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Se plantea en el presente recurso como cuestión de interés casacional los requisitos para que sea operativa la protección que confiere el art. 8.1 de la Ley de Marcas, en su redacción vigente, en relación con las marcas renombradas.

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Establece la Sala como jurisprudencia que en los casos de resolución por ejercicio de la facultad resolutoria implícita que contiene el art. 1124 del CC para las obligaciones recíprocas, en supuestos de incumplimiento contractual -cuando el perjudicado no opte por la alternativa de exigir el cumplimiento de la obligación-, resulta aplicable el régimen fiscal establecido para el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en el art. 57.1 del TRLITP y 32.1 del RITP, lo que lleva a la devolución de lo satisfecho por el expresado impuesto, en los mismos términos que en los casos de resolución por cumplimiento de una condición resolutoria explícitamente pactada.

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La cuestión planteada ante la Sala consiste en determinar si, en la incoación, tramitación y resolución de un procedimiento sancionador, la Agencia Española de Protección de Datos -AEPD- queda vinculada, y en qué forma y grado, por el contenido de la reclamación que ante ella se haya presentado.

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Se revoca la sentencia que desestimó el recurso deducido frente a liquidación del Impuesto sobre el Patrimonio en la que se excluyó, a efectos del límite de la cuota íntegra del art. 31.1 b) de la Ley del impuesto, la parte relativa a la vivienda habitual, al entender que dicho elemento patrimonial no era susceptible de generar rendimientos en el IRPF, basándose en una sentencia del TS en la que, interpretando el precepto, se indicó que de su tenor literal se deduce que la inclusión o exclusión de la cuota íntegra deriva de la naturaleza o destino de los bienes, en el momento a que se refiere la liquidación, al margen de que en un momento posterior puedan ser sometidos a operaciones que devenguen rendimientos.

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No ha lugar al recurso interpuesto contra la sentencia que desestimó la pretensión del actor de ser nombrado funcionario de carrera o, en su defecto, empleado público fijo por haber sido objeto de nombramientos temporales concatenados para un mismo empleo de carácter estructural durante más de veintinueve años por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

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Anula la Sala la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -CNMC- por la comisión de dos infracciones muy graves que afectan a una infraestructura necesaria para los radiodifusores cuya actividad tiene naturaleza de servicio de interés general, habiendo fijado la cuantificación de la multa conforme a los criterios establecidos en el art. 10 de la Ley de Defensa de la competencia de 1989.

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No ha lugar al recurso interpuesto contra la sentencia que confirmó que era posible la declaración de inadmisibilidad de la reclamación dirigida frente al TEAC contra resolución que desestimó la solicitud de devolución de lo satisfecho en concepto de IRNR, dictada una vez superado el plazo de resolución y recurrida en vía judicial.

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Se confirma la sentencia que estimó el recurso deducido contra la aprobación de la relación definitiva de aspirantes por orden de puntuación en la categoría de auxiliar de enfermería, de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, y afirmó que debían computarse los servicios prestados por los trabajadores por cuenta ajena de una entidad mercantil que opere o hubiese operado como contratista o concesionaria de un servicio público.

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No ha lugar al recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Atarfe y se confirma la sentencia que anuló el acuerdo del pleno municipal que aprobó la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo y el Reglamento de modificación y actualización de los puestos de trabajo, al haber sido elaborada por una empresa privada sin intervención de los responsables administrativos municipales.

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Se desestima la pretensión de la actora de que se le nombre personal fijo o que se le indemnice por haber sufrido abuso en su contratación temporal, por permanecer más de trece años como interina en la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, invocando la jurisprudencia del TJUE que interpreta la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco de la Directiva 1999/70/CE.

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No ha lugar al recurso interpuesto contra la sentencia que anuló la candidatura presentada a las elecciones de la Junta Directiva del Consejo Notarial del País Vasco, por no respetar el porcentaje previsto en la Disposición Adicional Primera de la LO 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en cuanto la candidatura presentada estaba integrada por cinco hombres y dos mujeres.

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La cuestión planteada en el presente recurso consiste en determinar si la ejecución de una sentencia que ha ordenado la retroacción de un proceso selectivo y la repetición de algún ejercicio para los aspirantes comporta, de superarse el mismo con la obtención de plaza o puesto, el derecho del aspirante al percibo de las retribuciones correspondientes a dicha plaza o puesto con efectos al momento en que debió ser inicialmente nombrado.

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Se plantea en el presente caso si la falta de prueba sobre determinados extremos que afectan a la deducibilidad de un gasto en el Impuesto de Sociedades conduce a calificar la actuación del contribuyente como culpable, a efectos sancionadores, sin que pueda justificarse que pudiera concurrir una interpretación razonable de la norma en atención a la naturaleza, características y contexto en el que se produce dicho gasto.

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Con estimación del recurso deducido la Sala revoca la sentencia que entendió que las resoluciones de la TGSS impugnadas habían incurrido en nulidad de pleno derecho por omisión del procedimiento regulado en el art. 146 de la LRJS para proceder a la anulación del alta en el RETA controvertida, habiendo acudido directamente a la vía administrativa.

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La cuestión sometida a consideración de la Sala consiste en determinar el dies a quo del devengo de los intereses de mora, y si el primer plazo de treinta días que la Ley atribuye a la Administración para comprobar y aprobar la factura es irrenunciable, en el sentido de que resulta necesario que transcurra este plazo, con independencia de que se hayan realizado o no los trámites correspondientes de comprobación o aprobación del gasto, para poder computar el segundo plazo de treinta días cuyo vencimiento determina estar incurso en mora.

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No ha lugar al recurso interpuesto contra la sentencia que confirmó el acuerdo que declaró no apto al recurrente para el ingreso en la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía, al no cumplir el requisito de tener una estatura mínima de 1,65 metros.