Severiano Fernández Ramos y José María Pérez Monguió

En esta crónica de jurisprudencia se destacan las resoluciones más recientes y relevantes de diferentes tribunales en materia de transparencia y buen gobierno. En lo que a la transparencia se refiere, se tratan cuestiones como las causas de inadmisión del derecho de acceso a la información pública, los límites de ese derecho o los regímes especiales. Por lo que al buen gobierno respecta, se analizan las consultas populares locales.

Benjamín Marcheco Acuña

Los desafíos de la ciencia del derecho administrativo ante la globalización

El amplísimo universo de actividades que desarrolla la Administración pública, en función de su cometido al servicio de las siempre crecientes y cambiantes necesidades sociales, hace del Derecho administrativo una disciplina dinámica, en constante evolución y en permanente formación. En los últimos años, el fenómeno de la globalización y sus manifestaciones concretas, como las regulaciones de alcance supranacional, la liberalización económica o las privatizaciones, han producido importantes innovaciones estructurales y en las formas de actuación y relaciones de la Administración pública; lo que ha abocado al Derecho administrativo a un replanteamiento de sus principales postulados teóricos. Ese trabajo tiene como objetivo abordar algunas de las líneas claves en la transformación de la disciplina del Derecho administrativo frente a la globalización.

M.ª Ángeles Fernández Scagliusi

La integración ambiental en la contratación pública: el certificado de eficiencia energética de los edificios

La influencia del principio de integración ambiental en el régimen de la contratación está suponiendo una relectura progresiva de estos objetivos a la luz del desarrollo sostenible. La contratación pública se está convirtiendo en un instrumento de mercado de apoyo, para la consecución de los objetivos de las políticas medioambientales, mediante la adquisición de bienes o servicios con un impacto medioambiental reducido. En este ámbito, merece ser destacada la preocupación por la eficiencia energética como criterio y requisito a tener en cuenta en la contratación pública. De todas las actuaciones llevadas a cabo como consecuencia de la mejora en el uso de la energía, el presente estudio se centra en la emisión del certificado que acredita la calificación de la eficiencia energética de los edificios, analizando su régimen jurídico, sus características, la influencia del mismo en la contratación, así como la regulación del mismo por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía –debido a las innovaciones que ésta incorpora.

Ignacio Calatayud Prats

La regulación de la modificación objetiva del contrato de concesión en la LCSP: ¿una incorrecta transposición de la Directiva?

La Directiva de concesiones ha regulado de forma clara e incondicionada el régimen aplicable a la modificación de las concesiones, con el objetivo de introducir una mayor flexibilidad, ampliando las posibilidades de modificación. La LCSP, sin embargo, al regular las modificaciones no solo modula y matiza los conceptos comunitarios sino que, además, es mucho más restrictiva que la Directiva a la hora de permitir las modificaciones objetivas de las concesiones, lo cual no solo va más allá de las exigencias del Derecho europeo sino que, además, puede a traer consecuencias perjudiciales para el interés público.

M.ª Isabel Jiménez Plaza

La Disposición Adicional 1ª de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el derecho de acceso a la información por los concejales: reflexiones sobre el régimen de tutela.

Como es sabido, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (Ley 19/2013) regula con carácter general y básico el derecho de acceso a la información pública de todos los ciudadanos (ex art.105.b) Constitución Española). Por su parte, el régimen jurídico básico del derecho de acceso a la información pública de los cargos electos locales (ex art.23 Constitución Española) se contiene específicamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). En el presente trabajo se analiza la influencia que acaso la Ley 19/2013 ha podido desplegar sobre el derecho de acceso a la información pública de los concejales, desde la perspectiva del régimen de tutela de ese derecho, a partir de la previsión contenida en la disposición adicional 1ª de esa norma.

Patricia Valcárcel Fernández

Apuesta por una revisión estratégica del modelo concesional: punto de partida y planteamientos de futuro

Cómo afrontar la financiación de proyectos públicos –tanto relacionados con la provisión infraestructuras como de servicios tradicionalmente considerados públicos– es un tema que preocupa desde antiguo, en realidad desde siempre. Y el intento por atraer y contar con capital privado en este empeño ha estado siempre al orden del día. Centrando la atención en el pasado más inmediato, y adoptando una perspectiva más amplia y global, resulta indiscutible que por razones de diversa índole, el recurso a las denominadas técnicas de Colaboración Público-Privada (CPP), se ha incrementado notablemente en las últimas décadas, al punto de considerarse como estratégico para fomentar las inversiones y reactivar las economías […]

Marcos Peña Molina

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y la estabilización del empleo público temporal. Soluciones para el sector local

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2017, introdujo una seria de cauces legislativos con el fin de reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas. No obstante, la voluntad del legislador, la regulación ordenada provoca problemas importantes a la hora de implementarla en su aspecto más práctico, sobre todo en el ámbito del Sector Local. Este estudio, pretende arrojar un poco de luz a una regulación que ha sido definida como deficiente y confusa, específicamente por los operadores del Sector Local. Es por ello, necesario fijar, de forma clara y transparente, cuales son en realidad los caminos a recorrer para reducir de forma efectiva la temporalidad en nuestras Administraciones Públicas locales, como organizaciones productoras de servicios públicos y por tanto, empleadoras y creadoras de relaciones laborales.

Beatriz Gómez Fariñas

Las medidas de self-cleaning: un análisis desde la perspectiva del principio de proporcionalidad

La cuarta generación de Directivas europeas sobre contratación pública contempla la posibilidad de que aquellos operadores económicos afectados por una causa de exclusión puedan eludir su expulsión del procedimiento de licitación de un contrato público mediante la adopción de las llamadas "medidas de autocorrección o self-cleaning". Este trabajo tiene por objeto analizar si, desde la óptica del principio de proporcionalidad, dichas medidas pueden erigirse como una alternativa válida a la exclusión de licitadores. Asimismo, se pondrán de relieve las dificultades prácticas en su aplicación con motivo de las deficiencias normativas existentes y se realizarán algunas propuestas de mejora.

Daniel Ortiz Espejo

La nueva Ley de Contratos del Sector Público y su repercusión competencial y territorial en el marco del recurso especial en materia de contratación

La entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/ UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, algunas novedades importantes. En relación con el recurso especial en material de contratación, no sólo una ampliación del ámbito del citado recurso sino la posibilidad para las denominadas “grandes poblaciones” en aplicación de la Ley 57/2003, de medidas de modernización del gobierno local, de poner en marcha estos órganos especializados en el conocimiento de los recursos especiales en materia de contratación […]

Felio J. Bauzá Martorell

Convenios con particulares: límites entre contrato, convenio y subvención

Dista mucho de ser clara la distinción entre contrato, convenio y subvención en las relaciones entre la Administración y los particulares. No es infrecuente que se firmen convenios que, o bien encierran un objeto netamente contractual, o bien persiguen conceder una subvención. En cualquier caso, se burlan los principios generales de la contratación y de las subvenciones. En las páginas que siguen se analiza la distinción entre las tres figuras a partir del derecho positivo y de la doctrina de los Tribunales y de las Juntas consultivas de contratación, al tiempo que se formulan propuestas de lege ferenda.

José Luis Meilán Gil

Unidad del contrato público e interés general: itinerario de una investigación

Tradicionalmente, el contrato administrativo se ha construido sobre el reconocimiento de unas prerrogativas de la Administración, justificadas en el interés general del que es titular, precedido por una fase de preparación y selección del contratista. La tesis que se sustenta, cuyo itinerario científico se describe, es que la fase “precontractual” corresponde al modo en que la Administración manifiesta su decisión que con la voluntad del contratista constituye el contrato del que nacen los derechos y obligaciones como en todo contrato. El interés general que justifica el contrato está ínsito en el mismo. Desde esa perspectiva se comprende que exista un poder contratante o adjudicador de un contrato público que no sea Administración y que no sea necesario acudir a potestades, como el ius variandi o el factum principis […]

Severiano Fernández Ramos y José M.ª Pérez Monguió

Transparencia y buen gobierno

En esta crónica se da cuenta de la primera sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo que conoce en casación de la aplicación de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), para lo cual la Sección Primera de la Sala 3, en el auto de 20 de febrero de 2017 por el que se admitió a trámite el recurso de casación, declaró que "..la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar los artículos 18.1.c) y 14.1.h) de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para determinar los presupuestos y requisitos necesarios para inadmitir las solicitudes de información cuando sea necesaria una acción previa de reelaboración; y, asimismo, para la aplicación de la limitación de acceso a la información cuando suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales de la entidad requerida". Se trata, por tanto, de una sentencia fundamental en la construcción del acervo para la interpretación de la LTAIBG.

Esther Rando Burgos

El procedimiento abreviado en la jurisdicción contencioso-administrativa: críticas, elogios y propuestas

El trabajo reflexiona acerca del procedimiento abreviado en el orden contencioso administrativo, cauce procesal que, desde su aparición con la Ley 29/1998, de 13 de julio, de Jurisdicción Contencioso-Administrativa y, tras sucesivas reformas, ha pasado de una aplicación casi residual a ser, con diferencia, el procedimiento por el que se tramitan mayor número de recursos. Asimismo, se analiza algunas de las principales razones que ha llevado a lo anterior así como las consecuencias prácticas que se vienen produciendo y que es preciso abordar con urgencia en la medida en que incluso llegan a afectar a derechos fundamentales.

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