Este asunto versa sobre la posible vulneración del Artículo 14 del Convenio en relación con el Artículo 8 (derecho a la igualdad, en relación con el derecho a la protección de la propiedad privada) y de los Artículos 6.1 y 13 (derechos a un proceso justo y a un recurso efectivo) como consecuencia del reconocimiento a un alumno de un colegio en Cataluña de su derecho a recibir al menos un 25 % de la enseñanza en castellano.

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El TS confirma la sentencia que anuló el Acuerdo del Tribunal Calificador del proceso selectivo para cubrir, por oposición libre, plazas de alumnos de la Escuela Nacional de Policía, de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de policía, del Cuerpo Nacional de Policía, por el que se declara no apto al recurrente en la parte b) de la tercera prueba (entrevista personal) del indicado proceso selectivo con la correspondiente exclusión.

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Casa la Sala la sentencia de instancia y desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de la Dirección Adjunta Operativa de la zona de Andalucía de la Guardia Civil, en materia de intervención de armas y explosivos, que había desestimado el previo recurso de alzada deducido frente a la resolución de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba que denegó al recurrente la expedición de la licencia de armas tipo E y D.

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Se confirma la sentencia que anuló la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que acordó imponer una sanción y la obligación de indemnizar los daños al dominio público-hidráulico al Consorcio y Ayuntamiento ahora recurridos, por los vertidos de aguas residuales procedentes del colector municipal al cauce de un barranco sin autorización del organismo de Cuenca.

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El TS estima el recurso interpuesto por el Abogado del Estado, casa la sentencia impugnada, y confirma la resolución que denegó a la actora la autorización de residencia por arraigo laboral, al no haber acreditado el requisito de una relación laboral realizada en situación legal de estancia o residencia.

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El TS casa la sentencia impugnada y confirma la dictada en primera instancia que accedió a la solicitud de baja colegial, reconociendo al recurrente el derecho al reembolso de las cuotas abonadas, al entender que no ejercía la profesión de enfermero, sino que se dedicaba únicamente a la docencia.

Estatal

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, en sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Concepción Espejel Jorquera, ha estimado parcialmente, por unanimidad, el recurso de amparo formulado por una magistrada contra las resoluciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le impusieron una sanción de tres meses de suspensión de funciones por incurrir en una infracción de “desatención o retraso injustificado en la iniciación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales” (art. 417.9 LOPJ).

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Se plantea en el recurso si, exigiéndose en los pliegos rectores de un contrato una determinada habilitación empresarial o profesional, todos los licitadores que concurren en UTE deben contar con la misma aun cuando se trata de sociedades que en el conjunto de la agrupación realicen actuaciones que puedan ser consideradas accesorias o complementarias.

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El TS declara la inadmisión por falta de jurisdicción del recurso interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud de concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza, cuya pretensión deberá deducir la actora ante los órganos jurisdiccionales del Orden Civil.

Unión Europea

Para el TJUE, el sistema italiano de contratación del personal administrativo y de servicios de los centros de enseñanza pública incumple el Derecho de la Unión.

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Se desestima el recurso interpuesto por la Confederación Intersindical Galega frente al art. 82 bis, apdos. 4.º y 5.º, del RD 1280/2024, por el que se modifica, entre otros, el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

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Inadmite el TS el recurso de revisión interpuesto por un funcionario del Cuerpo Nacional de la Policía contra la sentencia que confirmó la sanción que le fue impuesta por incumplimiento de las normas de incompatibilidad.

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Estima la Sala el recurso interpuesto por la Asociación Nacional de Remolcadores de España y revoca el auto que inadmitió el recurso contencioso-administrativo, por falta de legitimación activa de la actora, presentado contra la resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que se otorgó directamente a una empresa el contrato público de "remolcador de apoyo temporal" a través del trámite de emergencia que regula el art. 120 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

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Se plantea en el presente procedimiento si es aplicable la reducción de la base imponible prevista en el art. 9 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las explotaciones agrarias, por la adquisición mortis causa de una explotación agraria prioritaria cuando se pierde tal condición con posterioridad a la transmisión, por causa ajena a esta operación, antes del plazo de cinco años señalado en el segundo apartado del precepto.

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Se desestima el recurso contra el RD 651/2025, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2025, impugnado únicamente en lo que se refiere al número de plazas convocadas en régimen de promoción interna para los cuerpos de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Gestión procesal y administrativa, y de Tramitación procesal y administrativa, por considerar la parte actora que la cifra recogida es inferior a la que exige el art. 490.2 de la LOPJ.

Este asunto versa sobre la alegada vulneración del artículo 1.º del Protocolo I al Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a la propiedad privada). La demandante, nacional española, alegó la vulneración del artículo 1 del Protocolo n.º 1 del Convenio, por la negativa de las autoridades españolas a acordar la reversión de unos terrenos expropiados a sus padres en los años setenta en el marco del proyecto urbanístico ACTUR Tres Cantos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sección V, formación en comité) inadmite: margen de apreciación estatal, el Convenio no impone a los Estados la obligación de reconocer derecho de reversión en todo caso; si existe tal derecho, puede ser objeto de protección en circunstancias. No se dan las condiciones legales en este caso para la existencia de legítimas expectativas de la demandante, ya que la causa expropiandi (creación de un área urbana integrada) ha de considerarse cumplida, por lo que no constituye «bien» en el sentido del artículo 1.º del Protocolo I.