La Administración al Día - Edición de 19/06/2026

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La falta de ejecución de obras hidráulicas por la Administración autonómica necesarias para el tratamiento de aguas residuales podrá eximir de responsabilidad a los entes locales que realicen vertidos que incumplan la normativa vigente

Se confirma la sentencia que anuló la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que acordó imponer una sanción y la obligación de indemnizar los daños al dominio público-hidráulico al Consorcio y Ayuntamiento ahora recurridos, por los vertidos de aguas residuales procedentes del colector municipal al cauce de un barranco sin autorización del organismo de Cuenca.

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Las solicitudes de residencia temporal por arraigo laboral presentadas en situación de irregularidad sobrevenida exigen una relación laboral previa en situación legal de estancia o residencia

El TS estima el recurso interpuesto por el Abogado del Estado, casa la sentencia impugnada, y confirma la resolución que denegó a la actora la autorización de residencia por arraigo laboral, al no haber acreditado el requisito de una relación laboral realizada en situación legal de estancia o residencia.

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El TS reitera que no es exigible la colegiación obligatoria de un enfermero dedicado en exclusiva a la docencia universitaria

El TS casa la sentencia impugnada y confirma la dictada en primera instancia que accedió a la solicitud de baja colegial, reconociendo al recurrente el derecho al reembolso de las cuotas abonadas, al entender que no ejercía la profesión de enfermero, sino que se dedicaba únicamente a la docencia.

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En los contratos públicos, cuando la falta de habilitación empresarial o profesional afecte a las prestaciones objeto del contrato, este no puede ser adjudicado a una UTE si alguno o algunos de sus integrantes carecen de dicha habilitación

Se plantea en el recurso si, exigiéndose en los pliegos rectores de un contrato una determinada habilitación empresarial o profesional, todos los licitadores que concurren en UTE deben contar con la misma aun cuando se trata de sociedades que en el conjunto de la agrupación realicen actuaciones que puedan ser consideradas accesorias o complementarias.

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Reitera el Supremo que el Orden contencioso carece de jurisdicción para resolver las cuestiones sobre la concesión o denegación de la nacionalidad por carta de naturaleza

El TS declara la inadmisión por falta de jurisdicción del recurso interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud de concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza, cuya pretensión deberá deducir la actora ante los órganos jurisdiccionales del Orden Civil.

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El derecho de audiencia previo reconocido a las asociaciones profesionales de los Letrados de la Administración de Justicia para la determinación de las condiciones de trabajo, no afecta al derecho a la negociación colectiva de los sindicatos

Se desestima el recurso interpuesto por la Confederación Intersindical Galega frente al art. 82 bis, apdos. 4.º y 5.º, del RD 1280/2024, por el que se modifica, entre otros, el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

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El TS deniega a un policía nacional la revisión de la sentencia que confirma la sanción impuesta al haber transcurrido más de cinco años desde su publicación

Inadmite el TS el recurso de revisión interpuesto por un funcionario del Cuerpo Nacional de la Policía contra la sentencia que confirmó la sanción que le fue impuesta por incumplimiento de las normas de incompatibilidad.

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Las asociaciones legalmente constituidas no necesitan detallar en sus estatutos cada actuación jurídica, basta con apelar a los intereses comunes de sus miembros para ver reconocida legitimación activa para la defensa de los mismos

Estima la Sala el recurso interpuesto por la Asociación Nacional de Remolcadores de España y revoca el auto que inadmitió el recurso contencioso-administrativo, por falta de legitimación activa de la actora, presentado contra la resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que se otorgó directamente a una empresa el contrato público de "remolcador de apoyo temporal" a través del trámite de emergencia que regula el art. 120 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

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La pérdida de la condición de prioritaria de una explotación agraria adquirida “mortis causa” no impide la aplicación de la reducción del 90 por ciento de la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones

Se plantea en el presente procedimiento si es aplicable la reducción de la base imponible prevista en el art. 9 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las explotaciones agrarias, por la adquisición mortis causa de una explotación agraria prioritaria cuando se pierde tal condición con posterioridad a la transmisión, por causa ajena a esta operación, antes del plazo de cinco años señalado en el segundo apartado del precepto.

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Establece el TS que, en las Ofertas de Empleo Público de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, deberá incluirse mediante promoción interna un número de plazas equivalente a la mitad de las convocadas para el turno libre

Se desestima el recurso contra el RD 651/2025, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2025, impugnado únicamente en lo que se refiere al número de plazas convocadas en régimen de promoción interna para los cuerpos de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Gestión procesal y administrativa, y de Tramitación procesal y administrativa, por considerar la parte actora que la cifra recogida es inferior a la que exige el art. 490.2 de la LOPJ.

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Reconoce el Supremo la condición de fijos a los trabajadores de las Administraciones públicas que encadenan contratos con abuso en la temporalidad siempre que hayan superado la prueba de acceso al empleo público, aunque no obtengan plaza

Con estimación del recurso interpuesto, el TS reconoce a la actora la condición de trabajadora fija del Ayuntamiento de Madrid, al haber participado en un proceso selectivo de acceso a empleo laboral fijo en el que superó la puntuación mínima exigida aunque no obtuvo plaza porque había otros candidatos con mejor puntuación; posteriormente, suscribió varios contratos de duración determinada con el Ayuntamiento, incluidos dos contratos de interinidad por vacante que se prolongaron durante varios años.

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