La exigencia de aportación del acuerdo societario para recurrir plantea dos órdenes de problemas. Por una parte, la inexigibilidad del requerimiento tras la alegación del demandado -aunque suavizada en los últimos tiempos- no parece acorde con la literalidad del art. 138 LJCA ni con la apariencia jurídica generada por la diligencia de ordenación que da curso al proceso. Por otra parte, la aportación de los estatutos, exigida por la jurisprudencia, no está justificada cuando el órgano de administración es el que ejercita la acción; por lo que al administrador único debe siempre bastarle la presentación del poder de representación procesal por él otorgado.

 

Se encuentra abierto el plazo ordinario de preinscripción para la tercera edición del Máster Universitario en Comunicación de la Administración Pública, organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). El objetivo del máster es formar empleados públicos de alto nivel que respondan a la creciente demanda de profesionales especializados en las Administraciones Públicas que sean capaces de abordar la comunicación de forma integral, estratégica y relacional

 

La aplicación gratuita para dispositivos móviles permite conectar en línea con la Librería virtual del INAP y conocer las últimas novedades aparecidas y otros títulos de nuestro fondo editorial. Igualmente, posibilita de una manera sencilla y ágil, la adquisición de las publicaciones de interés, entre otros servicios editoriales ofrecidos.

 

El curso tiene como objetivo facilitar la formación especializada tanto a los funcionarios que aspiren a desempeñar funciones en las Inspecciones Generales de Servicio de los departamentos ministeriales como a aquellos funcionarios que actualmente ocupan destinos en ellas, sin ser titulares definitivos de estos.

 

Este trabajo se centra en la motivación para el servicio público (MSP). Se trata de un concepto con un significado determinado en la literatura académica internacional sobre Administra­ción pública. En términos generales se refiere a aquellas personas que tienen una motivación social, lo que les induce a implicarse profesionalmente en servicios públicos para la comu­nidad con un claro interés social. O, dicho de otra manera, se refiere a la medida en que los individuos que trabajan en la prestación de servicios públicos reúnen un conjunto de motivos, valores y actitudes que les llevan a desarrollar una ética del servicio público que se concretará en un determinado tipo de motivación (Taylor 2008, Meyer et al. 2014). […]

 

La Agencia Tributaria ha devuelto ya 6.818 millones de euros a 11.087.000 contribuyentes tras concluir la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio 2016, de forma que, en estos momentos, más del 79% de las devoluciones solicitadas y el 68% de los importes ya han sido abonados.

Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral (BOE de 5 de julio de 2017). Texto completo.

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de las Mesas Generales de Negociación de la Administración General del Estado de 30 de mayo de 2017, por el que se modifica el Acuerdo de 29 de octubre de 2012, sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación (BOE de 5 de julio de 2017). Texto completo.

Ley 2/2017, de 27 de junio, de declaración del Parque Natural Marítimo-Terrestre Es Trenc-Salobrar de Campos (BOCAIB de 4 de julio de 2017) Texto completo.

Decreto 96/2017, de 27 de junio, por el que se regula la coordinación de la estrategia de imagen institucional de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA de 4 de julio de 2017). Texto completo.

 

Es objeto de recurso de apelación la sentencia que confirmó la resolución denegatoria de tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, por aplicación del art. 7.2 en relación con el 2 c) del RD 240/2007, al no acreditar el ciudadano español que da derecho de residencia al solicitante, que dispusiera de recursos económicos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante su periodo de residencia.