Óscar Expósito-López

Bienestar animal y entes locales ante el reto de la ineficacia legal y presupuestaria

Este trabajo, publicado en el número 24 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, examina la eficacia de la Ley de Bienestar Animal en relación con las necesidades reglamentarias y presupuestarias, especialmente en el plano local, concluyendo que la norma, aunque necesaria y bienintencionada, resulta disfuncional en varios de sus ámbitos fundamentales.

Mireia Molina Sánchez

La diligencia que emite VioGén como acto administrativo: naturaleza jurídica y consecuencias prácticas

Implementado en 2007 por el Ministerio del Interior, el sistema VioGén es una herramienta destinada a valorar el riesgo en casos de violencia de género y establecer medidas de protección para las víctimas. A lo largo del tiempo, ha evolucionado mediante nuevas instrucciones, incorporando algoritmos más precisos que permiten detectar situaciones de especial peligrosidad, como la existencia de menores en riesgo o la posibilidad de agresiones letales. Este trabajo sostiene que la diligencia emitida por VioGén debe ser considerada un acto administrativo, ya que cumple con los requisitos de competencia, forma, motivación y adecuación legal.

Construyendo puentes entre ciencia y política: el reto de la ONAC en la administración española. Entrevista a Josep Lobera

La entrevista con el director de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC), Josep Lobera, revela los desafíos y estrategias para incorporar el conocimiento científico en la toma de decisiones gubernamentales en España. Lobera explica cómo la ONAC, creada en febrero de 2024, trabaja para superar el «valle de la muerte» entre ciencia y Administración pública mediante tres pilares fundamentales: una oficina en la Moncloa, una red de asesores científicos ministeriales y una unidad de apoyo en el CSIC.

Alejo Martínez Quiñones

La excepcionalidad constitucional y sus alternativas como herramientas inaplicadas en la respuesta jurídica a la dana: competencias no ejercidas y posible responsabilidad patrimonial de la administración.

Las inundaciones recientemente ocurridas en España, de profundas y graves consecuencias, han venido acompañadas de un intenso debate social en relación con la actuación institucional desplegada para afrontarlas. El presente trabajo persigue aclarar la regulación constitucional de la gestión de las catástrofes naturales, evaluar si los poderes públicos incumplieron sus obligaciones al utilizar o no las herramientas previstas y examinar la eventual procedencia de los mecanismos de excepcionalidad constitucional para hacer frente a las circunstancias, tratando así de valorar las limitaciones y capacidades de nuestro sistema legal para responder a crisis de esta magnitud. Además, se examina la cuestión de la responsabilidad patrimonial de la Administración a la luz del funcionamiento de los diversos servicios públicos involucrados en la gestión.

Rubén Baz Vicente

Administración General del Estado y personas con discapacidad: régimen jurídico y desafíos

En este artículo, publicado en el número 39 de la revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas (GAPP), se considera que si la discapacidad es una política transversal, las medidas de discriminación positiva deben tener un impacto real, y no quedarse sólo en el mero cumplimiento de los cupos de reserva en las convocatorias de los procesos selectivos. En este sentido, se efectúan una serie de recomendaciones que pueden contribuir a la mejora tanto del acceso a la función pública como de la carrera profesional de las personas con discapacidad.

Josep M. Aguirre i Font

La restricción de viviendas de uso turístico en Cataluña y su régimen indemnizatorio: el Decreto Ley 3/2023

Este trabajo, publicado en el número 24 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), concluye que la normativa estudiada posibilita intervenir y revisar el mercado de viviendas turísticas, a priori sin costes económicos para la administración, lo que permite avanzar hacia un planeamiento urbanístico mucho más dinámico y adaptativo.

Emilio Guichot Reina

El acceso a los documentos en poder de las Instituciones Europeas en un mundo digital

Este trabajo analiza el concepto de “documentos” como objeto del derecho de acceso a los documentos en poder de las Instituciones de la Unión Europea. Expone cómo la labor jurisprudencial está paliando la falta de una legislación más precisa, si bien también muestra cómo se echa en falta una normativa adaptada al desarrollo tecnológico, que dé respuesta a los interrogantes que se plantean, como la difícil conceptuación de la información obrante en las bases de datos, el tratamiento de los documentos preparatorios, internos y de los mensajes informales o la necesidad de acomodar el sistema de gestión documental a la realidad de la gestión en un mundo digital. La reforma del Reglamento 1049/2011, que se encuentra bloqueada desde hace ya quince años, no da respuesta a todos estos interrogantes.

Ana Torrecillas Martínez

Renombrar no es innovar: a propósito de la STC 64/2025 y la «optimización» de la autonomía local

Este trabajo, publicado en el número 24 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), estudia y analiza desde un punto de vista crítico las novedades jurisprudenciales sobre la optimización de la autonomía local a la luz de la reciente STC 64/2025, concluyendo que la jurisprudencia constitucional todavía está muy lejos de entender la autonomía local como verdadero mandato de optimización. Es necesario involucrar en las reflexiones sobre la posible incorporación de la optimización de la autonomía local a nuestros legisladores democráticos.

David Antonio Cuesta Bárcena

Ejercicio de la potestad sancionadora mediante inteligencia artificial: realidades e ¿ilusiones?

La automatización de procedimientos administrativos mediante inteligencia artificial es un fenómeno aún incipiente, pero llamado a experimentar un desarrollo cuyos límites son difíciles de prever. Empero, esta tecnología no tiene un encaje sencillo en la legislación actual, pues resulta incompatible con trámites y garantías relevantes. Es, por tanto, necesario el estudio de cada procedimiento y trámite para valorar la viabilidad de su automatización. Este proceso puede comenzar por el procedimiento sancionador, revestido de las mayores garantías; su análisis, especialmente el de aspectos como su inicio, la valoración de actas, la propuesta de resolución o su terminación, permite extraer conclusiones interesantes a partir de las cuales reflexionar sobre la utilización de la inteligencia artificial por la Administración pública.

Manuel Arenilla Sáez, Jesús Llorente Márquez

La formación en el sector público instrumental español: diagnóstico empírico y evidencias para su fortalecimiento

Este artículo, publicado en el número 24 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), presenta un diagnóstico empírico y analiza el modelo de planificación, gestión y evaluación de la formación en el sector público instrumental español, a partir de una base de evidencias obtenida mediante el estudio de entidades públicas pertenecientes a los tres niveles de gobierno, con el fin de identificar patrones organizativos, debilidades estructurales y propuestas de mejora.

Agustín Juan Gil Franco

Potestad normativa local y la determinación de los tipos infractores en las ordenanzas locales de seguridad y convivencia ciudadana

Con estas reflexiones nos adentramos en las facultades de los municipios para determinar las conductas infractoras ligadas a la seguridad pública local, a la utilización del conjunto de los equipamientos municipales, sus servicios públicos y sobre la utilización de los espacios de titularidad o de acceso público. Para ello, se ha partido de las especiales características de la potestad normativa local y el nuevo papel otorgado, con una clara apertura a la posibilidad de normar, a los órganos de gobierno en municipios de régimen especial y/o singular.

María de los Ángeles Fernández Scagliusi

El papel de la contratación pública en las materias primas fundamentales: la compra conjunta

En este artículo se analiza como el acceso seguro y sostenible a materias primas fundamentales se ha convertido en una prioridad estratégica para la Unión Europea, especialmente en el contexto de la transición energética, la digitalización y las crecientes tensiones geopolíticas. Esta necesidad ha motivado la aparición de nuevos instrumentos de intervención pública, entre los que destaca el mecanismo de compra conjunta promovido por la Comunicación de la Comisión de 16 de marzo de 2023 y articulado a través de la plataforma AggregateEU.

Isidre Martí Sardà

Las vías para la regularización de las facturas derivadas de la contratación irregular.

Este trabajo analiza de forma exhaustiva las diversas vías jurídicas actualmente utilizadas por las administraciones públicas, en especial las entidades locales, para hacer frente al pago de prestaciones realizadas sin cobertura contractual regular. Se estudian las figuras como la revisión de oficio por nulidad de pleno derecho, el reconocimiento extrajudicial de créditos, la responsabilidad patrimonial, la omisión de la función interventora, el enriquecimiento injusto y la figura del contrato inexistente, con apoyo en doctrina consultiva, jurisprudencia reciente y normativa autonómica comparada.

María Macías Jara

La materialidad de los derechos fundamentales como un desafío de la separación de poderes y una exigencia del estado de derecho

Este estudio tiene por objeto identificar algunas deficiencias en la actuación u omisión de los poderes públicos, partiendo de la configuración constitucional y de la Teoría del Estado, con el fin de advertir sobre el riesgo de no garantizar la efectividad de los derechos fundamentales constitucionalizados

José Antonio Moreno Molina

La imprescindible transición ambiental del derecho administrativo

Este trabajo quiere destacar el decisivo impacto en el ordenamiento jurídico administrativo español de las obligaciones de protección del medio ambiente y lucha contra el cambio climático que impone el Derecho de la Unión Europea y deben condicionar, aunque todavía no lo estén haciendo, las actuaciones de todas las Administraciones públicas.

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