El Gobierno controlará a los municipios y retirará los servicios mal gestionados

Las diputaciones asumirán por ley las competencias de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que no las presten de forma eficaz

ABC 17.01.13

Cuentas a raya, nada de números rojos que se estiran sin límite y mucho menos intentar eludir la realidad de los guarismos. El Gobierno central tiene claro que no está dispuesto a que el desmadre vuelva a imperar y los ayuntamientos están en su punto de mira. La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 que está previsto que apruebe el Consejo de Ministros el próximo 25 de enero supondrá un cambio radical y dotará de una mayor intervención del Ejecutivo de la nación sobre los municipios, especialmente los de menos de 20.000 habitantes. La legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera es el hilo conductor de la modificación, surgida en el actual entorno de crisis y deuda pública disparada.

El texto, según ha podido saber ABC, pretende dar mayor control al Gobierno sobre los municipios de menos de 20.000 habitantes, de modo que incluso podrá determinar que un ayuntamiento deba ceder sus competencias a las diputaciones -que ganan peso y poder de gestión con esta reforma- si no cumple con los criterios de estabilidad fijados. No enmarcasen dentro los límites de déficit establecidos, no presentar cuentas al Consejo de Cuentas, no cumplir con los criterios de deuda municipal, incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria o superar el límite legal de endeudamiento son los parámetros que el Ejecutivo de la Nación vigilará con lupa en el mapa municipal para dictaminar si los ayuntamientos pueden o no seguir ejerciendo sus competencias.

Una labor en la que los secretarios e interventores jugarán un papel fundamental. Serán los “aliados” del Gobierno en los pueblos. Los “espías” que deberá notificar si un ayuntamiento cumple con lo establecido en la ley cuyo contenido verá la luz a finales de enero con el objetivo de que entre en vigor en seis meses, esto es, antes de agosto. Los secretarios e interventores municipales deberán enviar al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas un formulario homogéneo para todos donde se ve si se cumplen o no los parámetros establecidos. Y más les vale que cumplan con la nueva encomienda. Nada de escaquearse ni hacerse los remolones para no decir cuál es el estado de su ayuntamiento, pues la Ley de Estabilidad Presupuestaria introduce sanciones para estas figuras.

Si el Gobierno detecta que no cumplen, llevará a cabo lo que denomina “control de estándares de calidad”, es decir, auditorías de los ayuntamientos infractores con la norma y se determinarán que competencias deben entregar directamente por ley a las diputaciones. Las instituciones provinciales asumirán tanto la titularidad como la gestión de ese servicio que era deficitario en manos municipales, por los que si un consistorio pertenecía a una mancomunidad relacionada con el mismo, la deberá abandonar.

El texto incluye también novedades en la recaudación, como la obligación de que los ayuntamientos cobren una tasa por el agua, ya que muchos no lo hacen en este momento.

Además, se auditará a todas las mancomunidades. Las que no cumplan, también traspasarán su cartera de servicios a las diputaciones.

La reforma tiene gran trascendencia en Castilla y León, una comunidad con 2.248 municipios, que representan más de una cuarta parte de los 8.116 que hay en toda España. Y no sólo por las peculiaridades y características de una región con alta dispersión, baja densidad demográfica y un 75 por ciento que no superan los 500 habitantes. Casi la mitad no cumplen con el que será un futuro requisito que determinará si pueden mantener sus competencias intactas: rendir cuentas. Según el último informe del Consejo de Cuentas, del pasado noviembre, sólo el 54,3% de los ayuntamientos (1.221) atendieron a esta obligación.

La mitad, afectados

Sólo en base a este criterio, la mitad de los ayuntamientos podría verse afectado y tener que ceder a las diputaciones sus competencias. Las instituciones centenarias lejos de desaparecer, como piden algunas voces críticas, ganan peso y poder en la línea de lo apuntado por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien defendió dotar a las diputaciones de mayor poder gestión y menos carga política.

El objetivo del Gobierno, que ya tiene una idea de los ayuntamientos en el punto de mira -de hecho, aquellos que se adhirieron al FLA deben pasar periódicamente informes al ministerio que dirige Cristóbal Montoro- es que un año después de que entre en vigor la norma, es decir, en verano de 2014, se tenga lista esa fiscalización de las arcas municipales para ver si alguno debe ceder servicios.

La nueva norma, también deja claro que los entes locales deben prestar atención prioritaria a sus competencias propias, por lo que si una prestación no básica da números rojos, se suprime. El principio de una competencia una administración es la base de la reforma, en la que se fija que cualquier delegación de funciones debe ir adecuadamente financiada y acompañada del presupuesto correspondiente ajustada al milímetro.

El listado de competencias queda delimitado y tal y como ya avanzó este periódico, descarga a los ayuntamientos de competencias hasta ahora gravosas como el mantenimiento de los centros escolares de Infantil y Primaria y los consultorios médicos.

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