El Consejo de Gobierno aprueba la licitación del nuevo contrato de transporte sanitario terrestre, por un importe de 285 millones de euros

El Consejo de Gobierno, reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado la licitación del nuevo contrato de transporte sanitario terrestre en Extremadura, por un importe de 285 millones de euros, que "marcará, ha explicado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara Gª Espada, un antes y un después, un punto de inflexión" en este modelo de transporte.

Juntaex.es 25.06.25

Ha explicado que "si comparamos" esta licitación con el contrato actualmente en vigor, "que data de 2022", este nuevo expediente "supone un incremento presupuestario del 72 por ciento", dada la incorporación "de forma íntegra" del convenio colectivo pactado entre sindicatos y patronal.

Esta nueva licitación contempla alcanzar "una inversión récord de 56,5 millones de euros", mientras que en 2022 "se presupuestaron 27 millones de euros en concepto de personal".

Gª Espada ha señalado que "de esta forma demostramos que lo que otros llamaban `imposible¿ era, en realidad, una cuestión de voluntad política; lo que durante años justificaron con excusas, nosotros lo hemos resuelto con hechos y con cifras; mientras algunos se conformaron con dejar en el olvido a cientos de trabajadores, este Gobierno ha elegido dignificar su labor y reconocerla con justicia".

La consejera ha explicado que, una vez aprobada la licitación del nuevo contrato, "el siguiente paso, y de forma inmediata" será su publicación en la Plataforma de Contratación, "con un plazo de presentación de ofertas de 30 días" y, según lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, "estimamos que la adjudicación definitiva estaría prevista para antes de que finalice el año".

En este sentido, ha añadido que se iniciaría así un periodo de transitoriedad de 6 meses antes de la ejecución efectivo del mismo.

El contrato tendrá una duración de cuatro años, "contemplándose la posibilidad de una prórroga adicional de hasta 12 meses" y, en su opinión, se trata "de un contrato ambicioso" que garantiza una transición ordenado y eficiente hacia un nuevo modelo operativo "que implica una inversión sin precedentes".

Sara Gª Espada ha indicado que este servicio, "que reciben a diario miles de extremeños", precisaba un refuerzo de la flota y por ello "pasaremos de 423 unidades, actualmente operativas, a 468", es decir, "47 vehículos más".

Ha confirmado que "mantenemos nuestro compromiso de sustitución" de las 120 ambulancias no asistenciales en los Punto de Atención Continuada (PAC) "por ambulancias asistenciales tipo C".

Tras recordar que este martes se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el nuevo contrato del transporte sanitario terrestre, la consejera ha anunciado que en el pliego queda definida la implementación de un sistema informático para la gestión de rutas; así como el establecimiento de un Plan Específico de Transporte para Pacientes en Diálisis, con rutas diseñadas de forma más eficaz y personalizada.

Ha asegurado que este nuevo contrato "es el resultado de un proceso de diálogo abierto, participativo y constructivo" y ha destacado que "estamos sentando las bases de un sistema sanitario en Extremadura que no únicamente responde a las necesidades del presente¿ sino que está preparado para afrontar con garantías los retos del futuro".

Gª Espada ha dicho que este contrato "representa una apuesta firme del Gobierno de la presidenta María Guardiola para mejorar el servicio a beneficio de todos los extremeños".

HOGARES DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

El Consejo de Gobierno también ha aprobado la licitación de un nuevo contrato para los Hogares de Inserción Sociolaboral destinados a menores y jóvenes que cumplen medidas judiciales.

Ha explicado que "nos encontrábamos trabajando en la elaboración de un nuevo pliego que mejorara lo encontrado a nuestra llegada" cuando, ha recordado, "sucedió el fatídico hecho acontecido en este recurso en el mes de marzo"

La consejera ha confirmado que "hoy damos respuesta al compromiso adquirido con los colegios y asociaciones de profesionales del ámbito social", licitando un nuevo contrato que "contribuirá a garantizar las condiciones de seguridad y calidad en su trabajo".

Para ello, ha afirmado, "duplicamos el presupuesto base de licitación del contrato anterior, pasando de 1,8 a 3,5 millones de euros", necesario para continuar con la mejora de los sistemas de protección de menores y de justicia juvenil "que venimos realizando desde nuestra llegada al gobierno".

Sara Gª Espada ha indicado que, entre las condiciones impuestas, se contempla una ampliación del número de profesionales, de tal forma que "garantizamos la presencia de, al menos, dos en cada turno, durante las 24 horas del día, los siete días de la semana" y, en este sentido, ha asegurado que "no volverán a quedarse solos, tal y como llevan demandando desde hace años".

Ha comentado que se introduce "por primera vez" una nueva categoría profesional, con un perfil relacionado con el control, la seguridad y la contención, "la de auxiliar de control educativo", que se suma a los actuales Psicólogos, Educadores Sociales, Trabajadores Sociales y Auxiliares Técnicos Educativos, "conformándose así un equipo multidisciplinar".

Ha confirmado que será obligatorio disponer de un sistema de alarma, tipo "botón del pánico" que garantice una respuesta rápida ante situaciones de riesgo para la integridad física de los menores o de los trabajadores; de un protocolo especifico de actuación ante situaciones de violencia; y de una herramienta técnica de evaluación del riesgo de reincidencia, "que deberá utilizarse tanto durante el proyecto educativo como en el informe final de cada residente".

El proyecto educativo para cada joven deberá contemplar medidas que vayan más allá de lo asistencial, incluyendo actividades formativas, intervención psicosocial y terapéutica, fomento de hábitos de vida saludables y apoyo real a la inserción sociolaboral, con un objetivo claro, ha dicho Gª Espada, "prevenir la reincidencia y facilitar la verdadera reintegración social de los menores".

RECURSOS DEL MARCELO NESSI

La consejera ha afirmado que se han reforzado los recursos del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales 'Vicente Marcelo Nessi' de Badajoz, "mejorando tanto la seguridad como la atención educativa de los menores internados".

El centro, con capacidad para 50 plazas y 33 menores internos, ofrece enseñanza secundaria y un ciclo formativo, además de actividades culturales, deportivas y de reinserción.

Ha explicado que "ante los episodios de violencia que se han registrado, hemos adoptado medidas que no se aplicaron en etapas anteriores" y ha recordado que en agosto de 2024 "pusimos en marcha la Unidad de Intervención Individualizada para menores con conductas disruptivas y hemos reforzado la plantilla del centro desde nuestra llegada".

Esta misma semana, ha añadido, se ha autorizado un refuerzo de 11 profesionales que comprenden 6 ATE, 4 educadores sociales y 1 trabajador social; y se ha intensificado la formación del personal en prevención de violencia, suicidio y adicciones, hemos actualizado protocolos de actuación e implantado un programa de apoyo psicológico a los trabajadores.

La consejera de Salud y Servicios Sociales ha afirmado que estas actuaciones reflejan el compromiso del Gobierno de la presidenta María Guardiola "con los profesionales y la mejora del sistema de reforma juvenil y de protección de menores".

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