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El TS avala los nombramientos discrecionales del CGPJ de los cargos de la carrera judicial

Confirma la Sala el Acuerdo del CGPJ por el que se nombra Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ del Principado de Asturias.

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El TS completa su jurisprudencia y precisa cuál es el día final del plazo de dos meses para la interposición del recurso contencioso-administrativo en los casos en que la resolución a impugnar es notificada en el mes de agosto

La cuestión que debe resolver la Sala en el presente recurso se centra en precisar, a los efectos de fijar una jurisprudencia armonizada y uniforme acerca del cómputo del plazo de dos meses para la interposición del recurso contencioso-administrativo establecido en el art. 46 de la LJCA, cuál es el momento final del plazo hasta el que cabe presentar el escrito de interposición, en relación con la impugnación de resoluciones administrativas notificadas al interesado durante el mes de agosto, en que cabe considerar como “dies a quo” el 1 de septiembre.

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La adopción de una resolución impugnable fuera de tiempo no conlleva la nulidad de pleno derecho del acto sino su anulabilidad

Conforme a lo ya resuelto por la Sala sobre cuestiones idénticas, se estima el recurso interpuesto por la Administración General del Estado contra la sentencia que revocó la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por virtud de la cual se inadmitió a trámite la solicitud de nulidad de pleno derecho de unas liquidaciones que habían quedado firmes, en concepto de regulación y tarifa de utilización del agua.

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La entrada y registro en domicilio efectuada por la AEAT en virtud de autorización judicial declarada nula, comporta la invalidez de todo lo actuado, así como el deber de devolución de toda la documentación y el material incautados

La cuestión planteada en el presente recurso ha sido ya resuelta por la Sala y consiste en determinar si la declaración de nulidad de la autorización de entrada y registro en domicilio priva de cobertura jurídica a las actuaciones de la Administración tributaria, y si ello comporta el deber de la Administración de devolver “toda la documentación e información obtenida en la entrada y registro”.

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En aplicación de la doctrina del TJUE contenida en la sentencia de 3 de septiembre de 2014 a quienes son residentes en estados terceros no comunitarios, en presencia de actos firmes, se ha de considerar la invocación de una causa de nulidad de pleno derecho

La Sala estima el recurso interpuesto, anula la sentencia recurrida y declara el derecho de la actora -residente en Estados Unidos- a que sea admitida a trámite su solicitud de nulidad de pleno derecho contra la denegación de la rectificación de su autoliquidación por el Impuesto sobre Sucesiones.

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El sujeto pasivo del IRPF que desarrolla una actividad económica, acogido al régimen de estimación directa simplificada y que percibe una subvención de capital puede optar por el criterio de caja, imputando la subvención en varios ejercicios

Se confirma la sentencia que consideró correcto que un sujeto pasivo del IRPF que desarrollaba una actividad económica, acogido al régimen de estimación directa simplificada y que percibió una subvención en el año 2015, optara en dicho ejercicio por el criterio de imputación temporal de caja, imputando la subvención de capital percibida en varios ejercicios en función de la amortización de los bienes de equipo adquiridos con la misma.

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Las comercializadoras de último recurso han de ser reintegradas de las cantidades descontadas a los clientes vulnerables en concepto de bono social por la declaración de inaplicación del mecanismo de financiación aprobado en 2016

La Sala examina la competencia del Ministerio de Energía, Industria y Turismo -actual Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico- para resolver la solicitud de las comercializadoras de último recurso del derecho al reintegro de las cantidades descontadas a los clientes en concepto de bono social.

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El plazo para ejecutar una resolución de un tribunal económico-administrativo que anula una sanción por razones de fondo es el de un mes, sin que el incumplimiento del plazo produzca efectos anulatorios del acto de ejecución

Se debate en el presente recurso cuál es el plazo que tiene la Administración para ejecutar una resolución económico-administrativa que anula unas sanciones por razones de fondo con la finalidad de sustituirlas por otras, de acuerdo con las pautas que ofrece la propia resolución, así como las consecuencias o efectos del incumplimiento de ese plazo.

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El TS confirma el derecho de los medios de comunicación audiovisual en abierto a acceder a los recintos deportivos en los que se celebren eventos de interés general para que puedan grabar imágenes y emitir un breve resumen informativo

Se solicita a la Sala la interpretación del art. 19.3 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, relativo al derecho a contratar la emisión en exclusiva de contenidos audiovisuales.

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El TS declara la competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para imponer precios máximos en los servicios no regulados del sector de las telecomunicaciones

Se plantea en el presente recurso si, a la vista de los arts. 3, 5 y 12 de la Ley General de Telecomunicaciones -LGT-, en relación con el art. 4 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, la CNMC resulta competente para imponer precios máximos en servicios no regulados por la vía de la resolución de conflictos de interconexión entre operadores y, en caso afirmativo, en qué condiciones.

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Una vez adquirida la condición de personal estatutario fijo han de ser valorados los servicios prestados como personal eventual a los efectos de adquisición de los niveles de carrera profesional

El problema planteado en el presente recurso consiste en decidir si es o no conforme a derecho excluir del periodo a considerar los años que la recurrente prestó servicios como facultativa farmacéutica eventual en el Hospital de La Paz a la hora de incorporarla al sistema de carrera profesional, una vez reactivado en 2017, momento en el que ya era personal estatutario fijo.

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El TS obliga a la Administración a la contratación de un seguro de responsabilidad civil que cubra las indemnizaciones y fianzas derivadas de las actuaciones de los Guardias Civiles en el desempeño de sus funciones

Se condena a la Administración al desarrollo reglamentario previsto en el art. 30.2 de la LO 11/2007, de derechos y deberes de la Guardia Civil, para la contratación de un seguro de responsabilidad civil que cubra las indemnizaciones y fianzas derivadas de las actuaciones en el desempeño de sus funciones.

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