María Crespo Garrido

La relación electrónica entre la Administración y el administrado en general, y el contribuyente en particular, surgió como consecuencia de la era digital en la que la sociedad occidental se desarrolla, con el ánimo de facilitar, agilizar y hacer más transparente la relación entre ambas partes. En un principio, constituía una opción voluntaria, para inmediatamente convertirse en la alternativa de comunicación prioritaria, y en la actualidad, para determinados procedimientos es la única vía de conexión. Este rápido desarrollo ha provocado que existan algunos problemas difíciles de resolver, por no hablar de las mayores cargas administrativas que han recaído sobre el administrado que, en algunas ocasiones debe recurrir a los expertos en la materia, si es que quiere cumplir con sus obligaciones fiscales en período voluntario.

Solana María Yoma

Este artículo, publicado en el número 35 de la revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas (julio 2024), busca tender puentes entre dos campos de indagación e intervención que, a nivel de la academia y los organismos internacionales, se encontraban hasta el momento desarticulados: las evaluaciones con enfoque de derechos humanos y las evaluaciones de procesos participativos. En ese marco, nos propusimos construir criterios e indicadores para evaluar los mecanismos institucionales de participación ciudadana desde el enfoque de derechos humanos.

Vicente Álvarez García

El autor examina las distintas fases por las que ha pasado este caso, empezando por la inicial decisión del Tribunal General, siguiendo por las Conclusiones de la Abogada General, para terminar con la Sentencia de casación de la Gran Sala del Alto Tribunal europeo en la que, finalmente, se reconoce el derecho de acceso a las normas armonizadas, en tanto que Derecho de la Unión.

María Crespo Garrido

La relación electrónica entre la Administración y el administrado en general, y el contribuyente en particular, surgió como consecuencia de la era digital en la que la sociedad occidental se desarrolla, con el ánimo de facilitar, agilizar y hacer más transparente la relación entre ambas partes. En un principio, constituía una opción voluntaria, para inmediatamente convertirse en la alternativa de comunicación prioritaria, y en la actualidad, para determinados procedimientos es la única vía de conexión. Este rápido desarrollo ha provocado que existan algunos problemas difíciles de resolver, por no hablar de las mayores cargas administrativas que han recaído sobre el administrado que, en algunas ocasiones debe recurrir a los expertos en la materia, si es que quiere cumplir con sus obligaciones fiscales en período voluntario.

Óscar Expósito-López

Los conflictos interadministrativos pueden suponer un quebranto del principio de lealtad institucional por faltar a esa necesidad de cooperación entre las diferentes instituciones públicas. Sin embargo, siguen generándose y existiendo estos conflictos, demostrándose que el sistema actual de resolución de conflictos es ineficiente. Deben analizarse los beneficios que pueden aportar técnicas de solución de conflictos alternativas al procedimiento judicial a fin de pacificar o paliar los efectos nocivos que una controversia interadministrativa puede suponer en aspectos tan importantes como el respeto competencial o la eficacia administrativa. La mediación, en este sentido, puede aportar numerosas oportunidades a la práctica relacional que incluso superarían los beneficios ya demostrados en el ámbito privado por el sometimiento de las Administraciones.

Severiano Fernández Ramos

La Ley 19/2013 de Transparencia obliga a las personas materialmente privadas que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas a suministrar a la entidad del sector público a la que se encuentren vinculadas la información necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. El precepto, pese a su brevedad, suscita múltiples cuestiones, pero la más relevante es si nos encontramos ante un deber legal de colaboración de carácter meramente instrumental o, por el contrario, puede afirmarse que las entidades privadas en cuestión están también sujetas al principio de transparencia pública.

Juli Ponce Solé

El presente estudio analiza la relación entre la inteligencia artificial (IA) y los humanos en la toma de decisiones administrativas formalizadas discrecionales. En el mismo, tras exponer brevemente los distintos tipos de IA, se argumenta como la eliminación de la discrecionalidad (fettering), en el caso de la IA basada en reglas, y determinadas características, por el momento únicamente humanas, como la empatía y la realización de razonamientos abductivos, en el caso de la IA no simbólica o estadística (aprendizaje automático y profundo) suponen un impedimento jurídico para el ejercicio totalmente automatizado de la discrecionalidad por máquinas.

Ángel Menéndez Rexach

Tras un intento de precisiones conceptuales sobre conceptos clave del derecho de la organización (cargo, autoridad, directivo, puesto de trabajo), el estudio se centra en el régimen de los altos cargos de la Administración General del Estado, en la Ley 3/2015 y su Reglamento parcial de 2018. En primer lugar, se explica la delimitación legal del concepto de alto cargo y, a continuación, los controles jurídicos existentes en los tres momentos del nombramiento, ejercicio y cese. La conclusión es que la regulación vigente no garantiza suficientemente el control de la idoneidad para el nombramiento, la prevención de conflictos de interés durante el desempeño y la incompatibilidad con actividades privadas vinculadas a las propias del alto cargo tras el cese.