El Mundo - 10/04/2012
Primero lo apuntó Esperanza Aguirre y luego la alcaldesa asumió el reto de intentar eliminar trámites burocráticos para reactivar la economía. El delegado de Economía y Participación Ciudadana, Pedro Calvo, ha asegurado que en junio pretende emprender la tramitación de la reforma de la Ordenanza de Gestión de Licencias. El objetivo es que, antes de final de año, nueve de cada 10 empresarios puedan abrir negocios en la capital sin necesidad de pedir autorización.
Bastará con que comuniquen a las oficinas certificadoras la puesta en marcha de la actividad. Este cambio normativo no supone que no cumplan lo que establece la normativa. La responsabilidad de que estén en orden es suya, por lo que cuando los servicios técnicos municipales revisen las autorizaciones deben estar en regla, como cualquier otra actividad.
Calvo ha dado a conocer esta iniciativa durante el balance de los dos años de puesta en marcha del nuevo sistema de licencias. Hay que recordar que en 2010 el Consistorio dejó esta competencia en manos de entidades privadas, las denominadas oficinas certificadoras, oficialmente conocidas como ECLUS. Son 27 entidades que tienen 48 oficinas distribuidas por toda la ciudad.
Desde 2010 al 31 de marzo pasado se habían tramitado 16.039 solicitudes de licencia pero sólo se han producido 5.108 inspecciones. De ellas, 2.833 lo fueron por existir una denuncia previa y 2.275 de oficio.
Un portavoz de Economía, asegura que la Policía Municipal también inspecciones para saber si se cumple la normativa. Por lo tanto, se han revisado sólo una de cada tres autorizaciones dadas. Por otro lado, de los 4.614 expedientes sancionadores abiertos, 3.453 tuvo como causa los seguros; 467 por falta de documentación; 27 por aforo; 406 por horario y 163 muy graves.
El objetivo de este cambio de organización en el Ayuntamiento era eliminar el colapso que existía en las juntas de Distrito y en Gerencia de Urbanismo, ya que el 75% de las peticiones eran actos comunicados. Es decir, peticiones de cambio de actividad de un negocio. Se trata de actividades sin incidencia ambiental o que no afectan a la seguridad de las personas.
El cambio en la forma de actuar se llevó a cabo después de la llamada 'operación Guateque' por la que la Guardia Civil detuvo a funcionarios municipales vinculados con una supuesta red de agilización irregular de licencias. Durante estos dos años, el Ayuntamiento sostiene que se ha agilizado el proceso de concesión de licencia hasta el punto que los actos comunicados tienen autorización en 15 días. Concretamente, se han resuelto en este plazo el 72% de las solicitudes presentadas por los ciudadanos, mientras que, aseguran, antes se podía llegar a tardar hasta nueve meses.
A lo largo de estos dos años se han puesto 37 reclamaciones contra las ECLUS y tan sólo cuatro han acabado en sanción. El 25% de estas reclamaciones fueron por entender el usuario que se le estaba cobrando más de lo debido. El Ayuntamiento asegura que las tarifas de estas oficinas certificadoras suponen un ahorro de un 20% con respecto a la anterior tarifa. Hay que precisar que todas las autorizaciones que dan estas entidades privadas son luego inspeccionadas por los servicios municipales para comprobar que se ajustan a la legalidad. Es decir, que revisan si la licencia que se ha dado se ajusta a las obras que se están haciendo.
El 40% de las autorizaciones que se han dado a comercio (40%), seguido de la hostelería (12), actividades administrativas (12%) y servicios como peluquerías, centros de estética o higiene de animales (9%).
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