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Impugna la Asociación del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda la oferta de empleo público para 2024, por entender que se ha infringido el art. 70 del TRLEBEP. Considera que solo debió establecer las directrices generales de planificación, sin invadir competencias propias de los órganos convocantes de los procesos selectivos, pues ha de respetarse su autonomía.

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Revoca la Sala la sentencia que estimó el recurso de la Asociación Sindical de Secretarios de la Administración de Justicia y condenó al Ministerio de Justicia a llevar a cabo las actuaciones correspondientes para dar cumplimiento a la solicitud de creación de una unidad electoral que englobase exclusivamente a los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) para las elecciones a las Juntas de Personal y demás órganos de representación de los funcionarios de la Administración de Justicia.

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Estima la Sala el recurso interpuesto por la Administración General del Estado, revoca la sentencia impugnada que declaró que el procedimiento de alteración catastral controvertido había caducado.

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Declara la Sala que, en el marco de un recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación de un contrato, la incorporación posterior de documentos nuevos que puedan cuestionar la solvencia técnica del licitador adjudicatario, podrán ser valorados por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales -TACRC-, para decidir sobre aquella solvencia técnica, a los efectos de resolver sobre la anulación pretendida del acto de adjudicación.

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Se recurre la sentencia de la AN que confirmó la resolución del TEAC que declaró no haber lugar a la impugnación deducida frente a liquidación de la tasa por gastos y remuneraciones en dirección e inspección de las obras realizadas por el Presidente de ADIF Alta Velocidad.

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Revoca la Sala la sentencia que desestimó el incidente de extensión de efectos de sentencia firme solicitada por el recurrente en materia de procesos selectivos de acceso al empleo público, por no haber recurrido la resolución por la que se anunció la calificación final de la fase de oposición con la relación de aspirantes, con su puntuación y calificación como aptos o no aptos, ni contra la resolución por la que designó funcionarios de carrera.

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Se plantea en el recurso si el cálculo del cupo para personas con discapacidad debe realizarse tomando en consideración todas las plazas recogidas en la correspondiente oferta de empleo público o las previstas en la específica convocatoria que, en ejecución de esa oferta de empleo público, se refiere a plazas a cubrir mediante concurso de méritos.

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Con desestimación del recurso interpuesto se confirma la denegación al recurrente del reconocimiento en España de efectos profesionales al título de médico especialista en cirugía plástica, estética y reparadora.

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Se plantea en el recurso si los funcionarios interinos pueden ser nombrados instructores y secretarios en los expedientes sancionadores tramitados por la Administración y, en su caso, si pueden o no ejercer tales funciones, por ser o no de la exclusiva responsabilidad de los funcionarios de carrera, así como las eventuales consecuencias jurídicas que podrían derivarse para los expedientes sancionadores tramitados por aquellos.

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Revoca el TS la sentencia que reconoció a un funcionario del Cuerpo General de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, el abono de los importes correspondientes a las guardias de su Juzgado, que no había percibido por haber permanecido en situación de baja por incapacidad temporal.

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Se plantea en el recurso a quién corresponde la competencia para la distribución del horario del personal en funciones de mando de la Guardia Civil, tanto en horas de presencia física, como de disponibilidad por necesidades de servicio. Más concretamente si el propio mando afectado tiene autonomía o potestad para la autodeterminación de su propia jornada, o si, por el contrario, la misma puede ser determinada por decisión del superior jerárquico.

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Se plantea en el presente recurso si el Comité de Evaluación para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialista en Ciencias de la Salud obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea puede hacer descansar un informe propuesta de carácter negativo, y sin posibilidad de subsanación, en la circunstancia de que la persona solicitante del reconocimiento no haya acreditado ejercicio profesional en la especialidad solicitada durante un período de tiempo en el que ya se encontraba residiendo en España y, al faltar ese reconocimiento, no podía ejercer dicha profesión.

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La Sección Tercera de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse, en su sentencia de 23 de febrero de 2026 (recurso de casación 1584/2023), sobre la conformidad a derecho de los umbrales de saciedad, esto es, las cláusulas de los pliegos de contratación pública que establecen índices que limiten la valoración de las ofertas económicas. Los considera lícitos siempre que tales límites o umbrales estén justificados en relación con las prestaciones que constituyan el objeto del contrato, se atengan a las disposiciones legales sobre criterios de adjudicación y respeten los principios básicos reguladores de la contratación pública. La Sección analiza con rigor el cumplimiento de dichos requisitos en el marco del ejercicio por parte de la Administración de una notable discrecionalidad técnica.