Estatal

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en relación con art. 197.1.a) párrafo segundo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), considerando el precepto lesivo del art. 23. 2 CE, esto es, del derecho de participación política de los y las concejales.

Estatal - Administrativo

La cuestión planteada en el presente litigio se refiere al requisito contemplado en el art. 22.4 del CC en relación con la adquisición de la nacionalidad española por residencia consistente en la acreditación por el solicitante de un “suficiente grado de integración en la sociedad española”, así como a la incidencia que en el mismo pueda darse a la no acreditación de medios propios de vida o a la no aportación de un certificado de empadronamiento.

Estatal - Administrativo

No ha lugar al recurso interpuesto contra el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que declara que la recurrente -jueza en prácticas- no ha superado la fase inicial teórico-práctica del curso 2023-2024 de Formación Inicial de la Escuela Judicial y debe repetirla, para lo que se incorporará con la siguiente promoción.

Estatal - Administrativo

Establece el TS que resulta posible, por parte de un Ayuntamiento, exigir el pago de una tasa por el ejercicio de una actividad o servicio público de su competencia, en un mercado de abastos, aun si tal servicio lo gestiona la corporación de forma indirecta a través de un contrato de concesión administrativa cuyo titular es un concesionario privado -con la exigencia mensual como contraprestación a todos sus usuarios de una tarifa-, siempre que la actividad o servicio a que se refiera la tasa sea diferente en su objeto del que se recibe del concesionario que lo presta y que se retribuye mediante tarifa.

Estatal - Administrativo

Se plantea en el litigio si el cómputo del plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios puede ser interrumpido por actuaciones realizadas frente al deudor principal o frente al obligado respecto de cuyas deudas se deriva la responsabilidad, en aquellos casos en que esa obligación de pago aún no ha sido objeto de derivación, esto es, que los actos de interrupción se dirijan frente a quien no ha sido aún declarado responsable.

Estatal - Administrativo

El objeto del presente litigio consiste en determinar cuál es el momento a partir del cual cabe aplicar la reducción en la base imponible del IRPF en concepto de pensiones compensatorias a favor del cónyuge: si desde la fecha en que se suscribe el convenio regulador entre las partes o a partir de que se dicta la sentencia judicial que lo ratifica.

Madrid - Administrativo

Se plantea en el presente litigio si un inmueble destinado a alquiler turístico debe tributar en el IRPF durante el periodo en que no esté alquilado, y, en su caso, qué gastos son deducibles.

Estatal - Administrativo

Se desestima el recurso interpuesto contra sentencia que confirmó la liquidación girada por el IRPF y en la que se consideró que, en contra de lo manifestado por el recurrente, no se había justificado ninguna pérdida patrimonial, por cuanto de los certificados aportados no podía inferirse si se estaba ante un supuesto del art. 33.1 de la LIRPF o ante un supuesto excluido de la normativa del impuesto, dado que de las certificaciones de la entidad financiera no quedaba claro si se produjo o no una disminución en el patrimonio del contribuyente.

Estatal - Administrativo

No ha lugar al recurso interpuesto contra la sentencia que declaró la conformidad a derecho del Decreto 22/2018, del Consell Valencià, que regula los efectos de la extinción del contrato de gestión de servicio público por concesión del Departamento de Salud en materia de personal.

Estatal - Administrativo

Se estima el recurso del Cabildo Insular de Tenerife contra la sentencia que anuló el proceso selectivo para la cobertura, mediante el sistema de libre designación, de un puesto de alta dirección, tras la modificación de la correspondiente relación de puestos de trabajo -RPT-.

Estatal - Social

Con desestimación del recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid), confirma la Sala la sentencia que declaró la improcedencia del despido de la demandante y le reconoció la opción por la readmisión o la indemnización.

Estatal - Administrativo

Confirma la Sala la sentencia que entendió que no era aplicable el tipo reducido del 10% previsto en el art. 91.Uno.2.10.º de la Ley del IVA a las obras de renovación o reparación de un inmueble destinado a vivienda al existir una relación jurídica formalizada entre el prestador del servicio -el sujeto pasivo, que realiza la reparación o renovación- y una entidad aseguradora, aun cuando las obras beneficiaran a un tercero, el asegurado, persona titular de esa vivienda de uso particular.

País Vasco - Administrativo

Se anula la Orden Foral que denegó la solicitud de los recurrentes de acceso a la identidad de las personas denunciantes en expediente de acogimiento familiar.

Cantabria - Social

Con estimación del recurso interpuesto se declara improcedente el despido del actor al que el Ayuntamiento de Camargo le denegó el reingreso a la plantilla tras haber disfrutado de una excedencia voluntaria de cinco años.

Estatal - Penal

No ha lugar al recurso interpuesto contra la sentencia que condenó al recurrente como autor de un delito contra el ejercicio de derechos cívicos. Declara la Sala que la determinación de la conducta típica consiste en impedir a sabiendas el ejercicio de los derechos cívicos, que ha de entenderse como estorbar o dificultar la consecución de un propósito, esto es, crear un obstáculo que imposibilite realmente algo que se quiere.

Estatal - Administrativo

Se plantea en el presente litigio si el aprovechamiento especial del dominio público, otorgado por autorización administrativa y que permite instalaciones para la actividad de restauración en la vía pública, constituye el hecho imponible del ITPADJ, modalidad TPO, por equiparación a las concesiones administrativas.