Este asunto versa sobre la presunta vulneración del derecho al respeto a la vida privada y familiar reconocido en el Artículo 8 del Convenio, por la denegación de una autorización de residencia al padre de un niño discapacitado por circunstancias excepcionales (arraigo social) por no cumplir el criterio de medios de subsistencia suficientes sin recurrir a prestaciones sociales.

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Se establece por el TS que no es exigible en todo caso la previa aprobación de la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios -DEUP- para iniciar la elaboración de un plan especial o instrumento equivalente que ordene la zona de servicio de un puerto, sino que puede simultanearse la tramitación administrativa de ambos procedimientos, siempre y cuando la aprobación de la DEUP preceda a la aprobación definitiva de los planes especiales o instrumentos equivalentes y que las determinaciones sustantivas de la delimitación así aprobada hayan sido tenidas en cuenta debidamente en la tramitación del Plan e incorporadas finalmente en la posterior aprobación definitiva del Plan Especial o instrumento equivalente.

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Desestima la Sala el recurso interpuesto contra el acuerdo del Director de Supervisión y Control de Datos del Consejo General del Poder Judicial, que acordó el archivo de las actuaciones previas practicadas a raíz de la reclamación formulada por la demandante frente a un Juzgado de lo Penal al haber consignado en una sentencia su domicilio.

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Se plantea en el litigio si, a efectos de la debida motivación para fijar los servicios mínimos cuando se ejerce el derecho de huelga en el sector aéreo, las empresas conservan la facultad de precisar determinados aspectos de los servicios mínimos dentro de los límites fijados en la resolución administrativa correspondiente, como consecuencia de sus facultades de dirección y organización de la plantilla.

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Se plantea en el recurso si previamente valorados los intereses en conflicto por la Administración tributaria, que había acordado la suspensión de la ejecución de la deuda al aportarse garantía suficiente, respeta los principios de seguridad jurídica y buena administración que en vía judicial se deniegue el mantenimiento de la suspensión sin que haya existido una variación de las circunstancias, ni de las garantías aportadas para obtener la suspensión de la deuda.

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No ha lugar a la impugnación deducida por las mercantiles recurrentes contra la sentencia que confirmó la inadmisión del recurso frente a la desestimación por silencio administrativo del escrito presentado ante el Ayuntamiento de Murcia en el que se solicitaba la resolución del convenio urbanístico aprobado por el Pleno Municipal para realizar la transformación de un sector de Suelo Dotacional Residencial en grandes sectores y una adscripción de Sistemas Generales, y ello para transformar una actividad económica preexistente.

La demanda se refiere a la alegada vulneración del derecho a un proceso justo, con todas las garantías (artículo 6º1 CEDH) en casos de procedimientos de derivación de responsabilidad tributaria que declararon al demandante responsable solidario de deudas fiscales de un tercero. El Tribunal examina si los tribunales internos dictaron sentencias contradictorias de manera injustificada sobre hechos idénticos y si omitieron responder a cuestiones relevantes planteadas por el demandante, y en qué medida todo ello ha afectado a la seguridad jurídica y al derecho recogido en el artículo 6º1 del CEDH.

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La cuestión planteada en este caso consiste en determinar cuál ha de ser la interpretación que se ha de dar al concepto "semanas completas" recogido en el art. 49.1 c) del EBEP en relación con el disfrute del permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija y, en particular, si el tipo de jornada, ordinaria o especial, que tenga el solicitante debe condicionar aquella interpretación.

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La cuestión que se debate ante la Sala es si cabe declarar la caducidad del proceso contencioso-administrativo y el archivo de las actuaciones por el hecho de que el órgano judicial requirente no tuviera constancia de la presentación, ante él y dentro del plazo conferido para su subsanación, del poder "apud acta" acreditativo de la representación del letrado del recurrente, aunque este hubiese sido otorgado dentro del plazo establecido para la subsanación, pero en el juzgado de guardia de otra localidad.

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Se plantea en el presente recurso como cuestión de interés casacional si un miembro de la Carrera Fiscal con la categoría de Abogado Fiscal puede recibir el sueldo, como retribución básica, de Fiscal cuando se encuentra destinado en plaza correspondiente a esta última categoría, y si puede tener alguna incidencia la circunstancia de que el desempeño de ese destino conlleve el desarrollo de labores de coordinación.

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Con desestimación del recurso interpuesto, se confirma la sentencia que anuló la resolución de inadmisión del recurso de reposición formulado frente al Decreto por el que se prueba la Oferta de Empleo Público -OEP- para la estabilización de empleo temporal en la Administración General de la Junta de Andalucía, inadmisión que traía causa de la aplicación del art. 112.3 de la LPAC, que establece que no cabrá recurso en vía administrativa contra las disposiciones administrativas de carácter general.

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Declara la Sala haber lugar al recurso de casación interpuesto por la mercantil actora y accede a que las parcelas litigiosas de su propiedad sean valoradas como suelo rústico en el Catastro, a pesar de que el suelo en que se ubican está clasificado como urbano en el Plan General.

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Con estimación del recurso deducido se anula la liquidación girada al actor por el IRPF, pues las ganancias que se le atribuyen como bien privativo no han sido acreditadas como tales por la Administración tributaria.

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Se anula la resolución que denegó la solicitud dirigida a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) para que diera cumplimiento a la normativa legal para el reconocimiento del derecho a la carrera profesional de su personal estatutario y se procediera al abono de la retribución complementaria reconocida al personal estatutario del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

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Ante el conflicto existente entre dos Estados en relación a la residencia fiscal de un contribuyente, el TS reitera la reciente doctrina que ha establecido que los órganos administrativos o judiciales nacionales no son competentes para enjuiciar las circunstancias en las que se ha expedido un certificado de residencia fiscal por otro Estado, ni pueden prescindir de su contenido cuando tiene suscrito con España un Convenio de Doble Imposición, y dicho certificado se ha extendido a los efectos del Convenio.

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No ha lugar al recurso interpuesto por el Abogado del Estado y se confirma la sentencia que estimó la demanda deducida por silencio administrativo, por la que debía reconocerse al demandante la cualificación profesional obtenida en Portugal para poder acceder al ejercicio de la profesión regulada en España de Fisioterapeuta, y ello por haber transcurrido el plazo de tres meses legalmente previsto.

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Con estimación del recurso interpuesto, se anula la denegación a la recurrente de la reserva de plaza de estacionamiento de carácter nominal para personas con discapacidad en el lugar más próximo a su centro de trabajo.

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Se plantea en el recurso cuál es el plazo de prescripción y el “dies a quo” para el ejercicio del derecho de resarcimiento o indemnidad de un policía nacional por los daños y perjuicios reconocidos en vía penal cuando el criminalmente responsable es declarado insolvente.

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Con desestimación del recurso interpuesto por la Administración General del Estado, confirma el Tribunal la sentencia que reconoció el derecho del policía nacional demandante el pase a la situación de servicio activo desde la segunda actividad por petición propia.

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Se plantea ante la Sala si en el caso de un aspirante que, no ostentando la condición de personal estatutario fijo, participa de manera simultánea en varios procesos selectivos convocados por distintos servicios de salud autonómicos en relación con una misma categoría de facultativo sanitario y especialidad médica, la adquisición de dicha condición en uno de esos procesos debe comportar su automática exclusión en el proceso selectivo que todavía no ha finalizado o si, por el contrario, deben ser otras las consecuencias que se han de derivar de tal circunstancia.