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Se centra la cuestión litigiosa en el presente recurso en la interpretación del art. 70.6 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, precepto que establece la posibilidad de consolidar el grado respecto del nivel del puesto desempeñado en comisión de servicios pese a no ser un destino definitivo, pero para ello se impone una condición: eso será posible “siempre que se obtenga con carácter definitivo dicho puesto u otro de igual o superior nivel”.

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No ha lugar al recurso interpuesto contra la sentencia que declaró la obligación de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila de emitir las guías de pertenencia de las armas de fuego solicitadas por el Ayuntamiento de Candeleda -solicitud que había sido denegada-, a fin de que los policías locales interinos que habían sido nombrados, a resultas de la convocatoria efectuada previamente, pudieran llevar a cabo en una academia privada con temario coincidente con el impartido por la Escuela Regional de Policía Local de Castilla y León, el preceptivo curso formativo para utilizar las armas reglamentarias en el ejercicio de sus funciones, tras su homologación por el Ministerio del Interior.

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Se discute en el pleito la cantidad a percibir por la liquidación del derecho de superficie de una finca adjudicada por un Ayuntamiento, tras la nulidad del contrato firmado con el adjudicatario no culpable.

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Resuelve la Sala si en los procesos selectivos de personal de las Administraciones públicas, una vez aprobada la lista de admitidos, es posible que la Administración desista de los mismos, sin necesidad de cumplir los requisitos previstos en las leyes para la revisión de oficio de los actos administrativos.

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Se plantea en el presente recurso si en los supuestos de autos dictados en ejecución de sentencia se puede inadmitir o desestimar el recurso por aplicación del límite cuantitativo establecido en el art. 81.1 a) de la LJCA; y, si en el caso de que se entienda que es inadmisible cuando la cuantía del asunto no exceda de 30.000 euros, cuál debe considerarse como la cuantía de la pretensión: la del proceso principal o la del procedimiento ejecutivo.

Con estimación del recurso deducido, se reconoce al actor la condición de personal indefinido fijo.

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Se plantea en el presente recurso si, a los efectos de baremación de méritos en los procesos selectivos convocados por los Servicios de Salud, pueden ser considerados y valorados como servicios en centros sanitarios, los prestados en residencias de mayores, como trabajador por cuenta ajena de una entidad mercantil que opere o hubiese operado como contratista o concesionaria de un servicio público.

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Confirma la Sala la sentencia de la AN que desestimó el recurso contra la denegación de la solicitud de reconocimiento del derecho de asilo y protección subsidiaria.

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Confirma la Sala la sentencia que anuló la resolución de la Dirección General de Función Pública del Principado de Asturias por la que se aprobó la convocatoria de un procedimiento extraordinario para la formación de una bolsa de trabajo de personal temporal de Asesores Digitales para el nombramiento de funcionarios interinos en ejecución de un programa de carácter temporal.