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Desestima la Sala la sentencia recurrida que anuló la Tasa por Prevención y Vigilancia Especial de Viviendas, aprobada por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz -Madrid-, por infracción del principio de legalidad en materia tributaria.

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Se recurre la sentencia que anuló la liquidación girada por el IRPF al considerar que la actuación administrativa fue desproporcionada, pues en el mismo ejercicio e impuesto el obligado tributario fue objeto de una comprobación limitada, dos requerimientos de información y un procedimiento de inspección.

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La cuestión controvertida en el presente recurso consiste en determinar si, en el caso definido en el art. 1006 del CC, a cuyo tenor “por muerte del heredero sin aceptar ni repudiar la herencia pasará a los suyos el mismo derecho que él tenía”, se produce una doble delación, transmisión y adquisiciones hereditarias y, por ello, un doble hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones, o sólo uno, para los herederos del heredero.

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No ha lugar al recurso interpuesto por la Diputación Provincial de Málaga contra la sentencia que declaró que el funcionario interino demandante que ocupó durante doce años un puesto de trabajo de nivel 26, consolidó en ese tiempo el grado personal correspondiente, con el efecto de conservarlo, aunque después pasase a desempeñar otro nivel inferior.

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Se dilucida en el presente supuesto el alcance de la responsabilidad que corresponde a la entidad coordinadora de un proyecto de cooperación que ha sido objeto de subvención por la Administración Pública en los supuestos de incumplimiento de las condiciones establecidas, que determina la obligación de reintegro a los efectos de declarar si cabe exigirla únicamente a la entidad coordinadora o también, de forma desagregada, al resto de entidades partícipes en la ejecución del proyecto subvencionado.

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Es objeto del presente recurso consiste en determinar cuáles son los efectos del incumplimiento del plazo máximo de duración del procedimiento de tasación pericial contradictoria -TPC-; si tales efectos deben ser estimatorios de la pretensión del obligado tributario cuando, iniciado el procedimiento a su instancia, presentada la tasación realizada por su perito y haciéndose necesaria la intervención de un tercer perito, éste no entrega su valoración y no se notifica la resolución dentro del plazo máximo de duración.

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La Sala estima el recurso de casación del Cabildo Insular de Fuerteventura interpuesto contra la sentencia dictada en procedimiento de derechos fundamentales, que anuló el Acuerdo que declaró la incompatibilidad del recurrente en apelación para el cargo de Consejero del Cabildo, como consecuencia de haber sido condenado con la pena de inhabilitación por la comisión de un delito de prevaricación.