José María Serrano Sanz

El debate sobre la gestión pública o privada del servicio urbano de aguas

En los últimos tiempos se ha intensificado en España el debate sobre la conveniencia de organizar la gestión del servicio urbano de agua a través de la prestación directa por los municipios o contando con empresas privadas en alguna de las modalidades que ofrecen los regímenes de colaboración público-privado. La nueva distribución del poder político local tras las elecciones municipales y autonómicas de 2015, por otra parte, ha abierto la posibilidad de que el debate no quede circunscrito a un plano meramente teórico, sino que tenga consecuencias en la realidad. De manera que hacer luz sobre la cuestión es ahora particularmente pertinente.

Carlos L. Alfonso Mellado

La reversión a la gestión directa de servicios públicos: problemas laborales.

El debate político ha puesto en cuestión la posibilidad de que las Administraciones Públicas recuperen la gestión de servicios públicos que estaban siendo objeto de gestión por entidades privadas. Frente a la tendencia potenciada por razones ideológicas de eliminar la prestación directa de servicios públicos para derivarla hacia entidades privadas, en los últimos años se viene observando en determinados países europeos una tendencia de signo contrario. La cuestión ha cobrado especial dimensión en el ámbito de las Entidades Locales y, por las razones que se verá, prestando especial atención a las sociedades públicas; de ahí que me centraré en ese ámbito en este análisis. […]

Francisco José Villar Rojas

Las tarifas por la prestación de servicios públicos: ¿una categoría inconstitucional?

Como el Guadiana, cada cierto tiempo resurge el debate sobre la naturaleza jurídica de la contraprestación económica que el usuario deba pagar por recibir un servicio público, si debe ser tasa o si puede ser tarifa, con particular énfasis y tensión cuando se trata del suministro domiciliario de agua potable y éste se presta bien por sociedad mercantil pública, bien por concesionario. La controversia se complica aún más con la distorsión que genera su relación con la potestad autonómica de control de precios (dado que las tasas, en tanto que tributos, se entienden exentas y es manifiesta la voluntad de escapar de esa tutela) […]

José Esteve Pardo

El movimiento remunicipalizador. Experiencias y expectativas

La que se conoce como remunicipalización no tiene, como ya se ha destacado en diversas ocasiones, una definición precisa y menos aun un perfil reconocible en la legislación. La noción se gesta en el entorno de lo que puede verse como un movimiento, el movimiento remunicipalizador, que se desarrolla sobre todo en Europa en lo que llevamos de la segunda década del presente siglo […]

Eva Gamero Ruiz / Javier Rodríguez Moral

La protección jurisdiccional de los espacios verdes urbanos

En la época de la apoteosis de la “huella ecológica” y de la “revolución verde”, las Sentencias de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo vienen recordado la importancia de lo verde para la calidad de vida en las ciudades. La Ecología, aunque a veces se olvide, tiene una evidente dimensión local, siendo también la ciudad el escenario donde se libran batallas contra la degradación de las condiciones medioambientales y paisajísticas. Teóricamente, el ordenamiento jurídico español - a través de los estándares urbanísticos y del carácter vinculante de los informes de evaluación ambiental- cuenta con un nivel de protección suficiente de las “zonas verdes”; pero han tenido que ser los Tribunales los que nos recuerden las dificultades para mantener la intangibilidad de lo verde en la ciudad consolidada. Consideramos las Sentencias comentadas como precedentes que pueden servir de referencia tanto a autoridades como a cualesquiera ciudadano/a interesado en la defensa de los espacios verdes en la ciudad.

M.ª Mercedes Lafuente Benaches

Publicidad activa y medios propios de la Administración Pública

Se analiza la obligación de publicidad activa y el plus que ofrece respecto al tradicional principio de publicidad de las actuaciones administrativas, deteniéndonos en uno de los sujetos obligados, los medios propios de las Administraciones Publicas. El requisito formal de la firma no puede ser utilizado para eximir a las sociedades mercantiles participadas que actúan de medios propios de la obligación de publicidad activa que imponen las Leyes de Transparencia.

Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno

Algunas reflexiones sobre formación y control de las decisiones públicas

Tal y como hemos expuesto en anteriores ocasiones de manera general o de manera más precisa, la realidad, el día a día, nos muestra no pocos ejemplos vinculados a la función de gobierno en cualquier ámbito territorial nos sitúa ante supuestos en que la decisión pública adoptada, como expresión del interés general, no sólo no llega a beneficiar a éste, si no que supone un claro perjuicio. Decisiones erradas, poco acertadas, que suponen un perjuicio para los ciudadanos y, en algunos casos, con unos efectos que se prolongan en el tiempo, más allá del periodo de gobierno (periodo político) en que fue adoptada. […]

José María Pérez Monguió

Situación de los altos cargos tras el cese

El régimen del cese de los altos cargos es una cuestión que ha ido adquiriendo progresivamente una mayor relevancia en cada una de las distintas leyes estatales que se han publicado desde el inicio de la democracia -cuatro sin contar sus distintas modificaciones-. La vigente ley -Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado-, promulgada en un periodo de convulsión económica y política, ha supuesto un avance en algunos aspectos, como el control de la situación patrimonial tras el cese, aunque también ha introducido algunas dudas sobre el avance en otras cuestiones, como por ejemplo el régimen de la compatibilidad y sus implicaciones en la práctica de las puertas giratorias.

María José Alonso Mas

La inadmisión del recurso contencioso administrativo por la falta de aportación del acuerdo para el ejercicio de acciones: el caso de las sociedades con administrador único

La exigencia de aportación del acuerdo societario para recurrir plantea dos órdenes de problemas. Por una parte, la inexigibilidad del requerimiento tras la alegación del demandado -aunque suavizada en los últimos tiempos- no parece acorde con la literalidad del art. 138 LJCA ni con la apariencia jurídica generada por la diligencia de ordenación que da curso al proceso. Por otra parte, la aportación de los estatutos, exigida por la jurisprudencia, no está justificada cuando el órgano de administración es el que ejercita la acción; por lo que al administrador único debe siempre bastarle la presentación del poder de representación procesal por él otorgado.

Francisco Toscano Gil

La nueva regulación de los Convenios administrativos en la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público

En este trabajo se analiza la nueva regulación de los convenios administrativos en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que tiene su origen en una moción del Tribunal de Cuentas del año 2010. La nueva Ley sustituye el régimen de los convenios que se establecía en la Ley 30/1992. La normativa derogada se caracterizaba por su parquedad, y por ser aplicable solo a los convenios que se celebraran entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La nueva regulación se caracteriza por ser bastante más extensa, por aplicarse a todas las Administraciones Públicas, y a los convenios que estas celebren con sujetos de derecho privado.

Severiano Fernández Ramos

La reclamación ante los órganos de garantía del derecho de acceso a la información pública

En este trabajo se analiza el régimen jurídico de la reclamación previa a la vía judicial ante los órganos de garantía del derecho de acceso a la información pública, tomando como referencia la doctrina y práctica seguida por dichos órganos de garantía. En el estudio se pone de manifiesto la parquedad de la regulación contenida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y las disfunciones derivadas de la remisión a la ordenación de los recursos administrativos ordinarios contenida en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, debido a la diferente posición de los órganos llamados a resolver los recursos. Con todo, los retos principales que se plantean son la necesidad de reforzar la colaboración de los sujetos obligados con los órganos de garantía, y el seguimiento de las resoluciones de los mismos.

Juan José Rastrollo Suárez

La evolución del principio de eficacia y su aplicación en el ámbito de la función pública: la evaluación del desempeño

El principio de eficacia es uno de los pilares sobre los que se asienta el régimen jurídico de la Administración España y otros países de nuestro entorno, como Francia, Italia o Portugal. La realidad económica y social nos obliga a reformularlo teniendo en cuenta que los procedimientos para asegurar la consecución de los objetivos que la Administración tiene encomendados, deben ser permanentemente mejorados y sostenibles en el tiempo. La evaluación del desempeño es el procedimiento idóneo para asegurar la materialización del principio de eficacia en el ámbito de la función pública, como demuestra la experiencia de otros países de nuestro entorno pero, pese a su incorporación al ordenamiento español, su regulación es aún excesivamente confusa y escasa.

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