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Se plantea en el recurso si es aplicable la reducción del 60 por ciento sobre el importe total de los rendimientos netos, derivados del arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda, regularizados tras la aprobación de la Ley 11/2021, que dio nueva redacción al art. 23.2 de la LIRPF.

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Estima la Sala el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Ourense y revoca la sentencia que anuló las bases para la provisión de Director General de Recursos Humanos del Ayuntamiento, y declaró que, de conformidad con los arts. 33 y 34 de la Ley de Empleo Público de Galicia -LEPG-, el personal que participe en ese proceso debe tener previamente la condición de personal directivo.

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Declara la Sala la conformidad a derecho de la base controvertida de la convocatoria para el acceso a la Escala Técnica de Prevención de Riesgos Laborales que exige como requisito para participar en el proceso selectivo “'poseer alguna de las titulaciones académicas que, para cada cuerpo, escala o especialidad, se detallan en el anexo I expedidas por centros oficiales reconocidos, o estar en condiciones de obtenerlas en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes”; esto es, exige estar en posesión de alguna de la titulación de diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o Grado equivalente.

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Se plantea en el recurso si acreditado como mérito poseer una licenciatura, tal mérito supone la superación de los dos ciclos formativos exigidos para su obtención, o si es exigible que, de modo independiente, se acredite haber superado los dos ciclos.

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No ha lugar a la impugnación de la Junta de Andalucía contra la sentencia dictada en el recurso deducido frente a la inactividad de la Administración, como consecuencia de la desestimación presunta de la reclamación formulada por la mercantil demandante en la que se requería de pago de una serie de facturas derivadas del contrato de servicio de limpieza, desestimando la causa de inadmisión alegada por la Administración demandada por pretendida inexistencia de inactividad administrativa impugnable, al haberse formulado antes del plazo establecido en el art. 29.1 de la LJCA.

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Se plantea ante la Sala si la excesiva dilación en el tiempo de la falta de convocatoria de concurso de traslados puede integrar una lesión del art. 37.2 del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, que comporte la necesaria convocatoria de concurso de traslados.

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Establece la Sala que, en los procesos selectivos de plazas de facultativo especialista, en la valoración de la formación especializada debe estarse a la que efectivamente sirvió para la obtención del título conforme a la normativa vigente en cada caso, sin que pueda otorgarse mayor puntuación basándose únicamente en el procedimiento seguido para la expedición del título.

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Ha lugar al recurso interpuesto y se reconoce a la recurrente el derecho a que su puesto de trabajo sea nuevamente valorado y clasificado. La actora es funcionaria de carrera del Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Empleo y Seguridad Social (Grupo A, Subgrupo A2).

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Con desestimación del recurso interpuesto por el Abogado del Estado, se confirma la sentencia que reconoció al demandante el grado consolidado de nivel 26 reconocido por la Comunidad de Madrid con efectos desde su reincorporación en el Cuerpo Nacional de Policía -Administración de origen-.

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Resuelve el TS si puede considerarse que existe relación de causalidad a los efectos del art. 47.2 de la Ley de Clases Pasivas, entre las patologías psicológicas reactivas y las lesiones físicas de accidente “in itinere”.

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Se plantea como cuestión de interés casacional si, tras la modificación introducida en el art. 115 de la LGT de 2003 por la Ley 34/2015, la Administración puede recalificar como simulado un negocio jurídico celebrado en 1999, en un ejercicio prescrito regido por la LGT de 1963, pero cuyos efectos se proyectan en ejercicios no prescritos.

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Se centra la cuestión litigiosa en el presente recurso en la interpretación del art. 70.6 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, precepto que establece la posibilidad de consolidar el grado respecto del nivel del puesto desempeñado en comisión de servicios pese a no ser un destino definitivo, pero para ello se impone una condición: eso será posible “siempre que se obtenga con carácter definitivo dicho puesto u otro de igual o superior nivel”.

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No ha lugar al recurso interpuesto contra la sentencia que declaró la obligación de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila de emitir las guías de pertenencia de las armas de fuego solicitadas por el Ayuntamiento de Candeleda -solicitud que había sido denegada-, a fin de que los policías locales interinos que habían sido nombrados, a resultas de la convocatoria efectuada previamente, pudieran llevar a cabo en una academia privada con temario coincidente con el impartido por la Escuela Regional de Policía Local de Castilla y León, el preceptivo curso formativo para utilizar las armas reglamentarias en el ejercicio de sus funciones, tras su homologación por el Ministerio del Interior.

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Se discute en el pleito la cantidad a percibir por la liquidación del derecho de superficie de una finca adjudicada por un Ayuntamiento, tras la nulidad del contrato firmado con el adjudicatario no culpable.

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Resuelve la Sala si en los procesos selectivos de personal de las Administraciones públicas, una vez aprobada la lista de admitidos, es posible que la Administración desista de los mismos, sin necesidad de cumplir los requisitos previstos en las leyes para la revisión de oficio de los actos administrativos.

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Se plantea en el presente recurso si en los supuestos de autos dictados en ejecución de sentencia se puede inadmitir o desestimar el recurso por aplicación del límite cuantitativo establecido en el art. 81.1 a) de la LJCA; y, si en el caso de que se entienda que es inadmisible cuando la cuantía del asunto no exceda de 30.000 euros, cuál debe considerarse como la cuantía de la pretensión: la del proceso principal o la del procedimiento ejecutivo.