Ley para la racionalización y sostenibilidad local

El Gobierno suprimirá las entidades que no corrijan su déficit antes del año 2014

 18/01/2013
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El anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros del próximo 25 de enero, prevé que todas aquellas entidades locales que actualmente se encuentren en una situación deficitaria “dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2013 para aprobar, previo informe del órgano interventor de la entidad local, un plan de saneamiento individualizado con el objetivo de corregir la situación de déficit”.

Lacronicadeleon.es 17.01.13

El último anteproyecto que actualmente maneja el Gobierno advierte de que “si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la entidad local en el plazo máximo de los siete meses siguientes a contar desde esa fecha, disolverá cada una de las entidades que continúe en situación deficitaria. Si agotado el mencionado plazo de siete meses la entidad local no ha disuelto dichas entidades, quedarán automáticamente disueltas el 1 de agosto de 2015”. Según el texto que estos días ultima el Gobierno, y al que ha tenido acceso La Crónica, “esta situación deficitaria se referirá, para los entes que tengan la consideración de Administración pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras que para los entes no considerados Administración pública se entenderá como la situación de desequilibrio financiero”.

Se trata de uno de los retos más complejos para ayuntamientos, consorcios, mancomunidades, grupos de acción local y obviamente juntas vecinales (en León más de 1.200) de cuantos les pone por delante el mencionado anteproyecto, aunque desde luego no el único.

Las entidades que presenten déficit por encima del permitido no podrán participar en nuevos consorcios. Éstos pasarán a estar bajo el punto de mira del Gobierno: por primera vez, con carácter básico, se completa la regulación de la figura del consorcio con el ánimo de evitar que puedan quedar ajenos al sistema de control financiero. Para ello se concreta la Administración pública a la que se adscriben y el régimen del personal a su servicio, así como el régimen presupuestario, contable y de control que le resulta aplicable. El objetivo de todo ello es controlar el déficit de todas las administraciones locales para, de este modo, cumplir las exigencias de déficit público.

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