Aprobada definitivamente la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local

El Congreso de los Diputados aprobó definitivamente ayer a Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local con los votos del PP, PNV y UPN. La nueva Ley plantea como principal objetivo potenciar las Administración Local, en cuanto a Administración más próxima al ciudadano, al establecer los mecanismos precisos para permitir el ejercicio de competencias locales con arreglo a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, como mejor garantía de su continuidad.

- Se clarifican las competencias municipales por ley, eliminando duplicidades y competencias impropias, bajo el principio “una Administración, una competencia” y ajustando la Administración Local a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

- Se garantiza el derecho a unos servicios mínimos municipales para el conjunto de España, pudiéndolos prestar la Diputación Provincial, en los municipios menores de 20.000 habitantes

- Se publicará el coste de los servicios municipales para que el ciudadano pueda comparar la gestión de sus servicios y evaluar a sus representantes

- El sueldo de los miembros de las corporaciones locales se fijará según la población del municipio y se reduce el número del personal eventual y de cargos públicos

- Garantiza, en todo caso, el mantenimiento y la prestación de los servicios a los ciudadanos, entre los que se encuentran los servicios sociales

19 de diciembre de 2013.-. Asimismo, implanta un modelo de gestión por resultados y de evaluación de la gestión y establece la publicación del coste de los servicios, como una medida básica que facilitará la información necesaria al ciudadano, que así comparará en términos de gestión los servicios que recibe y pudiendo evaluara sus representantes.

La Ley ha recibido el apoyo de la FEMP, por tanto, de la mayoría de las Entidades Locales, y el apoyo expreso de las CCAA en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado

Se trata de una Ley necesaria para garantizar y asegurar el correcto funcionamiento de la Administración Local y marca la diferencia a través de la prestación de unos servicios públicos sostenibles y de calidad con independencia del lugar de residencia del ciudadano, con claros objetivos:

- Clarificar las competencias municipales, para evitar duplicidades, bajo el principio de "Una Administración, una competencia".

- Racionalizar la estructura de la Administración Local, de acuerdo con los principios de estabilidad, sostenibilidad y eficiencia, para que no se gaste más de lo que se ingresa.

- Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso.

“Una Administración, una competencia”

Por primera vez, se establecen las competencias municipales, para impedir que los municipios vuelvan a asumir competencias que no le corresponden. Se suprimen así las llamadas "competencias impropias", asumidas indebidamente y que estaban ocasionando un grave perjuicio económico a los ayuntamientos,.

En la Ley no se impone ninguna forma de gestión y en ningún caso supone la privatización de los servicios públicos municipales. La Ley garantiza por tanto la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, como en el caso concreto de los servicios sociales.

Se actualizan las competencias municipales, dando prioridad a la prestación de servicios obligatorios con independencia del lugar de residencia de los ciudadanos. Se garantiza así el derecho a unos servicios mínimos municipales para el conjunto de España.

Las Diputaciones prestarán asistencia a los municipios, en particular en la prestación de servicios obligatorios cuando ésta sea necesaria, siempre con el consentimiento de los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Se establecen, además, garantías a la delegación de competencias: ésta deberá ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual.

Estructura organizativa local

Se adecúa teniendo en cuenta los principios de eficiencia y equilibrio financiero. Las estructuras administrativas y de gestión de las empresas públicas locales, entidades dependientes, consorcios, mancomunidades, entidades locales menores, fundaciones y organismos dependientes se adaptan para cumplir los requisitos de transparencia en la información e integración de estructuras en la Administración que eviten situaciones de opacidad y falta de fiscalización.

Se habilita la ampliación de plazos (31 de diciembre de 2015) para que aquellas entidades que presten servicios básicos al ciudadano acomoden sus ingresos a sus gastos. Además, se establece un sistema retributivo más homogéneo y responsable para los miembros de las corporaciones locales, los funcionarios y los directivos del sector público local.

Profesionaliza la gestión local con un control financiero y presupuestario más riguroso.

La función interventora municipal aparece reforzada con medidas que garantizan el equilibrio entre la responsabilidad política y la profesionalización de la Administración. Supone un modelo donde se delimita las funciones de dirección de los políticos de las funciones estrictamente técnicas que deben ejercer los funcionarios habilitados nacionales.

Culminación de casi dos años de un proceso de negociación

La ley respeta la autonomía municipal, ha sido el resultado de un proceso largo iniciado en febrero de 2012, que culmina ahora tras un período de consulta con los principales interlocutores y administraciones implicadas, en particular, se ha mantenido un diálogo permanente con la FEMP.

A la vez, se abrió también un proceso de consulta con el conjunto de las CCAA. En la tramitación parlamentaria, se han alcanzado acuerdos importantes relacionados con el País Vasco y Navarra, Ceuta y Melilla, Aragón, Consejos y Cabildos insulares y sobre las retribuciones de alcaldes y concejales.

La Ley recoge también los regímenes especiales de las ciudades de Madrid y Barcelona.

Comentarios