Estatal - Administrativo

La AN declara que el sólo hecho de no haber podido determinar los ingresos de la unidad familiar no basta para denegar una beca a un alumno con necesidades especiales educativas

La AN revoca la resolución denegatoria de la ayuda para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, reconociendo el derecho del actor a obtener la ayuda en la cuantía solicitada. Afirma que la resolución impugnada se limitó a justificar la denegación en “no haberse podido determinar los ingresos de la unidad familiar”.

Cataluña - Administrativo

El empleado de una sociedad dedicada al arrendamiento de bienes inmuebles que pasa a poseer más del 50% de los títulos no puede acogerse a la reducción del 95% en el Impuesto de Sucesiones

El TSJ de Cataluña confirma las liquidaciones practicadas por el Impuesto de Sucesiones excluyendo la reducción del 95% instada por los donatarios al no cumplir con los requisitos aplicables en la normativa vigente en la fecha de la donación.

Estatal - Administrativo

El TS fija jurisprudencia sobre la fórmula para determinar la base imponible del IIVTNU

Ha lugar al recurso interpuesto, se casa la sentencia recurrida y se declara la conformidad a derecho de la liquidación girada por el IIVTNU, como consecuencia de la aceptación de la donación de un inmueble.

Estatal - Administrativo

El TS ratifica que el plazo de un año para poder exigir responsabilidad a la Administración por daños físicos se inicia en la fecha de curación o, con conocimiento del afectado, desde la estabilización de las secuelas

El objeto del presente recurso consiste en determinar -con interpretación del art. 142.5 de la Ley 30/1992, actual art. 67.1 de la Ley 39/2015, y sobre la base del diferente criterio que mantiene la Sala Tercera y la Sala Primera del TS- si, en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por secuelas derivadas de una accidente o prestación sanitaria determinante de una declaración de incapacidad laboral, el “dies a quo” del plazo de un año para reclamar se ha de situar en la fecha en la que -con conocimiento del afectado- se estabilizaron definitivamente las secuelas, como sostiene sin fisuras la jurisprudencia de la Sala Tercera, o, como viene manteniendo la jurisprudencia de la Sala Primera, desde la fecha de la resolución administrativa o de la sentencia firme del orden social que declare tal situación de incapacidad.

Estatal - Social

Sólo cabe el abono de salarios de tramitación a cargo del Estado en los supuestos de despido improcedente y no al despido nulo

Se debate en el presente recurso si la transferencia de responsabilidad al Estado de la indemnización de salarios de tramitación se limita exclusivamente al supuesto de despido improcedente, o se extiende también a supuestos como el presente en el que la sentencia estima la impugnación de las resoluciones administrativas recaídas en un Expediente de Regulación de Empleo, y declara que no son conformes a derecho las citadas resoluciones únicamente en lo relativo al despido colectivo autorizado de los Tripulantes Técnicos de Vuelo de AIR EUROPA, con derecho de los afectados a reincorporarse en su puesto de trabajo.

El reconocimiento de una pensión de invalidez en Suiza con un nivel de discapacidad del 100% no basta, por sí solo, para calificar la prestación como exenta del IRPF

Confirma la Sala la denegación al actor de la aplicación de la exención regulada en el art. 7 f) de la LIRPF, solicitada con el argumento de que la pensión de invalidez reconocida en Suiza, concedida en atención a su grado de discapacidad del 100%, era homologable a la pensión de invalidez o gran invalidez del INSS.

Estatal - Administrativo

El TS anula dos artículos del Decreto que regula los apartamentos y viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid y rechaza que los pisos deban inscribirse en el Registro de Empresas Turísticas para darse publicidad

La Sala estima en parte el recurso contra el Decreto 79/2014, de la Comunidad de Madrid, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico, y anula el inciso “visado por el colegio profesional correspondiente” del art. 17.1, así como el primer inciso del art. 17.5, que exige la inscripción en el Registro de Empresas Turísticas de la Dirección General competente en materia de turismo; nulidad a la que se une la ya declarada por la sentencia de instancia del inciso 17.3 que dispone que las viviendas de uso turístico “no podrán contratarse por un periodo inferior a cinco días”.

Estatal - Social

El TS confirma la nulidad de la decisión empresarial de incrementar la jornada del personal al servicio de la Televisión Pública de Canarias

Se confirma la sentencia que anuló el Acuerdo de la Televisión Pública de Canarias en el que se fijaba el aumento de la jornada laboral a 40 horas semanales, al tratarse de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo establecido unilateralmente por la empresa.

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