiza del presidente de la Generalitat, Artur Mas, han explicado a Europa Press fuentes judiciales.

Corresponde a los pasajeros interesados probarlo

 

Al exigir un período de cotización proporcionalmente más elevado para los trabajadores a tiempo parcial (en su mayor parte mujeres), instaura una diferencia de trato.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5755-2012, contra los artículos 27 y 38 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE de 23 de noviembre de 2012). Texto completo.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5763-2012, contra los artículos 22.8 y 22.9, disposición transitoria décima, apartado primero de la disposición transitoria duodécima y el párrafo tercero de la disposición final cuarta del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE de 23 de noviembre de 2012). Texto completo.

 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5868-2012, contra los apartados 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 del artículo Único; la disposición derogatoria y las disposiciones finales primera, apartados 1, 2, 4, 5 y 7; segunda y tercera de la Ley 9/2012, de 19 de julio, por la que se modifica la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOE de 23 de noviembre de 2012). Texto completo.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6045-2012, contra el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos (BOE de 23 de noviembre de 2012). Texto completo.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6066-2012, contra los artículos 1 a 4 y disposición derogatoria única del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos (BOE de 23 de noviembre de 2012). Texto completo.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6084-2012, contra el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos (BOE de 23 de noviembre de 2012). Texto completo.

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 8557-2005, en relación con el artículo 2.1 b) y c) de la Ley 11/2000, de 26 de diciembre, de la Comunidad de Castilla-La Mancha del Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, por posible vulneración de los artículos 133.2 y 157.3 de la CE (BOE de 23 de noviembre de 2012). Texto completo.

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7791-2010, en relación con el artículo 30 de la Ley Catalana 3/1993, de 5 de marzo, del Estatuto del Consumidor por posible vulneración del artículo 25.1 de la CE (BOE de 23 de noviembre de 2012). Texto completo.

Decreto 131/2012, de 15 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se adaptan las Intervenciones Delegadas al número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid (BOCAM de 22 de noviembre de 2012). Texto completo.

Decreto 151/2012, de 20 de noviembre, por el que se establecen los requisitos para la instalación y uso de desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario y para la autorización de entidades formadoras en este uso (DOGC de 22 de noviembre de 2012). Texto completo.

Probablemente lo más grave y preocupante de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral es la incidencia que esta iniciativa de ruptura laboral tiene en la configuración de nuestro marco jurídico de relaciones en el mercado de trabajo. Desde la reinstauración de la democracia, y como sucede en los países europeos de nuestro entorno, el modelo español de relaciones laborales se ha basado en el equilibrio entre la libertad de empresa y el derecho al trabajo; un equilibrio en el que la prevalencia económica del empleador es compensada a través de una protección singular de los trabajadores como individuos, así como del reconocimiento de éstos como sujeto colectivo con capacidad de actuación en defensa de sus intereses. La Ley 3/2012 dinamita los pilares de ese diseño equilibrado: pese a lo que reivindica su Exposición de Motivos, el rasgo fundamental del nuevo marco de relaciones laborales es la pérdida de ese equilibrio a costa de los trabajadores, de sus derechos individuales y colectivos. (…)

El día 23 de noviembre de 2012, de ha publicado en el diario El País, un artículo de Martín Ortega Carcelén, en el cual el autor opina sobre el proyecto independentista que Artur Mas.

El día 23 de noviembre de 2012, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Javier Cremades y 21 Abogados y juristas, en el cual los autores afirman que la pretensión de romper la unidad jurídica de España incumpliendo la Constitución o pretendiendo reformarla al margen de los mecanismos en ella previstos supone una lesión a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y una amenaza al Estado de Derecho.

El lunes 26 de noviembre de 2012, a las 12,30 horas, se celebrará en el Salón de Grados Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid la presentación del Libro de Santiago Muñoz Machado: “Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo”.

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid organiza los días 27 y 29 de noviembre de 2012, en horario de 16.00 h. a 20.00 h., el curso “Cuestiones prácticas sobre los juicios monitorio y cambiario”.

Los días 23 y 30 de noviembre de 2012, se celebrarán en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna las “XI Jornadas sobre la Constitución Español”.

 

Se formula recurso extraordinario por infracción procesal contra la sentencia que, estimando el recurso de esa clase interpuesto por las demandadas -Sindicatura de la quiebra fraudulenta de una promotora inmobiliaria y la compradora de once locales comerciales a dicha promotora y favorecida por un auto recaído en el incidente del procedimiento de quiebra, a la que se reconoció un crédito a su favor por imposibilidad de que la quebrada le entregara los locales-, apreció la excepción de cosa juzgada alegada, dejando sin efecto la sentencia de primera instancia que había estimado la demanda de la ahora recurrente, dirigida a que se declarara la nulidad de la compraventa otorgada entre las demandadas por tratarse de un contrato carente de causa.

Se estima el recurso frente a la liquidación practicada a la entidad recurrente por el concepto de Impuesto de Sociedades, en la que la Administración declaraba improcedente la deducción que la mercantil se había practicado por las cuotas del contrato de “leasing” sobre ciertos locales de negocio formalizado por otra sociedad, y en el que se había subrogado la actora.