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La Sección Tercera de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse, en su sentencia de 23 de febrero de 2026 (recurso de casación 1584/2023), sobre la conformidad a derecho de los umbrales de saciedad, esto es, las cláusulas de los pliegos de contratación pública que establecen índices que limiten la valoración de las ofertas económicas. Los considera lícitos siempre que tales límites o umbrales estén justificados en relación con las prestaciones que constituyan el objeto del contrato, se atengan a las disposiciones legales sobre criterios de adjudicación y respeten los principios básicos reguladores de la contratación pública. La Sección analiza con rigor el cumplimiento de dichos requisitos en el marco del ejercicio por parte de la Administración de una notable discrecionalidad técnica.

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Se plantea en el presente recurso si los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo pueden denegar la rehabilitación del plazo para la interposición de la demanda en un procedimiento abreviado, sobre la base de que la parte hubiera debido recurrir la diligencia de ordenación dictada tras la presentación de la demanda y no el auto de archivo del procedimiento, al que se remite dicha diligencia de ordenación.

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Cuestionan los recurrentes, funcionarios de las Cortes Generales, la legalidad de la modificación del Reglamento del fondo de prestaciones del personal funcionario de las Cortes Generales, en relación con los funcionarios que han prestado servicios en los Cuerpos Administrativo y de Ujieres, y que se hayan jubilado por el régimen de clases pasivas y no por el régimen general de la seguridad social.

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Establece el TS que en los supuestos en los que se siga para la gestión y liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones el régimen de declaración, las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento del pago de las liquidaciones practicadas por la administración tributaria deberá efectuarse antes de expirar el plazo de pago en período voluntario.

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Ha lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia que confirmó la denegación de la renovación de las autorizaciones de residencia de los recurrentes por permanecer fuera de España más de seis meses.

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Estima la Sala el recurso interpuesto por el Servicio Canario de Salud y revoca la sentencia impugnada que reconoció al demandante el derecho a que le fuera valorado a efectos de la carrera profesional el tiempo de prestación de servicios previos en un hospital concertado.

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Se cuestiona en el recurso si un Ayuntamiento de menos de 2000 habitantes, al que se le impuso una sanción por una Confederación Hidrográfica, puede establecer un sistema de tratamiento para las aguas residuales generadas en el municipio.

Andalucía

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA) ha impuesto, por primera vez, una multa a una de las partes del procedimiento por el uso impropio e imprudente de herramientas de inteligencia artificial en la redacción del recurso, sin realizar el más mínimo contraste posterior con fuentes oficiales, tal y como denunció y acreditó la parte contraria.

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La STS de 10 de febrero de 2026 (recurso de casación 3457/2023), tras analizar la legislación y la jurisprudencia del TJUE aplicable, comprueba que, en el caso contemplado, la sociedad mercantil a la que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà consideró medio propio, a efectos de encomendarle la prestación de determinados servicios de algunos municipios de su ámbito territorial, estaba controlada en exclusiva por un ayuntamiento concreto, sin que los estatutos de la sociedad anónima tuvieran arbitrados mecanismos que permitieran a otros socios minoritarios participar en la toma de decisiones relevantes u oponerse a ellas mediante un derecho de veto.

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Interpone la mercantil actora recurso contra la sentencia que confirmó el acuerdo de la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Huelva de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, denegatorio de la solicitud de rectificación de autoliquidación y devolución de ingresos indebidos en concepto de Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

Se publica, por su interés, la traducción de esta Sentencia realizada por el equipo de traducción de la Subdirección General de Constitucional y Derechos Humanos de la Abogacía del Estado. El asunto versa sobre la aplicación del artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo a la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzado.

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Se estima en parte el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que confirmó la denegación presunta de la solicitud formulada por la mercantil actora ante el Servicio Madrileño de Salud para el pago de los intereses de demora y costes de cobro, y le reconoce el derecho al pago de 40 euros por cada factura a las que se refiere su reclamación que no haya sido pagada en el plazo contractual o legalmente establecido.

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El Ayuntamiento de San Sebastián y el Abogado del Estado, plantean ante la Sala, entre otras cuestiones, si resulta exigible el emplazamiento de la Administración General del Estado en el proceso judicial en que se dirime la protección urbanística de un inmueble afecto a la Defensa Nacional.

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Se confirma la denegación a la juez sustituta demandante del acceso a una base comercial que ofrece la intranet del CGPJ en las mismas condiciones que los miembros de la Carrera Judicial.