Cristina Clementina Arenas Alegría

Contratos menores. Limitaciones impuestas en la Ley de contratos del Sector Público de 8 de noviembre de 2017.

La Ley de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre de 2017 por la que se adaptan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2014 cuenta entre sus objetivos con la lucha contra la corrupción. En un alto porcentaje, el uso de la contratación menor, y su apariencia de legalidad, constituye una vía habitual que se utiliza para incumplir los preceptos legales correspondientes sobre publicidad y concurrencia. Por ello la, Ley impone en el artículo 118 importantes limitaciones al uso de este tipo de contratos, limitaciones que han de interpretarse correctamente para que no supongan una eliminación en la práctica de esta figura.

Por Severiano Fernández Ramos y José M.ª Pérez Monguió

Crónica de jurisprudencia en materia de transparencia y buen gobierno

En esta crónica de jurisprudencia se destacan las resoluciones más recientes y relevantes de diferentes tribunales en materia de transparencia y buen gobierno. En lo que a la transparencia se refiere, se tratan cuestiones diversas relativas a las causas de inadmisión del derecho de acceso a la información pública. Por lo que al buen gobierno respecta, se analizan las consultas populares.

Amaya Angulo Garzaro

La reclamabilidad de daños por parte de la Administración Pública por infracciones de la normativa de competencia en los procedimientos de contratación pública

La Administración pública, en el diseño y desarrollo de sus procedimientos de contratación, es susceptible de tener que soportar daños derivados de la comisión de prácticas anticompetitivas. La Administración no solo está facultada para reclamar el resarcimiento de los daños ocasionados por la conducta, sino que, sobre la base de los principios de buena administración y asignación eficiente de los recursos públicos, estaría obligada a buscar la reparación del daño que ha tenido que soportar como consecuencia de la infracción de la normativa de competencia.

Eduardo Gamero Casado

El Delegado de Protección de Datos en las Administraciones públicas: Ombudsman de los datos personales

Acaba de comenzar a aplicarse el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, larga denominación que el propio título de la disposición abrevia con la locución “Reglamento general de protección de datos” (en lo sucesivo, RGPD). Irrumpe en un momento en el que cada vez son más frecuentes las alarmas por actuaciones fraudulentas o malintencionadas en el tratamiento de los datos personales […]

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Por Severiano Fernández Ramos y José M.ª Pérez Monguió
Crónica de jurisprudencia en materia de transparencia y buen gobierno

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