Andrés Boix Palop

Impacto sobre la normalidad competencial de las situaciones excepcionales. Centralización y coordinación extraordinarias frente a intensificación de las técnicas cooperativas y de colaboración

El presente trabajo analiza cómo el reparto competencial entre Estado y Comunidades Autónomas se ve alterado cuando se activan determinados instrumentos jurídicos para reaccionar frente a situaciones de emergencia, el sentido de esta alteración y, especialmente, cuándo es útil y cuándo puede ser disfuncional. Lo hace a partir de la experiencia vivida en los años 2020 y 2021, algunas de cuyas consecuencias jurídicas todavía colean, para dar respuesta a la crisis sanitaria producida por la pandemia de COVID-19.

Judith Gifreu Font

La estrategia de reducción de la temporalidad en el empleo público en la Ley 20/2021: ¿un bálsamo de fierabrás para erradicar definitivamente las relaciones de interinidad de larga duración o una solución provisional para salir del paso?

El ordenamiento jurídico español supedita el acceso a la condición de funcionario de carrera o de personal laboral fijo en el sector público a la previa superación de un proceso selectivo en el que deben respetarse los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. No obstante, este marco teórico-normativo se ha topado de bruces con una realidad caracterizada por las ingentes entradas de personal temporal en las administraciones públicas, a través de relaciones de servicio de duración determinada que se han ido encadenando hasta acabar desdibujando sus contornos […]

Vicente Álvarez García y Flor Arias Aparicio

El procedimiento administrativo ante las situaciones excepcionales

Ante situaciones de crisis pueden resultar imprescindibles ciertas modulaciones de las reglas que ordinariamente rigen el procedimiento administrativo con el objeto de responder de manera ágil frente a un concreto peligro. Durante la pandemia del coronavirus, la participación de los órganos judiciales en el procedimiento para la adopción de disposiciones generales sanitarias para hacer frente a la crisis de salud pública ha transformado el procedimiento administrativo en un discutible procedimiento normativo mixto de naturaleza administrativa y judicial. Este trabajo analiza, por un lado, el contenido de las diferentes medidas adoptadas por las autoridades sanitarias en materia procedimental; y por otro lado, los límites efectivos y los controles jurídicos que deben instituirse para evitar, en lo posible, la tentación de abusar de los poderes de necesidad.

Josep Ochoa Monzó

La responsabilidad social como parte del sistema de integridad institucional de las administraciones públicas

El trabajo analiza el papel que la responsabilidad social tiene en las administraciones públicas, en contraste con lo que supone en el ámbito empresarial, pero admitiendo una funcionalidad sustancial. Pretende destacar que conecta, de forma natural, con el buen gobierno en el sector público, y forma parte del sistema de integridad institucional de la administración pública.

Javier García Luengo

La reducción de las sanciones administrativas por reconocimiento de la responsabilidad o pago voluntario

El trabajo realiza un análisis crítico de la normativa básica que establece en el caso de las sanciones pecuniarias sendas rebajas de la sanción en caso de reconocimiento de la responsabilidad y de pago anticipado. Se trata de valorar si esa previsión general es adecuada a los principios implicados de proporcionalidad, eficacia en el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración y tutela judicial efectiva, realizando un análisis detallado de los supuestos en los que, a pesar del consentimiento expresado en vía administrativa, un recurso contra la sanción se podría estimar en vía judicial. Se concluye con una valoración negativa sobre el sistema, que en su aparente automatismo puede dañar tanto a los particulares como a los intereses públicos.

Alba Nogueira López

Derecho Administrativo para la excepción. La respuesta jurídico-pública ordinaria para la sociedad de riesgo.

El objetivo principal de este trabajo es visibilizar la existencia de un Derecho Administrativo para la excepción que se encuentra en muchas de las normas sectoriales de nuestro ordenamiento jurídico-administrativo (desde la legislación de seguridad pública a la de salvamento marítimo, pasando por la legislación de montes a la de riesgos nucleares) y que permite que la Administración actúe ordinariamente ante la emergencia y los riesgos. Un Derecho Administrativo que además tiene un arraigo histórico en cuanto a la forma de atribución de competencias y el tipo de medidas previstas claramente diferenciado de los estados de excepción para preservar el orden público.

Rafael Caballero Sánchez

Crónica de Jurisprudencia sobre procedimiento administrativo

Se da cuenta en esta Crónica de diferentes resoluciones del Tribunal Supremo en las que se establece la aplicación del derecho a la subsanación de solicitudes a las formuladas electrónicamente, la posibilidad de solicitar la iniciación del procedimiento de revocación de actos administrativos dictados en aplicación de preceptos legales declarados inconstitucionales, la no existencia de acción de nulidad (o de solicitud de revisión de oficio) frente a reglamentos ilegales y el sentido estimatorio del silencio administrativo en el procedimiento de solicitud de tarjeta de residencia permanente de familiar de ciudadano comunitario.

María de las Nieves Jiménez López

Disfunciones procesales derivadas del ejercicio de la acción directa y de las acciones de regreso en caso de seguro de cobertura de responsabilidad de la Administración Pública

Resulta cada vez más frecuente que las Administraciones Públicas tengan suscrito un seguro de responsabilidad civil para cubrir los riesgos derivados de su funcionamiento, en todos los ámbitos. Al contar con este seguro, los perjudicados por un hecho lesivo del que debe responder la Administración, pueden ejercitar frente a la aseguradora la acción directa reconocida en el artículo 76 de la Ley del Contrato de Seguro, lo que conlleva que surjan ciertas dificultades en relación con una serie de cuestiones procesales de gran importancia, desde el orden competente para conocer de dicha acción, la eficacia y consecuencias del resultado de este proceso o la intervención que en él pueden o deben tener los sujetos responsables o causantes del daño, así como las acciones de repetición que nacen para la aseguradora, tanto frente a la Administración asegurada como frente a los sujetos responsables de la lesión. Sin embargo, es importante que estas cuestiones sean resueltas para poder otorgar una correcta tutela judicial efectiva y cumplir de forma eficaz con la fines del sistema de responsabilidad patrimonial frente a los ciudadanos.

José Joaquín Jiménez Vacas y Carmen Larrea Hernández-Tejero

Códigos éticos y de conducta pública

La integridad es un valor que debe impregnar la actuación de toda Institución pública y también la de las personas que prestan su servicio en aquella. El Derecho de los ciudadanos a ser bien gobernados, exige adoptar instrumentos que garanticen su cumplimiento como lo son el diseño de una arquitectura ética en un marco general de integridad institucional. El presente artículo pretende analizar la necesidad, objeto y finalidad de los Códigos éticos y de conducta pública, tratando su contenido y reglas de conducta asociadas.

Joaquín Meseguer Yebra

Más transparencia para una Administración algorítmica

Viogén, Saler, Veripol, Bosco, RisCanvi, Hermes, Send@... estos son solo algunos de los nombres con los que se ha bautizado a algoritmos y sistemas de inteligencia artificial (IA) que utilizan las administraciones públicas para la gestión de sus procedimientos. Sin ahondar en cuestiones tecnológicas más complejas, la administración camina actualmente hacia un funcionamiento cada vez más automatizado para aumentar su eficiencia ante el gran volumen de datos que debe tratar. Los poderes públicos están abandonando poco a poco el mundo analógico para sumergirse en la llamada “revolución industrial 4.0” que nos ha traído el internet de las cosas (IoT) y los sistemas de aprendizaje automatizado que, imitando redes neuronales, pueden convertirse en verdaderas “black boxes” de las que poco o nada se sabe sobre su forma de operar […]

José Joaquín Jiménez Vacas

Breve comentario jurisprudencial sobre el «despacho ordinario» de asuntos públicos por un Gobierno en funciones

De la doctrina jurisprudencial cabe extraer que, por «despacho ordinario» de los asuntos públicos que puede acometer un Gobierno en funciones, se comprenden todos aquellos cuya resolución no implique establecimiento de nuevas orientaciones políticas ni signifique condicionamiento, compromiso o impedimento para las que deba fijar el nuevo Gobierno. Se trata, en todo caso, de un concepto jurídico indeterminado que ha de apreciarse –caso por caso- atendiendo a su naturaleza, a las consecuencias de la decisión a adoptar y al concreto contexto en que deba aquella producirse.

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Vicente Álvarez García y Flor Arias Aparicio
El procedimiento administrativo ante las situaciones excepcionales

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