El objeto del comentario es la sentencia del TJUE de 12 de julio de 2012, que resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo español en relación con los recursos interpuestos por diversas operadoras de telefonía móvil contra las tasas exigidas por distintos ayuntamientos por ocupación privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. La sentencia resolvió las citadas cuestiones a partir del reconocimiento del efecto directo del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE, de 7 de marzo de 2002 (Directiva autorización), que sólo autoriza a imponer cánones por uso de radiofrecuencias o bien por derechos de instalación, lo que excluye tasas como la impugnada.El razonamiento seguido por el TJUE plantea, sin embargo, diversos interrogantes, en particular si el concepto de “autoridad pertinente” del citado artículo 13 de la Directiva autorización comprende los entes locales. Por lo demás, si bien es posible cuestionar el método de cuantificación de la citada tasa, su supresión absoluta genera un amplio perjuicio económico a los municipios y puede ser contraria a diversos principios fundamentales del derecho de la Unión como la prohibición del enriquecimiento injusto, el propio funcionamiento del mercado interior y el respeto de la autonomía local, reconocido a partir del Tratado de Lisboa.

 

Después de las tres fases del Plan de Proveedores, en las que se han movilizado casi 42.000 millones de euros, para pagar más de ocho millones de facturas de 230.000 proveedores, para poner a cero el contador de la deuda pendiente de pago, el Gobierno envió a las Cortes Generales el texto que hoy se aprueba, para erradicar definitivamente la morosidad de las administraciones públicas, controlar su deuda comercial, suministrar liquidez a las empresas mediante la reducción del periodo medio de pago e incrementar la transparencia y eficiencia en las administraciones públicas.

El Congreso de los Diputados aprobó ayer la Ley de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable que permitirá, a través de una revisión de las prácticas administrativas y de una mejora de los controles contables, asegurar un adecuado cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.

 

El Congreso de los Diputados aprobó definitivamente ayer a Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local con los votos del PP, PNV y UPN. La nueva Ley plantea como principal objetivo potenciar las Administración Local, en cuanto a Administración más próxima al ciudadano, al establecer los mecanismos precisos para permitir el ejercicio de competencias locales con arreglo a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, como mejor garantía de su continuidad.

Los Presupuestos Generales del Estado 2014 entrarán en vigor el próximo 1 de enero después de que el Congreso de los Diputados diera ayer el visto bueno definitivo a unas cuentas públicas a las que solo resta su inminente publicación en el Boletín Oficial del Estado. Se trata de unos presupuestos que recogen con seriedad y rigor la situación real de la economía española, en los que se conjuga una previsión de crecimiento del 0,7% del PIB para el próximo ejercicio y el firme cumplimiento del objetivo de déficit, sin olvidar una atención especial al gasto social para dar respuesta a los sectores de la sociedad más desfavorecidos por las consecuencias de la crisis de los últimos años.

 

La Diputación de Huesca interpone recurso de casación en interés de la Ley contra la sentencia que declaró que la entidad Correos y Telégrafos está exenta del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y ello conforme al párrafo segundo del art. 22.2 de la Ley 43/2010, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.