Nicolás Rodríguez-García

Este trabajo examina, desde una perspectiva procesal penal, la Directiva (UE) 2026/1021 y su contribución a un modelo europeo de lucha contra la corrupción que integra armonización penal, prevención y fortalecimiento institucional. El análisis se centra en la investigación y la prueba, la protección de informantes, la responsabilidad de las personas jurídicas, la eficacia del cumplimiento y el control de las soluciones negociadas, así como en la recuperación de activos y la cooperación transnacional. Sostiene que la eficacia de ese modelo exige capacidad investigadora, garantías procesales, tutela de las víctimas y terceros, recuperación patrimonial con finalidad reparadora y coordinación institucional sometida a evaluación. Desde esos presupuestos, examina las exigencias de la transposición española y el valor comparado de la Directiva para Iberoamérica, atendiendo a las diferencias entre ordenamientos y a los límites de la transferencia de modelos.

Jorge Urbaneja Cillán

Aprobado en 2024, El Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea constituye la reforma más ambiciosa del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) desde su creación, con el objetivo de superar las deficiencias estructurales evidenciadas por la crisis migratoria iniciada en 2015. Aunque mantiene los criterios anteriores para determinar el Estado responsable del examen de solicitudes —basados en la entrada irregular y el primer país de registro—, introduce por primera vez un mecanismo de solidaridad obligatorio pero flexible, que permite a los Estados optar entre reubicaciones, contribuciones financieras o apoyo técnico.

Marcos Vaquer Caballería

Las empresas que operan en los sectores regulados prestan servicios de interés económico general, cuya remuneración no siempre fija libremente el mercado, sino a veces de forma objetiva el regulador. En este artículo se analizan cuatro casos de estudio del sector eléctrico en los que dicha retribución incluye la garantía de una rentabilidad razonable. A partir de ellos, se propone inferir algunas conclusiones sobre el concepto de rentabilidad razonable como estándar de confianza legítima de los inversores en estos sectores.

Eva Gamero Ruiz

La expansión incontrolada de macro instalaciones eólicas y solares en suelos naturales en nuestro país ha dado lugar a una situación en la que se adivina la erosión de los valores propiamente rurales con destrucción de valiosos ecosistemas, sin contrapartida real para los pobladores del campo ni para la colectividad en su conjunto. La correcta interpretación de la más reciente normativa europea de lucha frente a la emergencia climática implica priorizar soluciones alternativas, menos dañosas para el medio ambiente, mediante la utilización de superficies ya transformadas para este tipo de instalaciones y el fomento de los sumideros naturales de carbono, entre ellos las prácticas agrícolas regenerativas, respetuosas con la naturaleza.

Patricia Lacal Romero

La Ley 7/2025, de 16 de diciembre, de protección del arbolado urbano y del arbolado de especial protección de Canarias articula un novedoso estatuto jurídico del arbolado urbano en la Comunidad Autónoma de Canarias, configurándolo como bien jurídico colectivo dotado de una función ecosistémica, climática, paisajística y psicosocial. El presente estudio aborda, desde una perspectiva dogmática y sistemática, los fundamentos axiológicos, competenciales y estructurales de la norma, examinando su técnica legislativa, la positivización del principio favor arboris, la delimitación conceptual del arbolado urbano y del arbolado de especial protección, así como su régimen de intervención administrativa y disciplina sancionadora. Se concluye que la Ley 7/2025 representa un avance cualitativo en la juridificación de la infraestructura verde urbana, reforzando el paradigma de la resiliencia climática y la sostenibilidad territorial.

Mª Ángeles González Bustos

La conexión entre turismo y medio ambiente es evidente ya que los recursos naturales son esenciales para desarrollar muchas de las actividades del sector, no es solo visitar y disfrutar del entorno, sino que es preciso que los visitantes se involucren en la protección de los espacios que visitan. Esto nos lleva a la necesidad de adoptar medidas adecuadas para proteger y disfrutar de un medio ambiente adecuado y sostenible a través de la planificación y de la utilización de los instrumentos de protección ambiental para dar una mayor seguridad jurídica a las actividades que se desarrollan.

Ana Gloria Azor Oliver

La recaudación ejecutiva de la Seguridad Social se encuentra en un punto de transformación decisivo. El procedimiento de apremio, tradicionalmente concebido como una secuencia administrativa de actos de ejecución forzosa sobre el patrimonio del deudor, ha entrado en una fase de automatización intensa, apoyada en la tramitación electrónica, la interoperabilidad entre sistemas, la emisión automatizada de reclamaciones de deuda y providencias de apremio, las notificaciones electrónicas, el embargo telemático y el uso de técnicas de análisis masivo de datos. Este trabajo examina, desde una perspectiva jurídico-laboral y de Seguridad Social, el modo en que la Tesorería General de la Seguridad Social está incorporando herramientas digitales, analítica avanzada e inteligencia artificial en la gestión recaudatoria y, de forma particular, en la recaudación ejecutiva.

Adrián Oliveira López

Este estudio tiene por objeto el análisis del conflicto de acceso a la red eléctrica, así como de sus aspectos procedimentales más relevantes. Este procedimiento nace como la solución jurídica adoptada por el ordenamiento interno al imperativo europeo de garantizar un acceso abierto a las estructuras de red en igualdad de condiciones para todos los operadores del tráfico energético. Para el desarrollo del mismo, se ha optado por trazar una línea argumental que exponga —desde el origen en la normativa europea— la evolución del conflicto en estrecha relación con el Principio de Acceso de Terceros a las redes de transporte y distribución de la energía eléctrica (…).

Santiago A. Bello Paredes

Este trabajo se centra en realizar una evaluación de la situación actual, y a medio plazo, del Derecho nuclear y de su ámbito material de regulación, que no es otro que el uso pacífico de la energía nuclear en España y la Unión Europea, comprobando que nuestro país está siguiendo una peligrosa tendencia hacia el ostracismo en el uso de este tipo de energía que no está siendo secundada por el resto de miembros de la UE, y que puede poner en riesgo la necesaria seguridad energética, en un momento geopolíticamente convulso por la guerra en Ucrania y la política arancelaria del Gobierno Trump.

Cristina Fragomeni

Este artículo examina, desde una perspectiva comparativa, los modelos de participación procedimental en los ordenamientos jurídico español e italiano, partiendo del análisis sistemático de la Ley 39/2015, realizada en comparación con la Ley n. 241/1990, en un juego de espejos del que surgen valiosas reflexiones sobre la evolución normativa en la materia dentro de los dos ordenamientos. La investigación, que abarca aspectos de convergencia y discontinuidad, revela la influencia que las decisiones normativas y los contextos jurídicos de referencia ejercen sobre el alcance y la asimilación de la institución participativa.

Cristina Alejandra Estrella

Este trabajo examina el acceso a la justicia desde una perspectiva institucional amplia, superando su identificación exclusiva con la tutela judicial efectiva. Desde este enfoque, se analiza la justicia preventiva como una dimensión estructural del Estado de Derecho en los sistemas de tradición civilista, con especial atención al papel del Registro Civil como institución dotada de fe pública. El estudio sostiene que el Registro Civil no constituye un mero servicio administrativo de documentación, sino una institución jurídica esencial para la configuración del estatuto jurídico de la persona y para la efectividad real de los derechos fundamentales. A través del control preventivo de la legalidad y de la producción de asientos dotados de presunción de exactitud y eficacia erga omnes, el Registro Civil contribuye de manera decisiva a la seguridad jurídica y a la prevención de conflictos.

María Cristina Díaz Vilas

La progresiva incorporación de sistemas de inteligencia artificial en la actuación administrativa plantea importantes desafíos al régimen jurídico de la contratación pública. Las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE fueron concebidas para un contexto tecnológico sustancialmente distinto, lo que genera tensiones y lagunas normativas cuando se aplican a sistemas algorítmicos capaces de aprender, modificarse y afectar directamente a derechos fundamentales. Este trabajo realiza un análisis crítico del marco vigente y propone líneas de reforma orientadas a garantizar la transparencia, la protección de datos, la seguridad, los derechos fundamentales, la responsabilidad pública y la protección del interés general en la contratación pública basada en la IA.

Erica María Ferreira Teles

En el presente trabajo se analizan los efectos procesales que se producen como consecuencia de la inactividad de la Administración ante su obligación legal de resolver y notificar en plazo un procedimiento administrativo. Lo anterior se realiza mediante el estudio de recientes sentencias y leading cases que pugnan por superar los efectos del silencio a la luz del principio a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24.1 de nuestra carta magna, en sintonía con el contexto normativo y social, en un intento por enervar los vestigios de otra época.

Juan José González López

En el presente trabajo, a propósito de distintos pronunciamientos jurisprudenciales, se abordan varios aspectos controvertidos de las entidades que se identifican como oficinas o agencias antifraude o anticorrupción. Más concretamente, se analizan su régimen jurídico como entidades no calificables de Administraciones Públicas o integrantes del sector público y, en conexión con ello, el régimen de su personal, confidencialidad y alcance competencia. Todo ello con vistas a exponer la necesidad de un diseño normativo que aporte seguridad jurídica a esta tipología de entes de derecho público.