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Con desestimación del recurso interpuesto por Telefónica de España, se confirma la sanción impuesta por incluir en las condiciones generales del contrato la obligación de factura electrónica.

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Se plantea en el recurso si en el periodo de inactividad por IT los funcionarios tienen derecho a la percepción de un nuevo trienio después de cesar la situación de baja y con efectos retroactivos, con sus intereses legales.

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La Sala completa la doctrina relativa a las comprobaciones administrativas de valor de bienes a efectos tributarios, y sobre la necesidad de motivar el inicio del procedimiento de comprobación, en el sentido de declarar que la Administración, advertida la falta de concordancia entre el valor declarado por el obligado tributario y el fijado en la tasación hipotecaria, acreditado mediante certificación emitida conforme a la legislación hipotecaria, puede, utilizando el medio de comprobación del art. 57.1 g) de la LGT, que resulta apto e idóneo atendiendo a las características del bien, comprobar el valor real del bien transmitido, sin que le sea exigible ninguna carga adicional respecto a los demás medios de comprobación de valores, y sin que venga obligada a justificar con carácter previo que el valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas coincide con el valor ajustado a la base imponible del impuesto, ni la existencia de algún elemento de defraudación que deba corregirse.

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Se plantea ante la Sala si es posible justificar en informe técnico emitido con razón de un recurso administrativo las razones de la puntuación otorgada a los aspirantes por la comisión de valoración de un proceso selectivo; y si el contenido del informe debe estar suscrito por todos los miembros de la comisión, o es igualmente eficaz a efectos justificativos de puntuaciones si se emite por parte de algunos de los miembros.

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El TS estima el recurso interpuesto por una Comunidad de regantes y revoca la resolución del TEAC de Valencia que anuló el acto de repercusión a un comunero del 21% de IVA, declarando ajustado a derecho el acto de repercusión controvertido.

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Se confirma la sentencia que estimó en parte el recurso de apelación del Gobierno de Cantabria contra la diligencia de embargo practicada por la TGSS sobre los créditos o pagos a efectuar al deudor, y declaró embargables las ayudas concedidas en ejecución de la Ley 3/2021, de concesión de ayudas dirigidas a las empresas y las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo, para el sostenimiento del empleo y la actividad económica en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19, pero con el límite establecido en el art. 607 de la LEC.

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Se plantea en el presente recurso qué regla de valoración, a efectos del IRPF, resulta de aplicación a la ganancia o pérdida patrimonial experimentada por un socio de un sociedad limitada, si la de la letra b) del art. 37.1 de la LIRPF relativa a la transmisión a título oneroso de valores no admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, o por el contrario, la de la letra e) relativa a los casos de separación de los socios o disolución de sociedades, por haber enajenado a un tercero la totalidad de sus acciones o participaciones.

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Ratifica la Sala la jurisprudencia que ha establecido que, de la interpretación del art. 78 de la LIVA, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva del IVA, se concluye que las subvenciones otorgadas por los entes públicos para la financiación de la gestión del servicio a fin de cubrir su déficit, y siempre que se trate de subvenciones-dotación, no constituyen operaciones sujetas al IVA, al no estar vinculadas al precio.

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No ha lugar al recurso interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia que anuló la declaración de responsabilidad solidaria, por no apreciar los requisitos sustantivos de tal declaración, y entendió que decayó su eficacia iniciadora del procedimiento a efectos del plazo de prescripción que pudiera afectar al luego declarado responsable subsidiario.

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Con estimación del recurso interpuesto, declara la Sala el derecho del recurrente a que le sea concedido el visado de estudios solicitado, y que le fue denegado por el Consulado General de España en Marruecos por considerar que no cumplía el requisito establecido en el art. 38.1 a) 2.º del RLOEX.

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Con desestimación del recurso interpuesto la Sala confirma la sentencia que condenó al Ayuntamiento recurrente a indemnizar a la demandante por los daños y perjuicios producidos como consecuencia de la nulidad del acto de adjudicación del contrato de concesión de obra pública para la construcción y gestión de una piscina municipal.

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Con estimación del recurso interpuesto por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, revoca el Tribunal la sentencia impugnada y ordena la retroacción de las actuaciones al momento en que se le causó indefensión, a fin de que se admita y practique la prueba pericial propuesta por la Administración autonómica en su escrito de contestación a la demanda y se dicte nueva sentencia con valoración de la totalidad de la prueba practicada.

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Ha lugar al recurso interpuesto y se anula la resolución que acordó la devolución del recurrente después de que hubiera solicitado la protección internacional. Se discute en el pleito los efectos del simple anuncio de la voluntad de solicitar asilo en España en relación con el procedimiento de expulsión o devolución.

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Se discute en el pleito el régimen jurídico aplicable a los extranjeros que se encuentren en un Centro de Atención Temporal de Extranjeros -CATE-, así como la eventual incidencia que la estancia en los mismos pudiera tener, en su caso, en orden a su devolución tras haber sido interceptado en la frontera o en sus inmediaciones cuando intentaba entrar irregularmente en el país.