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Se estima el recurso interpuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra la sentencia que declaró conforme a derecho el art. 8 de la Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la que se regula el transporte público discrecional de personas mediante el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC).

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Con estimación del recurso interpuesto, anula la Sala la resolución que denegó al actor el complemento de maternidad porque ya fue reconocido a la madre, y, no habiendo analizado ninguna otra circunstancia, dicha resolución ha incurrido en una discriminación por razón de sexo.

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El TS declara que la doctrina de la Sala tiene establecido que, a los efectos del contenido de la motivación para el control de la discrecionalidad técnica en los procesos selectivos, cuando en las bases se contemple que en la calificación de un ejercicio se desglose la puntuación de cada miembro del tribunal de selección, es necesario incorporar esas calificaciones individuales al expediente del proceso selectivo.

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Anula la Sala el Acuerdo del Consejo de Ministros que denegó al recurrente el indulto solicitado, pues el informe de conducta a que se refiere el art. 24 de la Ley de Indulto contiene una serie de defectos que privó al órgano decisorio de elementos esenciales para adoptar su decisión.

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Con estimación en parte del recurso interpuesto, anula el TS el art. 48.2 y la disposición final tercera del Decreto 47/2023, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Organización y Funcionamiento de la Atención Primaria de Salud de la Comunidad de Extremadura, en los incisos que incluyen al personal sanitario del grupo A2 para la provisión de los puestos de dirección de zona y subdirección de zona de salud.

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Declara el Tribunal que, conforme a lo establecido en el art. 72.2 de la LJCA, la declaración de nulidad de una disposición reglamentaria acordada en sentencia solo despliega plenos efectos una vez que dicha declaración ha adquirido firmeza, salvo que se hubiera acordado su ejecución provisional.

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Con estimación del recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Sevilla, se declara la conformidad a Derecho de la resolución que denegó a un policía local la solicitud de grado de personal consolidado como policía local de otro Ayuntamiento.

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Se plantea en el recurso si a efectos del cumplimiento del art. 65.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, en los contratos de transporte sanitario en la Comunidad Autónoma de Canarias es necesario que las empresas cuenten con la autorización administrativa general prevista en la normativa nacional o es suficiente con la normativa singular para cada vehículo que pretende prestar el transporte conforme establece la norma canaria.

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Se estima en parte el recurso interpuesto y se rebaja la sanción impuesta a la actora en su cuantía máxima por la comisión de una infracción en materia de aguas, habiéndose tenido en cuenta la valoración del daño producido al dominio público-hidráulico.

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Declara el TS que en los supuestos de anulación de un período de alta en el RETA y su consiguiente baja de oficio, por la existencia de fraude de ley, cuando conste un pronunciamiento anterior de la jurisdicción social respecto de la sanción anudada a ese período que descarta esa conducta fraudulenta, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo que conozca posteriormente del enjuiciamiento impugnatorio de las resoluciones de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre el alta y baja, deberá, en principio, ajustar su pronunciamiento relativo al carácter no fraudulento del alta en el RETA a la declaración que haya establecido la jurisdicción social en sentencia firme.