diariodecadiz.es 21/02/2012
El Ayuntamiento trabaja ya en lo que será el proceso de regularización de un total de 53 diseminados urbanos (seis pertenecientes al PGOU de 1992 y 47 al nuevo plan al que recientemente se ha dado luz verde), en total cinco millones de metros cuadrados de suelo en el que se levantan ya más de 4.330 viviendas.
La aprobación del nuevo PGOU servirá entre otras cosas para regular la situación de estos enclaves, lo que requerirá del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y los propietarios.
Desde ayer mismo se están produciendo reuniones entre el alcalde, Enrique Moresco, el concejal de Urbanismo, Diego Muñoz, y las distintas asociaciones de propietarios, a las que se trasladarán los detalles del procedimiento de regularización.
Enrique Moresco explicó ayer que, siendo conscientes de las dificultades del momento económico que se vive, el Ayuntamiento está en contacto con distintas entidades financieras para la posible financiación de este proceso de regularización, en el que cada propietario tendrán que aportar distintas cantidades para poder legalizar su vivienda.
El alcalde y el concejal de Urbanismo detallaron ayer algunos de los pasos del proceso de regularización, siendo el primero de ellos la elaboración de una ordenanza cuyo primer contenido se conocerá a mediados de marzo, pero que no estará en vigor hasta el mes de junio.
Una vez que la normativa municipal esté aprobada, en seis meses se empezarán a elaborar los primeros instrumentos de desarrollo, como planes parciales o planes especiales. Las distintas obras de urbanización podrían empezar a acometerse a partir del primer trimestre de 2013, y según las estimaciones municipales, en un plazo de seis años la mayoría de los diseminados podrían estar ya urbanizados, sobre todo aquellos más próximos a la malla urbana. "En doce años el fenómeno 'ema' habrá pasado a la historia", dijo el alcalde, para añadir que estas obras supondrán además una importante reactivación de la economía local.
Algunos de los diseminados que el Ayuntamiento proponía regularizar no podrán finalmente incorporarse a este proceso, como es el caso del poblado de la Sierra de San Cristóbal, que se considera demasiado aislado del casco urbano, o las zonas afectadas por el Corredor Verde, cuyo futuro se deja en manos de los redactores del Plan de Ordenación del Territorio (POT), ya que se permite al Ayuntamiento regular la zona mediante un Plan Especial.
El edil de Urbanismo no quiso avanzar ayer las estimaciones económicas que conlleva este procedimiento, ya que se sigue trabajando con distintas fórmulas en función de las particularidades de cada uno de los diseminados.
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