Hacienda pide a las Autonomías información sobre los sueldos públicos

Los sindicatos quieren que el Gobierno homologue los complementos que se pagan a los empleados

ABC

El Gobierno de Rajoy está empeñado en conocer el entramado laboral de las comunidades autónomas, sobre todo en el aspecto relativo a los sueldos que se están pagando a los empleados públicos.

A día de hoy, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas desconoce las remuneraciones que recibe este personal, ya que hay grandes diferencias entre unos territorios y otros. Estas diferencias son consecuencia de que cada territorio aplica unos complementos distintos, por lo que se dan casos, por ejemplo, en el que un empleado público llega a cobrar mil euros más si trabaja en una Comunidad u otra.

La única parte del salario que es común a los empleados públicos es el sueldo base y los trienios, que vienen recogidos en los Presupuestos Generales del Estado, pero los complementos específicos son competencia de los gobiernos autonómicos. Los más altos son los del País Vasco, Navarra y Cataluña.

Acogerse al FLA

Con el objetivo de clarificar esta situación y de comprobar la realidad de las diferencias salariales, el Ministerio de Hacienda ha pedido a las Autonomías que le envíen información sobre las plantillas y sobre los sueldos que se pagan, especificando cada uno de los complementos y la cuantía de los mismos, según ha podido saber ABC de fuentes de este departamento ministerial.

Aunque en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria ya tienen que enviar información sobre su situación económica, la condicionalidad que implica acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) especifica que el capítulo I, el de Personal, es uno sobre los que deben de remitir una información detallada. El Gobierno ya remitió en su día una carta a las Comunidades que se han acogido al FLA sobre la condicionalidad que implica y el programa de aplicación, que es firmado por el Consejo de Gobierno, comprometiéndose a su cumplimiento.

La preocupación sobre estos complementos que aplican las autonomías no es solo del Gobierno, sino que los propios sindicatos aseguran que están impidiendo la movilidad de los funcionarios entre una Comunidad y otra. <<Los trabajadores no se atreven a cambiar de región si pierden mucho dinero>>, señala a ABC el vicepresidente de la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), José Fernández, que admite que <<es más fácil ir a Europa a que haya movilidad en España y eso es un auténtico disparate>>.

Los sindicatos también quieren poner freno a esta situación, que afecta a la movilidad entre las administraciones central, autonómica y local, y van a plantear al Gobierno, con motivo de la negociación que se va a abrir sobre la futura Ley de Función Pública, que se fijen <<criterios comunes de homogeneización de las condiciones de trabajo y de las retribuciones para que pueda haber movilidad interadministrativa>>. En este sentido, el vicepresidente de la CSIF asegura que ya se lo han planteado, en conversaciones informales, a los responsables del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y <<están dispuestos a hablar, otra cosa es en qué puede quedar>>. Desde este departamento ministerial no se descarta abrir el debate, pero matizan que lo primero que hay que hacer es conocer la realidad y saber cuál es la situación.

Los sindicatos, según señala Fernández, creen que deben de aprobarse criterios comunes sobre el desarrollo de la carrera profesional, la evaluación del desempeño y del trabajo, así como la productividad. <<No debe haber diecisiete servicios de salud distintos con diecisiete carreras profesionales>>, apunta el vicepresidente de la CSIF.

La negociación de esta Ley de Función Pública es el marco ideal para plantear esta cuestión. Esta normativa debería haber sido aprobada por el Gobierno anterior, ya que en 2007 se dio luz verde al Estatuto Básico del Empleado Público, que fijaba un plazo de dos años para elaborar la Ley de Función Pública. Sin embargo, no se hizo y ahora cada comunidad autónoma tiene que hacer la suya, así como la Administración General del Estado. A día de hoy, las únicas Comunidades que han aprobado esta ley son Valencia y Castilla-La Mancha.

El principal problema al que se pueden enfrentar el Gobierno y los sindicatos es la negativa de aquellas autonomías que no quieran aplicar los criterios comunes para la fijación de los complementos.