Estatal - Administrativo

Ha lugar al recurso interpuesto, se casa la sentencia recurrida y se declara la conformidad a derecho de la liquidación girada por el IIVTNU, como consecuencia de la aceptación de la donación de un inmueble.

Estatal - Administrativo

El objeto del presente recurso consiste en determinar -con interpretación del art. 142.5 de la Ley 30/1992, actual art. 67.1 de la Ley 39/2015, y sobre la base del diferente criterio que mantiene la Sala Tercera y la Sala Primera del TS- si, en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por secuelas derivadas de una accidente o prestación sanitaria determinante de una declaración de incapacidad laboral, el “dies a quo” del plazo de un año para reclamar se ha de situar en la fecha en la que -con conocimiento del afectado- se estabilizaron definitivamente las secuelas, como sostiene sin fisuras la jurisprudencia de la Sala Tercera, o, como viene manteniendo la jurisprudencia de la Sala Primera, desde la fecha de la resolución administrativa o de la sentencia firme del orden social que declare tal situación de incapacidad.

Confirma la Sala la denegación al actor de la aplicación de la exención regulada en el art. 7 f) de la LIRPF, solicitada con el argumento de que la pensión de invalidez reconocida en Suiza, concedida en atención a su grado de discapacidad del 100%, era homologable a la pensión de invalidez o gran invalidez del INSS.

Estatal - Administrativo

La Sala estima en parte el recurso contra el Decreto 79/2014, de la Comunidad de Madrid, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico, y anula el inciso “visado por el colegio profesional correspondiente” del art. 17.1, así como el primer inciso del art. 17.5, que exige la inscripción en el Registro de Empresas Turísticas de la Dirección General competente en materia de turismo; nulidad a la que se une la ya declarada por la sentencia de instancia del inciso 17.3 que dispone que las viviendas de uso turístico “no podrán contratarse por un periodo inferior a cinco días”.

Estatal - Social

Se confirma la sentencia que anuló el Acuerdo de la Televisión Pública de Canarias en el que se fijaba el aumento de la jornada laboral a 40 horas semanales, al tratarse de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo establecido unilateralmente por la empresa.