José María Pérez Mongió

Conflicto de interés en el estatuto de los altos cargos de la Administración General del Estado

El presente trabajo tiene como propósito el análisis del régimen, como se indica en el título, del conflicto de interés de los altos cargos en la Administración General del Estado. Un régimen que se deriva de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, pero se abordarán todas aquellas cuestiones que podrían entenderse que también se integran en el concepto de una manera amplia y que se encuentran recogidas en el título II de la Ley. Así el artículo se ceñirá al análisis del concepto, de las causas y del sistema de detección temprana del conflicto de interés, aspectos que incorporan novedades significativas con respecto a la derogada Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado

Alejandra Boto Álvarez

La metamorfosis de la función pública francesa: laboralización y flexibilidad

El objeto de esta crónica es la Ley 2019-828, de 6 de agosto, de transformación de la función pública francesa. Se trata de una norma que trata de acompasar el empleo público a las reformas y reorganizaciones administrativas, y lo hace con una apuesta clara por la contratación de personal laboral y la movilidad del personal funcionario, dentro y fuera del sector público. Se analiza la estructura y principal contenido de la Ley, además de su validación por el Consejo Constitucional.

Francisco Manuel García Costa

La independencia de las autoridades administrativas garantes del derecho de acceso a la información pública

En este estudio se analizan las distintas técnicas que aseguran la independencia de las autoridades administrativas garantes del derecho de acceso a la información pública en el sistema constitucional español al objeto de diseñar un tipo ideal de organismo de esta naturaleza que incorpore todas las garantías necesarias para asegurar plenamente su autonomía. A partir del examen de la legislación estatal y de las legislaciones autonómicas reguladoras de los órganos administrativos garantes en estudio se elabora una taxonomía de los mismos según su grado de independencia y se presenta una serie de propuestas enderezadas a asegurar plenamente su autonomía en los ámbitos orgánico, personal, financiero-presupuestario y administrativo.

Francisco Javier Ruiz Bursón

Licencias urbanísticas y silencio administrativo

La controversia sobre el sentido del silencio en materia de licencias urbanísticas viene de lejos. La existencia de una regulación general de esta institución en la legislación del procedimiento administrativo común y otra diferente en la normativa estatal del suelo genera graves problemas de seguridad jurídica, lo cual afecta, indefectiblemente, a la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario. En el presente artículo, tras analizar los antecedentes legislativos y jurisprudenciales junto a los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, se proponen determinadas soluciones legislativas a nivel autonómico con el fin de dotar de una mayor coherencia al sistema.

Juan Pablo Landa Zapirain

La repercusión del régimen de protección de datos personales en el ejercicio de los derechos informativos de los representantes legales y sindicales de los funcionarios públicos

La utilización generalizada de las técnicas electrónicas en el funcionamiento administrativo es posiblemente el mayor cambio operado en los últimos años dentro de la Administración Pública española. Se trata de un vector de cambio generalizado entre las Administraciones de los Estados miembros de la UE, que va de la mano de otras reformas como la de favorecer la transparencia de la Administración. En este artículo se tratará de determinar los efectos que los procesos de digitalización en marcha en las AAPP, de lo que son ejemplo las nuevas Leyes de Procedimiento Administrativo o la Ley del Régimen Jurídico del sector público, así como la denominada Ley de Transparencia, y muy particularmente las medidas previstas en la reciente legislación sobre la protección de datos personales, tienen en el ejercicio de los derechos informativos de los representantes de los funcionarios públicos. Este trabajo persigue identificar la clase de conflictos y la repercusión limitativa que estos procesos representan para el ejercicio de los mencionados derechos colectivos de estos representantes.

Severiano Fernández Ramos y José María Pérez Monguió

Crónica de Jurisprudencia sobre transparencia y buen gobierno

Se da cuenta en esta Crónica de los asuntos en materia de transparencia sobre los que han recaído sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, aprovechando para exponer la previa posición sobre cada asunto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y del correspondiente Juzgado Central de lo Contencioso.

Juli Ponce Solé

Una histórica sentencia del Tribunal Supremo holandés de 20 de diciembre de 2019 obliga al Estado a reducir las emisiones de gases invernadero en un 20% a partir de 2020. Lecciones para el caso español: calentamiento global y derecho a una buena administración

El día 20 de diciembre de 2019, el Tribunal Supremo holandés dictó una sentencia histórica, poniendo fin a una serie de litigios iniciados en 2015 y que han enfrentado a Urgenda, una fundación agrupando a 886 holandeses, como demandante, y el Estado holandés. En esta sentencia, el alto tribunal declaró como hechos probados la existencia de un cambio climático peligroso, afirmó la obligación jurídica del Estado holandés de proteger con el debido cuidado y la debida diligencia propios de un buen gobierno y una buena administración los derechos de sus ciudadanos y estableció la inexistencia de una libertad de elección absoluta e indiferente para el Derecho en el ejercicio de la discrecionalidad existente en la toma de decisiones contra el cambio climático […].

Severiano Fernández Ramos

Las consultas populares no referendarias mediante votación: ¿un artificio del derecho público español?

Las consultas populares no referendarias mediante votación nacen en Cataluña en 2014, como consecuencia de la doctrina del Tribunal Constitucional que niega competencia a las Comunidades Autónomas para ordenar las consultas populares referendarias, si bien la figura ha sido asumida por otras Comunidades, como Andalucía (2017) e Islas Baleares y Navarra (2019). Este trabajo se centra en esta regulación exclusivamente autonómica, con la finalidad de determinar la viabilidad y utilidad de este instrumento participativo.

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