Isabel María de los Mozos y Touya

Este trabajo trata de fundamentar la procedencia de solicitudes de los interesados, para pedir a la Administración la declaración de lesividad o la revocación de actos administrativos que les perjudiquen, y poder obtener la decisión pertinente en cada caso. Partiendo del contexto general de la autotutela de la Administración pública para la revisión de su propia actuación jurídica, se sitúan tales solicitudes en ese contexto como cauces adjetivos adicionales de protección de los derechos o intereses legítimos correspondientes, implícitos en la legislación general. Y todo ello permite distinguir estas solicitudes, en particular, de aquellas otras que se formulen en el ejercicio del derecho de petición del art. 29 CE.

Gonzalo Pardo-Beneyto y María Ángeles Abellán-López

Este artículo, publicado anticipadamente en la revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas (GAPP), tiene como objetivo principal generar una propuesta integradora entre conceptos antagónicos como la corrupción y las políticas de gestión de la integridad. Se parte de cuatro modelos en función de sus factores explicativos sobre la corrupción (individuo, organización, institución y sociedad) y la gestión de la integridad (éticos, de apertura, disuasorios/empoderadores y de control).

Eduard-Valentin Pavel

Es evidente que el régimen jurídico de las viviendas de uso turístico está siendo objeto de un gran impacto por parte de la actividad administrativa de limitación en los últimos años. La explicación de este fenómeno tiene lugar como consecuencia del gran incremento de este tipo de actividad económica y sus principales efectos: en primer lugar, el impacto negativo sobre el mercado del alquiler residencial; y, en segundo lugar, la saturación turística generadora de una erosión urbana cada vez más destacada (…).

Lorayne Finol Romero

La transparencia es un principio fundamental tanto para fortalecer la confianza ciudadana y salvaguardar el funcionamiento democrático, como para la integración responsable de la inteligencia artificial (IA) en la administración del Estado. A partir de esta premisa, en el artículo se examina el proyecto de ley chileno sobre regulación de la IA para dilucidar qué tipo de mecanismos de transparencia exige a los algoritmos del sector público.

Antonio García Jiménez

En el estudio de la Historia hallamos los orígenes de las actuales Administraciones públicas, así como las explicaciones sobre el tránsito de modelos corruptos y basados en el nepotismo a otros propios de países con un Estado de derecho consolidado. Esta progresiva metamorfosis llevó al surgimiento y desarrollo de principios como los de igualdad, mérito y capacidad, hoy consagrados por la Constitución Española, pero también a otros de configuración legal como los de publicidad y transparencia, imprescindibles para el respeto de los primeros. Este último ha demostrado ser fundamental para alcanzar una Administración profesionalizada, garantizar el respeto de los derechos fundamentales a la igualdad y la defensa y mejorar el control de la actuación desarrollada por los órganos de selección. En este trabajo se reflexionará sobre las distintas implicaciones que tiene este principio en los procedimientos de acceso al empleo público.

José Carlos Laguna de Paz

En este estudio, publicado en el número 23 de la Revista de estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), se concluye que la política europea de telecomunicaciones tiene dos caras. Es verdad que ha promovido un sector muy competitivo, con una cobertura universal del servicio y precios muy bajos. Sin embargo, también ha contribuido a la descapitalización de los operadores europeos, que no hace tanto tiempo eran líderes mundiales. La solución deben buscarla las propias empresas, en su dinamismo y creatividad. No obstante, la regulación debe facilitarla, premiando el esfuerzo inversor, lo que impulsará la innovación y el crecimiento del sector.

Francisco Javier Fragoso-Martínez, Gala Rivera-Fernández

Este estudio, publicado en el número 23 de la Revista de estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), analiza los desafíos de implementar la tasa de residuos municipales bajo la Ley 7/2022, de trasposición de la Directiva (UE) 2018/851. Examina las barreras operativas y normativas de los municipios, especialmente los pequeños, para lograr un modelo sostenible de pago por generación (PxG).

Ricardo Rivero Ortega

Las parsimoniosas y hasta ahora frustradas iniciativas de reforma del empleo público pasan por alto el uso creciente de la Inteligencia artificial. Cada vez más funcionarios recurren a las aplicaciones generativas, sin guías de uso ni normas legales que indiquen precauciones. Este trabajo interpela al legislador, a AESIA y a los responsables de las administraciones públicas a tomar medidas para evitar el reemplazo por los bots.

Severiano Fernández Ramos y José María Pérez Monguió

Se da cuenta en esta Crónica de las últimas resoluciones jurisprudenciales en materia de Transparencia pública sobre los límites del derecho de acceso a la información, las causas de inadmisión, otras cuestiones sobre el ejercicio del derecho de acceso y regímenes especiales. En materia de Buen gobierno se recogen resoluciones relativas a la participación ciudadana.

Marcos Fernando Pablo

En este trabajo se analiza como el régimen del dominio público marítimo terrestre destinado a puertos de competencia autonómica a través de la técnica de la adscripción presenta en su reciente evolución jurídica una profunda inseguridad jurídica. Los legisladores, mediante técnicas no claras, han actuado a favor de mantener las concesiones existentes, pese al texto de la Ley de Costas de 1988. Recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia que afectan a una situación similar en Italia, y la apertura de un procedimiento de infracción contra el Reino de España en esta materia, pueden determinar la imposibilidad de que tales concesiones se mantengan. Se examina en el trabajo la posible aplicación al Reino de España de la doctrina del TJUE fruto de las sentencias Promoimpresa y Comune de Ginosa.

Wellington Migliari

En el presente estudio se analiza la Sentencia del Tribunal Constitucional 79/2024, de 21 de mayo, que declara inconstitucionales los artículos 16, 27 y la disposición transitoria de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, al vulnerar competencias autonómicas en materia de vivienda protegida y urbanismo. El Tribunal resalta la debida observancia del reparto competencial y señala por primera vez desde 1978 que el art. 47 de la Constitución incluye un auténtico derecho a la vivienda y no un mero principio rector. Asimismo, subraya la necesidad de que el Estado establezca condiciones mínimas para políticas públicas habitacionales coherentes y sostenibles, alineadas con el interés general y las normativas autonómicas. La efectividad de este derecho, entendida no solo como un acceso básico a la vivienda, sino como habilitación de garantías adicionales, se conecta con la idea de un "derecho a la ciudad", que implica un enfoque más integral y participativo en la planificación urbana y en la búsqueda de la justicia social.