laopinion.es - 12/01/2012
Los promotores que quieran organizar fiestas en la vía pública tendrán que haber cumplimentado los principales permisos con dos semanas de antelación y la Policía Local podrá suspender las actividades irregulares sin necesidad de un decreto específico municipal que ordene el cese. Estos serán las principales consecuencias de la ordenanza municipal que preparan en este momento cuatro concejalías, las de Seguridad, Urbanismo, Fiestas y Cultura, así como la Sociedad de Desarrollo.
El procedimiento se pondrá en marcha "lo antes posible" para resolver los vacíos legales en la celebración de fiestas en el municipio, así como "aclarar y simplificar" los requisitos a los promotores para evitar casos como los de la pasada Navidad en el Parque Marítimo y el Auditorio, que han desembocado en la apertura de un expediente sancionador.
Esto adelantaron los ediles de Seguridad, Carmen Delia González, y Urbanismo, José Ángel Martín, quienes cuentan con el apoyo del alcalde, José Manuel Bermúdez, y del teniente de alcalde, Julio Pérez, para sacar adelante una normativa "cuya prioridad será favorecer el trabajo de los promotores de actos", según Carmen Delia González. Ya se han celebrado las primeras reuniones de los técnicos de las diferentes áreas. La intención es que este nuevo marco afecte a cualquier tipo de espectáculo en la calle o instalaciones públicas dependientes del Ayuntamiento, precisó la concejal.
Con esta norma, el gobierno local confía en no tener que llegar al extremo de que Urbanismo incoe expedientes disciplinarios como los abiertos contra el gestor del Parque Marítimo y una empresa privada por organizar dos fiestas navideñas que carecían de permiso. La primera fue un banquete celebrado el pasado 16 de diciembre dentro del complejo de piscinas. Los gestores del Parque Marítimo, una sociedad de la que es responsable el propio Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, lo permitieron aún cuando Urbanismo les había advertido que no era posible al no estar ese uso contemplado en el plan de la instalación.
La segunda fue la fiesta de la pasada Nochevieja organizada por la productora Ozu Events en la parte trasera del Auditorio de Tenerife, a la que asistieron más de 3.000 personas y que no contaba con autorización de la Autoridad Portuaria. Ambas sociedades se enfrenta una sanción que puede alcanzar los 60.000 euros.
"Esas fiestas no contaban con los permisos oportunos, como ha dejado claro el área de Urbanismo, pero la Policía Local no podía ir allí y suspenderlos". Carmen Delia González aclara que para eso los agentes debían haber contado con un decreto específico que ordenara la cancelación de la actividad. "La ley lo deja muy claro. Aún contando con un informe municipal que dice que esa actividad no cumple con la normativa, la Policía lo único que puede hacer, como de hecho hizo en ambos casos, es hacer un informe de lo que ocurre allí o abrir un expediente sancionador que se remite al área correspondiente, en este caso Urbanismo, para que lo tramite y adopte la resolución oportuna", matiza.
Con el nuevo procedimiento que prepara Seguridad, la Policía Local "sí podrá suspender esas fiestas", admite González. De todos modos, la responsable de Seguridad precisa que el objetivo de la norma no es endurecer el régimen disciplinario, sino facilitar a los empresarios la celebración de estos actos y que puedan reunir la documentación necesaria, siempre que se adapten a las normativas y sean aprobados por el Ayuntamiento.
"Lo que se pretende es que no se tenga que llegar al punto de enviar a varias patrullas a una fiesta para hacer un informe y en última instancia incluso prohibirla. Hay que tener en cuenta que suspender un acto con un centenar de personas es una cosa y hacerlo con uno de más de 3.000 es otra muy distinta y que implica muchas complicaciones. Lo que perseguimos es que los promotores sepan perfectamente a qué atenerse y que si no cuentan con los permisos, no tengan oportunidad de hacer ningún montaje amparándose en los vacíos legales. Esto ahorrará muchos gastos y confusiones que no ayudan en nada", aseveró González.
La concejal admitió que la capital "carece de un procedimiento específico en esta materia". Existen diferentes normas. La mayoría de ellas dependen de Urbanismo, pero también de las concejalías de Seguridad, Fiestas y Cultura, que se solapan y puedan llegar a crear confusión entre los propios funcionarios y los empresarios. Esto explica el edil de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt.
Según precisó Martín, los promotores deberán tener los principales requisitos dos semanas antes de la actividad, aunque se mantendrá el permiso de final de obra, que se puede llegar a entregar el mismo día del acto. Es el que realizan los técnicos una vez que acuden al montaje e informan sobre si las instalaciones cumplen con las condiciones de la cesión del espacio.
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