Luis Alberto Leonardo Zorrilla

La responsabilidad patrimonial de la administración como resultado de la anulación de un acto administrativo (a propósito de la STS, Sala 3ª, de 17 de febrero de 2015, Rec. 2335/2012)

Con este estudio se pretende analizar y comprender el alcance de la Sentencia del Tribunal Supremo, sala 3ª, de 17 de febrero de 2015, rec. 2335/2012, respecto del criterio de antijuridicidad necesario para que nazca el derecho a indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración. Así, comenzaremos por estudiar la regulación normativa y los requisitos que se consideran esenciales para, desde un acercamiento tanto doctrinal como jurisprudencial, analizar finalmente la mencionada sentencia, así como se está aplicando dicha jurisprudencia por los tribunales.

Andrea Garrido Juncal

Evaluación y perspectivas de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común

El presente trabajo analiza el ámbito de aplicación y los trámites que deben seguirse en el supuesto de que un procedimiento se tramite por la vía simplificada. La posibilidad que se le brinda a la Administración de resolver en un plazo máximo de treinta días exige una interpretación del nuevo art. 96 de la LPACAP, haciendo referencia a los defectos de redacción de este precepto pero también al innegable interés de su aplicación.

Rafael Jiménez Asensio

La dirección pública profesional en España: errores de concepto

Hace más de diez años que el Estatuto Básico del Empleado Público estableció una regulación gaseosa y evanescente, marcada además por el principio dispositivo y mal planteada desde la perspectiva institucional y técnica, de la figura de la dirección pública profesional (DPP). De esos polvos, vienen estos lodos. Transcurrido un período de tiempo notable, la implantación de la DPP es prácticamente anecdótica y escasamente funcional. No ha cambiado nada el statu quo dominante: la politización sigue haciendo estragos en la alta administración sin que esa pretendida barrera legal lo impida. Porque, sencillamente, o no se aplica (que es lo común) o, cuando se regula o se desarrolla, se hace mal. […]

José Luis Martínez-Alonso Camps

La nueva configuración de la gestión indirecta de los servicios públicos de resultas de la Ley de contratos del sector público de 2017; algunas consideraciones con especial incidencia en el subsistema local

La comunicación aborda la nueva configuración de la gestión indirecta de los servicios públicos derivada de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, en especial la relativa a la gestión contractual de los mismos, que se articula como un subtipo específico de los contratos de concesión de servicios y de servicios, cuya definición se establece en función de si se transfiere o no el riesgo operacional al contratista. El análisis se centra en la necesidad de distinguir esa gestión de la de las otras prestaciones que integran tales contratos (servicios no públicos y actividades para la Administración), así como en la problemática relativa a los diferentes regímenes jurídicos que deben resultar aplicables correlativamente a los diversos objetos contractuales.

¿'Quo vadis', transparencia?; por Joaquín Meseguer Yebra, subdirector general de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid

El día 31 de enero de 2018 se ha publicado en Expansión Jurídico un artículo de Joaquín Meseguer, en el cual el autor considera que la transparencia es un gran asunto de Estado que llega tarde a nuestro país y que, por ese motivo, entre otros, requiere decisiones urgentes -también meditadas- y contundentes.

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