Vicente Álvarez García

Este artículo realiza una breve revisión de los sistemas empleados en la Unión Europea para regular las características técnicas de los productos con la finalidad de identificar los instrumentos normativos empleados para ello. Entre estos instrumentos se encuentran los Reglamentos y las Directivas, pero también las normas técnicas armonizadas, las reglamentaciones técnicas comunes y las especificaciones comunes. Una parte significativa del artículo se destina, precisamente, a desgranar los perfiles de este último tipo de normas, que, a pesar de ser elaboradas por la Comisión Europea, tienen ordinariamente una naturaleza voluntaria, acompañada eso sí de un efecto jurídico-público de primera magnitud: la presunción de conformidad.

Anna Pallares Serrano

El presente trabajo tiene como punto de partida la falta de información actualizada sobre el impacto que tienen los recursos administrativos ordinarios, resueltos por los diferentes ministerios de la Administración General del Estado, en el sistema de justicia administrativa existente. Ante esta realidad, y más allá de defender la interpretación y los cambios normativos necesarios de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, para acabar con esta situación, hemos intentado paliar este déficit ejerciendo el derecho de acceso a la información pública en relación a una serie de datos que consideramos transcendentes para conocer la repercusión de los recursos ordinarios en la justicia administrativa. En este estudio analizamos la experiencia y los resultados obtenidos del mencionado ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el ámbito señalado.

Beatriz Pérez de las Heras

Next Generation EU (NGEU) constituye el principal instrumento financiero de la política de recuperación post-COVID de la Unión Europea (UE). Este amplio marco de estímulo está proporcionando una oportunidad para acelerar el proceso de descarbonización y reforzar la política climática. El artículo analiza el plan de recuperación de España, valorando su potencial contribución a los objetivos medioambientales y de sostenibilidad de la UE.

Manuel Arenilla Sáez, Jesús Llorente Márquez y Juan Carlos Redondo Lebrero

Este artículo analiza la competitividad salarial en la Administración española de los cuerpos superiores destinados en la administración general de los servicios centrales del Estado, de cinco comunidades autónomas y de cinco gobiernos locales. Entre las conclusiones sobresalen: la implantación del directivo público profesional debiera atender a los principios de mérito, capacidad y concurrencia; un mayor nivel de responsabilidad y de complejidad técnica debe corresponderse con un aumento retributivo suficientemente significativo; el estudio ha evidenciado, en general, la falta de competitividad de la AGE para retribuir a sus cuerpos superiores en relación con los funcionarios que realizan funciones similares en las Administraciones analizadas.

Esther Rando Burgos

En un escenario cambiante a un ritmo vertiginoso en el que las tecnologías de la información y comunicación continúan generando nuevos retos, pero en el que, además, ya existe un nuevo escenario que afecta a todos los ámbitos de la sociedad, las Administraciones públicas no son, ni pueden, permanecer ajenas. De la tradicional Administración en papel, pasamos a la Administración electrónica y hoy acudimos a la denominada Administración digital, cuando aún la anterior parecía no terminar de consolidarse, pero a la vez, cada vez con más fuerza, irrumpe la Inteligencia Artificial en el ámbito de la Administración pública. El objeto del presente trabajo es conocer de primera mano en qué medida está afectando la digitalización de la Administración, los cambios que conlleva en el seno de la misma pero también y, fundamental, para los ciudadanos, y todo ello unido a los nuevos retos a los que, en este escenario, se enfrenta la “Administración del siglo XXI”, en particular las principales bondades, pero también controversias que genera.

Alberto Picón Arranz

El objetivo del presente trabajo es la elaboración de una propuesta de un mecanismo rural de garantía para Castilla y León. Para ello, la metodología utilizada ha sido analizar las principales experiencias en esta materia a nivel mundial y la posición de la Unión Europea al respecto. A partir de los casos de éxito en los diferentes países y las características económicas y demográficas de Castilla y León, se puede concluir que la implantación de un sistema que valore la normativa y las políticas públicas desde una óptica rural antes de su aplicación efectiva puede ser de gran utilidad en Castilla y León.

Antonio David Berning Prieto

El empleo por parte de la administración central, autonómica y local de sistemas basados en inteligencia artificial supone un claro avance y múltiples beneficios relacionados con la eficacia y eficiencia en su funcionamiento, pero va acompañada de múltiples riesgos que se deben gestionar desde la toma de la decisión acerca de su desarrollo o adquisición, hasta su puesta en funcionamiento y durante su ciclo de vida. Dado que tampoco existe en la actualidad una regulación adecuada que proporcione seguridad jurídica y garantice los derechos de los ciudadanos cuando se toman decisiones que les afectan, el presente trabajo pretende tratar ciertas cuestiones que deberán ser objeto de regulación en el futuro para que las administraciones públicas puedan utilizar este tipo de sistemas con las debidas garantías.

Patricia Mendilibar Navarro

La nueva Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual mantiene el régimen regulatorio establecido por la anterior Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual en materia de licencias y comunicación previa. La principal particularidad de la actividad audiovisual se desarrolla en régimen de competencia, pero utilizando un recurso limitado, generalmente -el espectro audiovisual-.

Alejandro Huergo Lora

La responsabilidad por los daños causados en la ejecución de contratos públicos (incluidas las concesiones administrativas), normalmente producidos por los contratistas o concesionarios, presenta dificultades para los perjudicados, puesto que no están claros el procedimiento y la jurisdicción. Se han producido múltiples cambios normativos y debates doctrinales que dan lugar a una incertidumbre detectable en las sentencias. El trabajo intenta depurar la situación, aportar algunas explicaciones y formular propuestas para aclarar estas dudas.

Lorenzo Cotino Hueso

La sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 2023 ha anulado dos leyes que permitían la evaluación automatizada de datos con fines policiales. Además, establece elevados estándares de calidad de la ley para los tratamientos automatizados de datos para la prevención del delito. Asimismo, excluye el uso de sistemas IA. La regulación legal debe establecer los mínimos técnicos y organizativos y limitar los métodos y los datos utilizados. Esta importante sentencia se suma a una tendencia jurisprudencial exigente en Europa y España. Dadas las graves carencias legales en España, es imperativa la actuación de un legislador de calidad, incluso con el futuro Reglamento de la Unión Europea.

Ignacio Aymerich Ojea

Las diferentes iniciativas emprendidas en el ámbito internacional sobre el análisis de impacto normativo, unidas a los cambios derivados del advenimiento de la sociedad de la información y el conocimiento, movilizan reformas en la Administración pública en las que la tradicional relación vertical de sometimiento de ésta a la ley y los reglamentos se reorienta hacia un sentido circular, donde la capacidad de reunir datos sobre la efectividad de la regulación retroalimentan el proceso de creación normativa. Se analiza la evolución de la Dirección general de tráfico como caso paradigmático de estos cambios.

José Joaquín Jiménez Vacas

Cabe definir la función administrativa de Fe pública como aquella que, conforme a Derecho, compete al Estado, de forma exclusiva, o por entidades públicas e incluso personas físicas por su concesión; y que tiene su objeto en la acreditación de la verdad, real o formal, de hechos, conductas, estados de las cosas o relaciones, por razones de seguridad jurídica e interés general; con soporte en el documento público certificado, en que se asegura, afirma o se da por cierta alguna cosa.

Severiano Fernández Ramos y José María Pérez Monguió

Se da cuenta en esta Crónica de las últimas resoluciones jurisprudenciales en materia de transparencia pública en sus vertientes de límites del derecho de acceso a la información, ejercicio del derecho de acceso, regímenes especiales y publicidad activa.

Oriol Mir Puigpelat

En este trabajo se presentan una serie de tendencias comunes y divergencias en la regulación de la automatización y el uso de algoritmos e inteligencia artificial por parte de las Administraciones públicas de siete países europeos distintos (Alemania, Austria, España, Estonia, Francia, Italia y Suecia).

Ximena Lazo Vitoria

El Derecho de la Unión Europea otorga un tratamiento especial a los servicios que se prestan a las personas. La doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha tenido oportunidad de abordar en varios pronunciamientos los aspectos nucleares de este tratamiento: por un lado, el de las fórmulas de gestión (indirectas) contractuales y no contractuales y sus requisitos de procedencia. Y, por otro, el de las reglas particulares aplicables a la participación de las entidades sin ánimo de lucro en su prestación. Este trabajo revisa la citada doctrina jurisprudencial.

Rebeca Pérez López y Antonia González Salcedo

Con el presente estudio se quiere ofrecer una visión panorámica del funcionamiento de las Juntas Municipales en términos de calidad democrática para ofrecer propuestas de mejora para conseguir una mayor fortaleza y representación institucional.

Luis Medina Alcoz

La Administración General del Estado se considera responsable de la tutela financiera de los entes locales integrados en determinadas comunidades autónomas, las que, careciendo del régimen especial vinculado a la foralidad, cuentan con Estatutos que no mencionan específicamente la tarea. De modo que, cuando el legislador encomienda un acto de fiscalización al nivel de gobierno que tenga atribuida la tutela financiera, el Ministerio de Hacienda se da por aludido […]

Manuela Mora Ruiz

El presente trabajo tiene como punto de partida el régimen especial de los residuos mineros, como consecuencia de la aplicación supletoria de la ordenación general de los residuos. La aprobación de la nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, con un régimen inicialmente renovado en cuanto a la gestión de los residuos, representa una oportunidad fundamental para revisar una regulación que viene de 2009 y propiciar una ordenación diferente y más eficaz desde los objetivos de protección del medio ambiente y la salud humana en clave de economía circular.

Javier Rico Callado

El artículo analiza la metodología diseñada y aplicada por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios en la evaluación de programas y políticas públicas a lo largo de sus años de existencia (2007-2017). Una metodología ecléctica, principalmente pluralista, aunque adoptando parcialmente otras perspectivas y paradigmas. Fue el fruto de un aprendizaje y práctica de evaluación continuo.