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Se plantea como cuestión de interés casacional si, en aquellos supuestos en los que existan indicios que permitan fundar razonablemente la existencia de responsables tributarios solidarios, la Administración tributaria debe o no agotar todas las posibilidades de declaración de responsabilidad solidaria de forma previa a la declaración de responsables subsidiarios y, en su caso, si debe exteriorizar el fundamento de su decisión cuando concluya que no procede declarar ninguna responsabilidad solidaria.

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Establece la Sala que la reclamación de responsabilidad patrimonial sanitaria dirigida a un ente concertado -o que actúa por derivación del servicio público sanitario- tiene los mismos efectos que la efectuada directamente a la Administración pública en lo relativo al agotamiento de la vía administrativa como presupuesto para acudir a la vía contencioso-administrativa articulado como causa de inadmisibilidad del recurso.

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Con desestimación del recurso interpuesto, se confirma la sentencia que declaró extinguido el uso de la vivienda militar que ocupaba el recurrente, al haber pasado a la situación administrativa de excedencia voluntaria, y cesar en su destino en la Academia General del Aire, que es lo que motivó la adjudicación de la vivienda.

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Confirma la Sala la sentencia impugnada por el Abogado del Estado que anuló la Base de la convocatoria del proceso selectivo para plazas del Cuerpo Especial Facultativo de la Marina Civil, que establecía que para poder participar era necesario estar en posesión del título de Grado o licenciaturas equivalentes en diversas especialidades, cuando lo ajustado a derecho no era el título de Grado sino el de Máster.

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No ha lugar al recurso interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia que declaró el derecho del sindicato de policía demandante a la información sobre asuntos laborales y condiciones de trabajo del Catálogo de Puestos de Trabajo de la Policía Nacional.

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Se plantea en el presente recurso de casación la procedencia o no de exigir el ingreso de los recargos del período ejecutivo a todos y cada uno de los declarados responsables subsidiarios de la deuda tributaria, sin que el pago hecho por cualquiera de ellos libere al resto.

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Se establece por el TS que no es exigible en todo caso la previa aprobación de la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios -DEUP- para iniciar la elaboración de un plan especial o instrumento equivalente que ordene la zona de servicio de un puerto, sino que puede simultanearse la tramitación administrativa de ambos procedimientos, siempre y cuando la aprobación de la DEUP preceda a la aprobación definitiva de los planes especiales o instrumentos equivalentes y que las determinaciones sustantivas de la delimitación así aprobada hayan sido tenidas en cuenta debidamente en la tramitación del Plan e incorporadas finalmente en la posterior aprobación definitiva del Plan Especial o instrumento equivalente.

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Desestima la Sala el recurso interpuesto contra el acuerdo del Director de Supervisión y Control de Datos del Consejo General del Poder Judicial, que acordó el archivo de las actuaciones previas practicadas a raíz de la reclamación formulada por la demandante frente a un Juzgado de lo Penal al haber consignado en una sentencia su domicilio.

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Se plantea en el litigio si, a efectos de la debida motivación para fijar los servicios mínimos cuando se ejerce el derecho de huelga en el sector aéreo, las empresas conservan la facultad de precisar determinados aspectos de los servicios mínimos dentro de los límites fijados en la resolución administrativa correspondiente, como consecuencia de sus facultades de dirección y organización de la plantilla.

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Se plantea en el recurso si previamente valorados los intereses en conflicto por la Administración tributaria, que había acordado la suspensión de la ejecución de la deuda al aportarse garantía suficiente, respeta los principios de seguridad jurídica y buena administración que en vía judicial se deniegue el mantenimiento de la suspensión sin que haya existido una variación de las circunstancias, ni de las garantías aportadas para obtener la suspensión de la deuda.

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No ha lugar a la impugnación deducida por las mercantiles recurrentes contra la sentencia que confirmó la inadmisión del recurso frente a la desestimación por silencio administrativo del escrito presentado ante el Ayuntamiento de Murcia en el que se solicitaba la resolución del convenio urbanístico aprobado por el Pleno Municipal para realizar la transformación de un sector de Suelo Dotacional Residencial en grandes sectores y una adscripción de Sistemas Generales, y ello para transformar una actividad económica preexistente.

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La cuestión planteada en este caso consiste en determinar cuál ha de ser la interpretación que se ha de dar al concepto "semanas completas" recogido en el art. 49.1 c) del EBEP en relación con el disfrute del permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija y, en particular, si el tipo de jornada, ordinaria o especial, que tenga el solicitante debe condicionar aquella interpretación.

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La cuestión que se debate ante la Sala es si cabe declarar la caducidad del proceso contencioso-administrativo y el archivo de las actuaciones por el hecho de que el órgano judicial requirente no tuviera constancia de la presentación, ante él y dentro del plazo conferido para su subsanación, del poder "apud acta" acreditativo de la representación del letrado del recurrente, aunque este hubiese sido otorgado dentro del plazo establecido para la subsanación, pero en el juzgado de guardia de otra localidad.

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Se plantea en el presente recurso como cuestión de interés casacional si un miembro de la Carrera Fiscal con la categoría de Abogado Fiscal puede recibir el sueldo, como retribución básica, de Fiscal cuando se encuentra destinado en plaza correspondiente a esta última categoría, y si puede tener alguna incidencia la circunstancia de que el desempeño de ese destino conlleve el desarrollo de labores de coordinación.

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Con desestimación del recurso interpuesto, se confirma la sentencia que anuló la resolución de inadmisión del recurso de reposición formulado frente al Decreto por el que se prueba la Oferta de Empleo Público -OEP- para la estabilización de empleo temporal en la Administración General de la Junta de Andalucía, inadmisión que traía causa de la aplicación del art. 112.3 de la LPAC, que establece que no cabrá recurso en vía administrativa contra las disposiciones administrativas de carácter general.

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Declara la Sala haber lugar al recurso de casación interpuesto por la mercantil actora y accede a que las parcelas litigiosas de su propiedad sean valoradas como suelo rústico en el Catastro, a pesar de que el suelo en que se ubican está clasificado como urbano en el Plan General.

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Con estimación del recurso deducido se anula la liquidación girada al actor por el IRPF, pues las ganancias que se le atribuyen como bien privativo no han sido acreditadas como tales por la Administración tributaria.

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Se anula la resolución que denegó la solicitud dirigida a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) para que diera cumplimiento a la normativa legal para el reconocimiento del derecho a la carrera profesional de su personal estatutario y se procediera al abono de la retribución complementaria reconocida al personal estatutario del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.