Estatal

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, en sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Concepción Espejel Jorquera, ha estimado parcialmente, por unanimidad, el recurso de amparo formulado por una magistrada contra las resoluciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le impusieron una sanción de tres meses de suspensión de funciones por incurrir en una infracción de “desatención o retraso injustificado en la iniciación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales” (art. 417.9 LOPJ).

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Se plantea en el recurso si, exigiéndose en los pliegos rectores de un contrato una determinada habilitación empresarial o profesional, todos los licitadores que concurren en UTE deben contar con la misma aun cuando se trata de sociedades que en el conjunto de la agrupación realicen actuaciones que puedan ser consideradas accesorias o complementarias.

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El TS declara la inadmisión por falta de jurisdicción del recurso interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud de concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza, cuya pretensión deberá deducir la actora ante los órganos jurisdiccionales del Orden Civil.

Unión Europea

Para el TJUE, el sistema italiano de contratación del personal administrativo y de servicios de los centros de enseñanza pública incumple el Derecho de la Unión.

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Se desestima el recurso interpuesto por la Confederación Intersindical Galega frente al art. 82 bis, apdos. 4.º y 5.º, del RD 1280/2024, por el que se modifica, entre otros, el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

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Inadmite el TS el recurso de revisión interpuesto por un funcionario del Cuerpo Nacional de la Policía contra la sentencia que confirmó la sanción que le fue impuesta por incumplimiento de las normas de incompatibilidad.

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Estima la Sala el recurso interpuesto por la Asociación Nacional de Remolcadores de España y revoca el auto que inadmitió el recurso contencioso-administrativo, por falta de legitimación activa de la actora, presentado contra la resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que se otorgó directamente a una empresa el contrato público de "remolcador de apoyo temporal" a través del trámite de emergencia que regula el art. 120 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

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Se plantea en el presente procedimiento si es aplicable la reducción de la base imponible prevista en el art. 9 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las explotaciones agrarias, por la adquisición mortis causa de una explotación agraria prioritaria cuando se pierde tal condición con posterioridad a la transmisión, por causa ajena a esta operación, antes del plazo de cinco años señalado en el segundo apartado del precepto.

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Se desestima el recurso contra el RD 651/2025, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2025, impugnado únicamente en lo que se refiere al número de plazas convocadas en régimen de promoción interna para los cuerpos de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Gestión procesal y administrativa, y de Tramitación procesal y administrativa, por considerar la parte actora que la cifra recogida es inferior a la que exige el art. 490.2 de la LOPJ.

Este asunto versa sobre la alegada vulneración del artículo 1.º del Protocolo I al Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a la propiedad privada). La demandante, nacional española, alegó la vulneración del artículo 1 del Protocolo n.º 1 del Convenio, por la negativa de las autoridades españolas a acordar la reversión de unos terrenos expropiados a sus padres en los años setenta en el marco del proyecto urbanístico ACTUR Tres Cantos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sección V, formación en comité) inadmite: margen de apreciación estatal, el Convenio no impone a los Estados la obligación de reconocer derecho de reversión en todo caso; si existe tal derecho, puede ser objeto de protección en circunstancias. No se dan las condiciones legales en este caso para la existencia de legítimas expectativas de la demandante, ya que la causa expropiandi (creación de un área urbana integrada) ha de considerarse cumplida, por lo que no constituye «bien» en el sentido del artículo 1.º del Protocolo I.

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Desestima la Sala el recurso interpuesto contra la sentencia que confirmó la resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social que reconoció al actor, cabo primero del Cuerpo de Infantería de Marina, el derecho a la pensión por inutilidad para el servicio en la cuantía del 55 % de la correspondiente a la incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio; con anterioridad, por resolución del Ministerio de Defensa se declaró la insuficiencia de condiciones psicofísicas del recurrente, resolución que no fue impugnada.

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Se confirma la sentencia que estimó la demanda deducida y declaró el derecho de la demandante a que la Administración demandada le reintegrase lo cobrado indebidamente en concepto de IAE.

Unión Europea

Acceso a las prestaciones sociales y al empleo: un requisito de residencia de diez años constituye una discriminación indirecta contra los beneficiarios de protección internacional.

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Fija el TS como doctrina que la adecuada salvaguarda de los derechos fundamentales de la persona, singularmente el derecho a la protección de datos de carácter personal, así como el derecho a la intimidad personal, exige una interpretación amplia y no restrictiva del concepto del tratamiento de datos de carácter personal definido en el art. 4.2 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

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Con estimación del recurso interpuesto, el TS reconoce a la actora la condición de trabajadora fija del Ayuntamiento de Madrid, al haber participado en un proceso selectivo de acceso a empleo laboral fijo en el que superó la puntuación mínima exigida aunque no obtuvo plaza porque había otros candidatos con mejor puntuación; posteriormente, suscribió varios contratos de duración determinada con el Ayuntamiento, incluidos dos contratos de interinidad por vacante que se prolongaron durante varios años.

Este asunto versa sobre la alegada vulneración del artículo 8.º del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho al respeto de la vida privada y familiar), en relación con una medida de expulsión administrativa con prohibición de entrada de diez años por razones de seguridad nacional (por actividades relacionadas con terrorismo islámico), que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no estima (no hay violación). Requisitos para realizar la ponderación a nivel interno; actuación correcta de las autoridades internas. Concurrencia de infracción administrativa aun habiendo sido sobreseído respecto de él el proceso penal; elementos para justificar el grado de integración; proporcionalidad.