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La Asociación recurrente impugna la cláusula 13.1 del pliego de prescripciones administrativas particulares para la concesión de transporte público regular de viajeros mediante autobús CV-302 Valencia/Alicante/Elche que establece que en el caso de que varias empresas presenten proposición conjunta, o mediante la constitución de una unión temporal o cualquier otra forma de colaboración empresarial, deberá resultar acreditado que cada una de las condiciones de solvencia técnica y profesional exigidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas del contrato se cumple al menos por una de las empresas que participan en la proposición conjunta, debiendo, asimismo, resultar acreditado que al menos una de tales empresas cumple las condiciones mínimas de solvencia económica exigidas en dicho pliego.

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Se plantea en el recurso si, habiendo transcurrido 5 años desde la inscripción en el Registro de la Propiedad de la nota marginal de afección de un inmueble al pago de deudas tributarias, cabe iniciar un procedimiento de responsabilidad tributaria subsidiaria frente a un tercero que adquirió el bien dentro de dicho plazo.

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Estima la Sala el recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia y anula los criterios de adjudicación recogidos en "el cuadro de adjudicación del contrato" que ha de regir la contratación del servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución, así como de la dirección de obras para implantar un nuevo modelo residencial de mayores en el "Centro residencial de atención a dependientes en Vigo'', por infringir el art. 145.4 de la Ley de Contratos del Sector Público.

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No ha lugar al recurso interpuesto, y se confirma la resolución dictada en el recurso de alzada planteado frente a las actas de liquidación dictadas por la TGSS, notificada por medios electrónicos únicamente a la mercantil recurrente como sujeto obligado, pero no a su representante RED.

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Procede la desestimación de la demanda del sindicato USO contra la DA 1.ª del RD 483/2025, que establece los requisitos y regula el procedimiento para reconocer el derecho a la compensación económica para las víctimas del amianto, demanda que se dirige contra la composición de la Comisión de Seguimiento, en concreto en lo que se refiere a la participación de las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal y autonómico.

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Reitera la Sala que, en los casos en que exista una sentencia firme del orden jurisdiccional social que declara que ha existido una relación laboral entre un trabajador y una empresa durante un período de tiempo concreto y determinado, ese trabajador debe figurar de alta en la Seguridad Social durante ese periodo.

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Se plantea en el recurso cuál es la Administración competente, autonómica o estatal, para conocer de los expedientes sancionadores en materia de defensa de los consumidores y usuarios respecto de la infracción consistente en introducir cláusulas abusivas en los contratos, en los casos de empresas que operan en todo el territorio estatal, en sectores vinculados al consumo, tales como el de telecomunicaciones o el bancario, donde las empresas utilizan contratos tipo con idéntico clausulado de condiciones generales.

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Con estimación del recurso interpuesto, entiende la Sala que la limitación de la retroactividad de los efectos administrativos de la toma de posesión, hecha por la Administración recurrida, excluyendo el período en que el recurrente prestó servicios en otra Administración, por considerar que esa actividad era contraria al régimen de incompatibilidades de los funcionarios públicos, es contraria a Derecho.

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Estima el TS el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra la sentencia que declara la falta de competencia territorial de la Administración autonómica para imponer a la entidad demandante una sanción como autora de una infracción consistente en introducir cláusulas abusivas en los contratos con consumidores.

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Ha lugar al recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Valencia y, con revocación de la sentencia recurrida, declara la Sala que no procede acceder a la solicitud de rectificación y devolución de autoliquidaciones practicadas por el IIVTNU.

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Declara el TS que no resulta aplicable la exención prevista en el artículo 7.d) de la LIRPF a una indemnización percibida por el obligado tributario de su entidad empleadora, en cumplimiento de una sentencia dictada en el orden jurisdiccional social, cuantificada en función de los salarios dejados de percibir durante un determinado lapso de tiempo por el incumplimiento de tal entidad de la obligación de reintegrarlo en su puesto de trabajo procedente de una situación de excedencia.

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Ha lugar al recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Barcelona y, con revocación de la sentencia impugnada, se declara la conformidad a derecho de la denegación de la solicitud de exención del IBI en relación con el local que constituye la sede del partido político solicitante.

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Se plantea en el presente caso si, a efectos de determinar la procedencia de la aplicación de la reducción prevista en el art. 20.6 LISD en la base imponible por causa de la transmisión de participaciones "ínter vivos" de una empresa individual, un negocio profesional o de participaciones en entidades del donante a los que sea de aplicación la exención regulada en el art. 4.Ocho LIP, es admisible que el requisito de tener persona contratada para que se considere que la entidad cuyas participaciones se transmiten y se dedica al arrendamiento de inmuebles realiza una actividad económica, sea cumplido por otra entidad distinta perteneciente al mismo grupo societario.

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Con estimación del recurso interpuesto declara la Sala que procede la renovación del permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena solicitado. En el presente caso la actora era perceptora de una prestación por incapacidad temporal que el Tribunal considera equivalente a la realización de actividad laboral durante la vigencia de la autorización cuya renovación pretendía.

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El TS confirma la sentencia que anuló el Acuerdo del Tribunal Calificador del proceso selectivo para cubrir, por oposición libre, plazas de alumnos de la Escuela Nacional de Policía, de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de policía, del Cuerpo Nacional de Policía, por el que se declara no apto al recurrente en la parte b) de la tercera prueba (entrevista personal) del indicado proceso selectivo con la correspondiente exclusión.