Ricardo Rivero Ortega

Rastreadores y radar Covid: obligaciones de colaborar y garantías

La vigilancia epidemiológica y el rastreo de casos son imprescindibles para controlar la crisis COVID-19. Las personas que deben realizar estas tareas, el deber de colaborar con ellas, las garantías que deben ser respetadas y el uso de aplicaciones de teléfonos móviles son cuestiones legales a despejar, teniendo en cuenta las recomendaciones de las organizaciones internacionales y las mejores prácticas comparadas.

Vicente Álvarez García

La devolución competencial a las comunidades autónomas tras la recentralización operada para hacer frente a la pandemia de Covid-19

El autor comienza su artículo con un breve análisis del proceso de recentralización competencial a favor del Estado que España ha sufrido como consecuencia de la necesidad de luchar de forma efectiva contra la epidemia de COVID-19, para pasar a continuación a un estudio más profundo de los distintos instrumentos jurídicos utilizados en nuestro país para la progresiva devolución de las competencias por parte del Estado a las Comunidades Autónomas.

Agustín-J. Pérez-Cruz Martín

El control jurisdiccional de la declaración del estado de alarma y sus prórrogas

Se exponen en el trabajo, en primer lugar, el marco constitucional y de legalidad orgánica del estado de emergencia en España, exponiéndose seguidamente el marco normativo de la declaración del estado de alarma acordado con ocasión de la situación de pandemia motivada por la COVID-19, para, posteriormente, abordar el control jurisdiccional (tanto llevado a cabo por el Tribunal Constitucional, como por los órganos del Poder Judicial) de la declaración del estado de alarma y sus prórrogas), planteando, finalmente, el estudio crítico de las resoluciones del Tribunal Constitucional y tribunales ordinarios, pronunciadas, con ocasión de la declaración del estado de alarma por los Reales Decretos 1673/2010, de 4 de diciembre y 1717/2010, de 17 de diciembre y por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y sus prórrogas.

J. Zamorano Wisnes

El Decreto-Ley 2/2020 del gobierno andaluz. Hacía la privatización de la potestad de ordenación del territorio. las declaraciones responsables en materia urbanística. La intervención de los particulares en elementos del entorno de bienes del patrimonio cultural o histórico.

El presente artículo realiza un estudio pormenorizado de las modificaciones operadas por el Decreto-Ley 2/2020 en la Ley de Ordenación del Territorio, la Ley de Ordenación Urbanística y la Ley de Patrimonio Histórico, es decir, aquellas normas que afectan al gobierno del territorio. Al estudiar las modificaciones de la LOTA, hemos creído conveniente estudiar también las modificaciones operadas en la indicada norma por el Decreto-Ley 4/2019, de mucho más calado estas últimas, que las modificaciones introducidas por el Decreto-Ley 2/2020 […]

Covadonga Isabel Ballesteros Panizo

El criterio de arbitrabilidad en derecho administrativo

La extensión del Derecho administrativo y la iusmercantilización de las relaciones jurídicas han provocado que sean cada vez más frecuentes las demandas de arbitraje en controversias donde se ve directa o indirectamente implicado el interés general. La desorientación del legislador nacional y comunitario sobre la materia puede palparse en los cambios de criterio a la hora de regular. Este trabajo pretende hacer una propuesta de criterio de arbitrabilidad para despejar las principales dudas que existen en torno a esta delicada materia, estableciendo principios básicos que servirán de limite y guía para la configuración de un arbitraje de derecho público.

M.ª Remedios Zamora Roselló

Administración de emergencia ante una pandemia: aplicación de los principios básicos del derecho administrativo

La situación creada por el COVID-19 nos lleva a reflexionar sobre la labor de la Administración Pública; estudiando la respuesta que ha ofrecido ante la crisis, y los instrumentos de los que dispone para la prevención, el control y la gestión de estas situaciones. A este fin, se toma como punto de partida el concepto mismo de Derecho Administrativo y los principios básicos de esta rama del Derecho, y se analiza su repercusión ante una situación de emergencia.

Susana de la Sierra Morón

Las ciudades adjetivadas

El interés por la ciudad como realidad política, jurídica, social y cultural es creciente. Durante largo tiempo, la ciudad era un punto de llegada, una Ítaca dotada de aires de libertad y derechos, pero desprovista de un marco jurídico específico y diferenciado. En los últimos años el espacio urbano ha acaparado la atención de estudiosos y prácticos. Junto a una aproximación de carácter general que parte del reconocimiento del derecho a la ciudad, conviven también perspectivas parciales pero no menos importantes que proponen destacar aspectos concretos o modelos de ciudad. Así surgen las ciudades patrimonio, creativas, cinematográficas, inteligentes, turísticas, accesibles, verdes o comprometidas de modo singular con la igualdad. Las razones subyacentes son variadas y no todas son jurídicas, pero el Derecho estará presente en cualquier caso, de modo que aquí lo que se propone es una reflexión desde esta óptica que dote de cierta sistemática a este fenómeno.

Ignacio Serrano Blanco

El sábado, el permiso retribuido, y el asunto Fetico

Los permisos retribuidos que se disfrutan en días hábiles plantean la duda acerca de si los sábados computan. Hay resoluciones judiciales de signo contradictorio. La regulación del cómputo de plazos y acerca del carácter hábil de los días abona las dudas sobre los sábados. El asunto C-588/18 (Fetico), aborda la finalidad de los días de descanso que puede poner algo de luz en esta cuestión.

Lucía Casado Casado

La igualdad de armas en el proceso contencioso-administrativo: ¿realidad efectiva o mero desiderátum?

Este trabajo se centra en el análisis del principio de igualdad de las partes que rige en el proceso contencioso-administrativo. El objetivo no es otro que determinar si las partes en un proceso en este orden jurisdiccional (administraciones públicas y administrados) tienen las mismas oportunidades para defender sus pretensiones y dar respuesta a la cuestión de si la igualdad de armas en el proceso contencioso-administrativo constituye, en el momento actual, una realidad efectiva o un mero desiderátum.

Raquel Bonachera Villegas

Algunas cuestiones polémicas acerca de la legitimación activa de la Agencia Española de Protección de Datos para demandar en juicio a las autoridades autonómicas de control

La protección de datos de carácter personal en el seno del proceso contencioso-administrativo, normalmente, viene de la mano de las pretensiones que el sancionado administrativamente por la autoridad de control (la AEPD, las Agencias Autonómicas de Control o el CGPJ) puede ejercitar ante los tribunales contencioso-administrativos de la Jurisdicción. Lo excepcional, aunque no inverosímil, es que la propia AEPD pueda reclamar la protección de los derechos fundamentales en la vía judicial ordinaria; y, una vez agotada esta, pueda solicitar amparo ante el Tribunal Constitucional. Este artículo, estudia, precisamente, el fundamento de este tipo de legitimación activa y si es o no viable, en atención a lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico.

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