Estatal - Administrativo

El traslado temporal de un funcionario de la sede del centro de trabajo a otra localidad diferente a la suya, no integra un traslado por necesidades de servicio, a unidades, departamentos u organismos públicos distintos a los de su destino

Desestima el Tribunal el recurso interpuesto por la Administración General del Estado contra la sentencia que reconoció a la funcionaria demandante el derecho a percibir las dietas por desplazamiento temporal a un nuevo edificio de la AEAT en otro municipio hasta la finalización de las obras de la sede administrativa donde ostentaba su puesto de trabajo; y anuló la modificación injustificada realizada por la Administración de su inicial decisión de reconocer el derecho a los gastos/dietas de desplazamiento, por el abono de indemnizaciones por traslado de residencia del art. 23 del RD 462/2002, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

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Para estimar la excepción de cosa juzgada es necesaria la presentación previa de la demanda

Se plantea en el presente litigio si es posible inadmitir un recurso contencioso-administrativo por cosa juzgada cuando no está formulada la demanda en la que se concrete el “petitum” y la “causa petendi”, al efecto de apreciar las identidades requeridas.

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Confirma el TS la retroactividad de los actos administrativos que ponen fin a un proceso selectivo declarando derechos en favor de los interesados, dictados en sustitución de otros anulados judicialmente y que determinaron la exclusión de aspirantes

Se confirma la sentencia que anuló el acuerdo que declaró “no apta” a la actora en el proceso selectivo para cubrir una plaza en la Escuela Nacional de Policía, y reconoció su derecho a que se declarase que había superado la parte de “Entrevista Personal”, y acordó que, en el supuesto de superar los tests psicotécnicos del proceso selectivo inmediato, deberá ser convocada para incorporarse a la División de Formación y Perfeccionamiento, a fin de llevar a cabo el periodo práctico de formación de carácter selectivo y, en caso de superar el periodo práctico, deberá ser nombrada miembro de la Escala Básica, categoría de policía, escalafonándosela en el puesto que la hubiera correspondido, con la misma antigüedad y efectos económicos y administrativos que los obtenidos por quienes superaron la convocatoria.

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El TS examina qué debe entenderse por “trascendencia tributaria” a los efectos de sancionar por la comisión de la infracción grave por resistencia, obstrucción o excusa a las actuaciones de la Administración Tributaria

Se confirma la sanción impuesta a la recurrente en aplicación del art. 203.5 c) de la LGT, por la desatención tardía a los requerimientos sobre el modelo 347 que le fueron notificados. Señala la Sala que, conforme a dicho precepto, la conducta típica debe ser relativa a requerimientos cuya falta de contestación tenga tal trascendencia tributaria que impida la labor de la Administración tributaria o la dificulte.

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La solicitud de protección internacional suspende el procedimiento de expulsión por estancia irregular que pudiera afectar al solicitante hasta que la Administración dicte una inicial resolución sobre aquella la solicitud

Se plantea en el presente recurso si la solicitud de protección internacional supone la automática paralización de los procedimientos de expulsión o devolución que pudieran afectar al solicitante, o, por el contrario, esa solicitud sólo afecta a la ejecución de la expulsión o devolución que pudiera acordarse en el correspondiente procedimiento.

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El TS fija como doctrina que en los supuestos en que se declare la nulidad del acto de adjudicación de un contrato administrativo no cabe indemnizar el lucro cesante

La Sala revoca la sentencia recurrida en cuanto reconoció a la empresa concesionaria de un contrato de gestión de servicios municipales indemnización por lucro cesante, al haberse anulado el acto de adjudicación del contrato.

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El TS puntualiza la doctrina sobre el reconocimiento a las parejas de hecho, de la pensión de viudedad en el régimen de Clases Pasivas del Estado

Confirma la Sala la resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por la que se acuerda denegar a la recurrente la pensión de viudedad solicitada como pareja de hecho del causante.

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La suspensión automática de la ejecutividad de las sanciones tributarias impugnadas en vía económico-administrativa no es aplicable a las sanciones objeto de una derivación de responsabilidad

Se plantea en el presente recurso si la suspensión automática de la ejecutividad de las sanciones tributarias previstas en el art. 212.3 de la LGT, es aplicable a las sanciones que constituyen el objeto de una derivación de responsabilidad del art. 42.2 de la misma Ley.

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El Servicio de Salud no es responsable del uso de un producto que después es objeto de alerta sanitaria

Con estimación del recurso interpuesto por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el Tribunal niega la atribución a la Administración sanitaria de la responsabilidad patrimonial derivada de la utilización de un producto sanitario -autorizado- defectuoso, cuya toxicidad es alertada con posterioridad a su aplicación en una intervención quirúrgica.

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El TS ratifica que el plazo de prescripción de las acciones del contratista frente a la Administración, cuando no hay liquidación del contrato, se inicia a su conclusión o extinción

Se cuestiona en el presente recurso cuál es el “dies a quo” del plazo de prescripción de las acciones del contratista frente a la Administración, en este caso municipal, para reclamar el importe de las obras ejecutadas, cuando no hay liquidación definitiva del contrato. Tal y como ha establecido el Tribunal en sentencias precedentes, en los supuestos en los que no se practique liquidación del contrato, empieza a computarse el plazo de prescripción de la acción para reclamar el importe de las obras ejecutadas con arreglo al proyecto, a la conclusión o extinción el contrato.

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