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Se desestima, por falta de legitimación activa, el recurso interpuesto contra el decreto de la Fiscal Inspectora Jefe que archivó la queja presentada por el recurrente frente al Fiscal Provincial Jefe de Sevilla, en la que se achacaba haber ordenado a dos de sus subordinados que no formulasen acusación en las diligencias previas que se seguían contra miembros de la policía judicial.

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La controversia suscitada en el presente recurso consiste en determinar si se ha de incluir o no la cuota del IVA en la base de cálculo de los intereses de demora por el retraso de la Administración en el pago de las certificaciones en un contrato de obras.

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Se plantea en el presente caso si, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de legislación básica, la regulación autonómica del concurso de proyectos que se contiene en el art. 12 de la Ley catalana 12/2017, de la Arquitectura, ha sido desplazada por la normativa básica estatal contenida en el art. 183 de la Ley de Contratos del Sector Público.

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Se plantea ante la Sala si, habiéndose declarado la nulidad de la adjudicación de un contrato por sentencia judicial firme, en la que se reconoce el derecho de la nueva adjudicataria a “la adjudicación del contrato, con las consecuencias de toda índole legalmente inherentes a este pronunciamiento”, puede la Administración acordar la prórroga del contrato anulado con base en el art. 35.3 de la Ley de Contratos del Sector Público -actual art. 65.3-, durante el periodo necesario para la incorporación de la nueva adjudicataria reconocida como tal en la sentencia y, por tanto, hasta que se inicien las prestaciones de los nuevos contratos.

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Resuelve el TS que, en virtud del principio de prohibición del enriquecimiento injusto de la Administración, en los supuestos de obras realizadas en ejecución de un contrato declarado nulo deberá restablecerse el equilibrio económico entre las partes, siempre que la ejecución de esas obras no pueda imputarse a la iniciativa del operador económico, ni revelen una voluntad fraudulenta o abusiva del mismo.

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Estima la Sala el recurso del Ayuntamiento de Sant Mateu contra la sentencia que anuló la declaración de oferta más ventajosa de uno de los licitadores del contrato de concesión del servicio de abastecimiento de agua potable y procedió a adjudicar el contrato a otro licitador.