Unión Europea

El Derecho de la Unión se opone a una norma o práctica nacional consistente en mantener en vigor un contrato que contenga una cláusula abusiva si el cliente no ha impugnado en un plazo de tres años los aumentos de precio derivados de esta.

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Casa la Sala la sentencia que declaró conforme a derecho la decisión del alcalde del Ayuntamiento de Valdepeñas de no incluir en el orden del día de la sesión ordinaria del Pleno la moción presentada por un concejal, por haber sido informada desfavorablemente por la comisión informativa.

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Se plantea en el recurso si para calcular el volumen de operaciones determinante de la causa de exclusión del método de estimación objetiva en el IRPF, contenida en el art. 31.1.3.ª b), b') de la LIRPF, debe computarse o no la compensación a tanto alzado prevista en el art. 130 de la LIVA percibida por los empresarios acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.

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Se confirma la sanción impuesta a la mercantil recurrente por la comisión de una infracción muy grave en materia de contratación alimentaria prevista en el art. 23.2.2 de Ley 12/2013, de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria (LMFCA), al haberse constatado que en ciertas relaciones de compraventa de productos agroalimentarios, la actora había excedido el plazo máximo de pago de 60 días desde la entrega de productos no perecederos.

Este asunto versa sobre la inadmisión, por incompatibilidad ratione personae, de la queja formulada al amparo del Artículo 6.1 del Convenio (derecho de acceso a un tribunal) por la persona jurídica ecológica Mar Menor y su Cuenca, a la que no se admitió como acusación particular en un procedimiento penal por delito medioambiental.

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Se confirma la sanción impuesta a la mercantil actora por la comisión de una infracción tributaria, basada en la documentación incautada con ocasión del registro efectuado en su domicilio en virtud de la autorización judicial obtenida en el curso de un procedimiento de inspección para unos ejercicios entre los que no se incluía el inspeccionado que terminó con la sanción recurrida.

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Se confirma la sentencia que ordenó la retroacción del procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, a fin de que se recabara el informe del Consejo de Estado omitido y que consideró preceptivo.

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Se confirma el acuerdo de la magistrada-juez Decana de los Juzgados de Pontevedra, que establece la prohibición de acceso de animales de compañía al edificio judicial de los Juzgados.

Este asunto versa sobre la alegada vulneración del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, interpretado a la luz del artículo 3 del Protocolo I (libertad de expresión y libertad de información en el contexto electoral).

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Es objeto de impugnación la sentencia que rechazó que la liquidación por el IRPF correspondiente al periodo 2020 se viera afectada por la anulación, en vía económico-administrativa, de una liquidación anterior, del año 2018, que excluyó a la contribuyente del método de estimación objetiva con efectos trasladables a los tres ejercicios posteriores.

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Se desestima el recurso interpuesto contra el RD 434/2024, por el que se aprueba el arancel de derechos de los profesionales de la Procura. Declara la Sala, entre otros pronunciamientos, que la norma impugnada no ha infringido el principio de reserva de ley establecido en el art. 36 de la CE, ya que la reserva se refiere al estatuto básico del ejercicio profesional, y el arancel no regula el ejercicio profesional en sentido estricto, sino una condición económica del servicio profesional, que pertenece al ámbito de la ordenación administrativa o económica de la actividad profesional.

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Se plantea en el recurso como cuestión de interés casacional si la obligación de servicio público en que consiste el bono social eléctrico regulado en el RD 897/2017, y desarrollado por la Orden ETU/943/2017, puede tener el mismo trato que el régimen de financiación y cofinanciación de las empresas designadas en el art. 45.4 de la Ley del Sector Eléctrico, y que fue anulado por el Tribunal Supremo por ser contrario al art. 3.2 de la Directiva 2009/72/CE.

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El objeto de este recurso de casación consiste en determinar si la actividad de la AEAT consistente en la comunicación de pago de devolución del crédito tributario, que se ve reducido por aplicación de embargo judicial, o la respuesta que dé la Administración tributaria ante una reclamación en vía administrativa frente a dicha comunicación, es susceptible de reclamación económico-administrativa de conformidad con el art. 227 de la LGT.

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Se plantea en el pleito si la Administración puede directamente recalificar, al amparo del art. 13 de la LGT, un conjunto de operaciones consistentes en que una sociedad facture a nombre de su socio, aprovechando la circunstancia de estar en estimación objetiva en el IRPF y en el régimen simplificado en el IVA, para disminuir la carga impositiva de la sociedad; o si tal recalificación exige la previa tramitación de un procedimiento de declaración de conflicto en aplicación de la norma del art. 15 de la LGT; asimismo se solicita al Tribunal que aclare si en atención a las facultades de impugnación del responsable reconocidas en el art. 174.5, párrafo 1.º, de la Ley, debe indicarse en los acuerdos de derivación de responsabilidad la posibilidad de impugnar directamente las liquidaciones y sanciones.

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Desestimado por el Pleno del Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco contra diversos preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

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Se debate en el presente recurso si los acuerdos de una entidad pública de conservación, que son susceptibles de recurso de alzada ante la Administración actuante, debe interponerse en el plazo de 15 días, conforme establece el art. 184 del RGU y los estatutos de la Entidad de Conservación de autos, o si dicho recurso debe interponerse en el plazo de un mes del art. 122.1.º de la LPAC.

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El Derecho de la Unión no exige la publicación de información sobre todos los accionistas, incluidos los accionistas minoritarios, de una sociedad anónima. Además, el Derecho de la Unión se opone a la publicación en línea de datos personales relativos a dichos accionistas cuando el acceso a esos datos no esté supeditado a ningún requisito, como la demostración de un interés legítimo, y ello incluso si dicha publicación persigue un objetivo de interés general reconocido por la Unión.

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Se desestima el recurso del Letrado de la Administración de la Seguridad Social, y se confirma la sentencia que estimó el recurso contencioso-administrativo por haberse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la interesada, al no haber sido notificado el acto administrativo que resolvió el recurso de alzada formulado para defender su derecho de propiedad sobre la mitad del inmueble embargado como consecuencia de las deudas contraídas por su marido.