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La evaluación de las aportaciones presentadas por los profesores universitarios, además de referirse a la calidad del medio en que se publique, ha de considerar si por su contenido merecen un juicio favorable para tener derecho a sexenios

Declara la Sala haber lugar al recurso interpuesto por una profesora titular de Universidad de Economía y Contabilidad de la Universidad de Extremadura, y anula la resolución de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, que valoró negativamente el sexenio solicitado por la actora de su actividad investigadora en el Campo de Ciencias Económicas y Empresariales -Economía Financiera y Contabilidad-, y ello atendiendo al medio en que se publicaron las aportaciones presentadas.

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El TS establece que la Administración condenada al pago de cantidad líquida abonará el interés legal desde la fecha de notificación de la sentencia en primera o única instancia

La cuestión que resuelve el TS en el presente recurso consiste en determinar el “dies a quo” para el cómputo del plazo de los intereses de condena de cantidad líquida a que se refiere el art. 106 de la LJCA, que, en referencia a la ejecución de condenas a la Administración, dispone que a la cantidad líquida se añadirá el interés legal del dinero, calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia.

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El TS anula el Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, al resultar discriminatorio para los miembros de la Guardia Civil y sus familias

El TS estima el recurso de la Asociación Unificada de Guardias Civiles y anula el RD 641/2016, por el que se modifica el art. 14, apartado 1, del Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, para incluir en la Junta de Gobierno del ISFAS a un vocal en representación de todas las asociaciones profesionales de los miembros de las Fuerzas Armadas con representación en el Consejo de Personal; y, al mismo tiempo, suprimir de entre sus componentes al Secretario General del Instituto, incluido entre los vocales en la redacción anterior del Reglamento.

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Conforme al art. 5.4 de la Ley estatal de Horarios Comerciales si una localidad ha sido declarada patrimonio de la humanidad, es obligada su declaración como zona de gran afluencia turística si el Ayuntamiento lo solicita

El TS acuerda estimar el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Cáceres y anula la sentencia que confirmó la revocación de la declaración del municipio de Cáceres como zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales para los primeros domingos de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y octubre.

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El TS fija como doctrina legal que las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del IRPF

El TS declara que la prestación por maternidad a cargo del INSS está incluida en el párrafo tercero del art. 7 h) de la LIRPF, cuando dispone que “Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”.

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El TS aclara la doctrina en relación con los presupuestos que deben verificarse para que resulte de aplicación la protección reforzada que la Ley confiere a la marca notoria

El TS interpreta el art. 8 de la Ley de Marcas -LM- en orden a determinar si la protección de la marca notoria requiere de un “cierto grado de confusión o asociación” entre las marcas o si basta con que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre ellas, y qué debe entenderse por tal “vínculo”.

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El TS fija como doctrina legal que constituye un supuesto de nulidad de pleno derecho la utilización de un procedimiento de verificación de datos que debió serlo “ab initio” de comprobación limitada o de inspección

Se plantea ante la Sala si la anulación de una liquidación tributaria practicada como desenlace de un procedimiento de verificación de datos, cuando debió serlo en uno de comprobación limitada, integra un supuesto de mera anulabilidad o uno de nulidad de pleno Derecho, con la consecuencia en este segundo caso de la incapacidad de las actuaciones desarrolladas en el procedimiento de verificación de datos para interrumpir el plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

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