Cristina Fragomeni

Este artículo examina, desde una perspectiva comparativa, los modelos de participación procedimental en los ordenamientos jurídico español e italiano, partiendo del análisis sistemático de la Ley 39/2015, realizada en comparación con la Ley n. 241/1990, en un juego de espejos del que surgen valiosas reflexiones sobre la evolución normativa en la materia dentro de los dos ordenamientos. La investigación, que abarca aspectos de convergencia y discontinuidad, revela la influencia que las decisiones normativas y los contextos jurídicos de referencia ejercen sobre el alcance y la asimilación de la institución participativa.

David Egea Villalba

Este trabajo analiza el uso de sistemas de inteligencia artificial en las ciudades inteligentes, su incidencia en el ejercicio de la potestad sancionadora por las Administraciones locales y su proyección sobre los derechos de los ciudadanos. Se examinan los presupuestos tecnológicos y jurídicos necesarios para la implantación de estas herramientas, así como las garantías exigibles a la luz del RIA cuando dichos sistemas se orientan a la vigilancia, detección de infracciones e imposición de sanciones administrativas.

Cristina Alejandra Estrella

Este trabajo examina el acceso a la justicia desde una perspectiva institucional amplia, superando su identificación exclusiva con la tutela judicial efectiva. Desde este enfoque, se analiza la justicia preventiva como una dimensión estructural del Estado de Derecho en los sistemas de tradición civilista, con especial atención al papel del Registro Civil como institución dotada de fe pública. El estudio sostiene que el Registro Civil no constituye un mero servicio administrativo de documentación, sino una institución jurídica esencial para la configuración del estatuto jurídico de la persona y para la efectividad real de los derechos fundamentales. A través del control preventivo de la legalidad y de la producción de asientos dotados de presunción de exactitud y eficacia erga omnes, el Registro Civil contribuye de manera decisiva a la seguridad jurídica y a la prevención de conflictos.

María Cristina Díaz Vilas

La progresiva incorporación de sistemas de inteligencia artificial en la actuación administrativa plantea importantes desafíos al régimen jurídico de la contratación pública. Las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE fueron concebidas para un contexto tecnológico sustancialmente distinto, lo que genera tensiones y lagunas normativas cuando se aplican a sistemas algorítmicos capaces de aprender, modificarse y afectar directamente a derechos fundamentales. Este trabajo realiza un análisis crítico del marco vigente y propone líneas de reforma orientadas a garantizar la transparencia, la protección de datos, la seguridad, los derechos fundamentales, la responsabilidad pública y la protección del interés general en la contratación pública basada en la IA.

Erica María Ferreira Teles

En el presente trabajo se analizan los efectos procesales que se producen como consecuencia de la inactividad de la Administración ante su obligación legal de resolver y notificar en plazo un procedimiento administrativo. Lo anterior se realiza mediante el estudio de recientes sentencias y leading cases que pugnan por superar los efectos del silencio a la luz del principio a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24.1 de nuestra carta magna, en sintonía con el contexto normativo y social, en un intento por enervar los vestigios de otra época.

Juan José González López

En el presente trabajo, a propósito de distintos pronunciamientos jurisprudenciales, se abordan varios aspectos controvertidos de las entidades que se identifican como oficinas o agencias antifraude o anticorrupción. Más concretamente, se analizan su régimen jurídico como entidades no calificables de Administraciones Públicas o integrantes del sector público y, en conexión con ello, el régimen de su personal, confidencialidad y alcance competencia. Todo ello con vistas a exponer la necesidad de un diseño normativo que aporte seguridad jurídica a esta tipología de entes de derecho público.

Instituto Vasco de Administración Pública

Publicado por el IVAP el número 30 de la Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas. Destacamos los artículos de Antonio Hernández sobre el Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía; Antonio Peña y Javier Lorente sobre el modelo de selección de la Generalitat Valenciana; Federico Castillo Blanco sobre la Entrevista conductual estructurada; Adrián Varela sobre movilidad interadministrativa europea, Miriam Macià sobre Relevo generacional y Jesús Martínez Marín y colaboradores sobre las Comunidades de práctica, además de la entrevista a Rafael Jiménez Asensio.

Gal·La Barrachina Navarro

La transformación digital de la Administración de Justicia debe efectuarse con pleno respeto al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. En este trabajo se analiza si la utilización de herramientas algorítmicas en la tarea del reparto judicial, dentro del contexto de la reforma organizativa introducida por la LO 1/2025 y la creación de los Tribunales de Instancia, puede resultar compatible con las garantías constitucionales del juez natural (e incluso reforzarlas). Para ello, se examina la insuficiencia contemporánea del reparto puramente aleatorio, las posibilidades y límites de la Inteligencia Artificial organizativa en la asignación de asuntos, y los requisitos que un modelo de gobernanza algorítmica judicial debería cumplir para satisfacer las exigencias del Estado de Derecho: publicidad, trazabilidad, supervisión humana efectiva y control jurisdiccional.

Jhoan Sebastián Torres Alfonso

Este artículo analiza el surgimiento y desarrollo del análisis conductual del derecho y su proyección en el Derecho administrativo, centrando la atención en la intervención administrativa conductual. Partiendo de la superación del paradigma de la elección racional propio del análisis económico del derecho, el trabajo incorpora los avances de las ciencias del comportamiento para explicar los límites de la eficacia normativa y del cumplimiento de los fines de interés general.

Rafael Fernández Acevedo

Este trabajo analiza la excesiva centralidad del criterio precio en la contratación pública y sus efectos negativos frente a un modelo estratégico orientado a la calidad. Sostiene que la contratación pública debe servir como instrumento para promover sostenibilidad, innovación, cohesión social y autonomía estratégica europea. La normativa europea y la española impulsan una visión basada en la mejor relación calidad-precio, no en el menor coste. Sin embargo, en la práctica persiste la adjudicación al precio más bajo por inercia, restricciones presupuestarias y falsa identificación de eficiencia con ahorro. El protagonismo del precio favorece ofertas anormalmente bajas, reduce la calidad y puede generar precariedad laboral y competencia desleal. También se cuestiona que priorizar el precio sea una solución eficaz contra la corrupción, defendiendo en su lugar más transparencia y profesionalización. Se propone limitar el peso del precio mediante precios fijos, criterios cualitativos predominantes, umbrales de saciedad y la articulación del procedimiento en fases para garantizar niveles mínimos de calidad antes de valorar el precio. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respalda estas fórmulas siempre que respeten proporcionalidad y transparencia.

Juli Ponce Solé

Este artículo analiza los entornos de pruebas regulatorios (sandboxes) en España. Para ello, tras una consideración contextual inicial, el artículo examina el marco jurídico actual que regula los entornos de pruebas en España en los tres niveles existentes: estatal, autonómico y local. El artículo concluye que, aunque pueden ser instrumentos valiosos para la innovación y el aprendizaje regulatorio, el marco jurídico español necesitaría reformas para lograr una mayor coordinación, mecanismos de gobernanza más claros y garantías más sólidas para asegurar que la experimentación sea compatible con el Estado de Derecho.

Katarina Staronová y György Gajduschek

Este artículo, publicado en el número 40 de la revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas (GAPP), revisa el desarrollo de la educación en administración pública (AP) en los países poscomunistas de Europa Central y Oriental (ECO), trazando su evolución desde el establecimiento disciplinario después de 1989 hasta sus retos actuales de marginación y pérdida de atractivo.

Alejandro Corral Sastre

Partiendo de un análisis del concepto de sociedad mercantil pública he querido llegar a la conclusión de que todas las sociedades mercantiles sobre las que la administración pública correspondiente tiene el control forman parte del sector público y, por tanto, se les aplica el régimen sancionador “blando” en materia de protección de datos. Independientemente de si la participación es íntegra o mayoritaria, de la gravedad de la infracción, de si ha habido dolo o negligencia o del volumen de negocio, en la medida que estas sociedades mercantiles públicas, como medio de gestión directa de servicios públicos están integradas en el concepto de sector público, no pueden ser sancionadas económicamente, sino solo mediante apercibimiento. En el presente estudio se han analizado varias resoluciones especialmente significativas de la AEPD en las que, en alguna ocasión, se ha sancionado con mero apercibimiento, y en otra, más reciente, a AENA, con una importante sanción económica. Y todo ello, además, sin motivar adecuadamente el motivo de este distinto criterio. Por ello, entiendo, que la sanción a AENA no es acorde al ordenamiento jurídico.

Joaquín Sarrión Esteve

La digitalización, no tan nueva, constituye uno de los desafíos más relevantes de nuestra era, y una protección efectiva de los derechos y libertades requiere no solo el cumplimiento de las garantías normativas existentes, sino también un adecuado complemento a través de principios éticos que guíen y orienten a las Administraciones Públicas en la utilización de sistemas de Inteligencia Artificial. En este trabajo se defiende el valor (jurídico) complementario de los principios éticos del Derecho europeo de la tecnología, tecnoderecho europeo o Derecho tecnológico europeo, para la gobernanza digital y el uso de los sistemas de Inteligencia Artificial.

Pedro Marcos García López

En este artículo, publicado en el número 40 de la revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas (GAPP), se concluye que los estudios en Administración pública en México se encuentran en un proceso de transición conceptual, y que su consolidación dependerá de la capacidad de las instituciones académicas para elevar la calidad, mejorar la coordinación interuniversitaria y fortalecer la vinculación con las necesi¬dades reales del Estado y de la sociedad.

Joaquín Sarrión Esteve

La digitalización, no tan nueva, constituye uno de los desafíos más relevantes de nuestra era, y una protección efectiva de los derechos y libertades requiere no solo el cumplimiento de las garantías normativas existentes, sino también un adecuado complemento a través de principios éticos que guíen y orienten a las Administraciones Públicas en la utilización de sistemas de Inteligencia Artificial. En este trabajo se defiende el valor (jurídico) complementario de los principios éticos del Derecho europeo de la tecnología, tecnoderecho europeo o Derecho tecnológico europeo, para la gobernanza digital y el uso de los sistemas de Inteligencia Artificial.

Luis Castel Aznar, Laura Montalbán-Domingo, Joaquín Catalá Alis

Este artículo, publicado en el número 25 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), se centra en el impacto de los contratos de obra públicos basados en el precio como único criterio de adjudicación (subastas) en comparación con el sistema que considera múltiples criterios (calidad-precio) en España.

Raquel Valle Escolano

Se analiza en este artículo cómo el avance y desarrollo en la utilización de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector público marca un punto de inflexión que traspasa la mera innovación tecnológica, con potencial para alterar la propia arquitectura del gobierno y la gestión, permeando de un modo estructural el modo en que se diseñan, ejecutan y evalúan las políticas públicas. La profundidad de las transformaciones permite hablar de una quinta ola de gobierno abierto, como momento clave en la trayectoria evolutiva de los cambios institucionales, caracterizado por la centralidad de los sistemas algorítmicos en la toma de decisiones y en la gestión pública.

Manuel Bañeres de Frutos

En este trabajo, publicado en el número 25 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), se concluye que la potestad administrativa sigue siendo la figura jurídica que da cuenta de la actividad administrativa, siendo difícilmente reemplazable por otras categorías, en cuanto que estas exigen, o bien prescindir de su carácter como poder, o bien desconectarlas del interés general al que sirven.

Daniel Simancas Sánchez

En el ordenamiento jurídico español se contempla una colección de medidas que restringen el derecho al ejercicio del cargo parlamentario cuando aún no existe condena en sentencia firme. Aunque estas medidas —denominadas extrapenales— se encuentran recogidas no solamente en los reglamentos parlamentarios sino también en la legislación procesal-penal, es posible situar su fundamento común en la protección del bien constitucional “orden público democrático”.

Andrés Vilas Villamarín

Este trabajo, publicado en el número 25 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA) plantea un «referéndum-iniciativa» aplicable a la fase de impulso de los procedimientos de creación, supresión o alteración de los términos municipales, analizando su encaje en el régimen local vigente y poniendo especial énfasis en la naturaleza sui generis de la iniciativa popular de segregación, así como en la condición singular de los enclaves municipales.

Pablo Rivera Capón

Este artículo, publicado en el número 25 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), analiza la adopción de inteligencia artificial en las diputaciones provinciales españolas y propone un modelo federado que supere la fragmentación actual mediante arquitecturas colaborativas que preserven la soberanía local.

Juli Ponce Solé

La Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, regula los derechos y deberes de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones públicas catalanas, así como los principios de actuación administrativa, en el marco de las leyes estatales 39 y 40 de 2015. La experiencia en la aplicación de esta norma, y la evolución de las necesidades sociales e institucionales, han puesto de manifiesto la necesidad de revisar determinados preceptos con el objetivo de garantizar una atención más adecuada a la ciudadanía, reforzar el derecho a una buena administración y adaptar la actuación administrativa a los nuevos modelos de prestación de servicios públicos.

Amelia Pascual Medrano

Este trabajo analiza la función de los decretos de traspaso en la configuración del Estado autonómico, poniendo de relieve su relevancia más allá de su tradicional encuadre jurisdiccional de instrumento meramente interpretativo auxiliar. Se argumenta que los reales decretos de traspaso operan, en ocasiones, como verdaderos mecanismos de concreción y modulación negociada del reparto competencial, incidiendo de forma decisiva en la delimitación efectiva y en el ejercicio real de las competencias autonómicas. El estudio sostiene que los decretos de traspaso poseen una dimensión estructural que obliga a reconsiderar su naturaleza y alcance en el marco de nuestra distribución territorial del poder.

Gabriel Vidal Cernadas

Este artículo, publicado en el número 25 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), ofrece un estudio sobre algunos de los más recientes cambios doctrinales y jurisprudenciales en relación con el principio de autonomía local y su incidencia en la articulación de competencias municipales de excepción.

Bernardo Sánchez Pavón

Al Defensor del Pueblo le corresponde la supervisión de la actividad de la Administración pública para la defensa de, entre otros, los denominados “derechos sociales”. El presente trabajo pretende llamar la atención acerca de la importancia de afianzar y reforzar esta institución para afrontar los retos que plantea la efectividad de los derechos sociales en el marco de la ciudadanía digital.