Severiano Fernández Ramos

La reclamación ante los órganos de garantía del derecho de acceso a la información pública

En este trabajo se analiza el régimen jurídico de la reclamación previa a la vía judicial ante los órganos de garantía del derecho de acceso a la información pública, tomando como referencia la doctrina y práctica seguida por dichos órganos de garantía. En el estudio se pone de manifiesto la parquedad de la regulación contenida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y las disfunciones derivadas de la remisión a la ordenación de los recursos administrativos ordinarios contenida en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, debido a la diferente posición de los órganos llamados a resolver los recursos. Con todo, los retos principales que se plantean son la necesidad de reforzar la colaboración de los sujetos obligados con los órganos de garantía, y el seguimiento de las resoluciones de los mismos.

Juan José Rastrollo Suárez

La evolución del principio de eficacia y su aplicación en el ámbito de la función pública: la evaluación del desempeño

El principio de eficacia es uno de los pilares sobre los que se asienta el régimen jurídico de la Administración España y otros países de nuestro entorno, como Francia, Italia o Portugal. La realidad económica y social nos obliga a reformularlo teniendo en cuenta que los procedimientos para asegurar la consecución de los objetivos que la Administración tiene encomendados, deben ser permanentemente mejorados y sostenibles en el tiempo. La evaluación del desempeño es el procedimiento idóneo para asegurar la materialización del principio de eficacia en el ámbito de la función pública, como demuestra la experiencia de otros países de nuestro entorno pero, pese a su incorporación al ordenamiento español, su regulación es aún excesivamente confusa y escasa.

Rafael Jiménez Asensio

Instituciones de garantía de la transparencia

En este texto me referiré a algunas regulaciones legales que se ocupan de los órganos de garantía de la transparencia. Una aproximación a un estudio que requeriría una mayor extensión y un tratamiento más detenido. Pero es un primer trabajo comparado, que en sí mismo ya nos desvelará muchas imperfecciones que muestran esas pretendidas instituciones de garantía de la transparencia, que ya proliferan por doquier.[…]

Eduardo Vírgala Foruria

Las relaciones de inordinación de las Comunidades Autónomas en los órganos comunes del Estado

España es un Estado autonómico con características peculiares, pero comparte muchos rasgos con los Estados federales y uno de ellos es el de las relaciones de inordinación. En este sentido, se analiza la participación de las Comunidades Autónomas en el Senado, la iniciativa legislativa autonómica ante las Cortes Generales y la propuesta autonómica al Senado de candidatos a magistrados del TC (inconstitucional para el autor aunque haya sido aceptada por el propio Tribunal Constitucional). También se critica la posible creación de Consejos autonómicos de Justicia, no previstos constitucionalmente aunque sí en algunos Estatutos de autonomía, y la participación en órganos centrales económicos y sociales.

Alejandra Boto Álvarez

Transformaciones estructurales en la administración francesa: cuestiones éticas y tecnológicas

Esta crónica analiza un conjunto de normas que de manera han reciente han buscado implementar las reglas sobre transparencia pública y sociedad de la información en la Administración francesa. Se estudia todo un paquete normativo relacionado con el amparo al delator de corrupción, la mejora de la transparencia y la ética, el control de los grupos de interés y, finalmente, los derechos de los usuarios y las nuevas tecnologías en la Ley para una República Digital. Se trata de normas que partiendo de conceptos ya asentados transmiten el compromiso del país vecino con la modernización digital y la protección de sus ciudadanos.

Federico A. Castillo Blanco

La incidencia de la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público en los instrumentos de cooperación del Estado Autonómico: especial referencia a los consorcios públicos

La distribución de competencias entre las instancias territoriales en que se organiza el denominado Estado Autonómico, según viene establecido en el texto constitucional, comporta inevitablemente la necesidad de asegurar la coherencia de la actuación de las Administraciones públicas mediante el deber de colaboración entre ellas; deber que, como señalara en forma temprana la STC de 4 de mayo de 1982, «se encuentra implícito en la propia esencia de la forma de organización territorial del Estado que implanta la Constitución». Y es que nuestro modelo constitucional de ejercicio de competencias entre los distintos poderes públicos implica, de forma inevitable y al menos por ahora, la concurrencia de administraciones en un amplio abanico de materias que no admiten, por simplista, la idea de “una administración una competencia” tan de moda en estos últimos años de crisis económica.

José Luis Martínez-Alonso Camps

El Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público de noviembre de 2016 y la gestión contractual de servicios públicos: análisis de su planteamiento y propuesta alternativa

Este trabajo analiza el planteamiento del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público (PLCSP) de noviembre de 2016 en relación con las diferentes tipologías de servicios: a) públicos y no públicos; y b) que conllevan prestaciones directas a los ciudadanos y que integran prestaciones para la Administración. Del análisis se concluye la necesidad de una clarificación conceptual y del régimen jurídico de las figuras contractuales de carácter prestacional, y se formula una propuesta alternativa al PLCSP que las reconduce a las tipologías de contratos siguientes: 1) de gestión de servicios públicos (con las modalidades de concesión, gestión interesada, concierto, arrendamiento y sociedad de economía mixta); 2) de servicios; y 3) de concesión de servicios no públicos.

Miguel Sánchez Morón

¿Deben suprimirse las diputaciones provinciales?

De entre el amplio panorama de nuestras instituciones públicas, pleno de entidades y órganos administrativos, probablemente no hay otra más controvertida que las Diputaciones Provinciales. La controversia sobre las Diputaciones no es una novedad. En unos momentos más, en otros menos, siempre las ha acompañado desde su nacimiento. Ahora, sin embargo, la posición crítica está más extendida y cuenta con más argumentos que nunca en pro de su desaparición. Por eso ha sido asumida ya en algunos programas electorales y pactos de gobierno entre partidos, como el que firmaron en el mes de marzo de 2016 el PSOE y Ciudadanos. Conviene analizar por qué.

Manuel Moreno Linde

La función normalizadora del planeamiento urbanístico, en especial en el suelo urbano (Reflexiones al hilo de la anulación del Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella)

El presente trabajo constituye una reflexión sobre la función normalizadora del planeamiento urbanístico, en especial en suelo urbano. A este respecto, en primer lugar, se analiza si dicha función es compatible con la satisfacción del interés general y su articulación con la función jurisdiccional de hacer ejecutar lo juzgado. En segundo lugar, se estudia de manera pormenorizada la disposición adicional décima de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que aborda específicamente la integración urbanística de actuaciones irregulares ejecutadas en suelo urbano. Las consideraciones que se formulan en las páginas siguientes se realizan al hilo la anulación del Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella, un instrumento que incluía entre sus propósitos primordiales la regularización de las actuaciones irregulares ejecutadas en el municipio durante los años de gobierno municipal del GIL.

Ignacio Calatayud Prats

Riesgo y efectos de la resolución por incumplimiento del contratista de las concesiones de obra y servicio público: la liquidación del contrato (RPA) y la indemnización de daños y perjuicios

El presente artículo analiza el actual régimen jurídico de la liquidación y resarcimiento de daños de los contratos de concesión de obra y de servicio público cuando se produce la resolución por causas imputables al concesionario. Para el autor la actual normativa tiene, por un lado, como objetivo trasladar el riesgo al concesionario evitando con ello garantizar un reembolso mayoritario del proveedor de la financiación en caso de resolución y, por otro lado, regular un procedimiento, mediante un contrato de reemplazo, que permite fijar en un solo acto la liquidación y la indemnización de daños.

Antonio Descalzo González

El buen gobierno de los altos cargos

El presente trabajo tiene por objeto analizar el régimen jurídico de los altos cargos desde la perspectiva del buen gobierno que, como se sabe, constituye una de las principales tendencias que actualmente alimentan el diseño interno de las instituciones públicas. Se detiene, particularmente, en la determinación del ámbito de aplicación subjetivo establecido en el artículo 25 de la Ley de transparencia y buen gobierno, así como al régimen sancionador en materia de conflictos de intereses regulado en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Vicente Álvarez García y Flor Arias Aparicio

El régimen local extremeño dentro del modelo español de organización territorial del Estado

La configuración y funcionamiento del régimen local extremeño se enmarcan en las previsiones que respecto del mismo contiene el nuevo Estatuto de Autonomía de Extremadura reformado en 2011. La norma estatutaria extremeña se inscribe, a su vez, en la regulación que sobre régimen local realiza el legislador básico estatal en el marco de los preceptos constitucionales. Así lo confirman recientemente sentencias del Tribunal Constitucional en la materia con ocasión de la última reforma local planteada. Este trabajo se centra en el análisis de cómo aparece el régimen local en el nuevo Estatuto de Autonomía y, en concreto, en el estudio de la tipología de las entidades locales extremeñas en la actualidad, su régimen jurídico según el texto estatutario y su desarrollo legal, en algunos casos; las relaciones entre la Comunidad de Extremadura y las entidades locales que la integran; y, de forma muy breve, la hacienda local extremeña.

Julio Ponce Solé

Los jueces, el derecho a una buena administración y las leyes de transparencia y buen gobierno

El trabajo realiza un estudio de la jurisprudencia recaída en los últimos años en relación con cuestiones vinculadas con el buen gobierno y la buena administración. Se destacan las cuestiones más destacadas de dicha jurisprudencia y se pone en conexión con la nueva generación de leyes de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Por el momento, jurisprudencia y legislación han seguido caminos paralelos pero separados en relación con el derecho a una buena administración y los principios de buen gobierno. La hipótesis que se avanza es que, en el futuro, la aplicación de las nuevas leyes puede dar lugar a que ambos caminos se crucen a partir de la litigación que dicha aplicación pueda generar.

Rafael Jiménez Asensio

Marcos de integridad institucional y códigos de conducta: encuadre conceptual y algunas buenas prácticas

La ética pública es una modalidad de ética aplicada o de ética “profesional”, pero que debe ser caracterizada como Ética Institucional o, si se prefiere, ética de las instituciones públicas. Hay algo de redundante en la caracterización de la ética como “aplicada”, tal como expuso Victoria Camps. La ética, como bien expuso Kant, “es una filosofía de las intenciones y, por ende, una filosofía práctica” ya que las intenciones constituyen fundamento de nuestras acciones y vínculos de las acciones con el motivo” […]

Francisco Javier Ruiz Bursón

La declaración en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación: pasado, presente y futuro

El régimen jurídico aplicable a aquellas edificaciones ilegales para las cuales ha transcurrido el plazo de demolición constituye una de las asignaturas pendientes de nuestro Derecho urbanístico. En el presente trabajo se pretende abordar los distintos momentos por los que ha pasado esta figura, desde su origen jurisprudencial a su actual regulación normativa, así como plantear algunas perspectivas respecto a las soluciones que se proponen para la búsqueda de un adecuado equilibrio de intereses entre la seguridad jurídica y la defensa de la ordenación territorial y urbanística.

Noemí Angulo Garzaro y Amaya Angulo Garzaro

La contratación pública en la Unión Europea: la necesaria sumisión de la normativa y la práctica contractual de las Administraciones Públicas a la competencia para garantizar el mercado único de la contratación pública

La consecución del Mercado Único de la Contratación Pública plantea la necesidad de someter la actividad normativa y la práctica contractual de las Administraciones públicas al principio de competencia puesto que, de otro modo, no será posible alcanzar un mercado a nivel europeo en el que los operadores económicos jueguen en pie de igualdad, sin verse inmersos en artificios estatales que camuflen las tendencias proteccionistas de los Estados Miembros. El objetivo de este estudio es, por tanto, analizar en qué medida es necesario reevaluar la Doctrina de la Acción de Estado para someter las medidas anticompetitivas, adoptadas en el seno tanto de la actividad normativa de contratación pública como de la propia práctica contractual de las Administraciones públicas, al Derecho de la competencia de la UE o, en su caso, a la Política de la competencia de la UE. Concluiremos que, para garantizar el Mercado Único de la Contratación Pública, es imperativo que las normas de competencia sean aplicables para evaluar los efectos anticompetitivos de toda actividad llevada a cabo por un ente público en relación con la contratación pública.

Alejandro Huergo Lora

Las Leyes 39 y 40/2015. Su ámbito de aplicación y la regulación de los actos administrativos

La división de la Ley 30/92 en dos textos distintos es una de las principales novedades que depara la sustitución de la LPC por las Leyes 39/2015 (de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) y 40/2015 (de Régimen Jurídico del Sector Público). Mientras que la LPC desarrollaba en un solo texto legal dos de los títulos competenciales que se enumeran en el art. 149.1.18ª CE (“bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas” y “procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas”), el legislador de 2015 ha preferido ejercerlos en dos Leyes diferentes […]

Javier García Luengo

Instituciones sustantivas en la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público: los principios de la potestad sancionadora, la responsabilidad administrativa y el nuevo régimen de los convenios administrativos

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en lo sucesivo Ley 40/2015) regula únicamente los principios materiales de la potestad sancionadora habiéndose desplazado toda la regulación adjetiva o procedimental a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta nueva sistemática de la Ley aunque supone desgajar la regulación básica de la potestad sancionadora en dos normas es, no obstante, mejor que la que se preveía en el anteproyecto que entremezclaba los principios entre la regulación segmentaria que la Ley 39/2015 hoy hace del procedimiento sancionador creando todavía más confusión como denunció el Consejo de Estado en su dictamen de 29 de abril de 2015 (expediente 274/2014), aunque la única solución razonable hubiese sido dictar una Ley General sobre la potestad sancionadora que desarrollase adecuadamente una materia tan relevante […]

Gustavo Manuel Díaz

La reforma de las potestades normativas

Si existe un lugar común absolutamente indiscutido en nuestra doctrina, ése no es otro que el de la cada vez más acentuada (y aparentemente inevitable) merma de la calidad de las normas. No existe estudio alguno que, al abordar la cuestión, no desarrolle, de forma más o menos detenida, una argumentación de completo rechazo frente a la situación, ya crónica, derivada del escaso rigor con el que se ejercen las potestades legislativa y reglamentaria, que adquiere además tintes dramáticos en el sector jurídico-administrativo.

Mónica Álvarez Fernández

Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y del sector público institucional en la Ley 40/2015

La nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP) pretende dotar de un nuevo marco regulador al funcionamiento interno de las Administraciones Públicas, incluyendo, como explica su Exposición de Motivos, tanto la legislación básica sobre el régimen jurídico administrativo aplicable a todas las Administraciones Públicas, como el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado y su sector público institucional […]

Miguel Navajas Rebollar

Las novedades en la regulación del procedimiento administrativo común en la Ley 39/2015

El contexto de crisis económica que ha venido sufriendo nuestro país fue una de las razones esgrimidas en su momento por el Gobierno para la creación de la CORA –Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas - cuya misión era poner en marcha mecanismos de modernización y simplificación administrativa, tanto a nivel estructural como normativo, que, cristalizaron en un primer momento con la aprobación, el 21 de junio de 2013, en un informe general que va a constituir el germen de una serie de reformas normativas cuya finalidad es la consecución de unas Administraciones Públicas eficientes, transparentes y ágiles, tal y como se menciona en la propia Exposición de Motivos de la LPACA […]

Asunción Nicolás Lucas

Principios de actuación y funcionamiento del sector público. Las relaciones interadministrativas

Tenemos entre manos en las páginas que siguen el estudio parcial de una serie de aspectos generales de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dictada al finalizar la X legislatura (2011-2015), junto con su compañera de andadura, la Ley 39/2015, que pretendían remover los cimientos del Derecho Administrativo español, por lo menos en la reestructuración de la normativa existente hasta ese momento, dotándola de mayor coherencia y sistematización […]

Eva Mª Menéndez Sebastián

La implementación de la Administración electrónica en las nuevas leyes

Parece oportuno comenzar hablando de la propia oportunidad de esta regulación, como primera novedad que se presenta, es decir, que ahora y a diferencia de lo que venía sucediendo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPA) integra la regulación de la Administración electrónica en su articulado, si bien ciertos aspectos también relevantes se encuentran en la Ley 40/2015, de la misma fecha, de Régimen Jurídico del Sector Público (en lo sucesivo LRJSP), por entender el legislador que se refieren a las relaciones ad intra de las Administraciones y no de aquellas ad extra que entabla con los interesados […]

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