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Se declara no haber lugar a la solicitud planteada por la actora de que fuera reconocida la condición de funcionaria de carrera o, subsidiariamente, empleada indefinida no fija, esgrimiendo haber sido nombrada para el desempeño de un mismo empleo de carácter estructural durante un dilatado periodo de tiempo, para el desarrollo de funciones docentes en el Cuerpo de profesores de Enseñanza Infantil y Primaria.

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Se plantea en el presente caso si la DA 18.ª del TRLGSS, impide que un profesional colegiado que en su momento optó por el alta en el RETA, pueda darse de baja para posteriormente incorporarse a la mutualidad alternativa correspondiente.

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Se revoca la sentencia que anuló la resolución denegatoria de las ayudas de pago básico y pago verde solicitadas por la falta de adecuación del CAP, que figuraba en el SIGPAC, con la realidad o coeficiente prevalente que había fijado la Administración en trámite de control de la ayuda.

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Se plantea en el recurso, entre otras cuestiones, si el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella de Valencia (PEP-CV) y su Catálogo de Protección vulnera la normativa de competencia y unidad de mercado y el libre ejercicio de actividad, así como los principios de proporcionalidad y no discriminación, en cuanto prohíbe el uso terciario de vivienda turística en una determinada Área y subámbito, mientras que sí se permiten otros usos terciarios (oficinas y hotelero).

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Declara la Sala que, en el caso en que la Administración tributaria denuncia la posible existencia de un delito contra la Hacienda Pública, remite el expediente al Ministerio Fiscal, y las actuaciones penales concluyen con una sentencia absolutoria, el “dies a quo” del cómputo del plazo de prescripción del derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos, en relación con el principio de la “actio nata”, es la fecha en que se tiene conocimiento de la sentencia penal absolutoria, ya que no es hasta ese momento cuando el ingreso en su día efectuado pudo considerarse indebido.

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Se estima en parte el recurso contra la Orden TED/749/2022, que aprueba el incentivo o penalización para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica para 2016, se modifica la retribución base para varias empresas distribuidoras, y se aprueba la retribución para 2017, 2018 y 2019.

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Con desestimación del recurso interpuesto, declara la Sala la conformidad a derecho del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se acordó la entrega del recurrente, de nacionalidad irlandesa, a las autoridades de Nueva Zelanda, en ejecución de la extradición a la que accedió la Sala de lo Penal de la AN mediante el correspondiente auto, para su enjuiciamiento por los delitos de tráfico de drogas y participación en un grupo criminal organizado.

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Declara el TS haber lugar al recurso interpuesto y revoca la sentencia que denegó a la recurrente, de nacionalidad brasileña, la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales por ser víctima de violencia de género.

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Se plantea en el recurso si han de incluirse en el expediente de expropiación iniciado para la ejecución de una Instalación Fotovoltaica, unas fincas que se encontraban arrendadas conforme al contrato firmado entre la expropiada y la beneficiaria de la expropiación, y que tenía como finalidad arrendar las fincas para la construcción de la Planta Fotovoltaica, y si ese arrendamiento es obstáculo para declarar la utilidad pública de la instalación en ese momento aún no ejecutada, por considerar que el contrato es título hábil suficiente para la libre disposición de los terrenos en cuestión.

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Declara la Sala el derecho del policía local del Ayuntamiento de Vigo demandante a percibir la retribución por días festivos y nocturnidad durante los períodos de vacaciones, situaciones de incapacidad temporal, días de libre disposición y demás permisos retribuidos, así como el derecho a percibir las horas extraordinarias o de exceso de jornada, y ello con efectos retroactivos correspondientes a los cuatro años inmediatamente anteriores a la fecha de su solicitud inicial.

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Se estima el recurso interpuesto y se declara el derecho del recurrente a que la Administración le conceda el plazo de diez días para subsanar la falta de registro del escrito presentado a través de la plataforma Mercurio, junto con los documentos aportados, solicitando la modificación de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales de arraigo social a autorización de residencia y trabajo inicial.

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No ha lugar al recurso interpuesto contra la sentencia que confirmó la resolución del TEAR de Galicia que entendió que el recurrente no podía deducirse en el IRPF los gastos asociados a su vehículo al no haber acreditado su afectación exclusiva a la actividad de agente de seguros, sin que pudiera ser equiparada dicha actividad con la de los agentes comerciales que necesitan desplazarse continuamente a la sede o domicilio de sus clientes para ofertar los productos que comercializan.

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Con estimación del recurso interpuesto por la actora, residente en Estados Unidos, se anula la resolución denegatoria de la solicitud de rectificación del Impuesto sobre la Renta de No Residente -IRNR- correspondiente al arrendamiento de un inmueble.

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El TS confirma la sentencia que reconoció al demandante el derecho a compatibilizar su actividad como miembro de la Guardia Civil con la actividad pública de profesor universitario con categoría expresamente asimilada por la Universidad de Málaga como asociado.

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Desestima la Sala el recurso interpuesto contra denegación de pensión de viudedad solicitada por la recurrente al no cumplirse el requisito de constitución o formalización de la pareja de hecho en los términos previstos en el art. 38.4 de la Ley de Clases Pasivas del Estado.

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Se revoca la sentencia que apreció la caducidad del procedimiento de declaración de un Bien de Interés Cultural, y que entendió que era necesaria la notificación a los interesados de la resolución que ponía fin al expediente administrativo antes del plazo de caducidad.

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Inadmite la Sala la demanda de error judicial al haberse interpuesto fuera del plazo de tres meses establecido en el art. 293.1 a) de la LOPJ. Señala que, al estar en presencia de un plazo sustantivo y no procesal, es de aplicación el art. 5.2 del CC, que prevé que los plazos fijados por meses se computarán de fecha a fecha, sin excluir los días inhábiles.

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Se plantea en el presente caso la aplicabilidad del procedimiento específico previsto en el art. 93 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en el seno de un procedimiento de inspección puesto en marcha por la Administración tributaria correspondiente, precepto que parte de una previa actividad declarativa del heredero y de una consecuente exposición inicial, al menos parcial e incompleta, de los bienes que entiende que constituyen la masa hereditaria.

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Se plantea en el presente caso con qué Administración ha de identificarse la Administración de origen en caso de movilidad sucesiva, si la Administración intermedia pasa a tener la condición de Administración de origen o si, por el contrario, mantiene la condición de Administración de origen la de procedencia inicial del funcionario.

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Se estima el recurso interpuesto por la Confederación Intersindical Galega y se declara su derecho a que la Administración le facilite información sobre las comisiones de servicio y sus prórrogas concedidas al personal al servicio de dicha Administración.