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La Sala estima el recurso interpuesto por el Abogado del Estado, casa la sentencia impugnada y declara la conformidad a derecho de la resolución por la que se denegó expedir el reconocimiento de la cualificación para ejercer como abogado en España a un nacional de los Países Bajos.

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Casa la Sala la sentencia que declaró ajustada a derecho la resolución que mostraba su disconformidad con la comunicación previa de apertura para la actividad de servicio de pompas fúnebres, por entender que era exigible la licencia urbanística para la actividad de tanatorio.

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La Sala confirma la sentencia que consideró no ajustado a derecho la decisión de la Generalidad Valenciana de no aprobar el art. 4 del Reglamento de Régimen Interior del Colegio de Ópticos Optometristas, sobre colegiación de oficio.

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Se plantea en el litigio si las “asociaciones” tiene encaje en las leyes de defensa de la competencia; si las conductas o decisiones restrictivas de la competencia, realizadas por asociaciones en defensa de los intereses profesionales de sus asociados están amparadas por el art. 22 de la CE; o si quedan sometidas al régimen de infracciones y sanciones previsto en las leyes de defensa de la competencia.

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En el presente recurso la Sala examina si, en el ámbito del IRPF, para considerar exenta la ganancia patrimonial obtenida con ocasión de la transmisión por mayores de sesenta y cinco años de su vivienda, basta con que ésta haya constituido su residencia habitual durante el plazo continuado de, al menos, tres años o es necesario también que el transmitente haya tenido el pleno dominio de la misma durante idéntico periodo de tiempo.

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El TS estima el recurso interpuesto por la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia y declara la nulidad de pleno derecho de los números 1 y 2 del apartado Segundo del Acuerdo de 24 de febrero de 2012, que establece medidas en materia de Personal Docente de la Administración Pública de la Comunidad de Murcia, por lesionar el derecho fundamental a la igualdad de trato y prohibición de discriminación.

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El TS declara como doctrina jurisprudencial que se permite la inclusión del IVA en la cuantificación de las garantías que han de prestarse para la restauración del medio natural afectado por aprovechamientos mineros.

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Se resuelve en el presente litigio si, en el ámbito de la relación entre dos administraciones, cuando el art. 38.4 de la Ley 30/1992, se refiere a los “ciudadanos” como usuarios de los registros administrativos, lo limita a los particulares, o esa concreta mención no impide que las Administraciones públicas puedan utilizar los registros propios para acreditar la observancia de los plazos en los escritos, reclamaciones o recursos que deban presentar o dirigir ante otras Administraciones.

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El TS mantiene la sentencia recurrida que desestimó la reclamación de indemnización formulada por los perjuicios ocasionados por la aprobación del RD 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y de la OM IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se regulan los parámetro retributivos de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos.

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El TS resuelve si la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 107.1 y 2 a) y 110.4 del TRLHL, declarada en la STC 59/2017, obliga en todo caso a la anulación de las liquidaciones y devolución de ingresos indebidos en las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones sobre el IVTNU, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situación inexpresiva de capacidad económica.

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La cuestión planteada en el presente recurso de casación consiste en determinar si el art. 57.2 de la LO 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que sanciona con la expulsión a los extranjeros que hubieran sido condenados, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, debe ser interpretado en el sentido de que se refiere a la pena prevista en abstracto en el Código Penal para el delito correspondiente o bien a la pena efectivamente impuesta en el caso concreto.