Administrativo

Declara el TS que en el mutualismo administrativo el accidente en acto de servicio se remite a la legislación de la Seguridad Social, por lo que comprende el accidente “in itinere”

Estima la Sala el recurso interpuesto y reconoce el derecho del actor a percibir la pensión extraordinaria de clases pasivas, al entender que la incapacidad permanente para el servicio, derivada de un accidente de tráfico cuando se dirigía a su puesto de trabajo en un establecimiento penitenciario, tiene la consideración de incapacidad producida “como consecuencia del servicio”.

En los contratos de obra pública no cabe la acción directa del subcontratista contra la Administración -dueño de la obra- mientras el crédito existente contra ella no hubiera sido cedido y notificada la cesión a la Administración

El TS resuelve si procede la acción directa del art. 1597 del CC contra el dueño de la obra en el ámbito de los contratos de obra pública anteriores a la Ley 24/2011, de 1 de agosto.

La Sala IV del TS rectifica su doctrina y declara que, salvo muy contadas y limitadas excepciones, el contrato de interinidad por vacante de un empleado público no podrá durar más de tres años a contar desde su suscripción

El TS declara que el contrato de interinidad por vacante suscrito por la Junta de Andalucía con el actor tiene el carácter de indefinido no fijo, al tardar la Administración más de seis años en organizar y publicar un concurso de traslado para la cobertura de la plaza y no suponer un incremento estructural del gasto público.

El TS establece que los accidentes “in itinere” de los funcionarios públicos dan derecho a la pensión extraordinaria por inutilidad para el servicio

Se debate en el presente pleito si, bajo el régimen del TR de la Ley de Clases Pasivas, el accidente sufrido por una guardia civil cuando se dirigía desde su domicilio habitual a prestar servicio tiene o no la consideración de accidente “in itinere”, y, por tanto, si fue o no como “consecuencia del servicio”, a los efectos de tener derecho a la pensión extraordinaria establecida en el 47.2 de la citada Ley.

Estatal - Administrativo

El TS establece que el retraso imputable a la Administración en la remisión del expediente completo al órgano judicial no genera a su favor intereses de demora de la cantidad tributaria adeudada

Se plantea ante la Sala si deben excluirse del cálculo de intereses de demora a favor de la AEAT el tiempo que exceda de los 20 días de que dispone como máximo tal Administración para remitir el expediente administrativo completo al correspondiente órgano juzgador; y si la pretensión anterior puede solicitarse en un incidente de ejecución de sentencia o debe haberse solicitado en el momento procesal oportuno.

Estatal - Administrativo

Resuelve el TS si es posible la derivación de una sanción tributaria no firme al declarado responsable solidario, cuándo se inicia el periodo ejecutivo y el órgano competente para acordar la derivación de la responsabilidad

Se plantea ante la Sala como primera cuestión si es posible derivar al declarado responsable solidario, al amparo del art. 42.2 a) de la LGT, una sanción que no ha adquirido firmeza en vía administrativa por haber sido impugnada, y, por ende, automáticamente suspendida en periodo voluntario. La cuestión es resuelta en sentido positivo, sin perjuicio de que la sanción no pueda ser exigida y deba continuar suspendida hasta que sea firme en vía administrativa.

Estatal - Administrativo

El TS anula la posibilidad de solicitar plazas MIR para el año 2020 por medios exclusivamente electrónicos

Se anula el art. 2 de la Orden SND 411/2020, que modifica la Orden SCB 925/2019, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2019 para el acceso en el año 2020, a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina. Declara la Sala que el precepto impone, de forma excluyente de la solicitud presencial, la solicitud electrónica, cuando la convocatoria inicial posibilitaba y reconocía el derecho de solicitud presencial y el ejercicio del derecho a retrasar la elección.

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