Estatal - Administrativo
El TS afirma que en la aprobación del RD 434/2024, que establece un nuevo arancel de derechos de los profesionales de la Procura, se han respetado los principios de reserva de ley y de jerarquía normativa, así como el Derecho de la UESe desestima el recurso interpuesto contra el RD 434/2024, por el que se aprueba el arancel de derechos de los profesionales de la Procura. Declara la Sala, entre otros pronunciamientos, que la norma impugnada no ha infringido el principio de reserva de ley establecido en el art. 36 de la CE, ya que la reserva se refiere al estatuto básico del ejercicio profesional, y el arancel no regula el ejercicio profesional en sentido estricto, sino una condición económica del servicio profesional, que pertenece al ámbito de la ordenación administrativa o económica de la actividad profesional.
Estatal - Administrativo
Las comercializadoras de energía eléctrica están obligadas a tramitar las solicitudes del bono social como servicio accesorio al descuento que se practica en favor de los consumidores vulnerables
Se plantea en el recurso como cuestión de interés casacional si la obligación de servicio público en que consiste el bono social eléctrico regulado en el RD 897/2017, y desarrollado por la Orden ETU/943/2017, puede tener el mismo trato que el régimen de financiación y cofinanciación de las empresas designadas en el art. 45.4 de la Ley del Sector Eléctrico, y que fue anulado por el Tribunal Supremo por ser contrario al art. 3.2 de la Directiva 2009/72/CE.
Estatal - Administrativo
Resuelve el Supremo que son susceptibles de reclamación económico-administrativa y recurso judicial los actos de comunicación de pago de devolución de crédito tributario minorado por un embargo judicialEl objeto de este recurso de casación consiste en determinar si la actividad de la AEAT consistente en la comunicación de pago de devolución del crédito tributario, que se ve reducido por aplicación de embargo judicial, o la respuesta que dé la Administración tributaria ante una reclamación en vía administrativa frente a dicha comunicación, es susceptible de reclamación económico-administrativa de conformidad con el art. 227 de la LGT.
Estatal - Administrativo
El TS entiende justificada la aplicación de la estimación indirecta para determinar la base imponible de las correspondientes liquidaciones, en un supuesto en que existe confusión en la facturación de una sociedad y un socio que realizan la misma actividadSe plantea en el pleito si la Administración puede directamente recalificar, al amparo del art. 13 de la LGT, un conjunto de operaciones consistentes en que una sociedad facture a nombre de su socio, aprovechando la circunstancia de estar en estimación objetiva en el IRPF y en el régimen simplificado en el IVA, para disminuir la carga impositiva de la sociedad; o si tal recalificación exige la previa tramitación de un procedimiento de declaración de conflicto en aplicación de la norma del art. 15 de la LGT; asimismo se solicita al Tribunal que aclare si en atención a las facultades de impugnación del responsable reconocidas en el art. 174.5, párrafo 1.º, de la Ley, debe indicarse en los acuerdos de derivación de responsabilidad la posibilidad de impugnar directamente las liquidaciones y sanciones.
Estatal
El Pleno del TC desestima el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno del País Vasco contra la Ley por el derecho a la vivienda
Desestimado por el Pleno del Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco contra diversos preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
Estatal - Administrativo
El Tribunal Supremo determina el plazo para la interposición del recurso de alzada contra los acuerdos de una entidad pública de conservación y de las juntas de compensaciónSe debate en el presente recurso si los acuerdos de una entidad pública de conservación, que son susceptibles de recurso de alzada ante la Administración actuante, debe interponerse en el plazo de 15 días, conforme establece el art. 184 del RGU y los estatutos de la Entidad de Conservación de autos, o si dicho recurso debe interponerse en el plazo de un mes del art. 122.1.º de la LPAC.
Unión Europea
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-798/24 | [Jautiva]El Derecho de la Unión no exige la publicación de información sobre todos los accionistas, incluidos los accionistas minoritarios, de una sociedad anónima. Además, el Derecho de la Unión se opone a la publicación en línea de datos personales relativos a dichos accionistas cuando el acceso a esos datos no esté supeditado a ningún requisito, como la demostración de un interés legítimo, y ello incluso si dicha publicación persigue un objetivo de interés general reconocido por la Unión.
Estatal - Administrativo
El Supremo ratifica que cuando la Administración no resuelve o no notifica la resolución administrativa desestimatoria de la pretensión instada por el interesado, no corre el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo
Se desestima el recurso del Letrado de la Administración de la Seguridad Social, y se confirma la sentencia que estimó el recurso contencioso-administrativo por haberse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la interesada, al no haber sido notificado el acto administrativo que resolvió el recurso de alzada formulado para defender su derecho de propiedad sobre la mitad del inmueble embargado como consecuencia de las deudas contraídas por su marido.
Estatal - Administrativo
La prohibición del uso de sedes judiciales para actos privados acordada por los Jueces Decanos no tiene carácter sancionador, sino que constituye una potestad organizativa legítima para el control de las sedes judicialesNo ha lugar al recurso interpuesto por la Asociación Libre de la Abogacía contra el acuerdo del Pleno del CGPJ que confirmó la resolución de la Magistrada-Juez de los Juzgados de Madrid, por la que se prohíbe a la recurrente la utilización de las sedes judiciales del partido para la celebración de actos privados.
Estatal - Administrativo
Aprecia el TS que la Junta de Andalucía ha incurrido en inactividad reglamentaria al no regular el régimen retributivo del personal investigador del Instituto de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción EcológicaDeclara la Sala que en este caso concurre un supuesto de inactividad reglamentaria en el que los funcionarios litigantes han reclamado la previsión procedimental para percibir el complemento retributivo del art. 35 de los Estatutos del Instituto de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica de la Junta de Andalucía.
Estatal - Administrativo
El TS confirma los Acuerdos del JPEF de Bizkaia que fijan el justiprecio de las fincas expropiadas para constituir una servidumbre de paso aéreo de una línea eléctrica de alta tensión a favor de una empresa privada que ostenta el monopolio de distribución
En el presente recurso el Supremo declara que la legislación sobre fijación del justiprecio en la expropiación forzosa a favor de las entidades privadas distribuidoras de energía eléctrica, se ajusta al Derecho europeo.
Unión Europea
Sentencia del Tribunal General en el asunto T-120/24 | Global Legal Action Network y CAN-Europe/Comisión
Confirma el Tribunal General la desestimación por la Comisión de la solicitud de revisión interna presentada por Global Legal Action Network y CAN Europe. Estas ONG no podían cuestionar los objetivos climáticos acordados por el legislador de la Unión.
Estatal - Administrativo
No habiéndose impugnado la resolución que declara la incapacidad permanente de una soldado, no puede, en el procedimiento de determinación de la cuantía de la pensión, cuestionar la valoración médica que sirvió de base para fijar el grado de discapacidad
Se mantiene la sentencia de instancia que confirmó la resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social que reconoció a la actora, soldado profesional de tropa y marinería, el derecho a la pensión extraordinaria de retiro por inutilidad permanente en acto de servicio en una cuantía igual al 55% de la que hubiera resultado de producirse la incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio.
Estatal - Administrativo
La entrada y registro en el domicilio de una persona jurídica, que es simultáneamente centro de trabajo de los empleados, exige la previa autorización judicial, incluso si no se ha practicado examen o aprehensión de documentaciónEstima la Sala el recurso interpuesto y declara que la actuación material llevada a cabo por la Inspección de Trabajo en el domicilio social de la mercantil actora, que albergaba también el centro de trabajo, fue constitutiva de una vía de hecho que vulneró el art. 18.1 de la CE.
Estatal - Administrativo
El TS entiende que no se ha acreditado la existencia de un daño indemnizable en un supuesto en que se repercutió el tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos a los adquirentes de combustible para el desarrollo de su actividad económica
Anula la Sala la sentencia que declaró la inadmisión, por extemporaneidad, de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado legislador instadas frente al Consejo de Ministros.
Estatal - Administrativo
No procede incluir a los titulados en Veterinaria en la formación para el acceso a la especialidad de “Laboratorio Clínico” establecida en el RD 101/2025, al no guardar relación directa e inmediata con las funciones que aquellos tienen asignadasEl TS declara la conforme a derecho la DF 2.ª del RD 101/2025, "por el que se establece el título de especialista en Laboratorio Clínico y se suprimen los títulos de especialista en Ciencias de la Salud en Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica", que modificó el Apartado 5, Anexo I del RD 183/2008, "por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria no especializada".
Estatal - Administrativo
El TS concreta el alcance del límite para acceder a la información pública en el caso de que pueda suponer un perjuicio para las relaciones exteriores, cuando se trata del acceso a datos sobre nacionalidades concretas de los extranjeros que se encuentran en un CIE
Ha lugar al recurso interpuesto y se anula la resolución de la Dirección General de la Policía en cuanto deniega a la recurrente el acceso a los datos de nacionalidad de las personas internas en Centros de Internamiento de Extranjeros.
Estatal - Social
El TS afirma que los trabajadores en situación de abuso de temporalidad o de temporalidad irregular, tienen derecho a participar en el concurso de traslados para diversas categorías de bomberos en Asturias
Resuelve la Sala que no resulta justificado ni proporcionado desde la perspectiva del art. 15.6 del ET y de la Directiva 1999/70, que no se permita la participación de los denominados, hasta las SSTS del Pleno 475/2026 y 578/2026, indefinidos no fijos, en un concurso de traslado para la provisión de plazas vacantes de las categorías de “bombero-conductor”, jefe de zona y auxiliar de “bombero/especialista”, categorías que se regulan y describen en un convenio colectivo que se denomina de “bomberos” del Principado de Asturias.
Estatal - Administrativo
El TS mantiene que quien presenta una queja o denuncia solo tiene derecho a que el órgano administrativo correspondiente la reciba y lleve a cabo las diligencias de investigación que considere pertinentesSe desestima, por falta de legitimación activa, el recurso interpuesto contra el decreto de la Fiscal Inspectora Jefe que archivó la queja presentada por el recurrente frente al Fiscal Provincial Jefe de Sevilla, en la que se achacaba haber ordenado a dos de sus subordinados que no formulasen acusación en las diligencias previas que se seguían contra miembros de la policía judicial.
Unión Europea
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-196/24 | [Aucrinde]Un órgano jurisdiccional de un Estado miembro no puede denegar la ejecución de una solicitud de obtención de pruebas transmitida por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro con el objeto de que se exhume el cadáver de un presunto progenitor para establecer una relación de filiación por el mero hecho de que su Derecho sustantivo nacional lo prohíba.
Estatal - Administrativo
El TS vuelve a declarar que en la liquidación de los intereses de demora por el retraso de la Administración en el pago de facturas de un contrato administrativo debe incluirse la cuota del IVA, no siendo necesario que el contratista haya abonado el impuestoLa controversia suscitada en el presente recurso consiste en determinar si se ha de incluir o no la cuota del IVA en la base de cálculo de los intereses de demora por el retraso de la Administración en el pago de las certificaciones en un contrato de obras.
Este asunto versa sobre la vulneración del derecho a la libertad de reunión reconocido en el Artículo 11 del Convenio, interpretado a la luz de la libertad de expresión del Artículo 10, con ocasión de la condena penal de cuatro manifestantes a tres años de prisión por su participación en una concentración convocada frente al Parlamento de Cataluña.