Ximena Lazo Vitoria

El riesgo operacional ¿una nueva era para los contratos de concesión?

A fines del año pasado, el Presidente del Gobierno anunciaba en la Región de Murcia que se daba el “pistoletazo de salida” al Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), con la publicación en el BOE (28 diciembre 2017) del estudio de viabilidad de un contrato de concesión de obra pública (nuevo eje norte-sur de Murcia). El PIC responde a un modelo de colaboración público-privada en el que las empresas se responsabilizan del mantenimiento de las infraestructuras durante un largo período (treinta años), debiendo garantizar los mismos niveles de calidad y seguridad que el día de su puesta en servicio. Debe añadirse, porque es un dato de importancia para lo que se argumenta más adelante, que la retribución del concesionario se vincula directamente al cumplimiento de los citados estándares de calidad y seguridad o, como señala el citado estudio de viabilidad y también de forma reiterada el propio PIC, la retribución del concesionario se basa en el sistema de pagos por disponibilidad […]

Patricia Valcárcel Fernández

Apuesta por una revisión estratégica del modelo concesional: punto de partida y planteamientos de futuro

Cómo afrontar la financiación de proyectos públicos –tanto relacionados con la provisión infraestructuras como de servicios tradicionalmente considerados públicos– es un tema que preocupa desde antiguo, en realidad desde siempre. Y el intento por atraer y contar con capital privado en este empeño ha estado siempre al orden del día. Centrando la atención en el pasado más inmediato, y adoptando una perspectiva más amplia y global, resulta indiscutible que por razones de diversa índole, el recurso a las denominadas técnicas de Colaboración Público-Privada (CPP), se ha incrementado notablemente en las últimas décadas, al punto de considerarse como estratégico para fomentar las inversiones y reactivar las economías […]

Rafael Jiménez Asensio

Convenios administrativos: régimen transitorio de adaptación

El convenio administrativo representa un instrumento del que se hace un uso intensivo por parte de nuestras Administraciones Públicas. La relativa anomia normativa que se proyectaba sobre esta figura fue corregida en 2016 siguiendo los criterios enunciados por el Tribunal de Cuentas. Antes del mes de octubre del año 2019 (quedan poco más de doce meses) se deberán adaptar decenas de miles de convenios administrativos a las reglas establecidas en la Ley de régimen jurídico del sector público (LRJSP), que entró en vigor el 2 de octubre de 2016.

Marcos Peña Molina

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y la estabilización del empleo público temporal. Soluciones para el sector local

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2017, introdujo una seria de cauces legislativos con el fin de reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas. No obstante, la voluntad del legislador, la regulación ordenada provoca problemas importantes a la hora de implementarla en su aspecto más práctico, sobre todo en el ámbito del Sector Local. Este estudio, pretende arrojar un poco de luz a una regulación que ha sido definida como deficiente y confusa, específicamente por los operadores del Sector Local. Es por ello, necesario fijar, de forma clara y transparente, cuales son en realidad los caminos a recorrer para reducir de forma efectiva la temporalidad en nuestras Administraciones Públicas locales, como organizaciones productoras de servicios públicos y por tanto, empleadoras y creadoras de relaciones laborales.

Beatriz Gómez Fariñas

Las medidas de self-cleaning: un análisis desde la perspectiva del principio de proporcionalidad

La cuarta generación de Directivas europeas sobre contratación pública contempla la posibilidad de que aquellos operadores económicos afectados por una causa de exclusión puedan eludir su expulsión del procedimiento de licitación de un contrato público mediante la adopción de las llamadas "medidas de autocorrección o self-cleaning". Este trabajo tiene por objeto analizar si, desde la óptica del principio de proporcionalidad, dichas medidas pueden erigirse como una alternativa válida a la exclusión de licitadores. Asimismo, se pondrán de relieve las dificultades prácticas en su aplicación con motivo de las deficiencias normativas existentes y se realizarán algunas propuestas de mejora.

Daniel Ortiz Espejo

La nueva Ley de Contratos del Sector Público y su repercusión competencial y territorial en el marco del recurso especial en materia de contratación

La entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/ UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, algunas novedades importantes. En relación con el recurso especial en material de contratación, no sólo una ampliación del ámbito del citado recurso sino la posibilidad para las denominadas “grandes poblaciones” en aplicación de la Ley 57/2003, de medidas de modernización del gobierno local, de poner en marcha estos órganos especializados en el conocimiento de los recursos especiales en materia de contratación […]

Felio J. Bauzá Martorell

Convenios con particulares: límites entre contrato, convenio y subvención

Dista mucho de ser clara la distinción entre contrato, convenio y subvención en las relaciones entre la Administración y los particulares. No es infrecuente que se firmen convenios que, o bien encierran un objeto netamente contractual, o bien persiguen conceder una subvención. En cualquier caso, se burlan los principios generales de la contratación y de las subvenciones. En las páginas que siguen se analiza la distinción entre las tres figuras a partir del derecho positivo y de la doctrina de los Tribunales y de las Juntas consultivas de contratación, al tiempo que se formulan propuestas de lege ferenda.

José Luis Meilán Gil

Unidad del contrato público e interés general: itinerario de una investigación

Tradicionalmente, el contrato administrativo se ha construido sobre el reconocimiento de unas prerrogativas de la Administración, justificadas en el interés general del que es titular, precedido por una fase de preparación y selección del contratista. La tesis que se sustenta, cuyo itinerario científico se describe, es que la fase “precontractual” corresponde al modo en que la Administración manifiesta su decisión que con la voluntad del contratista constituye el contrato del que nacen los derechos y obligaciones como en todo contrato. El interés general que justifica el contrato está ínsito en el mismo. Desde esa perspectiva se comprende que exista un poder contratante o adjudicador de un contrato público que no sea Administración y que no sea necesario acudir a potestades, como el ius variandi o el factum principis […]

Severiano Fernández Ramos y José M.ª Pérez Monguió

Transparencia y buen gobierno

En esta crónica se da cuenta de la primera sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo que conoce en casación de la aplicación de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), para lo cual la Sección Primera de la Sala 3, en el auto de 20 de febrero de 2017 por el que se admitió a trámite el recurso de casación, declaró que "..la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar los artículos 18.1.c) y 14.1.h) de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para determinar los presupuestos y requisitos necesarios para inadmitir las solicitudes de información cuando sea necesaria una acción previa de reelaboración; y, asimismo, para la aplicación de la limitación de acceso a la información cuando suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales de la entidad requerida". Se trata, por tanto, de una sentencia fundamental en la construcción del acervo para la interpretación de la LTAIBG.

Esther Rando Burgos

El procedimiento abreviado en la jurisdicción contencioso-administrativa: críticas, elogios y propuestas

El trabajo reflexiona acerca del procedimiento abreviado en el orden contencioso administrativo, cauce procesal que, desde su aparición con la Ley 29/1998, de 13 de julio, de Jurisdicción Contencioso-Administrativa y, tras sucesivas reformas, ha pasado de una aplicación casi residual a ser, con diferencia, el procedimiento por el que se tramitan mayor número de recursos. Asimismo, se analiza algunas de las principales razones que ha llevado a lo anterior así como las consecuencias prácticas que se vienen produciendo y que es preciso abordar con urgencia en la medida en que incluso llegan a afectar a derechos fundamentales.

Julio V. González García

Colaboración público-privada: más allá de la nueva Ley de Contratos del Sector Público

Cuando se cita el acrónimo anglosajón PPP (Public Private Partnership) se está pensando en diversas formas de participación de los particulares en la gestión pública, a través de variadas modalidades de instrumentos, unos de derecho público, otros de derecho privado. En el PPP prima la flexibilidad sobre cualquier otra consideración, y por ello, es un género en el que caben diversas formulaciones jurídicas. Se podría decir, incluso que es el paradigma de la “mutabilidad equivalente de técnicas” a la que hacía referencia Villar Palasí, esto es, “en cuanto resultado alcanzado, es indiferente muchas veces la aplicación de una técnica impositiva o el ejercicio de una potestad administrativa que puede confluir a resultados absolutamente idénticos” […]

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