Este asunto versa sobre la vulneración del derecho a la libertad de reunión reconocido en el Artículo 11 del Convenio, interpretado a la luz de la libertad de expresión del Artículo 10, con ocasión de la condena penal de cuatro manifestantes a tres años de prisión por su participación en una concentración convocada frente al Parlamento de Cataluña.

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Se plantea en el presente caso si, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de legislación básica, la regulación autonómica del concurso de proyectos que se contiene en el art. 12 de la Ley catalana 12/2017, de la Arquitectura, ha sido desplazada por la normativa básica estatal contenida en el art. 183 de la Ley de Contratos del Sector Público.

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RGPD: la mera puesta a disposición en línea de sentencias penales condenatorias a cambio de una contraprestación económica no constituye, en principio, un tratamiento de datos personales con fines periodísticos. De ello se desprende que esa puesta a disposición en línea no puede justificar excepciones a las garantías y recursos previstos en el RGPD.

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Se plantea ante la Sala si, habiéndose declarado la nulidad de la adjudicación de un contrato por sentencia judicial firme, en la que se reconoce el derecho de la nueva adjudicataria a “la adjudicación del contrato, con las consecuencias de toda índole legalmente inherentes a este pronunciamiento”, puede la Administración acordar la prórroga del contrato anulado con base en el art. 35.3 de la Ley de Contratos del Sector Público -actual art. 65.3-, durante el periodo necesario para la incorporación de la nueva adjudicataria reconocida como tal en la sentencia y, por tanto, hasta que se inicien las prestaciones de los nuevos contratos.

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Resuelve el TS que, en virtud del principio de prohibición del enriquecimiento injusto de la Administración, en los supuestos de obras realizadas en ejecución de un contrato declarado nulo deberá restablecerse el equilibrio económico entre las partes, siempre que la ejecución de esas obras no pueda imputarse a la iniciativa del operador económico, ni revelen una voluntad fraudulenta o abusiva del mismo.

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Estima la Sala el recurso del Ayuntamiento de Sant Mateu contra la sentencia que anuló la declaración de oferta más ventajosa de uno de los licitadores del contrato de concesión del servicio de abastecimiento de agua potable y procedió a adjudicar el contrato a otro licitador.