Julia Carceller Stella

Este trabajo muestra el estado de la transparencia del procedimiento de elaboración de las normas (en singular de los proyectos de ley) en el contexto estatal español. Una transparencia que no puede obviar para su plena consecución la naturaleza de un proceso colaborativo, que busca cauces de participación, y basado en evidencias para el diseño, seguimiento y evaluación de las normas. La digitalización es clave para la observación y replanteamiento de los procesos y su transparencia, así como la gestión de la información en su seno; algo que una ambiciosa concepción de análisis de impacto puede ayudar a construir.

David San Martín Segura

Este trabajo aborda el carácter jurídico de la decisión de automatizar la acción administrativa. Si bien la actuación administrativa algorítmica ha sido objeto de creciente atención por la doctrina y la jurisprudencia, la propia decisión de automatizar los procesos administrativos ha sido escasamente estudiada, en cuanto a su carácter y posibles límites.

Mercedes De-Haro Moreno, Rubén Garrido-Yserte

Este trabajo, publicado en el número 26 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (INAP, octubre 2026), pretende delimitar las condiciones jurídicas, organizativas y éticas bajo las que una Unidad de Comportamiento e Innovación Local (UCIL) puede institucionalizarse en los municipios españoles y formular un modelo gradual de implantación.

Marta Carro Marina

Este artículo pretende aclarar algunas dudas importantes que se están planteando sobre la interpretación establecida por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en torno a la necesidad de motivar las decisiones municipales sobre el cambio del modo de gestión de un servicio público para gestionarlo directamente.

Enrique Lorenzo Andreu Zamorano

Este artículo, publicado en el número 26 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (INAP, octubre 2026) pretende mostrar cómo el fondo de cooperación debe garantizar la suficiencia financiera de los gobiernos locales, incluso para las entidades locales incumplidoras del requisito para ser beneficiarias.

Juan Carlos Covilla

En este trabajo se sostiene que los denominados derechos digitales no constituyen un catálogo autónomo de nuevas garantías, sino una adaptación de los principios tradicionales del Derecho administrativo al entorno automatizado. En este artículo se presenta un análisis comparado de cómo diez países europeos abordan los siete principales derechos digitales reconocidos en la Carta de Derechos Digitales del Gobierno de España en el uso de la inteligencia artificial por la Administración pública (buena administración digital, transparencia, no discriminación, motivación, supervisión humana, explicabilidad y tutela administrativa y judicial). El tratamiento de los derechos digitales estudiados será realizado a partir de la ley, instrumentos de soft law y jurisprudencia. El análisis comparado muestra una implementación desigual de estos derechos, con especial desarrollo de la transparencia y un papel creciente de la jurisprudencia en la delimitación de sus límites.

María Suárez-Espina, José Luis Belver Domínguez, Alejandro Rodríguez-Martín

Este estudio, publicado en el número 26 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (INAP, octubre 2026), pretende contribuir a mejorar el porcentaje de organizaciones, concretamente en el ámbito del sector público, que, de forma sistemática, evalúan la formación continua dirigida a su personal, más allá de la satisfacción o mera adquisición de aprendizajes.

Esther Rando Burgos

Este estudio, publicado en el número 26 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (INAP, octubre 2026), tiene como objetivo principal el de evaluar la eficacia del trámite de consulta previa del art. 133 de la LPAC en las entidades locales, tras diez años de vigencia, analizando si promueve una verdadera mejora regulatoria o genera una burocracia desproporcionada. Asimismo, delimita la especialidad del procedimiento de aprobación de ordenanzas (art. 49 LRBRL) frente a materias exentas como las ordenanzas fiscales. Finalmente, examina las consecuencias jurídicas de su omisión y realiza propuestas de carácter normativo para adaptar el marco local a la realidad municipal.

Amaia Labella Cámara, Luis Castel Aznar

Este estudio, publicado en el número 26 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (INAP, octubre 2026), analiza los determinantes internos y externos que condicionan la aplicación estratégica de la Directiva 2014/24/UE en España, comparando las percepciones del sector público y el privado. Su objetivo es identificar las dimensiones latentes que influyen en la capacidad de ambos sectores para incorporar principios estratégicos en los procesos de contratación pública.

Noel Armas Castilla

Entre los objetivos de este trabajo, publicado en el número 26 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (INAP, octubre 2026), está el de analizar los relevantes problemas interpretativos y prácticos de este tema, en particular, la pregunta de saber qué tratamiento se le debe dar a las reclamaciones que presentan los concejales contra las resoluciones presuntas de sus solicitudes, que son equivalentes a resoluciones expresas estimatorias.

Alberto Campos Jiménez

En este artículo, publicado en el número 26 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (INAP, octubre 2026), analiza desde una primera aproximación el concepto de la despoblación en España a través de una perspectiva jurídica, evaluando cómo esta realidad territorial afecta al ejercicio efectivo de derechos reconocidos en la Constitución española de 1978.

Abel Blanco Montañés

En este artículo, publicado en el número 26 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (INAP, octubre 2026), se concluye que las nuevas regulaciones autonómicas del procedimiento de gasto agilizarán la gestión del pago de las obligaciones, y pueden contribuir a reducir el problema de la contracción de obligaciones sin cobertura presupuestaria por los entes públicos, pero se juzga difícil que puedan erradicar definitivamente la práctica de comprometer gastos sin crédito suficiente.

María Lasanta-Palacios, Carmen Innerarity, Sergio García-Magariño

En ese artículo, publicado anticipadamente en la revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas, se concluye que la normativa navarra recoge un mayor desarrollo de medidas de carácter administrativo sobre aquellas orientadas a intervenir en las dinámicas sociales reproductoras del racismo, y se proporciona un marco de análisis para examinar el diseño de políticas públicas antirracistas y reforzar la coherencia institucional de la acción pública.

Alejandro Corral Sastre

En trabajo, publicado anticipadamente en la revista Documentación Administrativa, se propone determinar, frente a la doctrina que atribuye a la policía de estrados una naturaleza exclusivamente jurisdiccional, si dicha potestad admite una doble naturaleza jurídica –administrativa y procesal– y precisar el criterio que permite distinguir ambas vertientes.

Ricardo García-Vegas, María del Carmen Segura Cuenca

En este artículo, publicado anticipadamente en la revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas, se concluye que la oferta contemporánea no presenta una ruptura con la trayectoria histórica de la disciplina, sino un proceso de especialización de la identidad estatal del campo, que responde a mayores exigencias de desempeño institucional, integridad y articulación en distintos niveles de gobierno.

Nicolás Rodríguez-García

Este trabajo examina, desde una perspectiva procesal penal, la Directiva (UE) 2026/1021 y su contribución a un modelo europeo de lucha contra la corrupción que integra armonización penal, prevención y fortalecimiento institucional. El análisis se centra en la investigación y la prueba, la protección de informantes, la responsabilidad de las personas jurídicas, la eficacia del cumplimiento y el control de las soluciones negociadas, así como en la recuperación de activos y la cooperación transnacional. Sostiene que la eficacia de ese modelo exige capacidad investigadora, garantías procesales, tutela de las víctimas y terceros, recuperación patrimonial con finalidad reparadora y coordinación institucional sometida a evaluación. Desde esos presupuestos, examina las exigencias de la transposición española y el valor comparado de la Directiva para Iberoamérica, atendiendo a las diferencias entre ordenamientos y a los límites de la transferencia de modelos.

Jorge Urbaneja Cillán

Aprobado en 2024, El Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea constituye la reforma más ambiciosa del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) desde su creación, con el objetivo de superar las deficiencias estructurales evidenciadas por la crisis migratoria iniciada en 2015. Aunque mantiene los criterios anteriores para determinar el Estado responsable del examen de solicitudes —basados en la entrada irregular y el primer país de registro—, introduce por primera vez un mecanismo de solidaridad obligatorio pero flexible, que permite a los Estados optar entre reubicaciones, contribuciones financieras o apoyo técnico.

Marcos Vaquer Caballería

Las empresas que operan en los sectores regulados prestan servicios de interés económico general, cuya remuneración no siempre fija libremente el mercado, sino a veces de forma objetiva el regulador. En este artículo se analizan cuatro casos de estudio del sector eléctrico en los que dicha retribución incluye la garantía de una rentabilidad razonable. A partir de ellos, se propone inferir algunas conclusiones sobre el concepto de rentabilidad razonable como estándar de confianza legítima de los inversores en estos sectores.

Eva Gamero Ruiz

La expansión incontrolada de macro instalaciones eólicas y solares en suelos naturales en nuestro país ha dado lugar a una situación en la que se adivina la erosión de los valores propiamente rurales con destrucción de valiosos ecosistemas, sin contrapartida real para los pobladores del campo ni para la colectividad en su conjunto. La correcta interpretación de la más reciente normativa europea de lucha frente a la emergencia climática implica priorizar soluciones alternativas, menos dañosas para el medio ambiente, mediante la utilización de superficies ya transformadas para este tipo de instalaciones y el fomento de los sumideros naturales de carbono, entre ellos las prácticas agrícolas regenerativas, respetuosas con la naturaleza.

Patricia Lacal Romero

La Ley 7/2025, de 16 de diciembre, de protección del arbolado urbano y del arbolado de especial protección de Canarias articula un novedoso estatuto jurídico del arbolado urbano en la Comunidad Autónoma de Canarias, configurándolo como bien jurídico colectivo dotado de una función ecosistémica, climática, paisajística y psicosocial. El presente estudio aborda, desde una perspectiva dogmática y sistemática, los fundamentos axiológicos, competenciales y estructurales de la norma, examinando su técnica legislativa, la positivización del principio favor arboris, la delimitación conceptual del arbolado urbano y del arbolado de especial protección, así como su régimen de intervención administrativa y disciplina sancionadora. Se concluye que la Ley 7/2025 representa un avance cualitativo en la juridificación de la infraestructura verde urbana, reforzando el paradigma de la resiliencia climática y la sostenibilidad territorial.

Mª Ángeles González Bustos

La conexión entre turismo y medio ambiente es evidente ya que los recursos naturales son esenciales para desarrollar muchas de las actividades del sector, no es solo visitar y disfrutar del entorno, sino que es preciso que los visitantes se involucren en la protección de los espacios que visitan. Esto nos lleva a la necesidad de adoptar medidas adecuadas para proteger y disfrutar de un medio ambiente adecuado y sostenible a través de la planificación y de la utilización de los instrumentos de protección ambiental para dar una mayor seguridad jurídica a las actividades que se desarrollan.

Ana Gloria Azor Oliver

La recaudación ejecutiva de la Seguridad Social se encuentra en un punto de transformación decisivo. El procedimiento de apremio, tradicionalmente concebido como una secuencia administrativa de actos de ejecución forzosa sobre el patrimonio del deudor, ha entrado en una fase de automatización intensa, apoyada en la tramitación electrónica, la interoperabilidad entre sistemas, la emisión automatizada de reclamaciones de deuda y providencias de apremio, las notificaciones electrónicas, el embargo telemático y el uso de técnicas de análisis masivo de datos. Este trabajo examina, desde una perspectiva jurídico-laboral y de Seguridad Social, el modo en que la Tesorería General de la Seguridad Social está incorporando herramientas digitales, analítica avanzada e inteligencia artificial en la gestión recaudatoria y, de forma particular, en la recaudación ejecutiva.

Adrián Oliveira López

Este estudio tiene por objeto el análisis del conflicto de acceso a la red eléctrica, así como de sus aspectos procedimentales más relevantes. Este procedimiento nace como la solución jurídica adoptada por el ordenamiento interno al imperativo europeo de garantizar un acceso abierto a las estructuras de red en igualdad de condiciones para todos los operadores del tráfico energético. Para el desarrollo del mismo, se ha optado por trazar una línea argumental que exponga —desde el origen en la normativa europea— la evolución del conflicto en estrecha relación con el Principio de Acceso de Terceros a las redes de transporte y distribución de la energía eléctrica (…).

Santiago A. Bello Paredes

Este trabajo se centra en realizar una evaluación de la situación actual, y a medio plazo, del Derecho nuclear y de su ámbito material de regulación, que no es otro que el uso pacífico de la energía nuclear en España y la Unión Europea, comprobando que nuestro país está siguiendo una peligrosa tendencia hacia el ostracismo en el uso de este tipo de energía que no está siendo secundada por el resto de miembros de la UE, y que puede poner en riesgo la necesaria seguridad energética, en un momento geopolíticamente convulso por la guerra en Ucrania y la política arancelaria del Gobierno Trump.