Juli Ponce Solé

El Derecho administrativo del siglo XXI

Los términos privatización y remunicipalización, liberalización, (neo) regulación, mejora normativa y calidad y buen funcionamiento administrativo y derecho a una buena administración son útiles testigos lingüísticos de las transformaciones del Derecho Administrativo en el siglo XXI. El trabajo analiza sus implicaciones y conexiones para extraer un posible concepto de Derecho Administrativo que pueda hacer frente a la función de esta rama del Derecho frente a los retos existentes.

Ignacio Serrano Blanco

Auto de ejecución contencioso-administrativo, interés casacional objetivo y juicio de relevancia. Tres son multitud.

La Ley Orgánica 7/2015 modifica la casación contencioso-administrativa (Disposición Final 3ª). En el nuevo recurso de casación se mantiene la posibilidad de recurrir autos de ejecución (art. 87.1-c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa). El escrito de preparación del recurso debe cumplir unos requisitos formales muy estrictos. El estudio de las últimas resoluciones judiciales del Tribunal Supremo permite sostener que se deberá justificar, tanto los requisitos tradicionales en garantía de la inmutabilidad del fallo, como la concurrencia del interés casacional objetivo, amén de la relevancia de las infracciones alegadas. Esos criterios son de difícil encaje en materia de ejecución de sentencias, y su cumplimiento no garantiza la admisión del recurso. El trabajo expone y critica el estado de la cuestión, con ánimo de advertir a quién se enfrente a este tipo de recurso.

Marina Rodríguez Beas

El procedimiento de asociación para la innovación en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público: oportunidades e incertidumbres

La compra pública innovadora desempeña un papel clave en el marco de la estrategia europea “Horizonte 2020”, en las Directivas de “cuarta generación” y particularmente en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, fijando la innovación como uno de los ejes para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Desde esta perspectiva, la compra pública innovadora se contempla como un instrumento de realización de políticas públicas sustantivas.

José Miguel Beltrán Castellanos

La responsabilidad social en las administraciones públicas, con especial referencia a la Comunitat Valenciana

El presente trabajo analiza la aplicación de la responsabilidad social en la gestión diaria de las Administraciones públicas, su inclusión en los principios rectores que rigen la actividad de la misma y en las acciones responsables que las Administraciones deben llevar a cabo en los distintos sectores de la vida en los que inciden, como son la educación, la investigación, la cultura, el deporte, el consumo de productos y servicios socialmente responsables, las políticas inclusivas, el empleo, la protección del medio ambiente y la cooperación al desarrollo. En concreto, en la Comunitat Valenciana se ha aprobado la Ley 18/2018, de 13 de julio, para el fomento de la responsabilidad social, que tiene por objeto regular no sólo estas cuestiones, sino también, la promoción de la responsabilidad social en las empresas a través de la concesión de ciertos incentivos y reconocimientos.

Antonio Fortes Martín

El (nuevo) contrato de servicios que conlleve prestaciones directas a favor de la ciudadanía ¿consolidación o disrupción del contrato de servicio público?

El presente trabajo aborda el análisis detallado del régimen jurídico de esta variante del contrato de servicios evidenciando, tanto los desajustes y las deficiencias de la Ley en su pretendida equiparación con el contrato de concesión de servicios, como las omisiones y ausencias más significativas respecto del desaparecido contrato de gestión de servicios públicos, todo ello con incómodas distorsiones en la efectiva prestación de servicios públicos por tercero.

Eduardo Gamero Casado

Criterios determinantes de la forma de gestión de los servicios públicos; especial referencia a la remunicipalización de servicios locales

La potestad de autoorganización venía siendo concebida tradicionalmente como la quintaesencia de la discrecionalidad administrativa. Sin embargo, acontecimientos recientes evidencian un cambio de signo, erigiendo requisitos específicos que condicionan el ejercicio de esta potestad, especialmente en el contexto de la remunicipalización de los servicios públicos, condicionado sus formas de gestión, pero se vislumbran también en otros escenarios, y vaticinan la posibilidad de instaurar requisitos condicionantes de la potestad autoorganizatoria en general (personificación de entidades instrumentales), y de la elección de la forma de gestión de los servicios públicos en particular. […]

María José Alonso Mas

La responsabilidad patrimonial derivada de la nulidad del planeamiento urbanístico

La nulidad del planeamiento urbanístico constituye una posible fuente de responsabilidad patrimonial. Para la determinación del daño indemnizable y su cuantificación, por tanto, debe estarse al perjuicio realmente causado; por lo que los criterios legales de cuantificación de las indemnizaciones previstos para los casos de alteración del planeamiento o de las condiciones de participación en la actuación urbanizadora, no resultan adecuados en estos casos.

Cristina García Arroyo

La implementación de la normativa internacional en el ordenamiento español: el concepto penal de funcionario público tras la LO 1/2019

El funcionamiento de la Administración pública y el servicio que le presta a los ciudadanos es una preocupación para cualquier Estado Democrático y de Derecho. El funcionario público tiene un especial deber de salvaguardar ese correcto funcionamiento y por ello es el sujeto que puede atentar contra ella de un modo más directo. La definición de esta figura en el ámbito penal es algo complejo que no ha escapado a la discusión doctrinal y que se ha visto agravado con la externalización que sufre la Administración pública por la propia globalización del mundo en el que vivimos. Para lo cual, los Estados Miembros se han visto obligados a implementar en sus ordenamientos internos la normativa internacional que la Unión Europea ha venido aprobando para dichos efectos.

Miren Josune Pérez Estrada

El agotamiento de la vía judicial previa en la jurisdicción contencioso-administrativa: casación y/o nulidad de actuaciones.

En este trabajo se aborda la problemática que surge en la jurisdicción contencioso-administrativa ante la necesidad de agotar la vía judicial previa a la interposición del amparo, como consecuencia de la actual configuración del recurso de casación contencioso-administrativo. La controversia se origina respecto del momento en el que se tiene que entender que se ha agotado la vía judicial ordinaria previa para la interposición del recurso de amparo, ie., si es necesario interponer, en todos los casos, recurso de casación o si, en algunos, es posible acudir, directamente, al incidente de nulidad de actuaciones. El panorama se complica por la falta de generalización del recurso de apelación en esta jurisdicción que impide corregir aplicaciones erróneas de la norma o la existencia de vicios procesales que escapan al control casacional. Para paliar la situación se plantea como posible alternativa la implantación de la cuestión prejudicial de derecho interno con el fin de garantizar los principios de seguridad jurídica e igualdad.

José Sebastián Kurlat Aimar

La inserción de las autoridades sectoriales francesas en la arquitectura institucional: la independencia del regulador

El derecho francés operó una transición desde un modelo de prestación pública de los servicios públicos en redes hacia uno de regulación en un ámbito de competencia. Ahora bien, este nuevo rol asumido por el Estado requiere necesariamente la exterioridad del regulador. La estructura institucional apta para llevar adelante tal cambio de paradigma fue la de las autoridades administrativas independientes, órganos que escapan al control jerárquico y de tutela de la administración central. El presente trabajo se interroga sobre los aspectos institucionales de la indepedencia de las autoridades sectoriales en el derecho galo. En un primer momento, nos concentraremos en el origen y en los fundamentos de este tipo de estructuras administrativas y luego visualizaremos su consolidación en los sectores de las redes.

Enrique Ortiz Calle

Fiscalidad autonómica y sector eléctrico

Es necesario ordenar la fiscalidad del sector eléctrico en España. Actualmente existen demasiados tributos que gravan la producción y el consumo de electricidad. La reordenación de estos tributos ha de tomar en consideración que la Constitución garantiza a las Haciendas autonómicas un espacio fiscal propio con arreglo al principio de coordinación con la Hacienda del Estado.

Alejandro D. Leiva López

Los conflictos de acceso de instalaciones de generación renovable a las redes de electricidad en el actual escenario regulatorio

El presente trabajo tiene por objeto examinar de forma exhaustiva el contenido del derecho de acceso de productores de energía renovable a las redes de electricidad. La puesta a disposición de las infraestructuras de red a los distintos generadores de electricidad es una garantía efectiva de apertura del mercado eléctrico, ya que la red constituye un recurso básico para la oferta de bienes en un sector económico estratégico como es el eléctrico.[…]

José Antonio Blanco Moa

La modificación de la concesión de la autopista del Atlántico introducida por el Real Decreto 1733/2011

La autopista del Atlántico (AP-9) ha incrementado sus peajes el pasado día 30 de octubre de 2018. Este incremento proviene mayoritariamente del acuerdo para modificar el contrato de concesión positivado en el Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre. En esta norma se acuerda entre la Administración y la sociedad concesionaria que esta última realice determinadas obras para ampliar la capacidad de la autopista y a cambio pueda aumentar los peajes. Esto se trata de una modificación de un contrato público. Dichas modificaciones deben cumplir ciertos requisitos para ser válidas. En este artículo se analizará si efectivamente se cumplen esos requisitos, así como las consecuencias de un eventual incumplimiento.

Íñigo Lazkano Brotóns

El uso no autorizado de imágenes de los miembros de cuerpos policiales

La posibilidad abierta por la Ley Organica de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015 de sancionar administrativamente a quienes graben o difundan imágenes de la policía en el ejercicio de sus funciones ha suscitado una amplia controversia. Este trabajo analiza los elementos constitutivos de la infracción prevista legalmente, con el objeto de realizar una interpretación compatible del precepto con la protección de la libertad de información, y critica la extensión que en la práctica ha adquirido la habilitación de los agentes policiales para requisar aparatos de grabación e, incluso, para eliminar imágenes, a la luz de la (escasa) jurisprudencia que sobre la materia se ha dictado, casi toda anterior a 2015.

Raúl Pérez Guerra

Algunas consideraciones sobre el régimen jurídico-administrativo de los pisos turísticos: las viviendas turísticas versus a los apartamentos turísticos. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de Andalucía

El presente trabajo indaga acerca del estado actual de la legislación de los conocidos como “pisos turísticos” y su incidencia sobre el sector turístico. De manera concreta aborda el alojamiento turístico bajo la modalidad de viviendas turísticas en España ante la irrupción de la denominada “economía colaborativa” con la aparición de las plataformas digitales así como otros avances tecnológicos en el sector turístico alojativo. Se trata de una investigación exploratoria centrada en un análisis de una tipología específica dentro del subsector hospedaje […]

Concepción Campos Acuña y Alberto Vaquero García

El portal de transparencia local de Galicia y las técnicas Big Data

En esta contribución se aborda la introducción de técnicas de Big Data en relación con la transparencia en las entidades locales de Galicia a través del diseño del Portal de Transparencia Local de Galicia y su Guía de Transparencia. Se pondrá el acento en su desarrollo como herramienta colaborativa entre administración autonómica, la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP) y la Universidad de Vigo, que pivota sobre la filosofía de dar un paso más en las obligaciones legales exigibles a las entidades locales para promover el avance en técnicas de Open Data y Big Data. […]

Javier Miranzo Díaz

El necesario cambio de paradigma en la aproximación a la corrupción en la contratación pública europea: propuestas para su sistematización

La lucha contra la corrupción ha sido establecida por la UE como una de las grandes prioridades de la estrategia moderna de contratación pública. En este artículo se aborda el problema de la corrupción desde un análisis holístico, en la que se plantea la necesidad de un cambio en la aproximación al problema. Para ello, se propone, en primer lugar, una ineludible depuración conceptual de realidades jurídicas asociadas al fenómeno para adaptar el enfoque jurídico a la realidad, para posteriormente abordar la sistematización de un método de actuación multinivel que respete las particulares características del sector. […]

Gabriele Vestri

Aproximación al sistema de «whistleblowing». Un nuevo desafío para la Administración Pública española

Este trabajo intenta abordar brevemente la cuestión del whistleblowing, un sistema cuyos elementos pueden encontrar cabida en el ámbito de la administración pública. Se trata en primer lugar de aclarar el concepto de “sistema de denuncias” y evidentemente de tratar la posición del denunciante, el whistleblower. En la experiencia europea y en parte en la española, con la modificación del Código Penal en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, disponemos de ciertas características, sin embargo en el contexto de la administración pública nacional, España sigue estando lejos de tener una organización clara en la materia. En este estudio se retoman experiencias autonómicas como posible base para una normativa nacional.

Marc Salat Paisal

El Derecho penal como prima ratio: la inadecuación del Derecho administrativo sancionador y la necesidad de buscar soluciones en el seno del Derecho penal

En los últimos años, el interés por el establecimiento de contornos más o menos claros entre el Derecho penal y el Derecho administrativo sancionador ha resurgido, sobre todo, entre la doctrina administrativista. En el presente trabajo se pretende argumentar las razones por las que se considera que la búsqueda de tales límites no es posible. Luego, ante tal situación, las características propias de uno y otro subsistema punitivo justifican que deba apostarse por un mayor uso del Derecho penal en detrimento de la actual expansión del Derecho administrativo sancionador. Con todo, deberá partirse de una idea de Derecho penal actualizada a los tiempos actuales donde la pena de prisión no juega ya un papel principal.

Luis Ángel Ballesteros Moffa

Expansión sustantiva y procesal del régimen administrativo en la contratación del sector público

En un escenario expansivo del Derecho administrativo, según ejemplifican –sin ir más lejos– los ámbitos subjetivos de las vigentes Leyes de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo, o de Contratos del Sector Público, cuyos títulos empiezan por renunciar al exclusivo objeto de la Administración, las novedades de la última Ley contractual hacia los objetivos de integridad y estrategia se han visto potenciadas por la ampliación del ámbito aplicable de las reglas administrativas. Así como por la extensión, en caso de conflicto, de la competencia de la Justicia administrativa y del propio recurso especial previo en materia de contratación pública. […]

Carlos Yáñez Díaz

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo sobre la exigencia de informe de impacto de género en la aprobación del Plan general de ordenación urbana de Boadilla del Monte

La Sentencia de 10 de diciembre del Tribunal Supremo declara que no es necesario el informe de impacto de género en la aprobación de los planes urbanísticos en la Comunidad de Madrid, Este artículo analiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a los informes de impacto de género y su errónea exclusión de la aplicación de la cláusula de aplicación supletoria del Derecho estatal.

Rubén Martínez Gutiérrez

La e-Justicia contencioso – administrativa después de la Instrucción 1/2018 del CGPJ

El presente trabajo analiza las consecuencias jurídicas de la reforma del artículo 230 de la LOPJ y de la promulgación de la Instrucción 1/2018 del CGPJ, producidas en diciembre de 2018. Con esta base, se analizará el marco normativo de la e-Justicia con especial interés en la jurisdicción contencioso – administrativa, profundizando en el estudio de (1) los nuevos requisitos técnicos de las plataformas de gestión procesal para la tramitación del expediente judicial electrónico, (2) las exigencias de formación en el personal de la Administración de Justicia necesarias para imponer el uso de medios electrónicos, y, (3) los requerimientos de medios materiales y organizativos que permitan un correcto desarrollo de la e-Justicia.

Esther Rango Burgos

Los escritos de preparación e interposición del recurso de casación: requisitos y consecuencias jurídicas de su inobservancia

El objeto del presente trabajo es tratar de poner sobre la mesa una de las cuestiones que, junto al interés casacional objetivo, posiblemente, mayores polémicas ha suscitado en la nueva regulación del recurso de casación en el orden contencioso-administrativo. Las cuestiones formales de los escritos procesales del referido recurso incorporadas con la modificación de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa por la Ley Orgánica 7/2015, así como el ulterior Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en el que se regula la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidas al recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento de aquéllos a la luz de los primeros autos y sentencias, requieren una detenida reflexión […]

Adrián Palma Ortigosa

Decisiones automatizadas en el RGPD. El uso de algoritmos en el contexto de la protección de datos.

En el presente trabajo se realiza una interpretación del Art 22 del RGPD, para ello defendemos que, además del derecho de los particulares a no verse sometido a decisiones plenamente automatizadas, lo que en esencia se reconoce en este precepto es la regulación específica de un tratamiento de datos personales concreto, esto es, el uso de máquinas por parte de organizaciones en la toma de decisiones sobre particulares sin intervención humana. Para ello, junto al análisis y definición del tratamiento, se estudian las distintas bases jurídicas que legitiman al responsable para llevarlo a cabo y, se examinan una por una el conjunto de facultades de las que gozan aquellos particulares que se ven afectados por tal tratamiento. Nuestro principal objetivo es clarificar un precepto que a día de hoy se muestra como uno de los pocos que prevé una serie de garantías jurídicas en favor de aquellos que se ven sometidos a decisiones tomadas por una máquina.

Juan Mestre Delgado y Álvaro Martínez Rivero

La potestad normativa de las entidades locales durante el periodo de "administración ordinaria" tras la celebración de las elecciones municipales

Los gobiernos locales que cesen tras las próximas elecciones, y se mantengan en funciones hasta que se constituyan los nuevos órganos con los concejales electos, deben principalmente velar por su correcta sustitución y ejercer mientras tanto, salvo que razones de urgencia debidamente justificadas exijan otra cosa, meras labores de administración ordinaria que no condicionen las orientaciones de quienes los sustituyan. Este límite afecta, desde luego, a la potestad reglamentaria, que no puede ser ejercida por un gobierno local en funciones; menos aún cuando se trate de regular, por medio de ordenanzas locales, materias sometidas a reserva de ley.

Rafael Jiménez Asensio

Retos del Gobierno Municipal (2019-2023): La Buena Gobernanza Local

Cuando el reconocimiento de la autonomía local ha superado el umbral de los cuarenta años y en este mismo año 2019 se celebra también el cuarenta aniversario de las primeras elecciones municipales, así como cuando nos encontramos en los primeros pasos de una campaña municipal literalmente tapada por las elecciones legislativas de 28 de abril, tal vez sea oportuno llevar a cabo una somera reflexión sobre el pulso actual del gobierno local, aproximándonos a los desafíos a los que se deberá enfrentar en los próximos años.

Carla Esplugues Barona

Algunas reflexiones sobre el modelo francés y el norteamericano de arbitraje como cauces de resolución de conflictos administrativos

España amanece en el siglo XXI con enormes cambios sociales y transformaciones en las estructuras administrativas. Ello ha implicado una variación de los conflictos existentes entre Administración y ciudadanos. Así, surge el debate en torno a la búsqueda de nuevos cauces alternativos para la resolución de los conflictos administrativos. En este escenario, conviene analizar el estado de la cuestión en el Derecho comparado: Estados Unidos, por ser el país cuna de las Alternative Dispute Resolution o ADR y Francia, por cuando es el país del que proviene nuestro modelo de Derecho administrativo. Se trata de dos modelos muy dispares y, por ende, el planteamiento frente a la admisibilidad o no del arbitraje en Derecho administrativo difiere sustancialmente.

Manuel Pereiro Cárceles

La utilización del blockchain en los procedimientos de concurrencia competitiva

El blockchain constituye una tecnología innovadora en la automatización de procesos, con múltiples aplicaciones en el ámbito del procedimiento administrativo. Su utilización nos obliga a plantear una reconfiguración de los trámites previstos en la normativa, así como a evaluar posibilidades de simplificación administrativa que no mermen los derechos y garantías de los interesados. A partir de esta reflexión, pretendemos abordar los potenciales usos del blockchain en los procedimientos administrativos, en particular, en los de contratación pública y concesión de subvenciones.

Mónica Domínguez Martín

Los contratos de prestación de servicios a las personas. Repensando las formas de gestión de los servicios sanitarios públicos tras las Directivas de contratos de 2014 y la Ley 9/2017 de contratos del Sector Público

En los últimos años, de la mano de la reforma de la legislación sobre contratación pública (tanto nacional como de la Unión Europea) estamos asistiendo a un cambio de la regulación relativa a los contratos y, en concreto, a los que desarrollan las Administraciones Públicas en el ámbito sanitario. La Ley de Contratos del Sector Público de 2017 suprime el contrato de gestión de servicios y lo sustituye por la concesión de servicios y el contrato de servicios a los ciudadanos. La transferencia o no al contratista del riesgo operacional se configura como el criterio clave de distinción entre ambos contratos. Además de lo anterior, la jurisprudencia del TJUE permite que los contratos de prestaciones personales de carácter sanitario se excepcionen de las reglas de la concurrencia propias de un contrato típico de servicios y que su prestación se puede llevar a cabo a través de fórmulas no contractuales: reserva y acción concertada.

Mariano López Benítez

Una aproximación a la normativa sobre violencia de género desde el Derecho administrativo

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, encabeza el grupo normativo dedicado a la regulación de la violencia de género en nuestro ordenamiento jurídico. Un grupo normativo, particularmente denso e influido por normas internacionales, en el que se integran, además de otras normas estatales que complementan dicha Ley Orgánica, una amplia panoplia de normas autonómicas. Y un grupo normativo que tiende a equipararse y confundirse con el constituido por las Leyes de Igualdad, pese a que, por más que puedan proyectar recíprocas inferencias, muestran finalidades y campos de acción bien diferentes […]

José Zamorano Wisnes

El destino de los patrimonios públicos del suelo en la legislación del Estado

Este trabajo se centra en el estudio de los bienes integrantes de los patrimonios públicos del suelo y especialmente de su destino, cuya interpretación se hace especialmente problemática a partir del TRLS de 1992. En relación con los bienes integrantes de los PPS, se presta especial atención a estudio de qué bienes forman “necesariamente” parte de esta patrimonio separado. En cuanto al destino desde la Ley de Suelo de 2007 se han venido introduciendo algunas innovaciones significativas que se estudian convenientemente […]

Beatriz Pérez de las Heras

La agenda de legislar mejor como eje de gobernanza democrática en la Unión Europea: impacto y potencialidades para las entidades subestatales

La agenda de legislar mejor y su desarrollo práctico desde 2015 representan una nueva cultura de regulación jurídica en el sistema de gobernanza multinivel de la Unión Europea (UE). Las actuales formas de actuación normativa aportan así numerosos mecanismos para la interacción directa entre las instituciones de la UE, las autoridades nacionales, regionales y locales, así como con el conjunto de la sociedad civil. Aún todavía mejorables en algunos aspectos, las evaluaciones de impacto y las consultas públicas emergen como piezas clave de transparencia y de democracia participativa. […]

Cristina Clementina Arenas Alegría

Contratos menores. Limitaciones impuestas en la Ley de contratos del Sector Público de 8 de noviembre de 2017.

La Ley de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre de 2017 por la que se adaptan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2014 cuenta entre sus objetivos con la lucha contra la corrupción. En un alto porcentaje, el uso de la contratación menor, y su apariencia de legalidad, constituye una vía habitual que se utiliza para incumplir los preceptos legales correspondientes sobre publicidad y concurrencia. Por ello la, Ley impone en el artículo 118 importantes limitaciones al uso de este tipo de contratos, limitaciones que han de interpretarse correctamente para que no supongan una eliminación en la práctica de esta figura.

Por Severiano Fernández Ramos y José M.ª Pérez Monguió

Crónica de jurisprudencia en materia de transparencia y buen gobierno

En esta crónica de jurisprudencia se destacan las resoluciones más recientes y relevantes de diferentes tribunales en materia de transparencia y buen gobierno. En lo que a la transparencia se refiere, se tratan cuestiones diversas relativas a las causas de inadmisión del derecho de acceso a la información pública. Por lo que al buen gobierno respecta, se analizan las consultas populares.

Amaya Angulo Garzaro

La reclamabilidad de daños por parte de la Administración Pública por infracciones de la normativa de competencia en los procedimientos de contratación pública

La Administración pública, en el diseño y desarrollo de sus procedimientos de contratación, es susceptible de tener que soportar daños derivados de la comisión de prácticas anticompetitivas. La Administración no solo está facultada para reclamar el resarcimiento de los daños ocasionados por la conducta, sino que, sobre la base de los principios de buena administración y asignación eficiente de los recursos públicos, estaría obligada a buscar la reparación del daño que ha tenido que soportar como consecuencia de la infracción de la normativa de competencia.

Eduardo Gamero Casado

El Delegado de Protección de Datos en las Administraciones públicas: Ombudsman de los datos personales

Acaba de comenzar a aplicarse el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, larga denominación que el propio título de la disposición abrevia con la locución “Reglamento general de protección de datos” (en lo sucesivo, RGPD). Irrumpe en un momento en el que cada vez son más frecuentes las alarmas por actuaciones fraudulentas o malintencionadas en el tratamiento de los datos personales […]

Amaya Casado Echarren

Crónica de jurisprudencia en materia de licencias

Se analiza en esta crónica de jurisprudencia la Sentencia 892/2018, de 31 de mayo de 2018, de la Sección 5.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Rec. Casación 2/2017), por la que se resuelve un procedimiento en el que se debate el alcance de la vinculación jurídica existente entre el procedimiento de reestablecimiento de la legalidad urbanística y el procedimiento de solicitud de la licencia urbanística, tendente a hacer efectiva dicha legalización.

Miguel Ángel Ruiz López

Crónica de jurisprudencia en materia de expropiación forzosa

En esta crónica de jurisprudencia se destacan las resoluciones más recientes y relevantes de diferentes tribunales en materia de expropiación forzosa, tratándose cuestiones relativas a la indemnización en caso de nulidad del expediente expropiatorio (interpretación de la disposición final 2ª de la Ley 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado) o al significado y alcance de la potestad de desistimiento del procedimiento de expropiación forzosa

Alejandro Huergo Lora

Crónica de jurisprudencia en materia de contratación administrativa

En esta crónica de jurisprudencia se destacan las resoluciones más recientes y relevantes de diferentes tribunales en materia de contratación administrativa, tratándose cuestiones relativas a la preparación y adjudicación del contrato (Aplicación del baremo y admisibilidad de variantes, Recursos y retroacciones de actuaciones, Aplicación no formalista de los requisitos para contratar y Adjudicación de licencias de televisión de ámbito autonómico) y a los efectos y extinción del contrato (Convenios interadministrativos y Fusión y escisión de empresas).

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