Germán Teruel Lozano

Las inmunidades del poder y el control contencioso-administrativo de los nombramientos discrecionales

 20/11/2026
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Este artículo analiza y reivindica desde la perspectiva de la reducción de las inmunidades del poder la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con el control jurisdiccional de los nombramientos discrecionales, singularmente de los nombramientos a órganos garantes, consultivos y reguladores y de los nombramientos de la cúpula judicial. A tales efectos, estudio propone una taxonomía que diferencia entre los nombramientos puramente políticos, reglados, mixtos político-discrecionales y típicamente discrecionales, centrando su atención en estos dos últimos.

Germán M. Teruel Lozano es Profesor titular de Derecho constitucional de la Universidad de Murcia y Director adjunto de investigación de la Fundación Hay Derecho

El artículo se publicó en el número 45 de la Revista General de Derecho Constitucional (Iustel, octubre 2026)

RESUMEN: Este artículo analiza y reivindica desde la perspectiva de la reducción de las inmunidades del poder la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con el control jurisdiccional de los nombramientos discrecionales, singularmente de los nombramientos a órganos garantes, consultivos y reguladores y de los nombramientos de la cúpula judicial. A tales efectos, estudio propone una taxonomía que diferencia entre los nombramientos puramente políticos, reglados, mixtos político-discrecionales y típicamente discrecionales, centrando su atención en estos dos últimos. Se examina cómo la jurisprudencia reciente ha logrado superar tradicionales escollos—como la restricción en la legitimación activa o la revisión de conceptos jurídicos indeterminados— para fiscalizar la arbitrariedad y garantizar los principios constitucionales de mérito y capacidad. Para ello se realiza un estudio singular de una serie de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo entre 2022 y 2023 en los casos del nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado y de la promoción a Fiscal de Sala de Menores, y se cuestiona la anulación de esas últimas por el Tribunal Constitucional en sus SSTC 6 y 7/2026, de 15 de enero. Además, se ofrecen argumentos para superar la jurisprudencia que hasta el momento ha eludido el control judicial de los actos electivos parlamentarios, a colación del caso aún pendiente de resolución judicial del nombramiento de la Comisionada de Transparencia de la Región de Murcia.

IMMUNITIES OF POWER AND JUDICIAL REVIEW OF DISCRETIONARY APPOINTMENTS

ABSTRACT: From the perspective of reducing the immunities of power, this article analyzes and vindicates the jurisprudence of the Supreme Court regarding the judicial review of discretionary appointments, particularly those to oversight, advisory, and regulatory bodies, as well as appointments to the highest ranks of the judiciary. To this end, the study proposes a taxonomy that differentiates between purely political, regulated, mixed political-discretionary, and typically discretionary appointments, focusing its attention on the latter two. It examines how recent case law has successfully overcome traditional obstacles—such as restrictions on standing or the review of vague legal concepts—in order to check arbitrariness and guarantee the constitutional principles of merit and capability. To do so, a specific study is conducted on a series of judgments delivered by the Supreme Court between 2022 and 2023 in the cases of the appointment of the President of the Council of State and the promotion to Prosecutor of the Juvenile Chamber; furthermore, it questions the annulment of the latter by the Constitutional Court in its Judgments 6 and 7/2026, of January 15. In addition, arguments are offered to overcome the jurisprudence that has hitherto evaded the judicial review of parliamentary elective acts, brought to light by the case—still pending judicial resolution—concerning the appointment of the Transparency Commissioner of the Region of Murcia.

1. LA LUCHA CONTRA LAS INMUNIDADES DEL PODER EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA: UNA SINTÉTICA APROXIMACIÓN A SUS AVANCES Y LOGROS EN LA PROGRESIVA SUPERACIÓN DE LA IDEA DEL ACTO POLÍTICO INMUNE A CONTROL JURISDICCIONAL (A MODO DE INTRODUCCIÓN) (1)

Los Estados democráticos de Derecho contemporáneos recibieron en herencia categorías como los actos de prerrogativa, que a veces todavía encontramos por ejemplo en referencia a ciertos actos del Rey, o la idea de actos políticos, que el Diccionario panhispánico del español jurídico define como el “acto del Gobierno dotado de una amplia discrecionalidad que reduce las posibilidades de control jurisdiccional”. También en los actos parlamentarios no legislativos esta idea del acto político habría tenido acogida, fundamentalmente, en la categoría de los actos interna corporis.

Sin embargo, el ideal del imperio de la ley ha tenido que ir progresivamente desactivando esta concepción de los actos políticos que gozan de inmunidad jurídica, aun cuando haya un núcleo que sigue teniendo sentido, también en la lógica de un sistema democrático. Ese núcleo se ciñe a la necesaria discrecionalidad de la que han de disfrutar ciertos órganos para la dirección política del país o, simplemente, en el ejercicio autónomo de sus competencias, de todo lo cual deberán rendir cuentas democráticamente. Pero, más allá, los principios más básicos del constitucionalismo, sintetizados en esa idea del imperio de la ley, resultan incompatibles con cualquier pretensión que busque proclamar espacios de inmunidad donde quien ostenta un poder público pueda ejercerlo, no ya con discrecionalidad y rendición de cuentas democrática, sino de forma puramente caprichosa o arbitraria.

En España, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional ha propiciado los necesarios avances legislativos para dar plena eficacia a estos principios que la Constitución de 1978 expresa, entre otros muchos, en su artículo 9.1 al proclamar que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Seguramente, uno de los avances más importantes lo dio el Tribunal Constitucional cuando, de forma general, sentó que “nada que concierna al ejercicio por los ciudadanos de los derechos que la Constitución les reconoce, podrá considerarse nunca ajeno a este Tribunal” (STC 26/1981, de 17 de junio). Una doctrina que tuvo plasmación concreta en relación con los actos políticos del Gobierno y del Parlamento, sobre los que predicó la posibilidad de que se diera un control jurisdiccional en garantía de los derechos fundamentales vía amparo constitucional (por todas, STC 220/1991, de 25 de noviembre).

Unos avances a los que, como se decía, el Tribunal Supremo también ha contribuido de forma sobresaliente. Nuestro Tribunal Supremo no sólo ha recibido la doctrina constitucional en relación con la garantía de los derechos fundamentales, sino que ha ido más allá, por ejemplo, extendiendo su control de los actos políticos en aquellos “conceptos judicialmente asequibles”, cuando existan parámetros evidentes o asequibles. A este último respecto, fueron pioneras la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 1994, anulando el nombramiento del Fiscal General del Estado por falta de cumplimiento de los requisitos legales(2), a pesar de que se reconocía que no era un acto que tuviese naturaleza “puramente administrativa”, sino que se consideraba una “resolución gubernamental en la que se actúa una opción política”. Una doctrina que se vio consolidada por las tres sentencias de 4 de abril de 1997, del caso de los papeles del CESID, en los que el Tribunal Supremo revisó los elementos reglados en la clasificación de determinados documentos(3).

De igual forma, a modo de ejemplo, podemos recordar cómo en el ámbito netamente político de los instrumentos de control parlamentario al Gobierno, el Tribunal Supremo ha ido forjando una jurisprudencia que ha permitido preservar el derecho de los parlamentarios a la documentación administrativa ante denegaciones gubernamentales(4). Y ha enjuiciado los elementos reglados en los indultos gubernamentales, verificando, a través de un control meramente externo, si se había incurrido en “error material patente, en arbitrariedad o en manifiesta irrazonabilidad lógica”, a pesar de que no se trata de actos administrativos sino ante el ejercicio discrecional de una prerrogativa excepcional que corresponde al Gobierno(5). Entre otros espacios en los que se aprecia ese empeño del Tribunal Supremo haciendo valer el imperio de la ley.

Finalmente, el legislador ha terminado por positivizar estas aportaciones jurisprudenciales. En especial, la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (en adelante, LJCA) constituyó un auténtico hito al contemplar que le corresponderá a este orden conocer de “la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos” (art. 2). Y precisamente ese inciso final que hemos remarcado en cursiva supondrá la superación, en sintonía con la doctrina del Tribunal Supremo, de la vieja distinción entre actos políticos del Gobierno (inmunes) y actos de administración (controlables). Algo que era recordado hace ya más de una década por el Tribunal Supremo:

“La ley parte del sometimiento pleno de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, verdadera cláusula regia del Estado de derecho. Semejante principio es incompatible con el reconocimiento de cualquier categoría genérica de actos de autoridad —llámense actos políticos, de gobierno o de dirección política— excluida per se de control jurisdiccional (Exposición de Motivos de la LJCA de 13-VII-1998). A diferencia de la vieja Ley Reguladora de esta jurisdicción de 1956, que en su art. 2 b) consideraba expresamente como actos políticos los que afectan a la defensa del territorio nacional, relaciones internacionales, seguridad interior del Estado y mando y organización militar, sin perjuicio, claro está, de las indemnizaciones que fueran procedentes, cuya determinación sí correspondía a esta jurisdicción, la vigente ley no solo no contiene ningún listado de exclusión, sino que por el contrario parte, como señala su Exposición de Motivos, del principio de sometimiento pleno de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, <<incompatible con el reconocimiento de cualquier categoría de actos de autoridad —llámense actos políticos, de gobierno o de dirección política— excluidos per se del control jurisdiccional>>. Exigencia derivada del art. 106.1 de la Constitución en cuanto dispone que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa” (STS de 15 de abril de 2014(6)).

De esta manera, siguiendo a Tomás-Ramón Fernández, podemos afirmar que, en particular gracias a esta labor jurisprudencial del Tribunal Supremo, en nuestro país “hay Derecho, desde luego, y sigue habiendo Tribunales en Madrid, como los hubo en Berlín, capaces de poner freno a las ‘arbitrariedades, desafueros y abusos de poder’ en los que siguen incurriendo con preocupante frecuencia nuestros gobernantes a pesar de su categórica prescripción por el artículo 9.3 de [nuestra] Constitución”(7).

Aun así, todavía hay espacio para avanzar, porque persisten ámbitos en los que siguen latiendo con fuerza las inmunidades del poder. Y uno de ellos es, especialmente, el de los nombramientos discrecionales. A pesar de que, según hemos adelantado y veremos con más detalle, ya en aquella primera sentencia de 1994 sobre el nombramiento del Fiscal General del Estado el Tribunal Supremo sentó una importante base para acotar el espacio de inmunidad en los nombramientos discrecionales que realizan distintos órganos constitucionales, que ha ido extendiendo desde el Gobierno al Fiscal General del Estado, pasando por el CGPJ y que, esperemos, pueda hasta llegar al Parlamento. Porque, precisamente en el ámbito parlamentario se observa un plus de dificultad para lograr reducir tales inmunidades introduciendo un efectivo control jurisdiccional, como tendremos ocasión de analizar.

La cuestión del control judicial de los nombramientos discrecionales en los últimos meses ha adquirido una particular notoriedad como consecuencia de una desafortunada sentencia del Tribunal Constitucional que enmienda la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en relación con los nombramientos del Fiscal General del Estado. Estamos, por tanto, en un ámbito muy vivo en el que está en juego la comprensión profunda de nuestro Estado democrático de Derecho, como el propio Tribunal Supremo ha tenido ocasión de replicar. En palabras del Tribunal Supremo, esta doctrina jurisprudencial “lejos de ser exceso, amplía el espacio de vigencia efectiva del Estado de Derecho al delicado terreno de la selección de personas para las altas esferas jurisdiccionales y administrativas, dificultando que se provean en virtud del simple arbitrio del gobernante: quod principi placuit no es un criterio aceptable dentro de un Estado de Derecho”(8).

Así, la serie jurisprudencial que aquí se comentará, con la doctrina que con prudencia ha ido tejiendo la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, es un excepcional legado que recoge aquella noble vocación a la que el maestro García de Enterría nos convocaba para seguir el camino de la “lucha por el Derecho, esa empresa de todos los juristas” que nos lleve a “lograr esa ambiciosa, alta, pero necesaria cota de todo Estado de Derecho que es la de instrumentalizarse como un Estado de justicia, pero entendiendo esta palabra no en cualquier sentido impreciso o retórico, sino precisamente como justicia judicial plenaria”(9). Un propósito especialmente pertinente en el momento constitucional presente que es, por desgracia, el del avance del populismo iliberal, por lo que hay que ser conscientes de la precariedad de estos logros. Pero antes de descender al análisis jurisprudencial se hace necesario realizar un esfuerzo de deslinde conceptual para perimetrar aquello que consideramos como nombramientos discrecionales.

2. TAXONOMÍA DE LOS NOMBRAMIENTOS PÚBLICOS DESDE LA ÓPTICA DE LA REDUCCIÓN DE LAS INMUNIDADES DEL PODER: NOMBRAMIENTOS POLÍTICOS, MIXTOS, DISCRECIONALES Y REGLADOS

La provisión de determinados puestos o cargos públicos puede realizarse, básicamente, a través de tres vías: por elección, ya sea directamente por los ciudadanos o a través de sus representantes, en un sistema que pretende dotar de legitimación democrática a quien es elegido; por concurso público u oposición, o cualquiera de las modalidades mixtas, donde el criterio de selección es el mérito y la capacidad; o, en última instancia, por libre designación sustentada en la confianza de quien nombra, para determinados puestos que exigen esa especial relación(10). Así, normalmente el mérito y la capacidad se constatan en concursos públicos u oposiciones “reglados”, donde existe una discrecionalidad meramente técnica en la evaluación limitada por el proceso de selección, mientras que allí donde opera la lógica democrática o de la confianza a priori rige la discrecionalidad más amplia, casi absoluta si estamos en el ámbito de la elección puramente política.

Por ello, en la medida que la lógica y los principios subyacentes pueden ser distintos y condicionar su régimen jurídico y de control jurisdiccional, resulta útil esbozar una taxonomía que nos ayude a diferenciar los distintos tipos de nombramientos que se realizan para empleos o cargos públicos, teniendo en cuenta varias coordenadas: qué órgano nombra, para qué cargo, cuál es el tipo de vínculo o de principio que debe regir en ese nombramiento (democrático, mérito y capacidad, confianza), y su forma de provisión y el carácter más o menos reglado de acuerdo con las correspondientes previsiones normativas.

Siguiendo estas coordenadas en primer lugar podríamos distinguir los nombramientos electivos puramente políticos (entre otros, designación de presidentes y miembros de gobiernos -nacional o autonómicos-, así como del segmento más político de los altos cargos de la administración -esencialmente, secretarios de Estado y equivalentes autonómicos-(11), y podrían incluirse presidencias y órganos de gobierno de ciertas instituciones(12)). El órgano que designa es político -o ejerce potestades de autogobierno- y también el cargo que se va a ocupar tiene especialmente una dimensión político-representativa. Por ello, en estos nombramientos prima la lógica estrictamente política (o, si se quiere, democrática) a través de un sistema electivo, lo que tiene como contrapartida, normalmente, la posibilidad de exigir responsabilidades políticas (aunque esto sea una hipótesis que suene a ruso en nuestra cultura). La consecuencia es que este tipo de nombramientos a priori tienen una regulación de mínimos y opera con la mayor intensidad la lógica de preservar un espacio de inmunidad de la decisión política, incluso frente al control jurisdiccional.

En segundo lugar, estarían unos nombramientos que podemos calificar como mixtos político-discrecionales para la designación de cargos o magistraturas en órganos que asumen funciones de garantía, control, consultivas o reguladoras. Desde los magistrados del Tribunal Constitucional, vocales del Tribunal de Cuentas o del CGPJ, pasando por presidente y miembros del Consejo de Estado, hasta una pléyade de autoridades independientes y de organismos reguladores (Banco de España, AEPD, AIREF, CNMC). A su vez, dentro de este grupo podrían distinguirse órganos constitucionales o de relevancia constitucional como el Tribunal Constitucional o el CGPJ, de otros órganos que, aun predicándose su autonomía con respecto al poder ejecutivo, tienen una naturaleza de índole más cercana a la administrativa, como serían esas otras autoridades independientes y organismos reguladores. En cualquier caso, para ambos subgrupos la designación no responde a una elección puramente política, sino que se establece un procedimiento donde se conjuga la lógica político-democrática con la exigencia de garantizar la independencia de los designados por las funciones que están llamados a desempeñar. Quien elige es un órgano político (normalmente el Gobierno o el Parlamento), pero su discrecionalidad electiva está acotada normativamente. En especial, las normas reguladoras de estos nombramientos suelen recurrir a dos tipos de requisitos: por un lado, prescriben una especial cualificación profesional (que suele traducirse en exigencias objetivas como los años de experiencia profesional, pero también en otros requisitos jurídicos indeterminados como el prestigio profesional) y, por otro, imponen exigencias procedimentales que van desde contemplar concursos abiertos para que puedan presentarse candidatos hasta audiencias parlamentarias para valorar su idoneidad o exigir votaciones por mayorías cualificadas que pretenden superar filiaciones partidistas. Unas exigencias normativas que han de ser concebidas como una garantía de la independencia del propio órgano. Algo que resulta especialmente importante si tenemos en cuenta sus funciones. Ya que, con Rosanvallon, debemos advertir que son órganos que legitiman nuestra democracia desde su imparcialidad y no porque vengan elegidos democráticamente(13).

En tercer lugar, encontraríamos los nombramientos típicamente discrecionales que se realizan por libre designación. Si bien dentro de este grupo hemos de distinguir a su vez dos subcategorías: por un lado, la libre designación del personal eventual que presta funciones de confianza o asesoramiento, por lo que su nombramiento y cese son libres y rige con la mayor intensidad la idea de confianza (art. 12 EBEP); y, por otro lado, libre designación del personal funcionario de carrera para puestos de especial responsabilidad y confianza (art. 80 EBEP) o para personal directivo profesional (art. 13 EBEP) en los que, aunque en la designación haya un componente de discrecionalidad basado en la confianza, es necesario que se atienda a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad y que se respeten procedimientos públicos abiertos a la concurrencia. Adicionalmente, en este segundo subgrupo también entrarían aquellos conocidos popularmente como los nombramientos de la cúpula judicial (singularmente, magistrados del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia)(14) y fiscal (como ocurre con los Fiscales de Sala de la Fiscalía General). Los letrados de adscripción temporal del Tribunal Constitucional y puestos análogos en otros organismos como serían los asesores en el Tribunal de Cuentas responden también a esta lógica de nombramientos discrecionales, aunque el procedimiento debería distinguir entre aquellos supuestos en los que se vayan a realizar funciones adscritos directamente a un miembro del órgano, donde tiene sentido que prime la lógica de la confianza, de los puestos en los que se está llamado a desempeñar funciones asistenciales al órgano, en cuya selección habría que dar más peso a las exigencias de mérito y capacidad evaluadas a través de un procedimiento público y competitivo(15). Del mismo modo, pueden situarse en una lógica intermedia entre ambos subgrupos los altos cargos no netamente políticos(16) que, aun siendo nombramientos discrecionales anudados a una relación de confianza fuerte, el ideal de profesionalización de la dirección pública debería llevar a que se fuera más exigente con los requisitos de idoneidad, cumpliéndose de forma efectiva lo que la ley ya prevé, como veremos.

Por último, tendríamos los nombramientos reglados a través de procedimientos de concurso público u oposición. En ellos, según lo ya dicho, regiría estrictamente el principio de mérito y capacidad y corresponderá a comisiones u órganos expertos la evaluación. Un ámbito donde no hay inmunidad ni puede jugar la preferencia política ni la confianza, sino únicamente la discrecionalidad técnica del órgano evaluador, quien deberá aplicar las correspondientes bases y criterios de la convocatoria pública.

Pues bien, como se ha adelantado, la vis expansiva de la reducción de las inmunidades del poder ha ido llevando a que los nombramientos públicos hayan ido teniendo una cada vez mayor regulación que ha ido acotando esa discrecionalidad que podríamos llamar genéricamente política o la relación de pura confianza. En otras palabras, en nuestro país, al menos sobre el papel, cada vez hay menos nombramientos netamente políticos o de confianza por libre designación.

Una tendencia que en algún caso ha podido ser excesiva. Por ejemplo, en relación con los nombramientos puramente políticos he tenido ocasión de criticar en otro trabajo la extensión a los miembros del Gobierno de los requisitos de idoneidad previstos para los altos cargos que realiza la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (17). Una opción legislativa que a mi entender resulta poco meditada y con visos de clara inconstitucionalidad, ya que no se puede asimilar un miembro del Gobierno, ya sea el Presidente o sus Ministros, a un alto cargo de la administración(18). Tanto es así que lo mejor que ha ocurrido es que nadie ha intentado aplicar este régimen jurídico a los miembros del Gobierno, pero de hacerse llevaría a situaciones absurdas. ¿Va el Consejo de Ministros a sancionar un posible incumplimiento de estos requisitos en el nombramiento de uno de los miembros del Gobierno, incluido su propio Presidente? ¿Podría esto terminar siendo revisado por los tribunales?

Sin embargo, dejando a salvo esos escasísimos puestos donde la relación de confianza sea la componente fundamental o donde tiene sentido la vigencia del principio democrático, debemos reivindicar esta tendencia legislativa a reglar los nombramientos discrecionales, tanto los mixtos político-discrecionales (segundo grupo) como los del segundo subgrupo de los típicamente discrecionales, y hemos de saludar los consiguientes avances jurisprudenciales para someterlos al control jurisdiccional, porque, según se ha dicho, los mismos llevan a la mayor realización del ideal de independencia de los órganos y a hacer valer el principio de mérito y capacidad en espacios donde, por mucho que tradicionalmente haya pesado la lógica democrática o de la confianza, tiene pleno sentido su profesionalización y su despolitización.

En concreto, a pesar de sus limitaciones, en relación con los nombramientos discrecionales en el ámbito de la administración pública, el Estatuto Básico del Empleado Público supuso un avance al regular el personal directivo profesional (art. 13) y la libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carrera (art. 80), tratando de dar vigencia al ideal de profesionalización de la administración pública y al principio de mérito y capacidad en el acceso a posiciones públicas. Al igual que la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, aportó la exigencia de requisitos de idoneidad para los nombramientos de altos cargos, que deben reunir condiciones de “honorabilidad y de debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar” (art. 2), aunque no reguló mecanismos efectivos para verificar su cumplimiento. Del mismo modo, ha habido modestos avances en la previsión de concursos para los puestos de la cúpula judicial y fiscal, aunque todavía se acusa la indefinición de los criterios de selección y deficiencias en los procedimientos, que podrían mejorarse sin tener que llegar a procedimientos puramente reglados(19). Puede también servir como ejemplo cómo el Tribunal Constitucional en la provisión de plazas de letrados de adscripción temporal, aunque la designación se acuerda “libremente” por el pleno del Tribunal por mayoría absoluta, ha avanzado publicando la convocatoria de las plazas en un procedimiento que trata de generar una apariencia de concurso público. Ahora bien, subrayo que es una mera “apariencia” porque, al final, no hay criterios objetivos de selección, ni se dan a conocer los listados con las valoraciones de los candidatos, entre otras deficiencias.

A nivel jurisprudencial, como decíamos, el Tribunal Supremo sí que ha avanzado con solidez en este ámbito, según estudiaremos con más detalle a continuación con los nombramientos judiciales y fiscales, habiendo sentado una doctrina que afirma la vigencia de los principios de mérito y capacidad proyectada sobre ese grupo de nombramientos discrecionales de funcionarios para puestos directivos o de especial responsabilidad no eventuales. En especial, el Tribunal Supremo ha sostenido que en este tipo de nombramientos la libre designación se concreta en un “libre juicio de idoneidad” que debe atender, no ya a unos criterios previamente fijados como méritos evaluables, pero sí a “los requisitos exigidos para el desempeño del puesto caracterizado por esa especial responsabilidad que justificó su clasificación como de libre designación”(20). Lo que se traduce en que tanto las decisiones de nombramiento como de cese han de venir acompañadas de una motivación que ha de exteriorizar “esos límites a los que está sujeto el acto de elección (respecto a los principios de igualdad, mérito y capacidad y el mandato de interdicción de la arbitrariedad)”(21).

Asimismo, debemos compartir la preocupación por el hecho de que el nombramiento político de órganos garantes, de control, consultivos, supervisores o reguladores como los incluidos en el segundo grupo sea un vector de contaminación partidista que conviene contener. Y, a este respecto, hemos de ser conscientes de que la experiencia en nuestro país evidencia la progresiva y cada vez más acentuada corrupción de las garantías normativas previstas en relación con los nombramientos para salvaguardar la independencia de estos órganos. Por un lado, en el ámbito parlamentario, la lottizzazione a través del reparto por cuotas de las que se benefician los principales partidos en estos nombramientos ha desnaturalizado totalmente la intervención parlamentaria(22). El ejemplo del Tribunal Constitucional es quizá el más doloroso. Como hemos tenido la oportunidad de estudiar desde la Fundación Hay Derecho, existe una clara tendencia a seleccionar como magistrados constitucionales a juristas con vínculos previos con el partido que los patrocina (un setenta por ciento de los actuales magistrados han ocupado cargos designados por el partido que luego los ha promovido, sin ni siquiera respetar un mínimo período de enfriamiento desde que se salta de un cargo por designación política al de magistrado)(23). Por otro lado, las exigencias de especial cualificación profesional que habrían de llevar a estos puestos a personas con acreditadas carreras también vienen relativizándose de forma evidente, por no decir que en muchos casos han quedado como un bello desiderátum normativo. Puede ser ilustrativo repasar quiénes han sido presidentes del Consejo de Estado para comprobar la tendencia actual aquí denunciada.

De igual forma, los mecanismos que se han previsto para controlar la idoneidad de estos nombramientos tampoco han sido muy eficaces, relegados como trámites formales donde se hacen meros exámenes superficiales. Así ha ocurrido con las audiencias parlamentarias o con el filtro ex post para la verificación de la idoneidad de los nombramientos de magistrados constitucionales (art. 2.1.g LOTC). Incluso, no se ha evitado la polémica en los casos donde se han regulado procedimientos más innovadores en los que la discrecionalidad política se limita con formas de concurso y/o de evaluación experta. Por ejemplo, con la designación de los miembros del consejo de administración de RTVE que en 2021 se sometieron a un sistema de evaluación experta previa, aunque sólo cuatro de los diez consejeros nombrados finalmente habían pasado la nota de corte dada por el comité de expertos, llegando a ser presidenta interina de RTVE la sra. Cascajosa, que había quedado la n. 85 de 95 candidatos, con una puntuación de méritos profesionales de 17,5 sobre 70(24). El nombramiento del presidente y del adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos(25) en 2022 también resultó polémico por el pasteleo político. Tanto que el procedimiento de concurso tuvo que ser paralizado cautelarmente y finalmente anulado por el Tribunal Supremo, considerándolo “viciado de raíz”, al constatarse, “como hecho notorio, que un mes y cuatro días antes de convocarse ese procedimiento selectivo se pactó, luego de hecho, se designó y eligió a quien ocuparía la Presidencia y la Adjuntía de la AEPD”(26).

A pesar de ello, hemos de valorar positivamente cualquier avance en este sentido. Porque, al menos, elevan el coste de las decisiones adoptadas y dotan de una cierta transparencia, permitiendo incluso un control jurisdiccional ulterior. Por tales razones, por mucho que se sea consciente de las carencias y patologías, el camino aquí defendido es ese: postular la oportunidad de prever concursos públicos y sistemas de evaluación experta para este tipo de designaciones, como una fase previa a la designación política (allí donde ésta se mantenga) que constriña la discrecionalidad última del nombramiento(27). De hecho, en mi opinión, nuestro legislador debería tomar en consideración experiencias cercanas como la Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), a la que en Portugal se le ha encargado evaluar la profesionalización y el mérito de los directivos públicos; o los procedimientos para la selección de magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con un comité de evaluación como contempla el art. 255 TFUE(28). También deberían tomarse más en serio, como ya advertimos, las audiencias parlamentarias y mecanismos como el previsto para revisar el nombramiento de magistrados constitucionales y desterrar prácticas como el reparto por cuotas.

Ahora bien, en lo que ahora más interesa, esta tendencia debe venir acompañada de avances jurisprudenciales que permitan ir reduciendo esos espacios de inmunidad, tal y como ha venido realizando el Tribunal Supremo. No se trata de judicializar la política ni de desmerecer su ámbito, pero sí de que la misma esté en última instancia sujeta al imperio de la ley y que se reduzcan esos espacios de inmunidades del poder.

Así las cosas, en este trabajo nos vamos a ocupar fundamentalmente del control contencioso-administrativo de aquellos que hemos considerado como nombramientos discrecionales mixtos para órganos garantes y de los discrecionales de la cúpula judicial y fiscal, sin pretender tampoco un estudio exhaustivo de la jurisprudencia, ya que nos limitaremos a identificar algunos casos de referencia que nos permiten extraer las principales aportaciones. Por su parte, quedarán fuera del estudio los nombramientos puramente políticos y los nombramientos discrecionales basados en la confianza del primer subgrupo, precisamente porque, como se ha dicho, en ellos sí que tiene pleno sentido que siga vigente esa esfera de inmunidad. Y tampoco se analizarán los nombramientos que hemos calificado como reglados, ya que aquí parece claro que no opera la lógica de la inmunidad del poder al estar regidos por procedimientos de concurso y/o oposición, sobre los que además existe una consolidada jurisprudencia. Para el resto de nombramientos discrecionales del segundo subgrupo serán extensibles las conclusiones que extraigamos en relación con los de la cúpula judicial y fiscal.

3. La superación de los escollos para la revisión de los nombramientos discrecionales en órganos garantes, consultivos y reguladores y en las cúpulas judicial y fiscal en la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo

Según hemos podido ver hasta ahora, el Tribunal Supremo ha ido forjando una jurisprudencia en relación con los nombramientos discrecionales que, hundiendo sus raíces en las decisiones antes mencionadas de los años 90, ha adquirido una particular actualidad y ha ido solventando algunos escollos existentes para preservar ese ideal de reducir las inmunidades del poder. En especial, como hemos adelantado, aquí nos ocuparemos de dos ámbitos muy sensibles en estos tiempos de zozobra del Estado de Derecho, donde la politización de ciertos órganos de garantía por la vía de la selección de sus componentes está carcomiendo la confianza en el sistema de contrapesos institucionales y en la independencia judicial: los nombramientos que realizan el Gobierno y el Parlamento para órganos garantes; y los que deciden el CGPJ y el Fiscal General del Estado respecto de la cúpula judicial y fiscal, respectivamente. No obstante, los nombramientos parlamentarios los dejaremos para el siguiente epígrafe, ya que el Tribunal Supremo ha sido muy cauto y casi que diríamos que ha mantenido un muro frente a las posibilidades de control jurisdiccional.

Pues bien, sobre estas cuestiones recientemente ha habido dos asuntos de referencia: el caso del nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado, promovido por la Fundación Hay Derecho(29), y el caso de la promoción a Fiscal de Sala de Menores(30). No han sido los únicos y, como ya hemos apuntado, en realidad hay un goteo de sentencias de nuestro Tribunal Supremo en las que ha ido consolidando su doctrina, favoreciendo el control jurisdiccional de estos nombramientos discrecionales a través de la motivación, ya sea porque existían elementos reglados jurídicamente asequibles o a través del canon de la arbitrariedad y la desviación de poder(31). Y esta es una clave importante. Como se advirtió, por mucho que estemos en un ámbito tradicionalmente discrecional, la tendencia legislativa a la que acompaña esta jurisprudencia, coherente con la realización de principios basilares de nuestro Estado democrático de Derecho, avanza en el establecimiento de requisitos materiales y procedimentales que acotan la misma. Unas exigencias normativas que quedarían en flatus vocis si no existen posibilidades efectivas de un control jurisdiccional, aun cuando éste necesariamente tenga que ser muy deferente.

Y, para lograr que se dé ese control jurisdiccional, el Tribunal Supremo ha tenido que superar en especial dos escollos. El primero, lo restrictiva de nuestra ley contencioso-administrativa en cuanto a la legitimación activa, puesto que, como es sabido, únicamente legitima para impugnar en esta sede a aquellas personas físicas o jurídicas que “ostenten un derecho o interés legítimo” (art. 19 LJCA). De esta suerte, cuando hay procedimientos en los que existe un concurso público entonces es más fácil que pueda haber un legitimado. Es el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió en la Agencia de Protección de Datos o en los nombramientos de la cúpula judicial o fiscal. Pero, allí donde no hay concursos y, por tanto, donde no hay variedad de candidatos que puedan verse perjudicados por la decisión final, la exigencia de un derecho o interés legítimo para justificar la legitimidad podía erigirse como un obstáculo importante para la justiciabilidad de tales nombramientos.

Sin embargo, como ya se dijo, desde su primera jurisprudencia de los noventa el Tribunal Supremo ha venido realizando una interpretación generosa de esta cláusula, fijando una doctrina un tanto casuística pero con un eje vertebral común. Como ha sintetizado nuestro Alto Tribunal en el reciente caso de la presidenta del Consejo de Estado, de esta jurisprudencia “se desprende que, dentro del casuismo que predomina en esta materia, hay una pauta en cuya virtud se aprecia interés legítimo en los recurrentes y, por tanto, su legitimación. No es otra que su relación con la cuestión de fondo debatida en cada proceso, no en términos hipotéticos o abstractos, sino establecida, a partir de los fines estatutarios de cada asociación o fundación y de su respectiva naturaleza a partir de la actuación efectiva que ha desplegado a lo largo de su trayectoria. Asimismo, puede apreciarse una tendencia hacia un entendimiento menos rígido del interés legítimo necesario para fundamentar la legitimación activa”(32).

Una vía que ha permitido que se termine reconociendo la legitimación a entidades civiles como Hay Derecho, entre cuyos fines fundacionales se encuentra la defensa de la legalidad y que ha venido actuando en este ámbito con reconocimiento nacional y europeo(33), o a las asociaciones judiciales y fiscales, cuando se trata de recurrir los nombramientos en sus respectivos ámbitos(34).

Salvado ese primer escollo, el segundo, que sería la posibilidad de controlar actos políticos del Gobierno (no materialmente administrativos), ya había quedado superado con la jurisprudencia de los noventa y ha sido positivizado por el legislador al prever, según dijimos, que corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa el control de los actos del Gobierno “cualquiera que fuese la naturaleza” para proteger derechos fundamentales y revisar los elementos reglados (art. 2 LJCA). De igual forma, la LJCA recogió que los “actos y disposiciones” del CGPJ y del Fiscal General, sin distinguir naturaleza, son susceptibles de control contencioso-administrativo (arts. 1.3.b y 12.b).

Aun así, persiste la necesidad de precisar cómo debe realizarse ese control jurisdiccional. Sobre todo, porque en muchos casos los requisitos de idoneidad para los nombramientos o las bases y perfiles de las plazas que se convocan en este tipo de nombramientos discrecionales no resultan objetivos. Como dijimos, hay algunos que pueden serlo (como ocurre con los años de ejercicio de una profesión -ese fue el supuesto de hecho de la sentencia de 1994 sobre el nombramiento del Fiscal General del Estado-), pero muchos otros apelan a conceptos jurídicos indeterminados como el “reconocido prestigio” o la “experiencia profesional”, así como a genéricos perfiles. Y es en este ámbito donde también debemos reconocer que el Tribunal Supremo ha ido tejiendo unos criterios prudentes. Siendo las sentencias de referencia mencionadas ejemplos de excepcional actualidad.

En el caso del nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado el Tribunal Supremo(35) reconoció que de acuerdo con la ley reguladora tenían que cumplirse dos requisitos: prestigio jurídico y conocimiento experto de los asuntos de Estado. El segundo requisito no se discutía en el caso. Y, en relación con el prestigio jurídico, de acuerdo con el Tribunal Supremo este se traduciría en que se posea “el reconocimiento profesional de la comunidad de los juristas”. Lo cual, concluía el Tribunal, presupone el ejercicio durante un periodo razonable de profesiones jurídicas, pero no basta. Al añadirse la exigencia de reconocimiento se requiere que ese desempeño vaya acompañado de la “apreciación ajena del quehacer profesional”. En definitiva, esa estima pública “ha de ser la lograda y mantenida a través del ejercicio profesional prolongado de la abogacía o de cualquier función jurídica, judicial, fiscal, administrativa, docente, investigadora, publicística o de cualquier naturaleza que suponga un dominio del Derecho tan notable que despierte el aprecio profesional”. Algo que no se daba en el caso en cuestión, razón por la cual el Tribunal Supremo terminó anulando el nombramiento.

Ahora, habrá que ver la respuesta que da el Tribunal Supremo al caso Bacigalupo, donde lo que se discute es la delimitación de la exigencia de ser persona “de reconocida competencia en materias relacionadas con el mercado de valores” como requisito de idoneidad para ser nombrado miembro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Un nombramiento ministerial que se realiza con audiencia parlamentaria previa. Este asunto se encuentra pendiente de casación después de que la Audiencia Nacional rechazara el recurso de la Fundación Hay Derecho en el que se defendía que el sr. Bacigalupo carecía de formación y de experiencia profesional relacionada con el Derecho financiero o el mercado de valores, habiéndose producido el nombramiento recurriendo a una motivación meramente formal y sin que la audiencia parlamentaria correspondiente hubiera supuesto una auténtica verificación de la idoneidad técnica del candidato. Sin embargo, al entender de la Audiencia Nacional, el requisito de la “reconocida competencia”, diferente al del prestigio jurídico, exigiría “notoria y acreditada, pericia, aptitud o idoneidad para algo” (en este caso, para el mercado de valores), pero sin que deba interpretarse de forma reduccionista el objeto de la competencia. Por lo que para integrar la CNMV se puede ser competente si se tienen otros “conocimientos técnicos de carácter transversal”(36). Los cuales, a juicio de la Audiencia, se daban en este candidato.

Por su parte, en las sentencias de la plaza para la Fiscalía de Sala de Menores de la Fiscalía General, el Tribunal Supremo actuó con igual prudencia, por mucho que, según se ha adelantado y luego estudiaremos, el Tribunal Constitucional las haya anulado. En primer lugar, en su primera tanda de sentencias(37), el Tribunal Supremo enmarcó este tipo de nombramientos recalcando que, aunque fueran de libre designación, cuando estamos ante la provisión de puestos entre funcionarios de carrera, entonces “rigen también los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. La idoneidad -luego también la no idoneidad para no ser nombrado- es de libre apreciación, cierto, pero es un juicio que debe ser coherente con las exigencias del puesto porque, repetimos, esa idoneidad es ante todo profesional y la confianza en que se basa radica en que quien nombra espera, confía, en que el designado desempeñará adecuadamente el puesto”(38). A este respecto, debemos destacar el valor de esta interpretación del Tribunal Supremo que trata de extraer este tipo de nombramientos del ámbito de la libre designación pura como meros cargos de confianza, en línea con la tendencia aquí postulada, sobre todo porque también está en juego la carrera profesional. Lo que se traduce en unas particulares exigencias de motivación(39), siguiendo su jurisprudencia en materia de nombramientos discrecionales judiciales(40). En el caso en concreto, el Tribunal concluía que “la discrecionalidad ejercida exija valorar la idoneidad del aspirante para tal cometido en materia de menores” y anulaba el nombramiento con retroacción para que el Fiscal General volviera a resolver integrando en su “nueva propuesta que dé razón de la mayor idoneidad del candidato que proponga para el cargo controvertido tras ponderar y analizar, siempre en cuanto a la materia de menores, los méritos de los dos candidatos en liza, razonamientos que permitan deducir su juicio sobre la capacidad según las exigencias que se prevén para la actuación del Ministerio Fiscal en materia de menores”(41). Una aproximación que también tiene pleno sentido jurídico. Aunque no haya un perfil específicamente predeterminado, las funciones a desarrollar en ese puesto enmarcan las exigencias de idoneidad que deben ser evaluadas.

Algo que, sin embargo, no fue compartido por el Fiscal General, que reincidió nombrando al candidato con menos méritos en materia de menores. Lo que dio lugar a que el Tribunal Supremo tuviera que insistir en la segunda tanda de sentencias(42) en que en una plaza en la que “se entrecruza la lógica de la provisión de una determinada vacante con la de ascenso en la carrera”, donde “lo que se trata de decidir es quién resulta más idóneo para cubrir una plaza que tiene un perfil bien identificado, no cabe infravalorar, cuando no obviar, los méritos específicamente relativos a dicho perfil”. La experiencia en materia de menores no se erige así en requisito ineludible, pero sí que se reclama que se motive razonablemente cómo puede terminar prefiriéndose a un candidato sin experiencia teórica ni práctica en esa materia sobre otro que sí que la tiene, eludiendo además dar “peso y relevancia a la preparación específica en Derecho de Menores, señalando que lo verdaderamente decisivo son otras consideraciones (experiencia en la jefatura, práctica del Derecho Constitucional, sintonía con la orientación de política criminal de la Fiscal General del Estado, etc.)”. Y, en especial, el Tribunal Supremo advierte que “fuera de los supuestos de selección para puestos de confianza mediante libre designación” no es ajustado a Derecho elevar “a criterio explícito, objetivo y legítimo de preferencia” “la mayor o menor sintonía” con las directrices del Fiscal General, con el sesgo que ello comporta. De ahí que, en la medida que el Fiscal General volvió a insistir en no motivar ofreciendo razones que guardaran relación con las características de la plaza, el Tribunal Supremo anuló de nuevo el nombramiento (en este caso con voto disidente de la magistrada María Pilar Teso). Al final, se había incurrido en una falta de motivación “sustancial”, ya que, como habría recordado “un insigne Magistrado y antiguo Presidente del Tribunal Supremo al repasar la jurisprudencia de esta Sala, la motivación no puede ser concebida como ‘un simple ejercicio literario’; y ello porque ‘el control judicial no se detiene en el aspecto meramente formal de la exigencia de motivación, sino que ha de concluirse que una decisión es arbitraria cuando aunque la Administración alegue razones, estas no resultan adecuadas para justificar la decisión adoptada’"(43).

Podemos concluir que el balance de esta jurisprudencia es muy positivo. El Tribunal Supremo, al hacer una interpretación generosa de la legitimación fomenta la rendición de cuentas y favorece la participación de los ciudadanos y de la sociedad civil en los asuntos públicos, a través en este caso del acceso a la justicia como vía para la defensa de la legalidad(44). Algo que sin lugar a duda es una noble razón de interés público(45). Y, además, en cuanto al fondo, el Tribunal Supremo, lejos de haber invadido espacios que no le resultaban legítimos porque, incidiendo en lo ya dicho, existe un núcleo de decisión discrecional que el principio democrático y exigencias de confianza pueden justificar, ha actuado con prudencia. Se ha limitado a hacer valer los contornos mínimos que exige el imperio de la ley y ha favorecido un pilar esencial de toda democracia que es el control (en este caso difuso) al poder. No se ha sustituido a los órganos a los que les correspondía legítimamente realizar los nombramientos, pero sí que se les ha exigido unos mínimos imprescindibles en un Estado democrático de Derecho: que realicen motivaciones suficientes para no incurrir en arbitrariedad y que no desconozcan de manera flagrante las exigencias que el legislador democrático les ha impuesto, aunque sea a través de conceptos jurídicos indeterminados pero no por ello vacíos, los cuales, debemos insistir, son además en muchos casos una garantía de la independencia de estos órganos o exigencias para que se concrete el principio constitucional de mérito y capacidad. Como en su día sostuvo García de Enterría: “El control judicial de la discrecionalidad no es, por ello, una negación del ámbito propio de los poderes de mando, y ni siquiera se ordena una reducción o limitación del mismo, sino que, más sencillamente, trata de imponer a sus decisiones el respeto a los valores jurídicos sustanciales, cuya transgresión ni forma parte de sus funciones ni la requieren tampoco sus responsabilidades”(46).

Por lo expuesto, no cabe sino celebrar esta jurisprudencia como un avance democrático que, incluso, debería servir de acicate para que el legislador la consolidara, en especial en el ámbito de la legitimación activa.

4. (Sigue) Un escollo adicional cuando se trata de nombramientos parlamentarios: el muro de la no revisabilidad de los actos parlamentarios y el caso (aún pendiente) de la Comisionada de Transparencia de la Región de Murcia

4.1. La necesidad de reducir las inmunidades del poder ante la expansión de la función electiva parlamentaria más allá de nombramientos puramente políticos: una potestad jurídica con elementos reglados que reclama control jurisdiccional

Los Parlamentos, en tanto que cámaras de representación de la soberanía popular, son fuente de irradiación de su legitimidad vía nombramientos a distintos órganos, especialmente al Presidente o al Gobierno en su conjunto en los sistemas parlamentarios; pero no solo. De ahí que la función electiva o de nombramientos se haya ido identificando como una función propia de nuestras Cortes Generales y de los Parlamentos autonómicos(47). De hecho, podemos reconocer que se trata de una función con una notable vis expansiva, siendo cada vez más los cargos en cuyo nombramiento intervienen las cámaras parlamentarias, con la consiguiente preocupación ante la reducción de las posibilidades de control judicial que de ello puedan deducirse(48).

Ahora bien, la intervención del Parlamento en nombramientos puede variar en protagonismo y presenta diferentes niveles de intensidad. Por un lado, tenemos la posibilidad de que el Parlamento participe por diferentes vías en un nombramiento gubernamental: a través de la realización de audiencias parlamentarias que facilitan la transparencia del procedimiento de selección, con la posibilidad de veto reconocida al Parlamento o con la previsión de una votación parlamentaria sobre la idoneidad de los candidatos, realizando así un juicio técnico, pero también político(49). No obstante, en todos estos casos, aunque el Parlamento intervenga o incluso co-participe de la decisión ratificándola o vetándola, debemos entender, como se ha dicho, que se trata de nombramientos gubernamentales.

La otra posibilidad es que se tratara de nombramientos, aquí sí, parlamentarios, con independencia de que la formalización última le correspondiera al Gobierno de turno o que haya habido participación de algún otro órgano no parlamentario. Es el caso de nombramientos estrictamente políticos como el del Presidente del Gobierno, nacional o autonómico, pero también de otros nombramientos que hemos calificado como mixtos político-discrecionales, con elementos reglados, para órganos constitucionales de garantía (magistrados del Tribunal Constitucional, vocales del CGPJ(50) o de la Junta Electoral Central, etc.), y, según vimos, para otras autoridades independientes o reguladoras o entes que cumplen con funciones destacadas en el sector público (como son las corporaciones de medios de comunicación públicas, etc.).

Así las cosas, mientras que en los nombramientos gubernamentales con intervención parlamentaria el Parlamento actúa ejerciendo una suerte de control sobre la decisión gubernamental, en el supuesto de los nombramientos parlamentarios en sentido propio la intervención de este órgano busca cumplir con una función de legitimación e integración, según lo dicho(51).

Pues bien, esta distinción tiene también relevancia desde el punto de vista de las posibilidades de su control jurisdiccional. En efecto, los nombramientos aquí considerados gubernamentales en principio no han encontrado escollo para ser revisados judicialmente por el hecho de que haya podido intervenir el Parlamento. Cosa distinta es que la intervención parlamentaria concreta no sea susceptible de revisión jurisdiccional. Por ejemplo, si un Parlamento vetara la propuesta de un nombramiento gubernamental o no la ratificara con las mayorías exigidas, tal decisión debe considerarse parte del núcleo de discrecionalidad política no susceptible de revisión jurisdiccional(52), salvo en lo que pudiera afectar a derechos fundamentales vía amparo ante el propio Tribunal Constitucional. Lo que no es óbice para que se controle judicialmente el nombramiento realizado por el Gobierno con el plácet parlamentario. Por ejemplo, este ha sido el caso ya expuesto del nombramiento del sr. Bacigalupo(53) o de la presidenta del Consejo de Estado(54).

Diferente es si el nombramiento es materialmente parlamentario, con independencia, según dijimos, de que haya participado algún órgano de forma accesoria o instrumental. Y es que en estos casos sí que nos encontramos con un muro que dificulta o impide el control judicial de los actos electivos del parlamento, incluso de aquellos que hemos denominado como mixtos para órganos garantes, que son los que interesan especialmente a este trabajo. Este muro se sostiene en el afán por preservar la autonomía parlamentaria, en el que había enraizado la doctrina de la inmunidad de los actos parlamentarios interna corporis(55). Así, el Tribunal Supremo ha venido considerando que estos nombramientos son actos parlamentarios en el ejercicio de las funciones constitucionales de las Cámaras que no están sujetos a la jurisdicción contencioso-administrativa, “pues no se trata de actos atribuidos a las Administraciones públicas, aun entendidas en el sentido amplio que se establece en la Ley Reguladora, ni de actos políticos sujetos al control de elementos reglados a que se refiere el recurrente, ni constituyen actos o disposiciones en materia de personal o gestión patrimonial de los contemplados en el art. 1.3 de la Ley de la Jurisdicción”(56). Ahora bien, al mismo tiempo, esta idea contrasta con la afirmación, también realizada por el Tribunal Supremo, de que “la autonomía organizativa de las Cámaras, indiscutible para este Tribunal, no puede sin embargo suponer frontera de clase alguna al Ordenamiento Jurídico, es decir al Estado de Derecho. En un Estado de esta clase todos los poderes públicos son jurídicos, es decir, legitimados, y al mismo tiempo constreñidos, por la Constitución y el resto del Ordenamiento Jurídico, como con toda claridad indica el artículo 9.1 de nuestro Texto Constitucional; sin que puedan, por tanto, reconocerse áreas o terrenos inmunes a las normas jurídicas aprobadas por los legítimos representantes de los ciudadanos ni derogaciones singulares de sus determinaciones”(57).

Aún más, conviene recordar ahora que, como igualmente expresó el Tribunal Supremo, existiría una “inicial apariencia de incompatibilidad con la existencia de una parte de la actividad del Gobierno [ahora podríamos decir de un poder público] exenta de control jurisdiccional, siempre que alguien pueda invocar un derecho o interés legítimo que haya sido lesionado por dicha actividad”(58). Precisamente porque, siguiendo con la reflexión de nuestro Tribunal Supremo, aunque se reconozca que existen actos de dirección política en principio inmunes al control de legalidad(59), “otro mandato constitucional que no podemos dejar de tener presente es el del artículo noveno de la Norma Suprema, cuando nos dice que los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y que la Constitución garantiza el principio de legalidad. La unión de estos preceptos con el derecho fundamental reconocido en el artículo 24.1 nos lleva a apreciar la dificultad de principio de negar la tutela judicial, cuando alguna persona legitimada la solicite, alegando una actuación ilegal del poder ejecutivo”(60). Unas razones reproducibles con un Parlamento que, en el marco constitucional presente, ya no es soberano, sino poder constituido y sometido igualmente al principio de legalidad, según dijimos.

De hecho, como sabemos, esta inmunidad judicial de los actos parlamentarios no legislativos habría encontrado dos excepciones: por un lado, la LJCA expresamente sometió al control contencioso-administrativo los actos y disposiciones en materia de “personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público” (art. 1.3.a). Y, por otro lado, según adelantamos, el Tribunal Constitucional abrió la puerta a su control vía amparo parlamentario cuando se dieran violaciones de derechos fundamentales(61).

El problema es que, como veremos a continuación, ambas excepciones han sido de difícil aplicación a los casos de los nombramientos parlamentarios y, en general, los tribunales han sido reacios a controlarlos. En aquellos casos en los que no haya un concurso público y, por tanto, varios candidatos potenciales, o en los que no haya una violación procedimental en la tramitación parlamentaria susceptible de comprometer el derecho al ejercicio del cargo representativo del art. 23.2 CE, si se niega el acceso a la jurisdicción por la vía aquí sostenida, estaríamos dejando sin posible tutela el interés legítimo de que se respete la legalidad en nombramientos que son capitales para la solidez de nuestro orden institucional. Sacrificando, según lo expuesto, principios basilares del Estado democrático de Derecho. Más aún cuando, adicionalmente, hemos de insistir en la precariedad de esos otros mecanismos de control o de responsabilidad política en los que a veces ha confiado genéricamente la jurisprudencia(62).

Por todo lo expuesto creemos que hay que cuestionar el estado actual de esta jurisprudencia y resulta necesario someter a crítica la solidez de ese muro que consolida una inmunidad al poder incompatible con los estándares de un Estado democrático de Derecho(63). Sobre todo, como hemos señalado, cuando existe una tendencia cada vez mayor a crear autoridades y órganos independientes que asumen importantes funciones de garantía, en los que la idoneidad y profesionalidad de sus miembros es determinante del buen desempeño del órgano. Y es que, debemos insistir, no estamos aquí ante nombramientos estrictamente políticos, como sería un Presidente del Gobierno, sino principalmente en supuestos de nombramientos con naturaleza mixta político-discrecional para órganos garantes, consultivos o reguladores. (del segundo grupo de nuestra clasificación). De esta manera, dejar sin posible revisión judicial el efectivo cumplimiento de los requisitos que el legislador hubiera establecido con la excusa del carácter político del nombramiento puede abocar a un grave debilitamiento de nuestro ecosistema de pesos y contrapesos institucionales.

A mayor abundamiento, las razones que nos llevan a creer que hay que abrir algunas brechas reduciendo el espacio de inmunidades del poder, aunque sin derribar totalmente ese muro, son las mismas que en su día justificaron extender el control jurisdiccional a los actos políticos del Gobierno. Algo que, como hemos visto, se hizo primero por impulso jurisprudencial y luego del propio legislador. En una democracia constitucional como la nuestra la prohibición de la arbitrariedad y la tutela judicial efectiva exigen salir al paso de esos espacios de inmunidad. Superado el paradigma de la soberanía del Parlamento, ¿no es también predicable frente al Parlamento, como sostuvo el Tribunal Supremo frente al Gobierno, que “la vigencia de los artículos 9 y 24-1 de la Constitución nos obligue a asumir aquel control cuando el legislador haya definido mediante conceptos judicialmente asequibles los límites o requisitos previos a los que deben sujetarse dichos actos de dirección política”(64)?

A este respecto, debemos destacar que la potestad electiva del Parlamento, incluso cuando no se trata de nombramientos políticos sino para esos otros órganos garantes, sigue siendo un poder donde el órgano parlamentario disfruta de amplia discrecionalidad, pero no por ello deja de ser una potestad jurídica limitada. Es cierto que no puede concebirse como una actuación materialmente administrativa, pero, cuando menos, sí que podemos reconocerla como una potestad jurídica con elementos reglados(65), que no ha de ser considerada como un puro acto interna corporis o de relación institucional gobierno-parlamento. Sí que tendrían esta naturaleza como actos interna corporis los actos electivos de los órganos internos de las cámaras(66) y los nombramientos típicamente políticos como el del Presidente del Gobierno, pero no los aquí estudiados como nombramientos mixtos de órganos garantes, según la taxonomía antes indicada. En estos últimos no estamos en el “terreno de las relaciones más típicamente intraparlamentarias, tradicionalmente inmunes a la jurisdicción”, ni son “expresión ad intra” de la autonomía de las cámaras como órganos constitucionales, también excluidos del control jurisdiccional(67). Como veremos, estamos ante actos que han de ser concebidos como un tertium genus. Tienen una cierta naturaleza política debido al órgano elector y hay un cierto componente de integración democrática y política que justifica atribuir a este órgano su designación, sobre todo cuando nos referimos al nombramiento de miembros de órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional o el CGPJ. Pero este último sentido se ve minorado conforme el nombramiento sea a un órgano de tipo más bien administrativo, que asuma funciones de garantía, supervisoras o reguladoras. Especialmente, porque en esos casos, como dijimos, sin llegar a la idea del concurso de méritos, la garantía de la independencia suele traducirse en la exigencia de que quien vaya a ocupar esos puestos tenga determinadas cualificaciones y experiencia profesional. De ahí que en las normas reguladoras se hayan incluido requisitos materiales y procedimentales que reglan y acotan el espacio de discrecionalidad política en el acto electivo.

Una realidad que debería ser apreciada, según venimos sosteniendo, para matizar esa amplia inmunidad parlamentaria, abriendo una nueva brecha en tal muro. De hecho, esa ha sido la razón por la cual desde la Fundación Hay Derecho hemos asumido la importancia estratégica de afrontar esta cuestión y, a tales efectos, recurrimos el nombramiento de la Comisionada de Transparencia de la Región de Murcia, designada por la Asamblea autonómica y nombrada por el Gobierno Regional. Un caso que está pendiente de respuesta en el TSJ de Murcia.

4.2. Una primera vía de lege lata a través de las que una prudente jurisprudencia podría salvar el escollo: la posibilidad de control del acto electivo parlamentario formalizado por el Gobierno como acto complejo

Una primera posibilidad para, de lege lata, abrir una vía de control judicial frente a este tipo de nombramientos parlamentarios discrecionales se da cuando los mismos hayan sido formalizados por el Gobierno, nacional o autonómico. Son casos en los que, aunque el nombramiento sea parlamentario, el Gobierno interviene a los efectos de formalizar la designación. Estaríamos ante un acto complejo en el que la elección parlamentaria debe perfeccionarse con la formalización última del Gobierno, que es quien le da forma final al acto materialmente parlamentario(68). Y, cuando así ocurre, como el nombramiento adquiere la forma de decreto, entonces en principio cabe su revisión judicial en sede contencioso-administrativa.

Sin embargo, hay una línea jurisprudencial que ha vedado la justiciabilidad de actos gubernamentales anudados a intervenciones parlamentarias, como ocurrió con los decretos del estado de alarma autorizados en sede parlamentaria(69), la cual ha tenido traducción específica al ámbito de los nombramientos gubernamentales materialmente parlamentarios(70). Aunque, como también veremos, la proclamación de la inmunidad de estos nombramientos ha encontrado una cierta contestación, no sólo académica(71). Y es que hay grietas en esta jurisprudencia que conviene explorar.

En especial, esta jurisprudencia sólo se sostiene si se parte de que la formalización del acto electivo del parlamento es una suerte de acto debido para el Gobierno(72). Una conclusión que no podemos compartir. Y es que, a nuestro entender, la intervención gubernamental no puede ser sólo un formalismo, ni puede ser considerada como una intervención puramente instrumental como ocurre con ciertos actos preparatorios de procedimientos electivos parlamentarios(73), sino que el Gobierno firmante asume una posición última como garante de la legalidad del acto al que está dando forma. Ya que la deferencia hacia el órgano parlamentario que ha designado no puede llevar a justificar la conclusión de que para un Gobierno sea debido adoptar un acto claramente ilegal o que de manera manifiesta viola el ordenamiento jurídico.

Tanto es así que, si así se hiciera, y, por ejemplo, un Ministro o un Consejero formalizara un nombramiento decidido por el Parlamento a sabiendas de su ilegalidad, no sólo estaríamos ante una arbitrariedad que no podría encontrar amparo en nuestro ordenamiento, sino que esa autoridad podría incurrir en un delito de nombramiento ilegal que, de acuerdo con el art. 405 CP., castiga “a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello”. Para ilustrarlo podríamos pensar en un supuesto en el que la ley exigiera una determinada cualificación (por ejemplo, ser jurista), pero el Parlamento hubiera designado a una persona que fuera notorio que no contaba con ella. A pesar de lo cual el Consejero o Ministro de turno decidiera proceder al nombramiento, a sabiendas de esta ilicitud, escudándose en que es un acto debido. Un absurdo que hizo notar el TSJ de Andalucía(74).

Esta problemática no es novedosa en nuestro debate jurídico. De hecho, aunque tiene ribetes propios por las peculiaridades que reviste la jefatura del Estado, este debate ha estado muy presente en relación con el refrendo de los actos del Rey. ¿Hasta qué punto el Rey, con el refrendante, podrían negarse a firmar un acto generalmente concebido como un mero trámite formalizador y debido en caso de patente ilegalidad? Personalmente, me resulta difícil predicar tal control de legalidad, precisamente por la singularidad que he señalado de la posición del Rey, pero es cierto que en situaciones extremas de un nombramiento manifiestamente ilegal puede tener sentido que, no el Rey, sino el refrendante, se niegue a formalizarlo para evitar incluso las responsabilidades penales antes señaladas(75).

Desde esta perspectiva, sería aplicable, mutatis mutandi, la lógica de la STS de 29 de mayo de 2006(76), en la que, aun manteniendo la irrevisabilidad judicial del acto parlamentario de propuesta de la terna de candidatos a magistrados del Tribunal Superior de Justicia, concluyó que el CGPJ podía rechazarla por motivos de legalidad y que el Tribunal Supremo podía controlar tal decisión. En este punto, nos interesa destacar en especial que, según el criterio del Tribunal Supremo, el CGPJ podía cumplir con una función de revisión de la legalidad. En concreto, declaraba la sentencia:

“El órgano constitucional a que viene atribuida constitucionalmente la competencia para el nombramiento de Jueces y para proponer el nombramiento de Magistrados por Real Decreto está sujeto, como no podía ser menos, al principio de legalidad y, por tanto, a la hora de efectuar dichos nombramientos habrá de constatar que los candidatos reúnan los requisitos legalmente exigidos y en consecuencia también, en el caso que nos ocupa, el de juristas de reconocido prestigio. Otra cosa será que en caso de discrepar de la valoración efectuada por la Cámara Legislativa proponente deba motivar o no su discrepancia”(77).

Razones por las cuales añadía: “Por tanto el Pleno del Consejo General del Poder Judicial a la hora de decidir sobre la propuesta de nombramiento del Magistrado a que se refiere el artículo 330.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial habrá de constatar, amén de la corrección formal del procedimiento seguido para la elaboración de la terna, que los candidatos propuestos cumplen los requisitos establecidos en el citado precepto entendidos en la forma anteriormente expuesta”(78).

Pues bien, en nuestro caso se trataría de reconocer que, análogamente con lo sentado para el CGPJ, el Gobierno de forma motivada podría negarse a formalizar un nombramiento parlamentario aduciendo tales razones de legalidad.

Así las cosas, en la medida que podemos distinguir ambas intervenciones, la designación parlamentaria y su formalización gubernamental, debería poder predicarse, cuando menos, la posibilidad del control jurisdiccional de esta última(79). Como expresó el magistrado Rodríguez-Zapata en un voto particular al ATS de 27 de junio de 2014(80), refiriéndose en ese caso a la posibilidad de revisión judicial de la fase previa desarrollada por el CGPJ en la formación de las candidaturas de vocales al Consejo: “Como se afirmó en el FJ 1 de la ya citada sentencia del Pleno de esta Sala Tercera de 5 de marzo de 2014 (Rec 64/2013) cuando existe una competencia constitucional compartida, el acto de naturaleza parlamentaria es, como tal, inmune a la fiscalización jurisdiccional, pero no la actividad administrativa preparatoria de los actos parlamentarios cuyo control es competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo cuando sea evidente la naturaleza jurídico administrativa del procedimiento seguido”. Y esa es precisamente la naturaleza del control de legalidad que está llamado a hacer el Gobierno de turno al formalizar el correspondiente nombramiento. De ahí que debería poder revisarse judicialmente tanto la decisión de un Gobierno que por razones de legalidad se opusiera a elevar el nombramiento, como la del que obviando tales razones proceda a realizarlo.

Al final, siguiendo en este punto el razonamiento del magistrado Rodríguez-Zapata, “esa interpretación no sólo es posible sino respetuosa de los límites de nuestra jurisdicción y proporcionada para contrarrestar en lo posible la inmunidad de control que ostentan los actos parlamentarios en esta vía jurisdiccional ordinaria. En la medida en que así sea, entiendo que dicha interpretación resulta vinculante para la Sala como consecuencia del principio pro actione que debemos seguir cuando se trata, como en este caso, del derecho de acceso a la jurisdicción (Por todas, STC 187/2009, de 7 de septiembre, FJ 2)”(81).

Unas razones que aquí compartimos sin perjuicio de que, como veremos a continuación, pueda incluso cuestionarse directamente la inmunidad del acto parlamentario.

4.3. La segunda vía: la interpretación extensiva del art. 1.3.a) LJCA para controlar actos electivos parlamentarios como potestad jurídica con elementos reglados

La segunda vía para afrontar esta inmunidad parlamentaria sería partir del hecho de que los actos electivos parlamentarios son, según dijimos, ejercicio de una potestad jurídica con elementos reglados que lleva a identificarlos como un tertium genus entre los actos interna corporis y aquellos otros que claramente son calificados como actuaciones parlamentarias materialmente administrativas que encajarían en el art. 1.3.a) LJCA. Y, a la espera de que el legislador dé una oportuna respuesta, se hace necesario colmar la laguna en el régimen jurídico de este tipo de actos con una naturaleza híbrida, por así decir. Lo cual exige buscar razones para decidir entre facilitar su revisión jurisdiccional o negar que pueda darse la misma, favoreciendo que permanezca esa inmunidad del poder.

Un dilema que, tal y como hemos adelantado, consideramos que debe resolverse inclinando la balanza del lado de la revisión judicial, si tenemos en cuenta la fuerza expansiva que en un Estado de Derecho debe tener el principio de prohibición de la arbitrariedad que nuestra Constitución consagra en el 9.3 y, sobre todo, las exigencias de tutela judicial efectiva (art. 24 CE), que reclaman que no existan intereses legítimos que no puedan ser tutelados judicialmente. De ahí que la exigencia de dar actuación a estos principios lleve a asumir que está plenamente justificada una interpretación extensiva del art. 1.3.a) LJCA que incluya entre los actos susceptibles de revisión judicial aquellos nombramientos parlamentarios con naturaleza mixta político-discrecional en los que existan elementos reglados jurídicamente asequibles(82).

Una propuesta de interpretación extensiva que se compadece con el espíritu y finalidad del art. 1.3.a) LJCA, sin quebrantar su literalidad, ya que, aunque no se trate de los actos en materia del personal al servicio del propio órgano parlamentario, tampoco estaríamos, según lo estudiado, ante actos interna corporis ni ante “actos producidos en el seno de las citadas relaciones entre Gobierno y Parlamento [que] agotan por lo general sus efectos en el campo estrictamente parlamentario, dando lugar, en su caso, al funcionamiento de instrumentos político” (STC 196/1990), los cuales excluirían, por lo general, el control jurisdiccional. De hecho, a pesar de que estemos ante el ejercicio de una función típicamente parlamentaria y no ante decisiones ancilares o instrumentales como son las que en principio se contemplan en el art. 1.3.a) LJCA(83), existen importantes argumentos que subrayan la componente administrativa de este tipo de nombramientos. Entre otros, que la norma reguladora del órgano correspondiente prevea unos requisitos usando el lenguaje típicamente administrativo(84); que se definan en leyes ordinarias y no en los reglamentos parlamentarios; o que el régimen jurídico del órgano se rija por el Derecho administrativo.

Por ello, no podemos conformarnos con señalar la “naturaleza parlamentaria” del acto por el mero hecho de que el órgano que tome la decisión sea una cámara parlamentaria, sino que debemos descender a verificar todos aquellos elementos que configuran esta potestad electiva parlamentaria como una “potestad jurídica, creada por normas legales que determinan mediante conceptos jurídicamente asequibles” su ejercicio(85). Porque, como ha expresado Martínez Corral: “El acto electivo adoptado por el Parlamento y el efecto que el mismo produce son, no tanto la articulación de un mandato de naturaleza política, en el que el Parlamento actuaría como hipotético mandante y el elegido como mandatario, cuanto el acto de ejercicio de una potestad de designación de cargos e integración de órganos públicos conferida al Parlamento, asignación esta que la configura como potestad electiva –dada la composición pluripersonal y pluralista del Parlamento– y por cuya virtud la Cámara selecciona a una persona y, mediante un acto que produce indudables efectos jurídicos, la habilita para acceder a un cargo público y ejercer las competencias, potestades y facultades que conlleva la titularidad de dicho cargo”(86). Y de todo ello se deduce, siguiendo con este autor, que: “La elección parlamentaria de autoridades y cargos públicos, realizada entre personas que deben reunir unos requisitos y condiciones de elegibilidad objetivos, establecidos y exigidos por el legislador, utilizando para ello un lenguaje netamente jurídico, permite y exige la existencia de una jurisdicción que pueda valorar su concurrencia, sin menoscabar en absoluto la libertad del Parlamento para optar políticamente entre la multiplicidad de personas en los que concurran aquella circunstancias”(87).

En este sentido, el TSJ de Andalucía terminó enjuiciando el nombramiento por la Consejería de Presidencia de los consejeros del Consejo Audiovisual de Andalucía que habían sido elegidos por el Parlamento andaluz(88). En estas decisiones del TSJ andaluz, aunque con una redacción algo tortuosa que dificulta la comprensión, a pesar de que sostiene que respeta la doctrina sobre la inmunidad de los actos parlamentarios de nombramiento, termina por “reconducir el caso” para someterlo a su jurisdicción. Un requiebro que justifica en que el motivo de la impugnación era que se alegaba que el nombramiento no había cumplido las condiciones establecidas en una ley ordinaria, que los sometía al régimen de incompatibilidades de altos cargos de la administración y que los tribunales contencioso-administrativos eran los únicos que podían revisar que los designados no estuvieran incursos en causa de incompatibilidad. Amén de que la ley reguladora del Consejo audiovisual se remitía a las normas administrativas andaluzas para perfilar su régimen jurídico.

De esta forma, cuando concurran los elementos antes indicados, se puede cuestionar la idea presente en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de que los actos electivos parlamentarios, “por su contenido y efectos”, no tienen una “naturaleza materialmente administrativa”, sino que son expresión de una función constitucional inmune a la revisión judicial(89). A la luz de lo indicado, podemos llegar a la solución contraria: este tipo de actos parlamentarios, aun en ejercicio de funciones legales o constitucionales, son potestades con elementos reglados cuya naturaleza asimilable a la de una potestad administrativa trasluce en las propias previsiones normativas y en el régimen jurídico del órgano cuyos órganos se están eligiendo, sobre todo allí donde los nombramientos no son para órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional o el CGPJ, sino para esa pléyade de autoridades independientes y de organismos reguladores. Más allá del órgano que designa, ¿qué diferente naturaleza hay entre la designación gubernamental del director de una oficina de conflicto de intereses o el nombramiento parlamentario del director de una agencia antifraude, regulados y sometidos a Derecho administrativo y llamados a ejercer potestades administrativas? ¿Tiene sentido esta dualidad de regímenes?(90)

El propio Tribunal Supremo en su sentencia de 28 de junio de 1994(91) sobre el nombramiento del Gobierno del Fiscal General del Estado ya consideró que había argumentos que abundaban en la naturaleza administrativa del mismo, como eran: “la calidad que aquél ostenta de Jefe Superior de una organización que parece carecer de estrictas funciones políticas, al deber de regirse su comportamiento en todo caso por los principios de legalidad e imparcialidad”. Aunque, finalmente, la “amplitud constitucional de sus funciones”, así como “el especialísimo régimen de su nombramiento” previstos por la Constitución le llevaran a concluir, como ya avanzamos, que se trataba de un acto gubernamental y, aun así, controlable en los elementos reglados(92).

Del mismo modo, en su sentencia sobre el nombramiento parlamentario de los miembros de la Academia Valenciana de la Lengua, aunque su punto de partida y de llegada fue que no estábamos ante un acto en materia de personal ni de administración susceptible de revisión jurisdiccional, para llegar a tal conclusión no sólo tuvo en cuenta las peculiaridades del procedimiento parlamentario legalmente previsto para el nombramiento (propuestas de grupos parlamentarios, sesión plenaria para la elección), sino que también consideró “la naturaleza de la Academia, institución de carácter público, con personalidad jurídica propia, adscrito a la Presidencia del Generalitat (artículos 1 y 2 de la Ley citada), de las funciones a ella encomendadas, a saber, determinar y elaborar la normativa del idioma valenciano y velar por su uso (artículos 3, 7 y 8), de la relevancia de sus decisiones, de obligado cumplimiento (artículo5), y en definitiva, de los requisitos que deben concurrir en los académicos, concretamente, condición política de valenciano y los méritos que de forma alternativa, sin orden preferencial, enumera el artículo 10 (expertos en valenciano, con una acreditada competencia científica o académica; destacadas personalidades de las letras o de la enseñanza en materia lingüística; producción reconocida en el campo del valenciano o la cultura valenciana)”(93). Lo cual podría ser leído a contrario sensu para mantener otro criterio cuando nos encontramos con nombramientos que, tal y como hemos descrito, se dan para órganos que sí que tienen una vocación administrativa, integrados en el sector público con funciones de supervisión, reguladores o de garantía, y regulados por leyes de naturaleza típicamente administrativa.

Pero, sobre todo, más allá de las dudas derivadas de la literalidad de nuestra LJCA, los argumentos expuestos justifican que sea aplicable al Parlamento el sentido de lo que recientemente ha sostenido el Tribunal Supremo para los nombramientos discrecionales del CGPJ:

“La idea de que el control jurisdiccional de la discrecionalidad debe circunscribirse, por utilizar una fórmula proveniente del Derecho Privado, a los asuntos y los niveles de ‘ordinaria administración’ es errónea. En la medida en que los órganos constitucionales o de relevancia constitucional desarrollan ciertas actividades sujetas al Derecho Administrativo y, por consiguiente, caen dentro del ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, el control jurisdiccional del uso que hagan de su discrecionalidad no puede ser tachado de exceso ilegítimo. Es muy difícil imaginar alguna buena razón por la que, cuando desarrollan actividades sujetas al Derecho Administrativo, las decisiones de los órganos constitucionales o de relevancia constitucional deban quedar fuera del alcance de criterios generalmente admitidos de control de la discrecionalidad, como son la verificación de los hechos determinantes o el respeto a los principios generales del Derecho”(94).

Y, si alguna duda persiste en relación con la solidez de la base jurídica, debemos recordar que en aquel primer caso de 1994 el Tribunal Supremo fue mucho más allá que lo que ahora se pretende, anulando el nombramiento gubernamental del Fiscal General con una base legal aún más precaria. Por ello, podemos repetir ahora que: “Ciertamente, no desconocemos que esta doctrina se mueve en el límite de lo jurisdiccionalmente posible, pero incardinada, al mismo tiempo, en la importante tradición de la jurisdicción contencioso-administrativa, dirigida a reducir las inmunidades del poder ejecutivo, procurando que las legítimas y necesarias apreciaciones y decisiones políticas de éste se hagan efectivas dentro de los linderos previamente marcados por el poder legislativo” (95). A sabiendas de que, en la actualidad, se ha residenciado en la jurisdicción contencioso-administrativa no sólo el control del poder ejecutivo, sino de forma más amplia del resto de poderes públicos, como prueba el artículo 1.3 LJCA. Cumpliendo así la jurisdicción contencioso-administrativa con una función residual o subsidiaria en el control de los actos de los poderes públicos. Tanto que podríamos llegar a sostener que la afirmación del Estado de Derecho y en concreto de la prohibición de la arbitrariedad del art. 9.3 de la Constitución pueden llevarnos a reconocer una suerte de “cláusula general” cuya vocación es extender la competencia jurisdiccional de los tribunales contencioso-administrativos para controlar las actuaciones de cualquier poder público, evitando que queden espacios de inmunidad del poder. Una cláusula que el maestro García de Enterría calificó como el “párrafo regio del Estado de Derecho”(96).

Eso sí, como excepción, allí donde el ordenamiento jurídico hubiera previsto una vía de control jurisdiccional específica, entonces ya no sería necesario esta otra, como ocurre con el art. 2.1.g) LOTC. Por lo que, en este caso, podría resultar innecesario predicar la revisión parlamentaria del nombramiento de magistrados constitucionales realizado por las Cámaras, aunque ello pueda dar lugar a la dualidad de regímenes donde estos solo podrían revisarse por esta vía prevista en la LOTC, mientras que los magistrados nombrados por el CGPJ o por el Gobierno a priori sí serían susceptibles de ser controlados por el Tribunal Supremo.

En definitiva, lo que aquí se propone no es judicializar la vida parlamentaria(97), sino, como vio Navas Castillo, se trata más bien de “un préstamo de carácter instrumental de las técnicas propias del Derecho Administrativo, al objeto de que se aplique de forma efectiva el Texto Constitucional, y a su través, se garantice de forma efectiva el derecho contenido en su artículo 24 ”(98).

5. Una secuela de cierre: el “contra-amparo” del Tribunal Constitucional en sus SSTC 6 y 7/2026, de 15 de enero, y la “respuesta” del Tribunal Supremo en la STS 136/2026, de 12 de febrero

Finalmente, como se ha adelantado, el Tribunal Constitucional ha venido a cerrar la serie antes comentada sobre la promoción a Fiscal de Sala de Menores en sus SSTC 6 y 7/2026, de 15 de enero. Unas decisiones que acertadamente han sido calificadas como un “contra-amparo”(99), no tanto en un sentido procesal, sino porque el Tribunal Constitucional ha desnaturalizado el amparo constitucional para, con la excusa de tutelar un derecho individual, terminar “resucitando” una inmunidad del poder, en palabras de Tomás-Ramón Fernández(100).

En concreto, el Tribunal Constitucional anuló las sentencias por considerar que el Tribunal Supremo, al haber exigido la motivación reforzada en relación con el perfil de la plaza (especialización en menores), “no solo desvirtúa el régimen legal de nombramiento, con consiguiente quiebra de la reserva de ley, sino que implica, además, un trato desigualitario, pues conduce a preterir al recurrente en amparo en el acceso al nombramiento pretendido por razón de su menor especialización en la justicia de menores frente a otros candidatos”. Se habría producido así una violación del derecho de acceso al cargo público en condiciones de igualdad de acuerdo con la ley (art. 23.2 CE), que presupone también “un derecho a la predeterminación normativa del procedimiento de acceso a las funciones públicas”. Ya que, al entender del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo había convertido “la especialización en menores en el único criterio determinante de la adjudicación del puesto”, por lo que “la carencia de este concreto mérito privaba al recurrente en amparo de toda posibilidad de acceso a la plaza, con consiguiente efecto materialmente excluyente”. De esta manera, el Tribunal Supremo se habría excedido en sus facultades de revisión judicial, las cuales no pueden alcanzar a “sustituir a la autoridad pública competente en el juicio de discrecionalidad que la ley reserva exclusivamente a esta”, ni le habilitan a desnaturalizar el sistema de nombramiento previsto por el legislador convirtiéndolo en una suerte de concurso de méritos, al haber exigido la concurrencia de méritos no previstos por la normativa. E, incluso, el Tribunal Constitucional llega a reprochar que “el órgano judicial solo se pronuncia, en realidad, sobre uno de los criterios utilizados en la propuesta de nombramiento, pues achaca a esta que valore la mayor sintonía política de la fiscal general del Estado con el recurrente en amparo, como si de un cargo de confianza se tratase”.

Una conclusión a la que llegaba partiendo de un afianzamiento del poder discrecional del Fiscal General a la hora de realizar los nombramientos que tiene conferidos. Así, según el Tribunal Constitucional, estamos “ante una actividad administrativa estrictamente discrecional”, para la que el EOMF no habría exigido “la programación positiva [] de los concretos criterios que han de regir la provisión de plazas y ascensos dentro de los distintos cuerpos de funcionarios públicos”. Algo que encuentra su sentido, al entender del Tribunal Constitucional, porque “ese menor grado de exigencia de predeterminación o programación positiva en lo que atañe al desarrollo y promoción en la carrera funcionarial habilita, precisamente, si así resulta requerido para la mejor consecución del interés general (art. 103.1 CE), que tenga mayor cabida en este concreto ámbito el ejercicio de la discrecionalidad administrativa”.

En definitiva, para nuestro Tribunal Constitucional, “la discrecionalidad no es una anomalía del Estado de Derecho, sino un elemento que puede ser necesario e idóneo para lograr, en ciertos casos, una actuación administrativa eficaz, ya sea por la naturaleza de la materia sobre la que versa, que puede exigir un juicio de valor cuyo acierto resulta incompatible con la predeterminación legislativa, ya sea por la posición institucional que la administración pública tiene atribuida en el orden constitucional, en el que le corresponde cierta función conformadora del orden social para la salvaguarda de los intereses generales (art. 103.1 CE)”.

Ocurre que, como han advertido los votos disidentes a esta sentencia, el Tribunal Constitucional en cierto modo tergiversa lo sentenciado por el Tribunal Supremo(101). Como señala el magistrado Ricardo Enríquez, la argumentación del Tribunal Constitucional incurre en un triple error y sus motivos “no responden a la verdad y no justifican por tanto su anulación”. Como vimos al analizar las correspondientes sentencias, el Tribunal Supremo no impuso ningún requisito no presente en la convocatoria de la plaza, sino que exigió que se justificara la “enorme diferencia” de experiencia en un cargo técnico, sin excluir ningún mérito de la posible valoración y sin que la especialización en menores fuera “el único criterio determinante” como le imputa el Tribunal Constitucional. Siguiendo con la argumentación de Ricardo Enríquez, “no es eso en absoluto lo que ha hecho la Sala. No estamos ante una cuestión semántica sino ontológica: no se ha excluido ningún mérito del recurrente. Cosa distinta es que el Tribunal Supremo eche en falta que aquel carezca de un mérito que objetivamente debe ser relevante dentro de la ponderación del concurso, atendiendo a la naturaleza y funciones de la plaza”.

Pero es que, además, la sentencia del Tribunal Constitucional, apoyándose en un precedente con el que el caso guardaba escasa conexión, ya que versaba sobre la impugnación de una plaza universitaria en la que la experiencia docente había sido configurada como un mérito y fue convertida en requisito de acceso a la función pública (STC 138/2000, de 29 de mayo), aborda la cuestión desde el prisma de la igualdad de acceso a la función pública (23.2 CE) en lugar de haber realizado el análisis al amparo del 24.1 CE, en la medida que el objeto controvertido era si había existido un exceso en el ejercicio del control jurisdiccional por el Tribunal Supremo. De haber enjuiciado de acuerdo con este canon, el Tribunal Constitucional sólo podría haber censurado la decisión del Tribunal Supremo en el caso de que hubiera estimado que incurría en arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente. Lo que habría llevado claramente a desestimar el amparo, incluso aunque pueda apreciarse que el Tribunal Supremo había dado un paso más allá en la intensidad de su control, tal y como hizo constar la magistrada Teso Gamella en sus votos particulares a las sentencias del Tribunal Supremo.

Asimismo, la sentencia del Tribunal Constitucional puede suscitar una cierta preocupación ya que podría llevar a cuestionar la prudente jurisprudencia que como hemos estudiado ha ido tejiendo el Tribunal Supremo en la que ha ido acotando la discrecionalidad en este tipo de nombramientos. En concreto, en relación con los nombramientos de la Fiscalía General, en las sentencias ahora anuladas, el Tribunal Supremo, como ya vimos, había hecho valer los principios constitucionales de “mérito y capacidad” en la provisión de unos puestos que llevan aparejado la promoción profesional, exigiendo que el juicio de idoneidad sujeto a libre apreciación sea “coherente con las exigencias del puesto porque, repetimos, esa idoneidad es ante todo profesional y la confianza en que se basa radica en que quien nombra espera, confía, en que el designado desempeñará adecuadamente el puesto”(102).

Una jurisprudencia del Tribunal Supremo que debemos subrayar que se encuentra alineada con las recomendaciones que está formulando la Comisión Europea en sus evaluaciones anuales sobre el Estado de Derecho en nuestro país(103) o las del GRECO en relación con los nombramientos judiciales(104). Y, sobre todo, hemos de ser conscientes de que esta doctrina adquiere particular relevancia como reacción no ya a un inadecuado diseño normativo que concede al Fiscal General del Estado unos poderes exorbitantes con muy pocos contrapesos, sino ante la constatación de una grave patología en su concreto ejercicio. Porque, como denuncian los magistrados disidentes Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías en su voto particular, el eje del asunto está en la “constante polémica”, que arrastramos desde hace años, en torno a la “política de nombramientos del Fiscal General del Estado”, que ha venido a justificar que los Fiscales Generales promocionen a fiscales afines ideológicamente, favoreciendo a los afiliados de ciertas asociaciones frente a otras. De hecho, según recogen estos magistrados, “este sesgo se ve apuntalado por el dato indiscutido de que once de los trece ascensos a la categoría primera de la carrera fiscal llevados a cabo durante el mandato de la entonces fiscal general del Estado, señora Delgado García, recayeron en miembros de una misma asociación, la Unión Progresista de Fiscales, a la que también pertenece, por supuesto, el ahora recurrente”. De ahí que el Tribunal Supremo, en este caso en concreto, pero consolidando su doctrina al respecto, saliera al paso de “subterfugios para designar a todo trance a un determinado fiscal, por su presumible cercanía ideológica a la entonces fiscal general del Estado”, como expresan los magistrados disidentes.

A mayores, el Tribunal Constitucional adopta esta decisión fragmentado por facciones ideológicas, como viene siendo cada vez más habitual ante temas sensibles políticamente(105). Una realidad que resulta demoledora para la confianza en el sistema. En efecto, una aproximación a esta sentencia desde la perspectiva de un realismo jurídico que indaga en factores externos que pueden influir en el resultado de las decisiones judiciales, nos llevaría a reconocer, como ha destacado sintéticamente el profesor Jiménez Asensio, que esta sentencia “consolida [el] Estado clientelar [de] partidos en [su] dimensión asociativa por un TC con 4 magistrados (ponente incluido) de asociación fraterna”(106).

Estamos ante un problema constitucional de primera magnitud que compromete la credibilidad de la fiscalía y de nuestros órganos judiciales y su percepción de independencia. De hecho, el reparto del botín en la cúpula judicial ofrece sesgos que, sin llegar a los de la fiscalía, sigue evidenciando una realidad patológica, ya que las dos asociaciones judiciales que colonizan el CGPJ se reparten luego los nombramientos discrecionales tanto de magistrados del Tribunal Supremo como de las presidencias de órganos judiciales(107). Ello a pesar de que los asociados a la Asociación Profesional de la Magistratura y a la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia no alcanzan el cuarenta por ciento de los jueces y magistrados en activo en nuestro país(108). Y es que, como expuso con crudeza el expresidente del CGPJ Vicente Guilarte en su propuesta para la modificación del sistema de nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados/as del Tribunal Supremo y de elección de vocales del CGPJ: “en la designación de los cargos judiciales hay dos criterios preferentes que se superponen al ulteriormente constituido por el mérito y capacidad del aspirante”: la “proximidad afectiva con el candidato” y, en lo que aquí interesa, “la adscripción ideológica o asociativa del optante” que, “si bien es criterio que nunca trasciende al exterior, sino que exclusivamente se manifiesta en las conversaciones internas previas. Solo a partir de tales condicionantes se entra a valorar el mérito del concursante”(109).

Ahora bien, por suerte, el vaticinio final de los magistrados discrepantes a la sentencia del Tribunal Constitucional no va a cumplirse, cuando señalan que “la sentencia de la que disentimos provocará sin duda un efecto desalentador en el control jurisdiccional de los nombramientos discrecionales por parte del Gobierno y de las administraciones públicas. Supondrá, en consecuencia, un lamentable retroceso en la lucha contra las inmunidades del poder público”. Gracias a que, como muestra la STS 136/2026, de 12 de febrero, el Tribunal Supremo no parece dispuesto a arredrarse. El diálogo entre nuestros tribunales sigue abierto y, suaviter in modo, fortiter in re, el Tribunal Supremo, como vimos al iniciar este trabajo, ha mantenido su doctrina como baluarte frente a estas inmunidades del poder, aunque respetuosa con el ámbito de discrecionalidad que corresponde a los órganos que deciden el nombramiento.

En efecto, el Tribunal Supremo en la STS 136/2026, de 12 de febrero(110), que versa sobre un nombramiento discrecional del CGPJ para una plaza de la sala de lo civil y penal del TSJ de Aragón, ha recordado que la “piedra angular” de su jurisprudencia se sitúa en “la exigencia de que el CGPJ haga explícitas las razones de su preferencia por un candidato sobre otros y, por supuesto, que esas razones -lejos de ser puro arbitrio o mera voluntad puedan ser aceptables para un observador imparcial. Así, dicha jurisprudencia siempre ha subrayado que, al abordar los nombramientos discrecionales del CGPJ, hay que huir de los extremos: no son concurso baremado, ni libre designación. Se encuentran en algún punto intermedio, sin que por ello desaparezca el elemento discrecional, porque el CGPJ sigue teniendo un margen de apreciación para optar por un candidato u otro. Pero ese margen de apreciación, como margen que es, tiene dos límites. Por un lado, es posible que alguna de las opciones en principio abiertas resulte finalmente, dadas las circunstancias del caso y las características de la plaza a proveer, ilógica o irrazonable. Por otro lado, la opción que se adopte no debe responder a una preferencia puramente caprichosa, clientelar o partidista; algo que, como la experiencia enseña, es un riesgo siempre presente a la hora de hacer designaciones para puestos de especial relevancia”.

Consecuentemente, el Tribunal Supremo en esta última sentencia ha insistido en que las decisiones discrecionales de los órganos constitucionales o de relevancia constitucional han de quedar sujetas a la revisión judicial. Una revisión que va más allá de controlar los elementos reglados y se extiende al “uso que se haga de la discrecionalidad” desde la perspectiva de la prohibición de la arbitrariedad que afirma nuestra Constitución. De forma que “el test de lo que es jurídicamente correcto no puede restringirse a la letra de la ley, afortunadamente”. De lo contrario, como ha sostenido el Tribunal Supremo en esta última sentencia, estaríamos ante “un gravísimo retroceso en las conquistas del Estado de Derecho. Si se tomase en serio, supondría volver a los tiempos de la Ley Santamaría de Paredes de 1888, cuando el control jurisdiccional de la discrecionalidad administrativa estaba expresamente prohibido”.

Por estas razones que aquí asumimos, no podemos sino felicitarnos de esta prudente jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo sobre los nombramientos discrecionales, la cual, según citamos recurriendo a palabras de esta última sentencia, “lejos de ser exceso”, viene a ampliar “el espacio de vigencia efectiva del Estado de Derecho”, conjurando que se imponga el “simple arbitrio del gobernante”. Porque “quod principi placuit no es un criterio aceptable dentro de un Estado de Derecho”(111).

NOTAS:

(1). Este trabajo que se adelanta en esta revista de forma inédita ha sido elaborado para el liber amicorum en homenaje por la jubilación del prof. Pablo Lucas Murillo de la Cueva y se ha realizado en el marco del proyecto de investigación “La configuración europea del Estado de Derecho: implicaciones en el ámbito nacional” financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Plan Estatal 2021-2023; Referencia: PID2022-137789NB-I00).

(2). ECLI:ES:TS:1994:4985.

(3). ECLI:ES:TS:1997:2359, ECLI:ES:TS:1997:2389 y ECLI:ES:TS:1997:2391.

(4). La sentencia cabecera de esta línea jurisprudencial es la STS de 25 de febrero de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:1025). En especial, véase el comentario a esta doctrina que se realiza por quien fuera el ponente de esta sentencia: LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo: “La garantía jurisdiccional del derecho de los parlamentarios a la documentación administrativa”, en Instituciones de Derecho Parlamentario. La última jurisprudencia relativa al parlamento, VIII, Parlamento Vasco, Vitoria, 2016, pp. 155-196.

(5). Entre otras, cfr. STS de 20 de noviembre de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:5997).

(6). ECLI:ES:TS:2014:2237.

(7). FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón: “La lucha contra la arbitrariedad del poder en el cuarenta y cinco aniversario de la Constitución”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, n. 108-109, 2024, p. 75

(8). STS 136/2026, de 12 de febrero (ECLI:ES:TS:2026:362).

(9). GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: La lucha contra las inmunidades del poder, Civitas, Madrid, 1983, p. 98.

(10). A este respecto, el Tribunal Supremo ha recordado que “el sistema de libre designación apodera para cubrir puestos o cargos de especial responsabilidad sin integrar los conceptos de ‘mérito y capacidad’ con base en baremos o criterios reglados, tampoco integrando los aspectos evaluables con un razonamiento que sólo admita una solución como aceptable. Es una elección basada, ciertamente, en la libre apreciación de la idoneidad para el puesto según sus requerimientos y funciones, pero se trata de cubrir puestos de trabajo funcionariales y lo determinante es la confianza que tiene quien nombra en el nombrado por razón de la valía e idoneidad -siempre profesionales-del funcionario elegido para el puesto, más en sus cualidades personales concretadas en la actitud, motivación o identificación con los objetivos marcados para el puesto” (STS 452/2022, de 19 de abril (ECLI:ES:TS:2022:1467)).

(11). Como se detallará a continuación, considero que el ideal de profesionalización de la dirección pública sólo debe llevarnos a considerar como puramente políticos el nivel más reducido de altos cargos. Singularmente, en el ámbito estatal, aquellos regulados por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que son los miembros del gobierno en sentido estricto (presidente, vicepresidentes y ministros) y los secretarios de Estado. Por ello, según veremos, a mi juicio resulta censurable que la Ley del Gobierno haya extendido a los mismos los requisitos de idoneidad previstos por la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. De hecho, llama la atención que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al regular los ministros y los secretarios de Estado omita esta exigencia, que sí que incluye para el resto de altos cargos (arts. 61 y ss.).

(12). En este grupo se incluirían cargos electivos como la presidencia y mesa de los parlamentos, pero también de otros órganos en ejercicio de sus competencias de autogobierno (presidencias y vicepresidencias del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y CGPJ). Asimismo, entiendo que deberían incluirse en este ámbito el nombramiento de presidentes de tribunales y de sala que realiza de forma discrecional el CGPJ. Sobre el carácter gubernativo-jurisdiccional de estos puestos y la discrecionalidad del nombramiento, resulta interesante recordar el ATC 119/2018, de 13 de noviembre, en relación con el nombramiento del presidente del TSJ de Murcia. La STEDH de 8 de junio de 2023 (Alonso Saura c. España) terminó por desestimar el caso, después de la inadmisión del Tribunal Constitucional.

(13). ROSANVALLON, Pierre: La legitimidad democrática, Manantial, Buenos Aires, 2021.

(14). Asimismo, el CGPJ realiza otros nombramientos discrecionales que, según el caso, encajarían en el primero o en el segundo de los subgrupos. En particular, secretario y vicesecretario general, promotores de acciones disciplinarias, jefe de la inspección de los tribunales, director de la Escuela Judicial y sus profesores, director del Centro de Documentación Judicial y al resto de su personal; director del Gabinete Técnico y del personal de los servicios administrativos.

(15). Esta distinción es especialmente relevante en el caso de los letrados del Tribunal Constitucional porque dejaron de convocarse concursos-oposiciones de acceso a ese cuerpo único como letrados de carrera, que es ya un cuerpo en extinción, y los puestos se proveen únicamente para letrados de adscripción temporal a través de un procedimiento que, como se dirá, entrevera la libre designación con el concurso, con independencia de que sean letrados adscritos a un magistrado o que presenten servicios generales para el Tribunal.

(16). En concreto, a nivel de la administración estatal, podemos incluir aquí los subsecretarios, los secretarios generales y secretarios generales técnicos, y los directores y subdirectores generales.

(17). En concreto, el art. 11 de la Ley del Gobierno establece no sólo que para ser miembro del Gobierno se tenga que ser “español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme”, sino que, además, ha añadido que se tengan que “reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado”.

(18). Así lo he sostenido en TERUEL LOZANO, Germán M.: “La responsabilidad del Gobierno y de sus miembros: cómo y con qué consecuencias se les puede exigir responsabilidad”, en AA.VV., Europa, società aperta, Editoriale Scientifica, vol 1, 2022, pp. 95-130. Texto accesible en: ENLACE

(19). Entre los ejemplos más recientes, puede verse el Reglamento 1/2025, de 17 de diciembre, sobre provisión de plazas de nombramientos discrecionales en órganos judiciales aprobado por el CGPJ. En el caso de los nombramientos de la cúpula fiscal la regulación se encuentra en el Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio Fiscal. Para conocer el modo de hacer en estos nombramientos discrecionales en la carrera fiscal, véase VIADA BARDAJÍ, Salvador: “Los nombramientos discrecionales en la carrera fiscal”, Revista Derecho & Proceso, n. 5, 2024, texto disponible en: ENLACE.

(20). STS 1198/2019, de 19 de septiembre (ECLI:ES:TS:2019:2798).

(21). Ibídem. A este respecto, es interesante el grupo de sentencias que ha dictado el Tribunal Supremo en los últimos años en relación con el cese y la no promoción del coronel de la Guardia Civil J. F. Pérez de los Cobos. Entre otras, véase sobre su cese STS 424/2023, de 29 de marzo (ECLI:ES:TS:2023:1019).

(22). Véase el temprano trabajo de PRESNO LINERA, Miguel A.: “’Cuotas de partido’, ‘sistema de botín’ y ‘clientelismo político’”, Revista jurídica de Asturias, n. 23, 1999, pp. 131-148, que ya denunciaba estas prácticas cuando empezaron a consolidarse en nuestro país.

(23). A este respecto, puede verse HAY DERECHO: Las Cortes Generales a examen: una radiografía al Parlamento español, 2025; y Hay Derecho: Informe Estado de Derecho, 2024. Ambos informes están accesibles en la web: ENLACE

(24). La Ley 5/2017, de 29 de septiembre, en su disposición transitoria 2ª, dispuso que antes de la elección política de los consejeros de RTVE hubiera un concurso público con la participación de un comité de expertos, que fue desarrollado por la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 10 de julio de 2018. Sin embargo, el real decreto-ley 5/2024, de 22 de octubre, ya no hace referencia a este procedimiento y, de hecho, impuso un plazo perentorio a las cámaras de quince días para iniciar el procedimiento de selección y quince para concluirlo, incompatible con la posibilidad de realizar un auténtico concurso con evaluación experta. Finalmente, los miembros elegidos en 2024 no han pasado ningún concurso.

(25). La regulación detallada del procedimiento de designación del presidente y adjunto de la AEPD se encuentra en los arts. 19 y ss. del Real Decreto 389/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos. La clave es que, aunque el nombramiento le corresponde al Consejo de Ministros, se deberá realizar una convocatoria pública y los candidatos serán evaluados por un comité de selección, que realizará una propuesta (no vinculante), y, además, los candidatos seleccionados también se someterán a las correspondientes audiencias parlamentarias.

(26). STS 608/2022, de 24 de mayo (ECLI:ES:TS:2022:1891).

(27). Aunque como una propuesta de buenas prácticas, era el sentido del documento que tuve ocasión de coordinar en HAY DERECHO: Informe sobre buenas prácticas para los nombramientos políticos de órganos constitucionales de garantía, 2023. Accesible en: ENLACE

(28). Recordemos que en España este procedimiento se ha regulado en el Real Decreto 972/2020, de 10 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de selección para la propuesta de candidaturas por el Reino de España en la designación de miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Un procedimiento que, sin embargo, contempla la evaluación por una comisión de composición predominantemente gubernamental, lo que resulta censurable, tal y como hemos advertido en HAY DERECHO: “Editorial: por una selección independiente de los jueces de tribunales europeos”, Blog Hay Derecho, 23 de marzo de 2026. Texto accesible en: ENLACE

(29). STS 1611/2023, de 30 de noviembre (ECLI:ES:TS:2023:5059).

(30). Este asunto ha dado lugar a dos tandas de sentencias, que estudiaremos con más detalle. La cuestión litigiosa se plantea ante la provisión de diferentes vacantes en la carrera fiscal, entre las cuales estaba la de Fiscal de Sala de la fiscalía de Sala de Menores de la Fiscalía General del Estado. Finalmente, el Fiscal General designó para la plaza a un candidato sin ninguna experiencia en el ámbito de menores, frente a otros que sí que contaban con méritos destacados. Este nombramiento fue recurrido tanto por una asociación de fiscales como por uno de los candidatos y el Tribunal Supremo lo anuló con retroacción, exigiendo una motivación reforzada, en sendas SSTS 452 y 453/2022, de 19 de abril (ECLI:ES:TS:2022:1467 y ECLI:ES:TS:2022:1466). El Fiscal General, en cumplimiento de esta sentencia, volvió a nombrar al mismo candidato y nuevamente se suscitaron otro par de recursos que fueron resueltos en las SSTS 1024/2023, de 18 de julio, y 1051/2023, de 20 de julio (ECLI:ES:TS:2023:3396 y ECLI:ES:TS:2023:3397), que vuelven a anular el nombramiento. Estas sentencias son las que, como veremos, terminan llegando en amparo al Tribunal Constitucional (SSTC 6 y 7/2026, de 15 de enero).

(31). Entre los ejemplos más recientes, podemos recordar la sentencia ya citada que anuló el proceso de selección del presidente y del adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos (STS 608/2022, de 24 de mayo (ECLI:ES:TS:2022:1891)); o la anulación del nombramiento que realizó el Fiscal General del Estado de su antecesora, la sra. Dolores Delgado, donde el Tribunal Supremo apreció desviación de poder (STS 1499/2023, de 21 de noviembre (ECLI:ES:TS:2023:4688)). También en relación con la sra. Dolores Delgado, el Tribunal Supremo anuló con retroacción su nombramiento como Fiscal de Sala en materia de derechos humanos y memoria democrática porque el Consejo Fiscal no pudo conocer la causa de incompatibilidad prevista en su STS 886/2024, de 22 de mayo (ECLI:ES:TS:2024:3216). Igualmente, podemos incluir aquí el reconocimiento de legitimación a la Fundación Hay Derecho para la impugnación del nombramiento del sr. Bacigalupo en la CNMV (STS 679/2025, de 2 de junio (ECLI:ES:TS:2025:2497)). Un caso que ha sido desestimado por la Audiencia Nacional y que está pendiente de casación. O una reciente sentencia que estudiaremos sobre los nombramientos discrecionales del CGPJ (STS 136/2026, de 12 de febrero (ECLI:ES:TS:2026:362)), que, además, debe ser leída como respuesta a la anulación por parte del Tribunal Constitucional de las sentencias del Supremo sobre los nombramientos del Fiscal General del Estado. De interés resulta también el rechazo a la impugnación presentada contra el nombramiento de García Ortiz como Fiscal General del Estado en el que los recurrentes postularon que la idoneidad del nombramiento debía leerse a la luz de las causas de cese, singularmente por haber incurrido en incumplimiento grave y reiterado de sus funciones (STS 80/2025, de 28 de enero (ECLI:ES:TS:2025:136)). Cabe destacar que el Supremo calificó el nombramiento gubernamental del Fiscal General como un “acto discrecional cualificado por el que se elige al titular de un órgano con relevancia constitucional”.

(32). STS 1611/2023, de 30 de noviembre (ECLI:ES:TS:2023:5059).

(33). En la STS 1611/2023, de 30 de noviembre (ECLI:ES:TS:2023:5059) concluía que la “Fundación Hay Derecho no es una pantalla instrumental creada para litigar, sino una entidad que se ha hecho un lugar propio en el conjunto de formaciones de la sociedad civil española que persiguen finalidades de claro interés público o social”. A este respecto, véase también la STS 679/2025, de 2 de junio (ECLI:ES:TS:2025:2497).

(34). Entre las más recientes, cfr. STS 452/2022, de 19 de abril (ECLI:ES:TS:2022:1467).

(35). STS 1611/2023, de 30 de noviembre (ECLI:ES:TS:2023:5059).

(36). SAN de 4 de marzo de 2026 (nº recurso: 0001927/2022).

(37). SSTS 452 y 453/2022, de 19 de abril (ECLI:ES:TS:2022:1467 y ECLI:ES:TS:2022:1466).

(38). STS 452/2022, de 19 de abril (ECLI:ES:TS:2022:1467).

(39). En la STS 453/2022, de 19 de abril (ECLI:ES:TS:2022:1466) concluye que la “exigencia legal de la motivación ha de ser incluso más intensa en los actos dictados al amparo de potestades discrecionales, pues esa libertad de decisión que comporta el ejercicio de potestades discrecionales conlleva que deban explicarse específicamente, en cada caso, las razones por las que se adopta una decisión y no otra. Dicho de otro modo, es preciso exteriorizar las razones que fundamentan la conclusión, para comprobar que efectivamente el acto administrativo responde a una aplicación e interpretación lógica del ordenamiento jurídico y no es fruto de la arbitrariedad”. Más adelante, la sentencia se refiere a que el nombramiento en cuestión exige una “motivación reforzada”.

(40). En especial, a pesar de ser un nombramiento discrecional, el Tribunal Supremo sentencia que: “Una motivación es adecuada si permite conocer las razones, los criterios esenciales o fundamentales por los que ha sido preferido un candidato frente a otro u otros, razones reconducibles a estándares de mérito y capacidad que deben estar identificados en cuanto que son determinantes de la preferencia por el nombrado. Aparte de ese aspecto subjetivo, la motivación exigen dar razón de cómo el candidato se ajusta a los fines u objetivos que la Administración asigna al cargo o puesto para el que se le nombra y a cómo quiere que se satisfagan” (STS 452/2022, de 19 de abril (ECLI:ES:TS:2022:1467)).

(41). STS 452/2022, de 19 de abril (ECLI:ES:TS:2022:1467). En similar sentido, STS 453/2022, de 19 de abril (ECLI:ES:TS:2022:1466).

(42). SSTS 1024/2023, de 18 de julio, y 1051/2023, de 20 de julio (ECLI:ES:TS:2023:3396 y ECLI:ES:TS:2023:3397).

(43). Ibidem.

(44). En sentido contrario, el ministro Bolaños tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo anulando el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado reaccionó criticándola porque “no se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son competencia exclusiva del Gobierno de España”. Puede verse la noticia en: ENLACE

(45). Como recuerda el Tribunal Supremo en su STS 679/2025, de 2 de junio (ECLI:ES:TS:2025:2497): “que se puedan cuestionar ante los Tribunales de Justicia decisiones del Gobierno, incluso las que afectan a la conformación de las instituciones públicas relevantes, no es algo exótico ni disfuncional y tampoco quebranta al Estado. Al contrario, lo fortalece porque demuestra que se respetan los rasgos distintivos del Estado de Derecho: el sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y a la Ley, la separación de poderes y el derecho de los ciudadanos a controlarlos. Sirvan de ejemplo las sentencias del Tribunal Supremo del Reino Unido de 24 de enero de 2017 ([ 2017] UKSC 5) y de 24 de septiembre de 2019 ([2019] UKSC 41) que, respectivamente, dieron la razón a particulares nada menos que sobre la improcedencia de que el Reino Unido abandonara la Unión Europea sin una Ley del Parlamento que lo acordara y sobre la ilegalidad del consejo dado por el Primer Ministro a la Reina Isabel II de suspender (to prorrogate) las sesiones del Parlamento desde el 9 y el 12 de septiembre hasta el 14 de octubre de 2019”.

(46). GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: La lucha contra las inmunidades del poder, ob. cit., p.49.

(47). Para una caracterización general de la función electiva de los parlamentos, cfr. GARCÍA COSTA, Francisco: La función electoral del Parlamento, Atelier, Barcelona, 2009.

(48). Esta es la preocupación que en buena medida inspira el trabajo de MARTÍNEZ CORRAL, Juan Antonio: Parlamento y Poder Judicial: el control jurisdiccional de los actos electivos adoptados por el Parlamento, Cortes de Valencia, Valencia, 2018. En especial, sobre esta cuestión, p. 46.

(49). En relación con los nombramientos que realizan las Cortes Generales, cfr. HAY DERECHO: Las Cortes Generales a examen: una radiografía al Parlamento español, 2025. Texto accesible en: ENLACE.

(50). En especial, sobre la posibilidad de revisión de los nombramientos de vocales del CGPJ donde se entrecruzan fases previas que desarrolla el CGPJ y luego “pura actividad parlamentaria” al decidir, cfr. ATS de 27 de junio de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:5419A).

(51). Pauner Chulvi, C.: La designación parlamentaria de cargos públicos, Congreso de los Diputados, Madrid, 2003, pp. 43-44.

(52). A este respecto, puede verse la STS de 5 de marzo de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:1123) en la que el grupo parlamentario UPyD recurrió el nombramiento gubernamental, pero con intervención parlamentaria, de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional. A juicio del Tribunal Supremo, si el Congreso hubiera ejercido su facultad de veto, “estaríamos en presencia de un acto de naturaleza parlamentaria, como tal, inmune a la fiscalización jurisdiccional. Ahora bien, no habiéndose ejercido, en este caso, la Comisión parlamentaria, la potestad de veto, los nombramientos recurridos son el resultado de la voluntad del Gobierno y la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para su enjuiciamiento se asienta en la evidente naturaleza jurídico administrativa del procedimiento seguido, en el que se inserta, como un tramite más, esa preceptiva y esencial comparecencia ante la Comisión parlamentaria”.

(53). SAN de 4 de marzo de 2026 (nº recurso: 0001927/2022).

(54). STS 1611/2023, de 30 de noviembre (ECLI:ES:TS:2023:5059).

(55). Entre otras muchas, cfr. STC 226/2004, de 29 de noviembre.

(56). ATS de 24 de marzo de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:2171A), dictado en un recurso contra los reales decretos de nombramiento de los vocales del CGPJ nombrados por las Cortes Generales. En similar sentido, cfr. AATS de 2 de abril de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:2803A) y de 27 de junio de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:5419A). Y de especial importancia, aunque con la singularidad que se señalará por el órgano designado (la Academia valenciana de la lengua), cfr. STS de 5 de marzo de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:1082).

(57). ATS (Sala Especial) de 20 de mayo de 2003 (ECLI:ES:TS:2003:5162A), sobre la disolución del grupo parlamentario Batasuna. Véanse también el ATS (Sala Especial) de 20 de mayo de 2003 (ECLI:ES:TS:2003:5161A) y la STC 50/2008, de 14 de abril.

(58). STS de 28 de junio de 1994 (ECLI:ES:TS:1994:4985).

(59). No se esconde que la jurisprudencia constitucional, desde muy temprano, admitió que existieran actos políticos no sujetos al Derecho administrativo y que, en consecuencia, no iban a ser revisables por la jurisdicción contencioso-administrativa, sin que ello supusiera una violación del art. 24.1 CE, siempre que los tribunales dieran adecuada respuesta de la causa de inadmisión (por todas, STC 45/1990, de 15 de marzo). Una posición que se vio matizada con la posibilidad de que se diera un control jurisdiccional en amparo cuando hubiera una violación de un derecho fundamental, según se dijo (STC 196/1990, de 29 de noviembre). Aun así, insistimos en que la existencia de esos espacios de inmunidad jurisdiccional plantea un problema de tutela judicial efectiva, el cual exige, a nuestro entender, que siempre exista algún cauce procesal para poder ejercer nuestros derechos e intereses legítimos. El derecho de acceso a la jurisdicción del que disfrutan los ciudadanos reclama, en primer lugar, que el Estado prevea cauces para la tutela de cualquiera de sus derechos e intereses. Por lo que si llegamos a la conclusión de que no existen vías jurídicas para ejercer los mismos tendríamos una conculcación de este derecho. En contra, el Tribunal Supremo ha concluido en relación con la falta de vía para la revisión judicial de nombramientos parlamentarios, que esto “nada tiene que ver con el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual no existe por principio allí donde no alcanza la jurisdicción” (ATS de 27 de junio de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:5419A). También el Tribunal Constitucional en el auto 225/2002, de 14 de noviembre, descartó la violación del art. 24.1 CE porque se hubieran excluido del control jurisdiccional contencioso-administrativo ciertos actos parlamentarios (en el caso, los nombramientos parlamentarios de vocales del CGPJ).

(60). STS de 28 de junio de 1994 (ECLI:ES:TS:1994:4985).

(61). Entre las primeras sentencias, cfr. STC 118/1988, de 20 de junio.

(62). De ahí que, salvo que el ordenamiento jurídico haya dispuesto unos mecanismos específicos de tutela jurisdiccional (no basta con la puramente político-institucional, porque, como se dijo, las exigencias del principio de tutela judicial efectiva se proyectan sobre la posibilidad de recabar tutela en y por los tribunales de justicia), no pueda compartirse la apreciación del ATS de 2 de abril de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:2803A) que, al negar la justiciabilidad de los nombramientos parlamentarios, concluía: “No puede sostenerse que esta declaración otorgue un ámbito, que los recurrentes deben querer denominar, de inmunidad de control, porque nuestro Estado social de Derecho diseña una tupida red de controles adecuados a la naturaleza de cada actividad, como son las del propio control parlamentario, adecuado a pretensiones de naturaleza constitucional como las que se esgrimen en el recurso, y, en lo pertinente, las distintas funciones que se atribuyen al Tribunal Constitucional por la vía de los amparos del artículo 42 de su Ley Orgánica”. Si estamos ante potestades regladas, su violación debe encontrar respuestas en derecho.

(63). Tras realizar un minucioso análisis jurisprudencial, comparte la necesidad de revisar la legislación, la doctrina y la jurisprudencia vigente respecto del control jurisdiccional de los actos electivos parlamentarios, como dijimos, MARTÍNEZ CORRAL, Juan Antonio: Parlamento y Poder Judicial, ob. cit., p. 242.

(64). STS de 28 de junio de 1994 (ECLI:ES:TS:1994:4985).

(65). En este punto compartimos la tesis central de MARTÍNEZ CORRAL, Juan Antonio: Parlamento y Poder Judicial, ob. cit., pp. 59 y ss., para quien “la potestad electiva parlamentaria es una potestad jurídica con un innegable y nítido componente político”, el cual se manifiesta con “especial intensidad en aquellos actos electivos que constituyen el ejercicio de funciones arquetípicamente parlamentarias”, como es la elección del presidente del gobierno, sin que ello llegue a justificar “el alcance que a dicha potestad y a esa discrecionalidad se les otorga por la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria excluyéndolas dogmáticamente de un control judicial que ya se predica, legal, doctrinal y jurisprudencialmente, de todos los actos del Gobierno”. En tanto en cuanto el ejercicio de esta “potestad electiva del Parlamento está sometida a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Sobre los elementos reglados en estas potestades, véanse también pp. 83 y ss.

(66). Cfr. STC 199/2016, de 28 de noviembre, en un amparo parlamentario ante la ausencia de vía jurisprudencial previa en el nombramiento de secretarios de la mesa.

(67). Tomo aquí la delimitación que ha hecho la STC 226/2004, de 29 de noviembre de los actos parlamentarios no legislativos susceptibles de amparo vía art. 42 LOTC, los cuales sí que serían inmunes al control por los tribunales ordinarios.

(68). En este punto no creo que resulte necesario entrar en mayores sutilezas sobre la categoría de los actos complejos, que tiene perfiles porosos. A este respecto, sobre actos complejos en nombramientos puede verse la STS de 29 de mayo de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:3897) o la STC 16/1984, de 6 de febrero.

(69). A este respecto, cfr. ATS de 8 de junio de 2011 (ECLI:ES:TS:2011:6821A). No obstante, debemos ser conscientes de la singularidad de este procedimiento constitucional, donde se entrelazan facultades del Gobierno con la intervención parlamentaria, ya que aquí sí que nos encontramos en un ámbito típico de ejercicio de funciones constitucionales en relaciones entre órganos políticos, que además va a tener como consecuencia la aprobación de una norma a la que se le reconoce rango de ley. Una especialidad que, a nuestro entender, hace que no sea parangonable como referente para cuestionar el posible control judicial de nombramientos discrecionales.

(70). Así, como se ha visto, en relación con nombramientos de vocales del CGPJ, aunque extendiendo su jurisprudencia a magistrados del TC, véanse los ya citados AATS de 24 de marzo de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:2171A). de 2 de abril de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:2803A); y de 27 de junio de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:5419A). Véase también la STS de 5 de marzo de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:1082), sobre nombramiento parlamentario con designación gubernamental de los miembros de la Academia valenciana de la lengua.

(71). A nivel académico, según hemos señalado, destaca la obra MARTÍNEZ CORRAL, Juan Antonio: Parlamento y Poder Judicial, ob. cit., y, jurisprudencialmente, aunque, como veremos, sin llegar a ser una impugnación directa, pueden verse en especial las SSTJS de Andalucía n. 353/2007, de 4 de junio (ECLI:ES:TSJAND:2007:4400) y 810/2013, de 4 de marzo (ECLI:ES:TSJAND:2013:1908).

(72). Esta es la posición que mantuvo el TSJ de Valencia en relación con la designación del presidente de la Comunidad Autónoma de los miembros de la Academia valenciana de la lengua elegidos por las Cortes valencianas. A juicio de este tribunal, estaríamos ante un “acto reglado por imperativo legal, sobre el cual no cabe fiscalización, discrepancia o margen de discrecionalidad del Presidente de la Generalidad valenciana”; llegándolo a considerar una “actuación legalmente obligada, sin elementos reglados susceptibles de control jurisdiccional, excepto a los aspectos estrictamente formales” (STSJ de Valencia 744/2003, de 7 de mayo (ECLI:ES:TSJCV:2003:3743)) -traducción propia del valenciano-. En todo caso, también aquí se encuentra una fisura que puede ser explorada: en otro tipo de nombramientos sí que hay elementos reglados jurídicamente asequibles, primero por el gobierno y luego por los tribunales. Puede verse también la STSJ de Valencia 76/2006, de 23 de enero (ECLI:ES:TSJCV:2006:678).

(73). Ese fue el caso resuelto por la STS de 20 de enero de 2003 (ECLI:ES:TS:2003:178) donde se recurrían acuerdos del presidente del CGPJ en el curso del procedimiento de elección parlamentaria de vocales al Consejo. En esta sentencia el Supremo negó su justiciabilidad al concluir que “la actividad del Presidente del CGPJ, de la que es manifestación el acto ahora impugnado, tiene el carácter de un acto preparatorio de la decisión final del procedimiento parlamentario, que pronunciará las Cortes Generales, y que participa de esa naturaleza parlamentaria”.

(74). STJS de Andalucía n. 353/2007, de 4 de junio (ECLI:ES:TSJAND:2007:4400).

(75). Por ejemplo, así lo sostuvo en nuestra doctrina DE ESTEBAN, Jorge: “El ‘rey’ de Italia y el de España”, El Mundo, 30 de mayo de 2018, en relación con el nombramiento del presidente Torra, el cual consideraba que el presidente Rajoy tendría que haber impedido su formalización dada su patente ilegalidad, para lo cual debería haber negado el correspondiente refrendo.

(76). ECLI:ES:TS:2006:3897.

(77). STS de 29 de mayo de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:3897).

(78). STS de 29 de mayo de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:3897).

(79). A este respecto, podemos recordar que la STS de 27 de octubre de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:6073) admitió su jurisdicción para enjuiciar la terna de candidatos a jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos propuesta por el Gobierno, aunque la misma se enmarcaba en un procedimiento que concluía en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y que estaba regulado por Derecho internacional. Sin embargo, el Tribunal Supremo entendió que la decisión gubernamental tenía carácter definitivo en nuestro ordenamiento y cabía revisión judicial limitada a la protección de los derechos fundamentales, a los aspectos reglados y a las indemnizaciones que fueren procedentes.

(80). ECLI:ES:TS:2014:5419A.

(81). ATS de 27 de junio de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:5419A).

(82). En este sentido, véase en especial MARTÍNEZ CORRAL, Juan Antonio: Parlamento y Poder Judicial, ob. cit., pp. 245 y ss.

(83). A este respecto, aunque no se comparta el criterio mantenido, resulta interesante la frontera que trazó en su voto particular el magistrado Díez-Picazo a la STS de 27 de noviembre de 2009 (ECLI:ES:TS:2009:7515), en la que el Alto Tribunal había admitido su jurisdicción en una reclamación de responsabilidad patrimonial por una decisión adoptada por la comisión de peticiones del Congreso. Al entender de este magistrado discrepante: “Ocurre, sin embargo, que la expresión "actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial" designa claramente una esfera de misiones ancilares o instrumentales con respecto a las funciones propias del órgano constitucional de que se trate; y no designa, en cambio, el modo de conducir o tramitar éstas últimas. Así, es "administración" del Congreso de los Diputados aquello que, sin formar parte de las funciones parlamentarias (producción legislativa, control político al Gobierno, participación en nombramientos de cargos públicos, etc.), es necesario para que dicha cámara pueda desarrollar sus trabajos. Por ejemplo, contratos de suministros, horarios de trabajo de los funcionarios y empleados, seguridad de las instalaciones, etc. En cuanto a estas misiones ancilares o instrumentales, no hay una verdadera diferencia sustancial entre los servicios del Congreso de los Diputados y las Administraciones públicas. Pero cuando el Congreso de los Diputados ejerce sus funciones propias, deja de comportarse como una Administración pública para hacerlo cabalmente como lo que es: una institución parlamentaria”.

(84). Como dijimos, esta puede ser una diferencia en relación con las exigencias impuestas para ser nombrado miembro de la Academia valenciana de la lengua, donde el TSJ valenciano apreciaba que no existían elementos reglados susceptibles de revisión judicial (STSJ de Valencia 744/2003, de 7 de mayo (ECLI:ES:TSJCV:2003:3743)). En concreto, como apreció el Tribunal Supremo (STS de 5 de marzo de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:1082)), la ley reguladora exigía que concurrieran méritos, sin orden preferencial, que iban desde “expertos en valenciano, con una acreditada competencia científica o académica; destacadas personalidades de las letras o de la enseñanza en materia lingüística; producción reconocida en el campo del valenciano o la cultura valenciana”. Pero allí donde las leyes reguladoras sí que recurran a este tipo de conceptos jurídicos asequibles, puede ser una razón que justifique su control.

(85). MARTÍNEZ CORRAL, Juan Antonio: Parlamento y Poder Judicial, ob. cit., p. 250.

(86). Ibidem.

(87). Ibidem, p. 275.

(88). SSTJS de Andalucía n. 353/2007, de 4 de junio (ECLI:ES:TSJAND:2007:4400) y 810/2013, de 4 de marzo (ECLI:ES:TSJAND:2013:1908).

(89). ATS de 24 de marzo de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:2171A). En similar sentido, en el ATS de 2 de abril de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:2803A) se concluía: “El nombramiento de los Vocales del CGPJ ( artículo 567 LOPJ), al igual que acontece con el nombramiento de ocho de los doce Magistrados del Tribunal Constitucional ( artículo 159.1 CE) o del Defensor del Pueblo o de los Consejeros de Cuentas, se engloba dentro de un ámbito de actividad parlamentaria no legislativa de relación de las Cortes Generales con otros órganos de la estructura constitucional, dentro del sistema de influencias e interrelaciones recíprocas propio de nuestra división constitucional de poderes. Por su misma naturaleza dicha actividad es constitucional y está sometida a controles de la misma naturaleza, pero no al control de esta jurisdicción del orden contencioso-administrativo. La naturaleza de la actividad que desarrollan las Cámaras con estos nombramientos no se aproxima, siquiera en forma analógica, a una actividad materialmente administrativa que se pudiera subsumir en la actividad administrativa impugnable a que se refieren los artículos 25 a 30 de la LRJCA”. También pueden verse el ATS de 27 de junio de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:5419A) y la STS de 5 de marzo de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:1082), esta última sobre el nombramiento parlamentario de miembros de la Academia valenciana de la lengua.

(90). Esta dualidad, más bien esquizofrenia, está presente en la STS de 16 de diciembre de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:5249) en un asunto en el que originalmente se habían recurrido tanto el nombramiento parlamentario de los vocales del CGPJ como la subsiguiente elección por los mismos del presidente del Tribunal Supremo. Esta primera parte del objeto fue excluida de enjuiciamiento, permaneciendo en exclusiva la revisión sobre la designación realizada por el Consejo de su presidente.

(91). ECLI:ES:TS:1994:4985.

(92). ECLI:ES:TS:1994:4985.

(93). STS de 5 de marzo de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:1082).

(94). STS 136/2026, de 12 de febrero (ECLI:ES:TS:2026:362).

(95). ECLI:ES:TS:1994:4985

(96). GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: La lucha contra las inmunidades del poder, ob. cit., p. 78, comentando la existencia de este tipo de “cláusulas generales” en algunas Constituciones que previenen que se intenten excluir de la jurisdicción contencioso-administrativa ámbitos de poder de la administración. Una idea que ya en el siglo XXI creo que podemos extender a cualquier poder público, y no sólo a la administración.

(97). Ese es el riesgo que veía el Tribunal Constitucional en una primera doctrina sobre el control judicial de la denegación de solicitudes de información a los parlamentarios: “las respuestas o actuaciones del Ejecutivo en réplica a tal ejercicio constituyen, también en principio, ejercicio de las funciones gubernamentales propias, susceptibles de control político y parlamentario -y, en última instancia, electoral-, pero no revisables, en general, desde consideraciones de corrección jurídica, so riesgo de pretender una judicialización inaceptable de la vida política, no exigida en modo alguno por la Constitución, y poco conveniente con el normal funcionamiento de la actividad política de las Cámaras Legislativas y del Gobierno” (STC 220/1991, de 25 de noviembre). Una idea que se ha venido arrastrando, también por parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en especial cuando se ha planteado, según se ha visto, el control judicial de actos parlamentarios no legislativos.

(98). NAVAS CASTILLO, Antonia: El control jurisdiccional de los actos parlamentarios sin valor de ley, COLEX, Madrid, 2000, p. 149.

(99). Así lo han calificado en el voto particular a estas sentencias suscrito por los magistrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías. En este caso, aunque el término contra-amparo resulta en cierto modo ajeno al modelo de justicia constitucional español, tiene la connotación procesal de tratarse de un amparo concedido contra la decisión en amparo del Supremo; pero, como se decía, sobre todo evidencia que el Constitucional, al conceder este amparo, en realidad ha retorcido el sentido del amparo constitucional. En palabras de los magistrados disidentes: “Es, por el contrario, el Tribunal Constitucional en la presente sentencia el que, al estimar el recurso de amparo y anular las resoluciones judiciales impugnadas, excede el canon de enjuiciamiento que le corresponde, con el grave resultado añadido de que esta sentencia provocará con seguridad un lamentable retroceso en el control por la jurisdicción contencioso-administrativa de la discrecionalidad en los nombramientos de cargos públicos, que venía siendo un instrumento muy relevante en la nunca acabada lucha contra las inmunidades del poder político. A la postre, el recurso de amparo constitucional, pensado como un remedio extraordinario para tutelar a los ciudadanos frente a los abusos de los poderes públicos, se termina convirtiendo en el presente caso en una suerte de contra-amparo, en el que el Tribunal Constitucional, so pretexto de amparar al recurrente (a quien en ningún caso el Tribunal Supremo ha vulnerado su derecho al acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad), lo que viene en realidad es a apuntalar una resolución del Poder Ejecutivo por completo ajena a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que deben presidir todo nombramiento para un cargo público, incluso los de aquellos de carácter discrecional”.

(100). FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón: “La Sentencia constitucional de 14 de enero de 2025 y la resurrección de las inmunidades del poder”, Blog Hay Derecho, 16 de febrero de 2026. Texto accesible en: ENLACE

(101). Esta tergiversación de la argumentación del Supremo ha sido también subrayada por FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón: “La Sentencia constitucional de 14 de enero de 2025 y la resurrección de las inmunidades del poder”, Blog Hay Derecho, 16 de febrero de 2026. Texto accesible en: ENLACE

(102). STS 452/2022, de 19 de abril (ECLI:ES:TS:2022:1467).

(103). Por ejemplo, el informe sobre el Estado de Derecho en 2025 para España (SWD(2025) 909 final) elaborado por la Comisión Europea se hace eco de la opinión del Consejo General del Poder Judicial en su dictamen a la reforma del EOMF donde critica que no se introduzcan “suficientes mecanismos de contrapeso interno” en la Fiscalía.

(104). En concreto, en su segundo informe intermedio de cumplimiento de la IV Ronda de evaluación para la prevención de la corrupción respecto de miembros de parlamentos nacionales, jueces y fiscales (GrecoRC4(2019) 12), el GRECO consideró parcialmente cumplida su recomendación de que “se establecieran en la ley criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de altos cargos en la Judicatura, esto es, los Presidentes de las Audiencias Provinciales, de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y los magistrados del Tribunal Supremo, con el fin de garantizar que estos nombramientos no pongan en duda la independencia, la imparcialidad y la transparencia de este proceso”.

(105). A este respecto, con datos sobre la politización del Tribunal Constitucional, cfr. HAY DERECHO: Las Cortes Generales a examen: una radiografía al Parlamento español, 2025. Texto accesible en: ENLACE; y HAY DERECHO: Informe Estado de Derecho, 2024.

(106). Opinión expresada en la red social X el 17 de febrero de 2026.

(107). No existen datos públicos al respecto, pero la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha emitido un comunicado donde relaciona los nombramientos discrecionales realizados en 2025 por el Consejo con la afiliación. Texto accesible en: ENLACE

(108). En concreto, según los datos recogidos por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria en el comunicado antes señalado: “De los 120 nombramientos efectuados por el Pleno del CGPJ durante el año 2025 (entre los que no se incluyen los nombrados como juristas de reconocida competencia, los procedentes del denominado turno autonómico y los jurídico militares), s.e.u.o.: 58 pertenecen (o han pertenecido) a la Asociación Profesional de la Magistratura (48,33% del total de nombramientos). 24 a Juezas y Jueces por la Democracia (20%). 8 pertenecen a AJFV (6,67%). 3 a FJI (2,50%). 27 son no asociados (22,50%)”.

(109). Texto accesible en: ENLACE.

(110). ECLI:ES:TS:2026:362. Con posterioridad, puede verse también la STS 557/2026, de 4 de mayo (ES:TS:2026:2042).

(111). STS 136/2026, de 12 de febrero (ECLI:ES:TS:2026:362).

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