Estatal - Administrativo

Desestima la Sala el recurso interpuesto contra la sentencia que confirmó la resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social que reconoció al actor, cabo primero del Cuerpo de Infantería de Marina, el derecho a la pensión por inutilidad para el servicio en la cuantía del 55 % de la correspondiente a la incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio; con anterioridad, por resolución del Ministerio de Defensa se declaró la insuficiencia de condiciones psicofísicas del recurrente, resolución que no fue impugnada.

Estatal - Administrativo

Se confirma la sentencia que estimó la demanda deducida y declaró el derecho de la demandante a que la Administración demandada le reintegrase lo cobrado indebidamente en concepto de IAE.

Estatal - Administrativo

Fija el TS como doctrina que la adecuada salvaguarda de los derechos fundamentales de la persona, singularmente el derecho a la protección de datos de carácter personal, así como el derecho a la intimidad personal, exige una interpretación amplia y no restrictiva del concepto del tratamiento de datos de carácter personal definido en el art. 4.2 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

Estatal - Administrativo

Con estimación del recurso interpuesto, el TS reconoce a la actora la condición de trabajadora fija del Ayuntamiento de Madrid, al haber participado en un proceso selectivo de acceso a empleo laboral fijo en el que superó la puntuación mínima exigida aunque no obtuvo plaza porque había otros candidatos con mejor puntuación; posteriormente, suscribió varios contratos de duración determinada con el Ayuntamiento, incluidos dos contratos de interinidad por vacante que se prolongaron durante varios años.

Estatal - Administrativo

Anula la Sala la penalidad impuesta a la entidad recurrente por no formalizar el contrato de servicios que le fue adjudicado. Declara el Tribunal que en el caso analizado no concurre causa imputable al adjudicatario que justifique la imposición de la penalidad del art. 153.4 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Estatal - Administrativo

Se confirma la sentencia que reconoció a la demandante una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la suspensión de la ejecución de la obra que le fue adjudicada.

Estatal - Administrativo

Se estima el recurso interpuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra la sentencia que declaró conforme a derecho el art. 8 de la Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la que se regula el transporte público discrecional de personas mediante el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC).

Estatal - Administrativo

Con estimación del recurso interpuesto, anula la Sala la resolución que denegó al actor el complemento de maternidad porque ya fue reconocido a la madre, y, no habiendo analizado ninguna otra circunstancia, dicha resolución ha incurrido en una discriminación por razón de sexo.

Estatal - Administrativo

El TS declara que la doctrina de la Sala tiene establecido que, a los efectos del contenido de la motivación para el control de la discrecionalidad técnica en los procesos selectivos, cuando en las bases se contemple que en la calificación de un ejercicio se desglose la puntuación de cada miembro del tribunal de selección, es necesario incorporar esas calificaciones individuales al expediente del proceso selectivo.

Estatal - Administrativo

Anula la Sala el Acuerdo del Consejo de Ministros que denegó al recurrente el indulto solicitado, pues el informe de conducta a que se refiere el art. 24 de la Ley de Indulto contiene una serie de defectos que privó al órgano decisorio de elementos esenciales para adoptar su decisión.

Estatal - Administrativo

Con estimación en parte del recurso interpuesto, anula el TS el art. 48.2 y la disposición final tercera del Decreto 47/2023, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Organización y Funcionamiento de la Atención Primaria de Salud de la Comunidad de Extremadura, en los incisos que incluyen al personal sanitario del grupo A2 para la provisión de los puestos de dirección de zona y subdirección de zona de salud.

Estatal - Administrativo

Declara el Tribunal que, conforme a lo establecido en el art. 72.2 de la LJCA, la declaración de nulidad de una disposición reglamentaria acordada en sentencia solo despliega plenos efectos una vez que dicha declaración ha adquirido firmeza, salvo que se hubiera acordado su ejecución provisional.

Estatal - Administrativo

Con estimación del recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Sevilla, se declara la conformidad a Derecho de la resolución que denegó a un policía local la solicitud de grado de personal consolidado como policía local de otro Ayuntamiento.

Estatal - Administrativo

Se plantea en el recurso si a efectos del cumplimiento del art. 65.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, en los contratos de transporte sanitario en la Comunidad Autónoma de Canarias es necesario que las empresas cuenten con la autorización administrativa general prevista en la normativa nacional o es suficiente con la normativa singular para cada vehículo que pretende prestar el transporte conforme establece la norma canaria.

Estatal - Administrativo

Se estima en parte el recurso interpuesto y se rebaja la sanción impuesta a la actora en su cuantía máxima por la comisión de una infracción en materia de aguas, habiéndose tenido en cuenta la valoración del daño producido al dominio público-hidráulico.

Estatal - Administrativo

Declara el TS que en los supuestos de anulación de un período de alta en el RETA y su consiguiente baja de oficio, por la existencia de fraude de ley, cuando conste un pronunciamiento anterior de la jurisdicción social respecto de la sanción anudada a ese período que descarta esa conducta fraudulenta, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo que conozca posteriormente del enjuiciamiento impugnatorio de las resoluciones de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre el alta y baja, deberá, en principio, ajustar su pronunciamiento relativo al carácter no fraudulento del alta en el RETA a la declaración que haya establecido la jurisdicción social en sentencia firme.