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No ha lugar al recurso interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia que absolvió a la acusada del delito contra la Hacienda Pública del art. 305 del CP. Analiza la Sala los límites de la capacidad de investigación de la Administración tributaria y los efectos del plazo de prescripción de la deuda fiscal.

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Se plantea en el presente caso si el otorgamiento de concesión de aguas subterráneas con destino a riego, sustentada en proyectos de extracción y transformación en regadío de terrenos, que hayan de someterse a evaluación de impacto ambiental, precisa de la justificación de la previa evaluación ambiental de los referidos proyectos, con independencia del órgano a quién corresponda efectuar aquella.

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Con estimación del recurso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se accede a la reclamación dirigida a ADESLAS por la asistencia prestada a un funcionario y mutualista de MUFACE que fue derivado de un centro privado a uno público, tras ser diagnosticado por infección por Covid-19.

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Se confirma la sentencia que reconoció el derecho de la mercantil actora a percibir intereses de demora sobre la cantidad reconocida como crédito frente a la Hacienda pública de activos por impuesto diferido susceptibles de monetización -DTAs-.

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El objeto de este recurso de casación consiste en determinar si el principio de íntegra regularización resulta aplicable a los supuestos en los que se comprueban por la Administración tributaria las cuotas de IVA a compensar procedentes de periodos anteriores, cuando se pretende incrementar el saldo resultante mediante la inclusión de unas cuotas soportadas y que fueron regularizadas por la inspección tributaria en un acta de conformidad, dando lugar a una liquidación firme, sin que fuera impugnada por el contribuyente.

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Se estima el recurso interpuesto por la mercantil recurrente y se accede a la reclamación de indemnización por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la requisa de diversos bienes y materiales sanitarios en sus instalaciones en el contexto de la declaración del estado de alarma decretado por la pandemia de Covid-19.

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La cuestión planteada en el presente litigio se refiere al requisito contemplado en el art. 22.4 del CC en relación con la adquisición de la nacionalidad española por residencia consistente en la acreditación por el solicitante de un “suficiente grado de integración en la sociedad española”, así como a la incidencia que en el mismo pueda darse a la no acreditación de medios propios de vida o a la no aportación de un certificado de empadronamiento.

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No ha lugar al recurso interpuesto contra el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que declara que la recurrente -jueza en prácticas- no ha superado la fase inicial teórico-práctica del curso 2023-2024 de Formación Inicial de la Escuela Judicial y debe repetirla, para lo que se incorporará con la siguiente promoción.

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Establece el TS que resulta posible, por parte de un Ayuntamiento, exigir el pago de una tasa por el ejercicio de una actividad o servicio público de su competencia, en un mercado de abastos, aun si tal servicio lo gestiona la corporación de forma indirecta a través de un contrato de concesión administrativa cuyo titular es un concesionario privado -con la exigencia mensual como contraprestación a todos sus usuarios de una tarifa-, siempre que la actividad o servicio a que se refiera la tasa sea diferente en su objeto del que se recibe del concesionario que lo presta y que se retribuye mediante tarifa.

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Se plantea en el litigio si el cómputo del plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios puede ser interrumpido por actuaciones realizadas frente al deudor principal o frente al obligado respecto de cuyas deudas se deriva la responsabilidad, en aquellos casos en que esa obligación de pago aún no ha sido objeto de derivación, esto es, que los actos de interrupción se dirijan frente a quien no ha sido aún declarado responsable.