Los alcaldes canarios acusan al Estado de forzar la pérdida de la autonomía municipal

Los alcaldes canarios acusan al Gobierno central de perseguir la pérdida de autonomía local a través de la reforma de la administración municipal. La Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha aprobado las alegaciones al anteproyecto de Ley para la Racionalización y la Sostenibilidad de la entidad local, en las que hace hincapié en que el Estado quiere restringir y vulnerar la autoorganización municipal.

Laprovincia.es 10.09.12

En el documento, de 21 páginas, los ayuntamientos isleños admiten la necesidad de reordenar estas administraciones, pero insisten en que cualquier cambio debe partir de un análisis previo de las competencias y servicios "impropios" -como educación y sanidad- que vienen prestando las localidades desde hace muchos años, demanda que estiman que no se recoge en el texto redactado por Madrid.

El Ejecutivo del PP busca la reforma del sistema competencial contenido en la Ley reguladora de las bases del Régimen Local para evitar duplicidad en la prestación de servicios y eliminar las actividades "impropias", lo que supondrá un ahorro de al menos 3.500 millones de euros. Destaca que la administración local debe racionalizar su estructura, "en ocasiones sobredimensionada", en aras de garantizar su sostenibilidad financiera. Los ayuntamientos están de acuerdo, pero exigen también la clarificación de la cartera de servicios y, especialmente, que la propia ley contenga una asignación financiera suficiente para ejecutarla.

Otro de los puntos conflictivos es el artículo 26 del anteproyecto, referido al traspaso de los servicios mínimos obligatorios de municipios de menos de 20.000 habitantes a los cabildos "en caso de que no se cumplan los estándares de calidad". En el marco de este redimensionamiento, los cabildos asumirían la titularidad de las competencias con el traspaso de personal. En la actualidad ascienden a 58 los consistorios canarios con una población inferior a la referida y cuya actividad sería analizada con lupa.

Pero ¿por qué se diferencia entre municipios de más o menos 20.000 habitantes y no 50.000, 10.000, 5.000 o 1.000 vecinos? Ésta es la pregunta que esboza la Fecam, que cuestiona el argumento estatal de que se intenta obtener "economías de escala". Un criterio que la federación tilda de "equívoco porque se limita a comparar costes per cápita como si todos los municipios tuvieran una continuidad territorial y demográfica", cuando la realidad es que muchos sitios de menor población existen porque así lo han determinado las condiciones orográficas, de distribución demográfica e incluso de aislamiento, factores que condicionan los costes de prestación".

Es más, la Fecam advierte de que la centralización en la realización de los servicios municipales no asegura un mejor servicio sino "todo lo contrario", ya que puede llevar a una disminución de su regularidad y calidad. Por ello, exige reconsiderar los servicios mínimos y obligatorios, suprimir la fijación de estándares mínimos de calidad por reglamento estatal y su vinculación con la financiación, así como desterrar el mecanismo de asunción de competencias por los cabildos.

No obstante, la Fecam lanza un órdago al Estado y aboga por completar la regulación estableciendo un periodo mínimo de cuatro años de vigencia de cualquier delegación de competencias, eso sí, con la recurrente exigencia de que se aseguren los recursos económicos para desempeñarla.

Respecto a la evaluación de todos los servicios municipales en un año desde la aprobación de la Ley, la organización cuestiona el desarrollo de este precepto sin contar con una metodología de evaluación. Con todo, remarca que los parámetros de esta evaluación serán fijados "unilateralmente" por el Ejecutivo central "sin ningún criterio o principio de referencia".

Igualmente, la Fecam contradice la filosofía estatal de disolver las mancomunidades, hecho que ve "incongruente" porque se decide su erradicación sin someterlas a un estudio sobre su eficiencia en la prestación de servicios.

La federación regional exige respeto a las "señas de identidad del municipalismo" y aboga por una reforma "conjunta" de la Ley de las Bases del Régimen Local y de la de Haciendas Locales, que rigen la autonomía local y financiera. "Cualquier otro planteamiento es parcial e insuficiente", sentencia la Fecam.