Joaquín Sarrión Esteve

La digitalización, no tan nueva, constituye uno de los desafíos más relevantes de nuestra era, y una protección efectiva de los derechos y libertades requiere no solo el cumplimiento de las garantías normativas existentes, sino también un adecuado complemento a través de principios éticos que guíen y orienten a las Administraciones Públicas en la utilización de sistemas de Inteligencia Artificial. En este trabajo se defiende el valor (jurídico) complementario de los principios éticos del Derecho europeo de la tecnología, tecnoderecho europeo o Derecho tecnológico europeo, para la gobernanza digital y el uso de los sistemas de Inteligencia Artificial.

Alejandra Boto Álvarez

Este artículo examina el marco regulatorio de la aplicación de sistemas de inteligencia artificial en Argentina en el ámbito público. El análisis de las políticas y directrices oficiales para regular el uso de estas tecnologías en la gestión pública (que generalmente siguen un enfoque de soft law y, como en otros países, han tenido mayor recorrido en la Administración de justicia y en la atención ciudadana) se aprovecha para reflexionar sobre un fenómeno también global: el empleo extraoficial y no declarado de herramientas basadas en inteligencia artificial generativa por parte de los empleados públicos. Estas prácticas informales (que cabe pensar muy extendidas pese a la falta de soporte empírico, sobre todo para tareas como la formación de criterios de decisión, la búsqueda de información y la redacción de textos) plantean desafíos significativos en términos de ética, transparencia y rendición de cuentas.

Luis Castel Aznar, Laura Montalbán-Domingo, Joaquín Catalá Alis

Este artículo, publicado en el número 25 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), se centra en el impacto de los contratos de obra públicos basados en el precio como único criterio de adjudicación (subastas) en comparación con el sistema que considera múltiples criterios (calidad-precio) en España.

Raquel Valle Escolano

Se analiza en este artículo cómo el avance y desarrollo en la utilización de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector público marca un punto de inflexión que traspasa la mera innovación tecnológica, con potencial para alterar la propia arquitectura del gobierno y la gestión, permeando de un modo estructural el modo en que se diseñan, ejecutan y evalúan las políticas públicas. La profundidad de las transformaciones permite hablar de una quinta ola de gobierno abierto, como momento clave en la trayectoria evolutiva de los cambios institucionales, caracterizado por la centralidad de los sistemas algorítmicos en la toma de decisiones y en la gestión pública.

Manuel Bañeres de Frutos

En este trabajo, publicado en el número 25 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), se concluye que la potestad administrativa sigue siendo la figura jurídica que da cuenta de la actividad administrativa, siendo difícilmente reemplazable por otras categorías, en cuanto que estas exigen, o bien prescindir de su carácter como poder, o bien desconectarlas del interés general al que sirven.

Lucía Alarcón Sotomayor

La europeización del procedimiento administrativo español se ha producido mediante la recepción de las normas del ordenamiento europeo en la regulación del procedimiento común y en la regulación de los procedimientos sectoriales o ratione materiae. Esta distinción ha planteado el problema sobre si el procedimiento común puede o debe aspirar a convertirse en el general para aplicar el Derecho de la Unión en nuestro ordenamiento interno. Además de la normativa, otra europeización destacable que ha sufrido nuestro procedimiento es la acontecida a través de la jurisprudencia de Luxemburgo, sobre todo, mediante el principio general de buena administración. Por último, debe tenerse en cuenta la europeización producida por el denominado efecto spillover de las normas europeas sobre el ordenamiento interno que no es preceptiva y acontece por el efecto alentador que infunde el Derecho de la Unión. Esta europeización plantea problemas jurídicos distintos que es necesario resolver.

Daniel Simancas Sánchez

En el ordenamiento jurídico español se contempla una colección de medidas que restringen el derecho al ejercicio del cargo parlamentario cuando aún no existe condena en sentencia firme. Aunque estas medidas —denominadas extrapenales— se encuentran recogidas no solamente en los reglamentos parlamentarios sino también en la legislación procesal-penal, es posible situar su fundamento común en la protección del bien constitucional “orden público democrático”.

Andrés Vilas Villamarín

Este trabajo, publicado en el número 25 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA) plantea un «referéndum-iniciativa» aplicable a la fase de impulso de los procedimientos de creación, supresión o alteración de los términos municipales, analizando su encaje en el régimen local vigente y poniendo especial énfasis en la naturaleza sui generis de la iniciativa popular de segregación, así como en la condición singular de los enclaves municipales.

Pablo Rivera Capón

Este artículo, publicado en el número 25 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), analiza la adopción de inteligencia artificial en las diputaciones provinciales españolas y propone un modelo federado que supere la fragmentación actual mediante arquitecturas colaborativas que preserven la soberanía local.

Juli Ponce Solé

La Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, regula los derechos y deberes de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones públicas catalanas, así como los principios de actuación administrativa, en el marco de las leyes estatales 39 y 40 de 2015. La experiencia en la aplicación de esta norma, y la evolución de las necesidades sociales e institucionales, han puesto de manifiesto la necesidad de revisar determinados preceptos con el objetivo de garantizar una atención más adecuada a la ciudadanía, reforzar el derecho a una buena administración y adaptar la actuación administrativa a los nuevos modelos de prestación de servicios públicos.

Manuel Bañeres de Frutos

En este artículo, publicado en el número 25 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), se concluye que la potestad administrativa sigue siendo la figura jurídica que da cuenta de la actividad administrativa, siendo difícilmente reemplazable por otras categorías, en cuanto que estas exigen, o bien prescindir de su carácter como poder, o bien desconectarlas del interés general al que sirven.

Amelia Pascual Medrano

Este trabajo analiza la función de los decretos de traspaso en la configuración del Estado autonómico, poniendo de relieve su relevancia más allá de su tradicional encuadre jurisdiccional de instrumento meramente interpretativo auxiliar. Se argumenta que los reales decretos de traspaso operan, en ocasiones, como verdaderos mecanismos de concreción y modulación negociada del reparto competencial, incidiendo de forma decisiva en la delimitación efectiva y en el ejercicio real de las competencias autonómicas. El estudio sostiene que los decretos de traspaso poseen una dimensión estructural que obliga a reconsiderar su naturaleza y alcance en el marco de nuestra distribución territorial del poder.

Gabriel Vidal Cernadas

Este artículo, publicado en el número 25 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), ofrece un estudio sobre algunos de los más recientes cambios doctrinales y jurisprudenciales en relación con el principio de autonomía local y su incidencia en la articulación de competencias municipales de excepción.

Bernardo Sánchez Pavón

Al Defensor del Pueblo le corresponde la supervisión de la actividad de la Administración pública para la defensa de, entre otros, los denominados “derechos sociales”. El presente trabajo pretende llamar la atención acerca de la importancia de afianzar y reforzar esta institución para afrontar los retos que plantea la efectividad de los derechos sociales en el marco de la ciudadanía digital.

Bernadette Connaughton y Karl O'Connor

En este artículo, publicado en el número 40 de la revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas (GAPP), se considera que el entorno en el que trabajan los administradores públicos en la isla de Irlanda se enfrenta cada vez más a perfiles demográficos, a la complejidad de las políticas transversales y a la denominada «crisis permanente». Se defiende que la relevancia de la formación en Administración Pública (AP) es más pertinente que nunca para los profesionales, y se pregunta cómo y en qué medida los entornos de educación superior de Irlanda del Norte y la República de Irlanda (Irlanda) han respondido con ofertas de educación y formación convergentes o divergentes en las instituciones y organismos de educación superior.

Mercedes Alda-Fernández, María Luisa Muñoz-Córdoba

Este artículo, publicado en el número 40 de la revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas (GAPP), examina la enseñanza universitaria de la Administración pública en España centrada en grados y másteres oficiales vinculados a Ciencia de la Administración, Gestión Pública y Políticas Públicas. Se analiza la oferta y el peso de estas materias en los planes de estudio de los grados, así como la incorporación de contenidos estratégicos relacionados con federalización, bienestar, europeización, internacionalización y digitalización.

Rosa M. Galán Sánchez

Este artículo analiza la prórroga presupuestaria prevista en el artículo 134.4 CE en el contexto reciente del sistema presupuestario español. Partiendo de su configuración como mecanismo técnico de continuidad, se examinan sus efectos cuando deja de operar como fenómeno excepcional y se extiende durante varios ejercicios consecutivos. El estudio aborda su incidencia en la dinámica del ciclo presupuestario, en el tratamiento tributario y en el uso del Decreto-Ley en materia financiera y tributaria. Asimismo, se analiza su relación con el principio de estabilidad presupuestaria tras la reforma del artículo 135 CE y con el nuevo marco fiscal europeo. De todo ello se desprende que la reiteración de la prórroga no altera formalmente el diseño normativo del sistema, aunque sí afecta a su funcionamiento efectivo y en el equilibrio entre decisión anual y financiación plurianual.

Juan-Cruz Alli Turrillas

Un ciudadano cualquiera –como usted o como yo– necesita dirigirse, por cualquier motivo, a una de las múltiples Administraciones públicas españolas, bien territoriales, bien institucionales. Algunas han creado servicios y prestaciones especializadas, pero todas obligan al ciudadano a atravesar un laberinto de trámites complejos y dispares. Lo mismo ocurre, además, con organizaciones privadas que, bajo fórmulas reguladas o autorreguladas con distintos paraguas jurídico-institucionales y mecanismos digitales, gestionan actividades que en otro tiempo fueron servicios públicos […].

Óscar Cortés Abad

Este trabajo, publicado en el número 40 de la revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas (GAPP), estudia cómo está siendo implementada la IA en la Administración pública y sus áreas de impacto, con especial atención a las competencias profesionales necesarias y cómo deben incorporarse a los marcos curriculares de los programas académicos de gestión pública.

Alberto Macho Carro

Este trabajo examina la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda (LDV), a la luz de los pronunciamientos más recientes del Tribunal Constitucional. Tras enmarcar la distribución de competencias entre el Estado central y las Comunidades Autónomas y reconstruir el contexto normativo previo, se analizan el anclaje constitucional de las principales medidas de la LDV y su conexión con los títulos competenciales estatales. A continuación, se analiza la doctrina de las SSTC 79/2024 y 26/2025, prestando especial atención al alcance reconocido en estos pronunciamientos al artículo 149.1.1 CE en materia de derecho a la vivienda, así como el enjuiciamiento sustantivo de determinadas medidas introducidas por la LDV.

Ana Nieves Escribá Pérez

Este artículo examina el derecho a la Seguridad Social en el marco del artículo 41 de la Constitución Española, destacando su función como principio rector del Estado Social. Aunque no es directamente exigible judicialmente, se sostiene que este derecho impone obligaciones sustantivas al legislador. Se analiza su evolución histórica, desde los seguros sociales previos hasta el sistema público actual, así como su desarrollo normativo y jurisprudencial. Se subrayan los principios esenciales del sistema -universalidad, suficiencia, solidaridad y contributividad-; asimismo, se estudia su configuración como derecho institucional, cuya efectividad depende de la intervención normativa, pero que se encuentra limitado por su contenido esencial y los principios constitucionales.

César Cierco Seira, Eduard-Valentin Pavel, Daniel Oliach Lesan y José Antonio Bonet Lledós

Cultivar trufas ha eclosionado en las últimas décadas, consolidándose como una alternativa de interés frente a otros cultivos tradicionales. A su rentabilidad económica se suman otras externalidades positivas, principalmente en clave ambiental, pero también en otros órdenes como el social y cultural en razón de su contribución a la diversificación agraria y al desarrollo de las zonas rurales. Ocurre, sin embargo, que la progresión de este cultivo ha tropezado con un grave problema de inseguridad jurídica que genera dudas a los propietarios y operadores del ramo a la hora de adoptar una decisión que, entre otros aspectos, requiere de una inversión previa que solo se amortizará pasados algunos años. En la nuez de esta inseguridad jurídica se halla el evanescente concepto de monte y la determinación del ámbito aplicativo de la legislación forestal por contraste con la legislación agrícola.

Miguel Ángel Escamilla Ferro

Este trabajo examina críticamente el régimen de la autorización judicial de entrada a domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiere el consentimiento de su titular, detecta sus disfunciones estructurales y propone interpretaciones que equilibren la protección de derechos fundamentales con la eficacia inspectora. Sus objetivos son: definir la inspección urbanística; examinar el control judicial de entrada; y evaluar la práctica jurisdiccional. La investigación se fundamenta en el análisis de legislación urbanística estatal vigente, en la doctrina del Tribunal Constitucional y en las sentencias contencioso-administrativas más relevantes, así como en la obra de la doctrina especializada.

Mario Ruiz Prieto

La contrariedad al Derecho de la Unión Europea del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos y la correlativa necesidad de su devolución ha llevado al Tribunal Supremo a crear un modelo de devolución indirecta. Así, se permite instar la devolución de ingresos al obligado por repercusión legal al pago del mismo, mientras que a los damnificados a los que este les repercutió extrajurídicamente el coste del impuesto vía precio tienen la posibilidad de reclamarle dicha cantidad por la vía civil. Aunque este mecanismo teóricamente solventa los problemas de efectividad del sistema de devolución del conocido como “céntimo sanitario”, este trabajo analiza los problemas que genera principalmente en relación con sus contradicciones internas relativas al uso de la institución del enriquecimiento injusto, los problemas de la reclamación de responsabilidad patrimonial, y el Derecho de competencia en materia de ayudas de Estado. Por último, se plantea recurrir al régimen jurídico de la contratación pública como solución.

Andrés Vilas Villamarín

Este trabajo, publicado anticipadamente en la revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), plantea un «referéndum-iniciativa» aplicable a la fase de impulso de los procedimientos de creación, supresión o alteración de los términos municipales, analizando su encaje en el régimen local vigente y poniendo especial énfasis en la naturaleza sui generis de la iniciativa popular de segregación, así como en la condición singular de los enclaves municipales.

Adolfo Ciudad Reynaud

Setenta años de unilateralismo estatal en la regulación de las relaciones laborales en el sector público han impedido que los gobiernos y partidos políticos se adapten a esquemas de diálogo y autocomposición para la negociación colectiva con los trabajadores de la administración pública. Una larga historia de restricciones al contenido esencial de la negociación colectiva (incrementos salariales y beneficios económicos) caracterizan la situación actual de este derecho en Perú, a pesar de sendas sentencias del Tribunal Constitucional que reconocen este derecho fundamental.