Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 3 de septiembre de 2026, en el asunto ARANCEDIS S.L. c. España (demanda nº 23827/25)

 20/11/2026
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Este asunto trata sobre la posible violación del derecho a un proceso equitativo reconocido en el artículo 6 § 1 del Convenio por supuesta existencia de resoluciones judiciales contradictorias en supuestos similares e indebida inadmisión del recurso de amparo por no haber promovido previamente un incidente de nulidad de actuaciones.

Texto de la Decisión

Hechos relevantes

En 2015 la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) detectó que la sociedad Arancedis S.L. había incumplido sistemáticamente, entre 2011 y 2013, las reglas de numeración correlativa de las facturas y que, durante 2013, no había incluido en ellas el tipo impositivo aplicable. La AEAT consideró entonces que la empresa había actuado negligentemente y le impuso una sanción de 1.788.382,98 euros.

La sociedad recurrió la sanción ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que desestimó su reclamación. Posteriormente, interpuso recurso contenciosoadministrativo ante la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (AN) alegando, entre otras cuestiones, que la sanción era desproporcionada y que estaba mal calculada, así como que las facturas habían sido numeradas correctamente y que no concurría culpabilidad.

Mediante sentencia 5467/2023, de 3 de noviembre, la Audiencia Nacional desestimó el recurso. La AN consideró que la empresa se había apartado de forma sistemática de la normativa relativa a las obligaciones de facturación del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, así como de la práctica habitual del sector; que el sistema informático utilizado generaba numerosos saltos en la numeración; que en 2013 no se había aplicado el tipo impositivo correcto – extremo admitido por la propia sociedad – y que esta no había justificado suficientemente las deficiencias, ni explicado por qué no podría adaptar su sistema a la normativa. Por todo ello, la Audiencia Nacional entendió que la negligencia en el cumplimiento de las obligaciones de facturación de la sociedad Arancedis S.L. era sancionable.

Frente a dicha sentencia la sociedad interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS). En este, además de cuestionar la interpretación de las normas hecha por la AN, alegó que esta se había apartado injustificadamente de su sentencia de 18 de mayo de 2022, dictada en un asunto que consideraba idéntico. El TS inadmitió el recurso de casación el 27 de noviembre de 2024 por falta de justificación de interés casacional objetivo.

La sociedad acudió entonces en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), alegando discriminación por el diferente tratamiento de ambos asuntos, así como falta de motivación en la decisión del Tribunal Supremo que, a su juicio, constituía además una vulneración autónoma del derecho a un proceso equitativo. El TC inadmitió el recurso de amparo el 7 de abril de 2025; en cuanto a la falta de motivación en la desestimación del recurso de casación del TS, por no haber agotado todos los medios de impugnación previstos, al no haber interpuesto el incidente de nulidad de actuaciones; y en cuanto al resto de quejas, por falta de especial trascendencia constitucional.

Arancedis S.L. acudió entonces al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), invocando la vulneración del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH); por un lado, por apartarse injustificadamente del criterio de la sentencia de 2022; y por otro lado, que la exigencia de promover un incidente de nulidad de actuaciones se había aplicado de manera imprevisible y contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional.

Criterio del Tribunal

En relación con la alegada contradicción entre resoluciones judiciales, el Tribunal señala que la existencia de decisiones divergentes es inherente a cualquier sistema judicial y no constituye, por sí sola, una vulneración del Convenio. Para que pueda plantearse un problema de seguridad jurídica o de denegación de justicia, deben concurrir circunstancias relevantes, como que los asuntos se basen en hechos idénticos o que exista una divergencia profunda y duradera en la jurisprudencia de los tribunales superiores.

En este caso el TEDH considera que los dos asuntos no eran idénticos. En el de Arancedis S.L. se planteaba, además, la falta de indicación del tipo impositivo en las facturas de 2013.

Asimismo, la valoración de los defectos de numeración dependía de elementos concretos de cada expediente, como la entidad de los saltos, el sistema informático, las explicaciones ofrecidas y el informe técnico aportado. A diferencia de la empresa del asunto de 2022, Arancedis S.L. no planteó ante la Audiencia Nacional la posible incompatibilidad entre la normativa interna y la normativa de la Unión Europea, ni justificó convincentemente el sistema utilizado o la imposibilidad de adaptarlo. Tampoco acreditó una divergencia jurisprudencial consolidada, ni una línea de decisiones en la que pudiera confiar razonablemente. Por ello, esta queja se declara manifiestamente infundada.

Respecto de la inadmisión del recurso de amparo, el TEDH precisa que el Tribunal Constitucional exigió el incidente de nulidad únicamente para la queja relativa a la falta de motivación de la decisión del Tribunal Supremo. Las restantes quejas fueron inadmitidas por falta de especial trascendencia constitucional, no por no haberse promovido dicho incidente.

El Tribunal recuerda que, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional establecida en la sentencia 112/2019 -reproducida en las sentencias 61/2024 y 70/2025-, el incidente de nulidad no es necesario cuando la vulneración de derechos fundamentales procede de una resolución anterior y el recurso posterior se inadmite por razones procesales no imputables a la falta de diligencia del recurrente. En cambio, sí puede exigirse cuando se imputa a la resolución judicial más reciente una vulneración autónoma.

En el presente asunto, la sociedad había alegado expresamente en amparo que la insuficiencia de motivación de la resolución del Tribunal Supremo constituía una vulneración autónoma del derecho a un proceso equitativo. Por tanto, la queja nacía de la propia resolución firme y, antes de acudir al Tribunal Constitucional, debía haberse planteado el incidente de nulidad. El TEDH considera que esta exigencia era previsible, que la sociedad conocía la doctrina constitucional aplicable y que no se ha demostrado una aplicación imprevisible o arbitraria de las reglas procesales.

En consecuencia, el TEDH concluye que ambas quejas están manifiestamente infundadas y, por unanimidad, declara inadmisible la demanda, de conformidad con el artículo 35 §§ 3 a) y 4 del Convenio. La decisión fue adoptada por un Comité de tres jueces y notificada por escrito el 3 de septiembre de 2026.

En Madrid, a 16 de noviembre de 2026

Co- Agente del Reino de España

Heide-Elena Nicolás Martínez

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