Julio Ponce Solé

Los jueces, el derecho a una buena administración y las leyes de transparencia y buen gobierno

El trabajo realiza un estudio de la jurisprudencia recaída en los últimos años en relación con cuestiones vinculadas con el buen gobierno y la buena administración. Se destacan las cuestiones más destacadas de dicha jurisprudencia y se pone en conexión con la nueva generación de leyes de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Por el momento, jurisprudencia y legislación han seguido caminos paralelos pero separados en relación con el derecho a una buena administración y los principios de buen gobierno. La hipótesis que se avanza es que, en el futuro, la aplicación de las nuevas leyes puede dar lugar a que ambos caminos se crucen a partir de la litigación que dicha aplicación pueda generar.

Rafael Jiménez Asensio

Marcos de integridad institucional y códigos de conducta: encuadre conceptual y algunas buenas prácticas

La ética pública es una modalidad de ética aplicada o de ética “profesional”, pero que debe ser caracterizada como Ética Institucional o, si se prefiere, ética de las instituciones públicas. Hay algo de redundante en la caracterización de la ética como “aplicada”, tal como expuso Victoria Camps. La ética, como bien expuso Kant, “es una filosofía de las intenciones y, por ende, una filosofía práctica” ya que las intenciones constituyen fundamento de nuestras acciones y vínculos de las acciones con el motivo” […]

Francisco Javier Ruiz Bursón

La declaración en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación: pasado, presente y futuro

El régimen jurídico aplicable a aquellas edificaciones ilegales para las cuales ha transcurrido el plazo de demolición constituye una de las asignaturas pendientes de nuestro Derecho urbanístico. En el presente trabajo se pretende abordar los distintos momentos por los que ha pasado esta figura, desde su origen jurisprudencial a su actual regulación normativa, así como plantear algunas perspectivas respecto a las soluciones que se proponen para la búsqueda de un adecuado equilibrio de intereses entre la seguridad jurídica y la defensa de la ordenación territorial y urbanística.

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