La STC 37/2012, de 19 de marzo, que aquí se analiza, presenta cuatro votos particulares discrepantes (suscritos por los magistrados Gay Montalvo, Pablo Pérez Tremps, Ortega Álvarez y Asua Batarrita), cuyas tesis, en opinión del autor, resultan mucho más acertadas y hubieran debido ser la opinión expresada por el TC al resolver la cuestión de inconstitucionalidad planteada. El primero de ellos, el del magistrado D. Eugeni Gay Montalvo, considera que la norma que el TS extrae de los arts. 81 LTSV y 132 LAP resulta contraria a la CE, pero no es preciso declarar la inconstitucionalidad de tales preceptos porque caben otras lecturas de los mismos acordes con la CE que permiten salvaguardar la supremacía de ésta. En su opinión, no es correcta la aplicación que se hace del principio de seguridad jurídica al caso concreto, pues, aunque el mandato normativo de los preceptos cuestionados es claro en cuanto a la fijación del dies a quo del cómputo del plazo de prescripción de las infracciones y sanciones administrativas, es patente que «los efectos sobre el momento exacto en que comienza a contar el plazo de prescripción son completamente imprevisibles para el administrado, pues ese instante depende absolutamente de la voluntad de la Administración sancionadora, voluntad que no está determinada por ningún elemento objetivo». (. . .)

La prescripción es una forma de extinción de la responsabilidad sancionadora por el simple transcurso del tiempo. En concreto, por el cumplimiento de un plazo desde la comisión de la infracción sin que la Administración dirija o reanude su actuación contra el responsable de la misma (prescripción de la infracción), o desde que impuso en firme la sanción sin que la ejecute o reanude su ejecución (prescripción de la sanción). Por eso, en rigor, lo que prescribe o se extingue con el transcurso del tiempo no son las infracciones cometidas o las sanciones impuestas, sino la potestad de la Administración para perseguir las infracciones y sancionarlas o para ejecutar por la fuerza las sanciones previamente impuestas. La prescripción es la causa de extinción de la responsabilidad sancionadora que con mayor detalle regulan tanto la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LAP), como las diversas leyes sectoriales. Conviene detenerse un momento en las previsiones de la LAP porque han sido objeto de la cuestión de inconstitucionalidad que resuelve la reciente STC 37/2012, de 19 de marzo, que aquí se analiza ( . . .)

Circular 2/2013, de 9 de mayo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre el documento con los datos fundamentales para el inversor y el folleto de las instituciones de inversión colectiva (BOE de 24 de mayo de 2013). Texto completo.

Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se crea un modelo registral para comunicación de determinadas modificaciones relativas a actos administrativos de gestión de personal al Registro Central de Personal (BOE de 27 de mayo de 2013). Texto completo.

 

Orden AAA/897/2013, de 20 de mayo, por la que se modifican los anexos V y VI del Real Decreto 1337/2011, de 3 de octubre, por el que se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (BOE de 24 de mayo de 2013). Texto completo.

Orden DEF/896/2013, de 16 de mayo, por la que se modifica la estructura orgánica y el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias, que figura en el Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, por el que se establece la organización y el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como de la Unidad Militar de Emergencias, y se modifica la Orden DEF/1766/2007, de 13 de junio, por la que se desarrolla el encuadramiento, organización y funcionamiento de la Unidad Militar de Emergencias (BOE de 24 de mayo de 2013). Texto completo.

Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de los premios anuales “Educaciudad” a los municipios distinguidos por su compromiso con la educación en Andalucía para el año 2013 (BOJA de 23 de mayo de 2013). Texto completo.

Orden de 9 de mayo de 2013, por la que se crea el Registro de Convenios de la Consejería y sus organismos públicos dependientes y se regula su funcionamiento (BOC de 23 de mayo de 2013). Texto completo.

Decreto 167/2013, de 21 de mayo, de modificación del Decreto 40/2009, del 10 de marzo, de los Estatutos del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes (DOGC de 23 de mayo de 2013). Texto completo.

 

Decreto 166/2013, de 21 de mayo, de modificación del Reglamento de casinos de juego, aprobado por el Decreto 204/2001, de 24 de julio, y del Catálogo de juegos que se pueden practicar exclusivamente en los casinos, aprobado por el Decreto 386/2000, de 5 de diciembre (DOGC de 23 de mayo de 2013). Texto completo.

 

Orden de 24 de abril de 2013 por la que se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a la incorporación de investigadores doctores, tecnólogos y titulados universitarios a las empresas, para el desarrollo de proyectos de I+D+i en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio económico 2013 (DOE de 23 de mayo de 2013). Texto completo.