Estatal - Administrativo

Se plantea en el recurso si, una vez que se rechaza que las horas de guardia presencial se retribuyan como horas extraordinarias, deben retribuirse como integrantes de la jornada según el cálculo del valor de hora de trabajo ordinario o bien mediante un complemento.

Estatal - Administrativo

Anula el Tribunal la sanción impuesta a una Comunidad de Regantes por prescripción de la infracción consistente en haber excedido el volumen de aguas captado respecto del otorgado en la concesión administrativa.

Este asunto versa sobre la posible vulneración del derecho a un proceso justo (Artículo 6 del Convenio) y del derecho a la protección de la vida privada, en su vertiente de derecho a la intimidad (Artículo 8 del Convenio) al ser dos empleados de una empresa despedidos disciplinariamente debido al contenido de ciertos mensajes de Whatsapp intercambiados entre estos y un tercer empleado, que revelaba el incumplimiento de sus obligaciones de confidencialidad.

Unión Europea

El Tribunal de Justicia precisa las condiciones para determinar el domicilio fiscal de los funcionarios y otros agentes de la Unión.

Estatal - Administrativo

El sindicato USO impugna, por el procedimiento de protección de los derechos fundamentales, la interpretación que se hace en el preámbulo del RD 561/2025, que modifica el art. 10.2 del RD 100/2025 en el inciso relativo a la “mayor implantación” de las organizaciones sindicales para que puedan formar parte de la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Este asunto versa sobre la posible vulneración del Artículo 8 del Convenio (derecho a la protección de la vida privada, en su vertiente de derecho a la autonomía personal) y del Artículo 6 del Convenio (derecho a un proceso justo) por inadecuación del consentimiento informado prestado para una intervención de cesárea y ligadura de trompas, e indebido tratamiento de la cuestión por los tribunales domésticos que conocieron del ulterior proceso de responsabilidad médica.

Estatal - Administrativo

Se plantea en el presente supuesto qué ha de entenderse por enfermedad grave sobrevenida, si hay que incluir en la interpretación de este concepto no solo dónde se diagnostica, sino dónde se decide el tratamiento, o dónde surge la necesidad del tratamiento, para que la Administración conceda la autorización de residencia temporal por razones humanitarias.

Unión Europea

El Derecho de la Unión se opone a una norma o práctica nacional consistente en mantener en vigor un contrato que contenga una cláusula abusiva si el cliente no ha impugnado en un plazo de tres años los aumentos de precio derivados de esta.

Estatal - Administrativo

Casa la Sala la sentencia que declaró conforme a derecho la decisión del alcalde del Ayuntamiento de Valdepeñas de no incluir en el orden del día de la sesión ordinaria del Pleno la moción presentada por un concejal, por haber sido informada desfavorablemente por la comisión informativa.

Estatal - Administrativo

Se plantea en el recurso si para calcular el volumen de operaciones determinante de la causa de exclusión del método de estimación objetiva en el IRPF, contenida en el art. 31.1.3.ª b), b') de la LIRPF, debe computarse o no la compensación a tanto alzado prevista en el art. 130 de la LIVA percibida por los empresarios acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.

Estatal - Administrativo

Se confirma la sanción impuesta a la mercantil recurrente por la comisión de una infracción muy grave en materia de contratación alimentaria prevista en el art. 23.2.2 de Ley 12/2013, de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria (LMFCA), al haberse constatado que en ciertas relaciones de compraventa de productos agroalimentarios, la actora había excedido el plazo máximo de pago de 60 días desde la entrega de productos no perecederos.

Este asunto versa sobre la inadmisión, por incompatibilidad ratione personae, de la queja formulada al amparo del Artículo 6.1 del Convenio (derecho de acceso a un tribunal) por la persona jurídica ecológica Mar Menor y su Cuenca, a la que no se admitió como acusación particular en un procedimiento penal por delito medioambiental.

Estatal - Administrativo

Se confirma la sanción impuesta a la mercantil actora por la comisión de una infracción tributaria, basada en la documentación incautada con ocasión del registro efectuado en su domicilio en virtud de la autorización judicial obtenida en el curso de un procedimiento de inspección para unos ejercicios entre los que no se incluía el inspeccionado que terminó con la sanción recurrida.

Estatal - Administrativo

Se confirma la sentencia que ordenó la retroacción del procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, a fin de que se recabara el informe del Consejo de Estado omitido y que consideró preceptivo.

Estatal - Administrativo

Se confirma el acuerdo de la magistrada-juez Decana de los Juzgados de Pontevedra, que establece la prohibición de acceso de animales de compañía al edificio judicial de los Juzgados.

Este asunto versa sobre la alegada vulneración del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, interpretado a la luz del artículo 3 del Protocolo I (libertad de expresión y libertad de información en el contexto electoral).

Estatal - Administrativo

Es objeto de impugnación la sentencia que rechazó que la liquidación por el IRPF correspondiente al periodo 2020 se viera afectada por la anulación, en vía económico-administrativa, de una liquidación anterior, del año 2018, que excluyó a la contribuyente del método de estimación objetiva con efectos trasladables a los tres ejercicios posteriores.

Estatal - Administrativo

Se desestima el recurso interpuesto contra el RD 434/2024, por el que se aprueba el arancel de derechos de los profesionales de la Procura. Declara la Sala, entre otros pronunciamientos, que la norma impugnada no ha infringido el principio de reserva de ley establecido en el art. 36 de la CE, ya que la reserva se refiere al estatuto básico del ejercicio profesional, y el arancel no regula el ejercicio profesional en sentido estricto, sino una condición económica del servicio profesional, que pertenece al ámbito de la ordenación administrativa o económica de la actividad profesional.

Estatal - Administrativo

Se plantea en el recurso como cuestión de interés casacional si la obligación de servicio público en que consiste el bono social eléctrico regulado en el RD 897/2017, y desarrollado por la Orden ETU/943/2017, puede tener el mismo trato que el régimen de financiación y cofinanciación de las empresas designadas en el art. 45.4 de la Ley del Sector Eléctrico, y que fue anulado por el Tribunal Supremo por ser contrario al art. 3.2 de la Directiva 2009/72/CE.

Estatal - Administrativo

El objeto de este recurso de casación consiste en determinar si la actividad de la AEAT consistente en la comunicación de pago de devolución del crédito tributario, que se ve reducido por aplicación de embargo judicial, o la respuesta que dé la Administración tributaria ante una reclamación en vía administrativa frente a dicha comunicación, es susceptible de reclamación económico-administrativa de conformidad con el art. 227 de la LGT.

Estatal - Administrativo

Se plantea en el pleito si la Administración puede directamente recalificar, al amparo del art. 13 de la LGT, un conjunto de operaciones consistentes en que una sociedad facture a nombre de su socio, aprovechando la circunstancia de estar en estimación objetiva en el IRPF y en el régimen simplificado en el IVA, para disminuir la carga impositiva de la sociedad; o si tal recalificación exige la previa tramitación de un procedimiento de declaración de conflicto en aplicación de la norma del art. 15 de la LGT; asimismo se solicita al Tribunal que aclare si en atención a las facultades de impugnación del responsable reconocidas en el art. 174.5, párrafo 1.º, de la Ley, debe indicarse en los acuerdos de derivación de responsabilidad la posibilidad de impugnar directamente las liquidaciones y sanciones.

Estatal

Desestimado por el Pleno del Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco contra diversos preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.