Iustel
Declara la Sala que el art. 106.2 de la LJCA dispone que a la cantidad líquida a que hubiere resultado condenada la Administración se añadirá “el interés legal del dinero, calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia”, subordinando el devengo al puro y simple hecho de la condena a cantidad líquida. El mandato del precepto se dirige al órgano administrativo responsable del cumplimiento de la sentencia al pago de cantidad líquida, imponiéndole la obligación de liquidar y abonar, además de la cantidad a que asciende la condena, el importe resultante de aplicar sobre aquella el interés legal calculado desde la fecha de notificación de la sentencia; sin que la fecha de inicio de las actuaciones necesarias para su ejecución, ni la duración de tales actuaciones, constituyan elementos que incidan en el devengo de tales intereses.
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 5
Fecha: 17/09/2026
Nº de Recurso: 5334/2024
Nº de Resolución: 1022/2026
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Ponente: MARIA CONCEPCION GARCIA VICARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Quinta
Sentencia núm. 1.022/2026
En Madrid, a 17 de septiembre de 2026.
Esta Sala ha visto el recurso de casación número 5334/2024, interpuesto por el Ayuntamiento de Alcorcón, representado por el procurador de los Tribunales D. José Luis Granda Alonso y bajo la dirección técnica del Letrado D. Guillermo Aguillaume Gandasegui, así como por la mercantil Motema, S.L., representada por el Procurador D. Raúl Martínez Ostenero y con la dirección letrada de D. Eduardo de León Miranda, contrala sentencia número 301/2024, de 15 de abril, dictada por la Sección Primera de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el rollo n.º 567/2023, que estima parcialmente el recurso de apelación formulado por el Ayuntamiento de Alcorcón, contra el Auto de 30 de mayo de 2022,dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 32 de Madrid en la Pieza de Ejecución de Títulos Judiciales 27/2014, dimanante del procedimiento ordinario 84/2010 tramitado en el mencionado órgano jurisdiccional.
Se han personado asimismo como partes recurridas el Ayuntamiento de Alcorcón y la mercantil Motema, S.L.
Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª María Concepción García Vicario.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.-El pasado 7 de julio de 2005, los recurrentes suscribieron convenio urbanístico (elevado posteriormente a escritura pública el 16 de diciembre del mismo año), por el que la mercantil Motema, S.L. cedía al Ayuntamiento de Alcorcón la plena titularidad de unos terrenos en suelo urbano consolidado del área denominada “Las Presillas”, recibiendo en contraprestación determinados suelos en los que materializar su derecho de aprovechamiento.
Mediante Acuerdo del Pleno de 30 de marzo de 2009 el Consistorio de Alcorcón acordó resolver el mencionado Convenio, ante la imposibilidad sobrevenida por causas ajenas al mencionado Ayuntamiento de poder llevarlo a cabo, aprobando una indemnización a favor de la mercantil Motema S.L. por importe de 2.487.699€(dos millones cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos noventa y nueve euros), más las actualizaciones que procediesen, acordando además que dicha indemnización podría materializarse en suelo. Frente a esta resolución la mercantil Motema S.L. interpuso recurso contencioso-administrativo del que conoció el Juzgado de lo Contencioso n.º 32 de Madrid (PO 84/2010), que dictó sentencia estimatoria n.º 401/2011 de 24 de octubre, condenando en esencia al Ayuntamiento demandado a la apertura de expediente de justisprecio expropiatorio, que debía ser abonado en especie mediante terrenos edificables.
Frente a dicha sentencia formuló el Ayuntamiento de Alcorcón, recurso de apelación, que fue estimado parcialmente a su vez por Sentencia 608/12, de 31 de mayo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, y que consideró innecesaria la apertura de un expediente de justiprecio, debiendo valorarse las fincas conforme a lo dispuesto en los artículos 28.3 y 29 de la Ley 6/1998 de 13 de abril, al tratarse desuelo urbano consolidado sin aprovechamiento lucrativo alguno, posponiendo además tal valoración a la fase de ejecución de Sentencia.
SEGUNDO.- La mercantil Motema S.L. presentó seguidamente demanda de ejecución, que dio lugar a la ejecución de títulos judiciales 27/2014 y que finalizó en virtud de auto de 30 de mayo de 2022, que al amparo de lo dispuesto en el artículo 28.4 de la Ley 6/1998, y, estimando que no había valores de ponencias, decretó que debía acudirse a un sistema de valoración según el método residual dinámico; por lo que conforme a lo solicitado por la ejecutante, había de mantenerse el valor de repercusión ofrecido por esa parte en su informe pericial; y, en todo caso aplicarse a ese importe, referido al mes de julio de 2005, los intereses legales devengados desde dicha fecha, en que se pusieron a disposición de la Administración los terrenos. Por consiguiente, acordó el abono a la ejecutante del importe de 60.960.367, 21 € (sesenta millones novecientos sesenta mil trescientos sesenta y siete euros y veintiún céntimos), más los intereses generados desde el momento en que los terrenos fueron entregados a la Administración Territorial ejecutada.
El Consistorio interpuso recurso de apelación contra el auto mencionado en el párrafo anterior que fue resuelto por sentencia n.º 301/2024, de 15 de abril de la Sala de lo Contencioso-administrativo de Madrid (Sección Primera, apelación n.º 567/2023), cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección 1.ª) en el recurso de apelación formulado por el Ayuntamiento de Alcorcón contra el Auto de 30 de mayo de 2022 dictado por el Juzgado delo Contencioso-Administrativo n.º 32 de Madrid en la Pieza de Ejecución de títulos judiciales27/2014 del Procedimiento Ordinario 84/2010, ha decidido:
Primero.- Estimar parcialmente dicho recurso de apelación.
Segundo.- Revocar el citado Auto y, en su consecuencia, fijar como cantidad a abonar por el Ayuntamiento en concepto de indemnización por el valor de las fincas cedidas, la suma de 26.144.120,84 €, más los intereses previstos en el artículo 106.2 de la Ley de la Jurisdicción.
Tercero.- No efectuar condenar en costas en esta instancia y en cuanto a las costas de la instancia, cada parte se hará cargo de las propias y las comunes por mitad”.
TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, se presentó escrito por las representaciones procesales tanto del Ayuntamiento de Alcorcón como de la mercantil Motema S.L. manifestando su intención de interponer recurso de casación, que la Sala de instancia tuvo por preparados por autos de 24 de junio de 2024 con emplazamiento de las partes ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
CUARTO.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal, la Sección Primera de esta Sala dictó auto el 26 de abril de 2025 que declaró que la cuestión planteada en el recurso que presentaba interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consistía en:
“Determinar el dies a quo del devengo de intereses en supuestos de cuantificación en ejecución de sentencia, de indemnización derivada de resolución de convenio urbanístico de planeamiento por imposibilidad legal”.
Y a tal efecto, dicho auto identificó como normas jurídicas que deberían ser objeto de interpretación las siguientes:
“artículo 106.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y artículos 1106,1108 y 1124 del Código Civil”.
QUINTO.- Admitidos los recursos por diligencia de ordenación de 6 de marzo de 2025, se concedió a las partes recurrentes el plazo de treinta días para presentar escritos de interposición, lo que llevaron a efecto, por sendos escritos de 16 de abril de 2025.
La representación procesal del Ayuntamiento de Alcorcón, tras alegar cuanto tuvo por conveniente, suplicó a la Sala:
“[...] se case y anule la referida Sentencia en cuanto al devengo de intereses procesales y, en consecuencia, declare que el devengo de intereses de la cuantía debida por el Ayuntamiento de Alcorcón se inicia con la correcta definición de las bases para su cálculo en el momento de la notificación de la Sentencia del TSJ de Madrid de 15 de abril de 2024”.
Por su parte, la mercantil Motema S.L. expuestas razonadamente las infracciones normativas y/o jurisprudenciales que consideró procedentes, finalmente suplicó:
“[...] dicte Sentencia por la que:
1.Fije como doctrina la siguiente:
2.En interpretación del art. 28.3 y 4 de la LSV, que la falta de determinación del VBR en una ponencia de valores impide la aplicación del método de valoración establecido en el art. 28.3 de la LSV y obliga a acudir al método residual establecido en el art. 28.4 de la LSV.
3.En interpretación de los arts. 1106 y 1108 del CC, que en los supuestos de ineficacia de convenios urbanísticos de planeamiento en los que se haya entregado suelo no susceptible de recuperación porno modificarse el planeamiento por la Administración competente, el importe que se establezca como compensación de su valor generará intereses legales desde la fecha en que los suelos fueron entregados
4.Declare haber lugar al presente recurso de casación interpuesto contra la Sentencia núm. 301/2023, de 15de abril de 2024, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, en consecuencia, case y anule la Sentencia Recurrida.
5.Resolviendo dentro de los términos en que se planteó el debate en la instancia, desestime el recurso del Ayuntamiento de Alcorcón, y confirme íntegramente el Auto de 30 de mayo de 2022 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 32 de Madrid en la Pieza de Ejecución de títulos judiciales 27/2014 del Procedimiento Ordinario 84/2010, por el que se obliga al Ayuntamiento al pago de la suma de 60.960.367,21
€, más los intereses generados desde el momento en que los terrenos fueron entregados a la Administración territorial ejecutada el 16 de diciembre de 2005.
6.Subsidiariamente, para el caso de que no proceda la aplicación de intereses desde la cesión anticipada de los terrenos, que se señale como dies a quo para el devengo de intereses la fecha en que se materializó la imposibilidad legal por la denegación de revisión del PGOU por parte de la Comunidad de Madrid (25 de enero de 2007). O, también subsidiariamente, para el caso de que no sean aplicables tales fechas, se estime como momento inicial para el devengo de intereses el 30 de marzo de 2009, día en que el Ayuntamiento dictó el acuerdo de resolución del convenio.
7.Todo ello con imposición de costas a la parte recurrente.
SEXTO.- Por providencia de 22 de abril de 2025 se acordó dar traslado de los escritos de interposición a las partes recurridas para que pudieran oponerse, lo que verificó el Consistorio de Alcorcón presentando escrito de oposición el 5 de junio de 2025 y la entidad Motema S.L. el 10 de junio siguiente. Ambas partes solicitan la desestimación del recurso de casación interpuesto de contrario y la condena en costas de la contraparte.
SÉPTIMO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 92.6 de la Ley de esta Jurisdicción, atendiendo a la índole del asunto, no se consideró necesaria la celebración de vista pública, quedando el recurso concluso y pendiente de señalamiento.
OCTAVO.- Por providencia de 9 de junio de 2026 siendo Magistrada Ponente la Excma. Sra. D.ª María Concepción García Vicario, se señaló para votación y fallo el día 15 de septiembre de 2026, fecha en que efectivamente, tuvieron lugar dichos actos, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Objeto de los presentes recursos de casación.
1.1.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ( Sección Primera )dictó sentencia n.º 608/2012, de 31 de mayo de 2012, estimando parcialmente el recurso de apelación n.º169/2012 interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Alcorcón, acordando "Revocar la Sentencia de 24 de octubre de 2.011 dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo n.º 32 de Madrid,(...) procediendo que en ejecución de sentencia se valoren las fincas cedidas en los términos fijados en esta Sentencia".
Términos de valoración recogidos en su FJ Quinto, en el que se razona que “... a tales efectos resulta, incluso, innecesaria la apertura de un expediente de justiprecio pero sí una correcta valoración de los bienes y que lo será de conformidad con lo establecido en los artículos 28.3 y 29 de la Ley 6/98, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, vigente a la fecha en que se produjo la firma del convenio, ya que se trata de suelo urbano consolidado sin aprovechamiento lucrativo alguno lo que se efectuará en fase de ejecución de sentencia”.
1.2.- En ejecución de lo acordado -tras diversas resoluciones y recursos que luego se detallarán- el Juzgado delo Contencioso-Administrativo n.º 32 de Madrid dictó auto de fecha 30 de mayo de 2022, en la pieza de ejecución de títulos judiciales n.º 27/2014 derivada del procedimiento ordinario n.º 84/2010, estimando el incidente de ejecución de sentencia instado por la mercantil Motema S.L., acordando el abono de 60.960.367,21 €más los intereses generados desde el momento en que los terrenos fueron entregados al Ayuntamiento de Alcorcón.
1.3.-Interpuesto recurso de apelación por la Corporación Municipal, fue estimado parcialmente por la Sala delo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Primera) en sentencia n.º301/2024, de 15 de abril de 2024, recaída en el Rollo de Apelación 567/2023, acordando revocar el auto del Juzgado de 30 de mayo de 2022 y, en su consecuencia, fijar como cantidad a abonar por el Ayuntamiento, en concepto de indemnización por el valor de las fincas cedidas, la suma de 26.144.120,84 € más los intereses previstos en el artículo 106.2 de la Ley de la Jurisdicción.
La sentencia, en lo que ahora interesa, razona, en su FJ Octavo:
“Por último debe analizarse si procede o no el abono de intereses. Al respecto, en relación con la aplicación de la regla in illiquidis non fit mora, se debe atender al canon de la razonabilidad en la oposición para decidir la procedencia para condenar o no al pago de intereses y concreción del dies a quo del devengo, tal y como se difiere de la doctrina jurisprudencial mantenida por la Sala Primera del Tribunal Supremo. Este moderno criterio, queda mejor respuesta a la naturaleza de la obligación y al justo equilibrio de los intereses en juego, y en definitiva de la tutela judicial, toma como pautas de la razonabilidad el fundamento de la reclamación, las razones de la oposición, la conducta de la parte demandada en orden a la liquidación y pago de lo adeudado, y demás circunstancias concurrentes, por lo que la solución exige una especial contemplación del caso enjuiciado.
El auto de instancia se limita a condenar al pago de los intereses "desde el momento en que los terrenos fueron entregados a la Administración Territorial ejecutada" por lo que no da una respuesta a la cuestión.
En primer lugar, debemos indicar que no estamos ante un proceso expropiatorio, de hecho, como se señala en el escrito de oposición, la parte ejecutante no instó la expropiación de los terrenos cedidos, ni la aplicación de la cláusula tercera del Convenio que le permitía solicitar el justiprecio expropiatorio de los terrenos cedidos. El Convenio se resolvió por imposibilidad de cumplimiento lo que nos aparta de las reglas de expropiación a la horade fijar la indemnización por incumplimiento.
Dicho lo anterior, que en la Sentencia se fijaran las bases normativas de aplicación al cálculo de la indemnización no presupone la existencia de una cantidad líquida ni que ésta fuera posible determinar por una simple operación aritmética. De hecho, si se observa la larga tramitación judicial se puede observar la dificultad de dicha operación de cálculo al existir controversia en la fijación del propio método. Tampoco es cierto que exista una conducta reticente por el Ayuntamiento en el cumplimiento de su obligación de pagar el valor del suelo cedido pues el día13 de febrero de 2014 se dictó Auto en el Procedimiento ordinario n.º 84/2010, por el que se acordaba haber lugar a la ejecución del fallo de la Sentencia dictada por esta Sala en fecha 31 de mayo de 2012 en sus propios términos, y se ordenaba al Ayuntamiento de Alcorcón que en el improrrogable plazo de dos meses permute a la entidad MOTEMA S.L terrenos de su propiedad patrimonial por valor de 3.387.810 euros que no fue aceptada y, por otro lado, basta con acudir a nuestras Sentencias de 18 de febrero de 2015 (rec. 788/2014 ) y de 18 de julio de 2017 (rec. 67/2017 ) para que percatarse que la dilación judicial no es producto de una intención del Ayuntamiento de demorar el pago sino de la incorrecta tramitación del incidente.
En suma, habida cuenta las evidentes diferencias jurídicas en relación con el método aplicable para el cálculo del valor del suelo cedido, así como las causas que han provocado la demora en la fijación de dicha valoración, se determina que, en aplicación de aquel criterio antes referido, solo procederá la aplicación de los intereses previstos en el artículo 106.2 de la Ley de la Jurisdicción.
En suma, procederá estimar parcialmente el recurso de apelación y determinar, como cantidad a abonar por el Ayuntamiento, la suma de 26.144.120,84 € más los intereses previstos en el artículo 106.2 de la Ley de la Jurisdicción [...]”.
1.4.- Notificada tal resolución, ambas partes contendientes solicitaron aclaración del contenido del Fallo en relación con la fijación de la fecha del comienzo del cómputo del plazo de intereses de conformidad con el art. 106 de la LJCA.
La mercantil argumentó que la aplicación del párrafo segundo del artículo 106 solo podía referirse como ordena la norma, a la sentencia dictada en primera o única instancia, esto es, la sentencia 401/2011, dictada en primera instancia el 24 de octubre de 2011 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 32, del que este procedimiento de ejecución trae causa, o al menos, desde la fecha de la sentencia n.º 608/2012, de 31de mayo de 2012, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la que se revocó parcialmente aquella.
Por su parte, el Ayuntamiento argumentó que imponer el pago de intereses desde el auto de 30.05.2022 del Juzgado y que la Sala revocó el 15.04.2024, no resulta correcto, pues el primero era erróneo, no pudiendo tampoco imponerse a la Corporación intereses derivados del retraso en la tramitación del recurso de apelación atendida la indebida inadmisión de este, lo que motivó el necesario recurso de queja.
La Sala, mediante auto de 7 de mayo de 2024, acordó no haber lugar a la aclaración -sin perjuicio de rectificar el error en la numeración del año de la sentencia- razonando que “... las cuestiones alegadas por ambas partes aparecen claramente determinadas en el Fallo en tanto en cuanto la condena de intereses lo es en aplicación del artículo 106.2 de la Ley de la Jurisdicción y al fijarse la cuantía en apelación de un Auto de ejecución será la fecha de éste la que determine el día inicial del cómputo, sin que la norma permita reexaminar los razonamientos expresados en relación con la condena en los Fundamentos de la Sentencia, que resuelven la controversia suscitada por la mercantil, y sin que la misma tenga en cuenta la demora, correcta o incorrecta, de la tramitación del recurso de apelación”.
1.5.- Contra dicha sentencia de 15 de abril de 2024 prepararon sendos recursos de casación la representación procesal de la mercantil Motema, S.L. y del Ayuntamiento de Alcorcón.
SEGUNDO.- Cuestión de interés casacional suscitada en este recurso.
2.1.- La Sección de Admisión considera que la cuestión controvertida en el presente recurso es determinar el dies a quo del devengo de intereses en supuestos de cuantificación, en ejecución de sentencia, de la indemnización derivada de la resolución de convenio urbanístico de planeamiento por imposibilidad legal.
2.2.- Respecto de la concurrencia de interés casacional, la Sección considera que las partes recurrentes han realizado el imprescindible esfuerzo argumental, con singular referencia al caso, respecto a la concurrencia del interés casacional objetivo invocado en el escrito de preparación del recurso, en relación con el artículo88.2.a) y c) de la LJCA, lo que lleva a considerar que este recurso, presenta interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de esta Sala del Tribunal Supremo para la formación jurisprudencia.
Apunta que en relación con la cuestión planteada es importante tener en cuenta la doctrina fijada por esta Sala en diferentes pronunciamientos que allí se reseñan.
2.3.- Y partiendo de tales consideraciones, la Sección de Admisión mediante auto de 26 de febrero de 2025entiende que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia respecto de la siguiente cuestión: “Determinar el dies a quo del devengo de intereses en supuestos de cuantificación, en ejecución de sentencia, de indemnización derivada de resolución de convenio urbanístico de planeamiento por imposibilidad legal”.
En el auto de admisión se identifican como normas que, en principio, serán objeto de interpretación el 106.2de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y los artículos 1106, 1108 y 1124 del Código Civil, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.
TERCERO.- El escrito de interposición formulado por la representación procesal de la mercantil Motema S.L. y la oposición formulada por el Ayuntamiento de Alcorcón.
3.1- La representación procesal de la mercantil Motema S.L, en lo sustancial, en el escrito de interposición del recurso de casación denuncia dos infracciones:
a) Infracción de los arts. 28.3 y 28.4 de la LSV en relación con la norma 17 del Real Decreto 1020/1993, de25 de junio.
Sostiene que, si la ponencia no recoge el VBR, el art. 28.3 de la LSV no puede ser aplicado, por lo que debió acudirse al art. 28.4 de la LSV y aplicar el método supletorio establecido en ese precepto -método residual-sin que el órgano jurisdiccional pueda reconstruir la ponencia y aplicar una metodología ad hoc ajena a las previsiones de la sentencia n.º 608/2012 que se ejecuta. Tal interpretación conlleva la aplicación de valores catastrales desactualizados, lo que contraviene lo dispuesto en la LSV y el Real Decreto 1020/1993, e implica una lesión del derecho de propiedad garantizado en el art. 33 de la CE y de las garantías procesales del justiciable ex art. 24 CE.
b) Infracción de los arts. 1106 y 1108 del CC en relación con el art. 1124 del CC y de la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo que se invoca como justificación del pronunciamiento sobre intereses. La decisión adoptada en la sentencia impugnada respecto del dies a quo de los intereses es inevitablemente incorrecta, porque, con independencia de cuál sea la causa de resolución del Convenio, el día de inicio para el devengo de intereses no puede ser el previsto en el art. 106.2 de la LJCA.
En aplicación de la jurisprudencia sobre devengo de intereses por la invalidez o ineficacia de un convenio urbanístico (inexistente al tiempo de dictarse la sentencia recurrida y prepararse el recurso de casación) el dies a quo ha de ser la de la cesión anticipada de los terrenos sin contraprestación (16 de diciembre de2005), subsidiariamente la fecha de materialización de la imposibilidad legal (25 de enero de 2007) y en última instancia, la de la adopción del acuerdo de resolución por parte del Ayuntamiento (30 de marzo de 2009), pero en modo alguno, por su absoluta improcedencia, la fecha de la sentencia recurrida.
El pronunciamiento de la sentencia impugnada es doblemente erróneo: (i) omite el análisis de los intereses legales del art. 1106 del CC, obviando que estamos ante una deuda de valor y a diferencia de lo que sucede con las deudas de dinero o de cantidad, los intereses legales actúan como “factor de actualización”; y, (ii) aplica incorrectamente la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo que ha interpretado el art. 1108 del CC y establecido la doctrina sobre el canon de razonabilidad en la oposición a la reclamación.
Y con base en tales consideraciones, solicita se dicte sentencia que:
1. Fije como doctrina la siguiente:
a) En interpretación del art. 28.3 y 4 de la LSV, que la falta de determinación del VBR en una ponencia de valores impide la aplicación del método de valoración establecido en el art. 28.3 de la LSV y obliga a acudir al método residual establecido en el art. 28.4 de la LSV.
b) En interpretación de los arts. 1106 y 1108 del CC, que en los supuestos de ineficacia de convenios urbanísticos de planeamiento en los que se haya entregado suelo no susceptible de recuperación porno modificarse el planeamiento por la Administración competente, el importe que se establezca como compensación de su valor generará intereses legales desde la fecha en que los suelos fueron entregados
2. Declare haber lugar al presente recurso de casación interpuesto contra la Sentencia núm. 301/2023, de 15de abril de 2024, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, en consecuencia, case y anule la Sentencia Recurrida.
3. Resolviendo dentro de los términos en que se planteó el debate en la instancia, desestime el recurso del Ayuntamiento de Alcorcón, y confirme íntegramente el Auto de 30 de mayo de 2022 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 32 de Madrid en la Pieza de Ejecución de títulos judiciales 27/2014 del Procedimiento Ordinario 84/2010, por el que se obliga al Ayuntamiento al pago de la suma de 60.960.367,21€, más los intereses generados desde el momento en que los terrenos fueron entregados a la Administración territorial ejecutada el 16 de diciembre de 2005.
4. Subsidiariamente, para el caso de que no proceda la aplicación de intereses desde la cesión anticipada de los terrenos, que se señale como dies a quo para el devengo de intereses la fecha en que se materializó la imposibilidad legal por la denegación de revisión del PGOU por parte de la Comunidad de Madrid (25 de enero de 2007). O, también subsidiariamente, para el caso de que no sean aplicables tales fechas, se estime como momento inicial para el devengo de intereses el 30 de marzo de 2009, día en que el Ayuntamiento dictó el acuerdo de resolución del convenio.
5.Todo ello con imposición de costas a la parte recurrente.
3.2.- Opone la representación procesal del Ayuntamiento, la no concurrencia de las infracciones normativas invocadas, alegando, en síntesis:
a) Con relación a la primera infracción invocada por Motema S.L. que el recurso pretende modificar hechos declarados probados, por cuanto está acreditada la vigencia de ponencia catastral de 1999 a la fecha de valoración (2005), apartándose de lo prescrito en el art. 87 bis, apartado 1 de la LJCA que excluye del recurso de casación las cuestiones de hecho.
Asimismo, dicho recurso pretende modificar las “bases normativas” para valorar el suelo, establecidas en el Fallo de la sentencia objeto de ejecución; operaciones que se encuentran radicalmente vedadas por el art. 87.1c) de la LJCA y por el art. 24.1 CE, en la medida en que el derecho a la tutela judicial efectiva reconoce el derecho a la invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes.
b) Con relación a la segunda infracción, sostiene que la mercantil pretende añadir a la sentencia ejecutada una condena al pago de intereses moratorios que no fueron objeto de reclamación en la demanda principal.
La sentencia del TSJ de Madrid n.º 608/2012, que es objeto de ejecución, jamás impuso condena alguna al Ayuntamiento al pago de intereses moratorios ex arts. 1.124, 1.106 y 1.108 del CC. No lo hizo, ni podía hacerlo, porque Motema S.L. no demandó nunca la condena al pago de intereses, ni en la petición principal, ni en la subsidiaria de su demanda, ni en ningún otro trámite del pleito principal, como tampoco lo había hecho en vía administrativa. Su pretensión principal, era ser indemnizada en especie mediante la permuta de terrenos, por lo que no cabe en ejecución de sentencia solicitar la condena al pago de unos intereses moratorios que nunca fueron solicitados en el pleito principal, pues ello supondría añadir un pronunciamiento de condena que no se ha producido y por lo tanto no puede ser objeto de ejecución.
En coherencia con ello, la sentencia de 15.04.2024 que es aquí objeto de recurso se pronuncia únicamente en relación con los intereses procesales, y a esta cuestión únicamente debe ceñirse el pronunciamiento sobre los intereses, también en esta sede casacional. Estamos ante una “adición irregular” de un pronunciamiento al pago de intereses moratorios, inexistente en la sentencia ejecutada, por lo que no se puede acceder a su reconocimiento.
En cualquier caso, la Jurisprudencia invocada en el recurso de casación de la mercantil conduce a la imposibilidad de condenar al pago de intereses moratorios en este caso. Motema S.L no hizo reclamación alguna de pago de intereses, en consonancia con el hecho de que no requería el pago de ninguna cantidad de dinero líquida y, por lo tanto, al no haber reclamado los intereses, la Jurisprudencia expuesta conduce a la solución contraria a la que propugna.
Añade que la solución que propone el Ayuntamiento es compatible con el principio in illiquidis non fit mora y la razonabilidad de la posición del deudor. Todas las sentencias que invoca la recurrente se refieren a supuestos de reclamación a la Administración de cantidades líquidas de dinero, a los que es de aplicación el art. 1.108 del CC. En el caso que nos ocupa, no existió condena alguna al pago de una cantidad de dinero, sino a la valoración de unos terrenos en ejecución de sentencia y, por lo tanto, se trataba de una sentencia con reserva de liquidación de las permitidas en el art. 71.1 d) de la LJCA, con una amplitud de la que no disponen los órganos de la jurisdicción civil, afirmando que en todo caso, este control de razonabilidad es lo que llevó a cabo la Sala del TSJ de Madrid a la hora de rechazar la imposición de cualquier interés moratorio, previo a la fijación del importe líquido, y ceñirse por lo tanto a la fijación de intereses procesales del art. 106.2 de la LJCA.
Y con base en tales alegaciones, interesa la desestimación del recurso de casación de Motema S.L, fijando la Sala como interpretación jurisprudencial que no cabe modificar en sede de ejecución de sentencia las bases normativas para la valoración de un suelo incluidas en el pronunciamiento de la resolución objeto de ejecución, modificándolas en dicho trámite; así como que tampoco cabe imponer a la Administración la condena al pago de intereses moratorios de una condena con reserva de liquidación, cuando el pago de tales intereses moratorios no ha sido impuesto en la sentencia ejecutada; todo ello sin perjuicio de los intereses procesales que procedan.
CUARTO.- El escrito de interposición formulado por la representación procesal del Ayuntamiento de Alcorcón y la oposición formulada por la mercantil Motema S.L.
4.1- La representación procesal del Ayuntamiento de Alcorcón en el escrito de interposición del recurso de casación, invoca un único motivo de impugnación, a saber: infracción del art. 106.2 de la LJCA al fijar la sentencia recurrida el dies a quo del devengo de intereses en una fecha anterior a que se hubiera fijado la fórmula para calcular la cantidad líquida, conforme a la sentencia ejecutada.
Delimita el objeto del recurso de casación, a tenor del art. 87.1.c) de la LJCA, circunscribiendo el mismo a los intereses procesales del art. 106.2 de la LJCA, diferenciándolos de los intereses moratorios ordinarios derivados de la imposibilidad de cumplimiento del convenio urbanístico. Estos segundos se encuentran excluidos del debate de la ejecución de sentencia, puesto que no se pidieron en la demanda inicial y la sentencia ejecutada no condena a su pago.
Discrepa de la sentencia impugnada, por cuanto no resulta posible la aplicación literal al caso del art. 106.2de la LJCA, cuyo supuesto de hecho se refiere a sentencias con condena al pago de cantidad líquida, sin reserva de liquidación. Considera que la sentencia incurre en una aplicación indebida del dies a quo del devengo de intereses, pues ha aplicado de manera literal la indicación legal, de que se produzca “calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia”, sin tener en cuenta que el auto(no sentencia) del Juzgado de 30 de mayo de 2022 aplicó un método de valoración completamente diferente, una fórmula de cálculo opuesta a la correcta, sosteniendo que la aplicación analógica del precepto no puede hacerse sin considerar su ratio, y esta comporta tener en cuenta su finalidad y su contexto normativo, de acuerdo con los cuales solamente es posible condenar al pago de intereses a partir del momento en que están fijados los elementos de la fórmula o ecuación matemática que permiten calcular la cantidad líquida, no antes.
Consecuencia de ello, es que no resulta aplicable al caso la Jurisprudencia existente para el dies a quo del art.106.2 en casos en los que sí existió condena al pago de cantidad líquida en la sentencia ejecutada.
Y partiendo de la ratio del art. 106.2 de la LJCA, de acuerdo con sus antecedentes legislativos y finalidad, sostiene que no puede aplicarse el mismo a los supuestos de condena con reserva de liquidación, pues la Administración no puede ser de peor condición que los particulares.
Apela al “criterio sustantivo” y a las resoluciones de esta Sala que han aplicado el art. 106.2 conforme a tal criterio, que exige tener fijados los elementos del cálculo de la indemnización, lo que no acontecía en el presente caso, como reconoce la propia sentencia impugnada, por cuanto subsistían dudas sobre el método de valoración hasta que se resolvieron vía recurso de apelación.
En consonancia con lo expuesto, entiende esa parte que resulta procedente que este Tribunal se pronuncie respecto de las cuestiones de interés casacional señaladas, en el sentido de que, en los supuestos de remisión de la liquidación del importe de una indemnización a ejecución de sentencia, el devengo de los intereses procesales del art. 106.2 de la LJCA no se inicia sino hasta que han quedado correctamente fijadas las bases necesarias para su cálculo, y éste queda pendiente únicamente de una simple operación aritmética.
Por ello, y de conformidad con lo señalado en el art. 87 bis 2) en relación con lo dispuesto en los arts. 92.3b)y 93.1, ambos de la LJCA, solicita:
1.º) Que con estimación del presente recurso de casación se anule la sentencia impugnada únicamente en lo referente a la imposición de intereses a partir del Auto del Juzgado de 30 de mayo de 2022.
2.º) Que como consecuencia de la estimación del recurso de casación y la consiguiente anulación de la sentencia impugnada en cuanto a los intereses, el Tribunal Supremo se sitúe en la posición procesal propia del tribunal de instancia, y resuelva que el devengo de intereses de la cuantía debida por el Ayuntamiento de Alcorcón se inicia con la correcta definición de las bases para su cálculo en el momento de la notificación de la Sentencia del TSJ de Madrid de 15 de abril de 2024.
4.2.- Se opone por la representación procesal de la mercantil Motema S.L. que los intereses indemnizatorios o moratorios sí han integrado el debate en ejecución de la sentencia 608/2012, y prueba de ello es que auto de admisión abarca expresamente el debate sobre los intereses indemnizatorios y moratorios, incluyendo, entre las normas que serán objeto de interpretación, el artículo 1108 del CC, regulador de los intereses moratorios.
Motema S.L. no ha intentado ejecutar irregularmente la sentencia 608/2012, ni ha dilatado artificialmente el procedimiento judicial para alargar el plazo de devengo de intereses.
La Sentencia 608/2012 no es una sentencia con reserva de liquidación. Se trata de una alegación del Ayuntamiento que se realiza por primera vez en su escrito de interposición, y debe ser rechazada porque es errónea en su propio planteamiento, ya que, a la luz de la interpretación que la Sala Primera del Tribunal Supremo hace del art. 219 LEC, en ningún caso puede calificarse la sentencia 608/2012 como una sentencia con reserva de liquidación.
Invoca la jurisprudencia recaída en interpretación del art. 106.2 de la LJCA que fija el dies a quo del devengo de los intereses en el momento del dictado de la sentencia de primera instancia, aunque después se modifique el importe del principal. En aplicación de tal doctrina, incluso cuando el importe de la condena se vea minorado por la estimación de un recurso de apelación (que es lo acaecido en el presente supuesto), el dies a quo será el de instancia (el auto del Juzgado de 22 de mayo de 2022) que condena a la Administración al pago de una cantidad.
Consecuentemente, la sentencia impugnada no ha incurrido en infracción alguna del art. 106.2 LJCA, debiendo en consecuencia desestimarse el recurso de casación del Ayuntamiento en su integridad.
QUINTO.- Antecedentes relevantes para la resolución del recurso de casación interpuesto.
De lo actuado se desprenden los siguientes antecedentes, cuya toma en consideración resulta necesaria para la adecuada resolución del presente recurso:
1.- El 7 de julio de 2005 el Ayuntamiento de Alcorcón y la mercantil Motema S.L. suscribieron un Convenio urbanístico en cuya virtud esta cedía al Ayuntamiento unos terrenos en suelo urbano consolidado del área denominada “Las Presillas”, y en contraprestación, recibía suelos en los que materializar su derecho de aprovechamiento en la zona norte del municipio. La cesión de los terrenos (225.854 m2) al Ayuntamiento se hizo efectiva y se formalizó mediante escritura pública de 16 de diciembre de 2005.
En la Cláusula Segunda el Ayuntamiento se comprometió a rectificar la clasificación como urbano del suelo correspondiente a Las Presillas reconocido en el PGOU de 1999 al no reunir los requisitos precisos para ello; remitir el documento de revisión a la Comunidad de Madrid y obtener su aprobación definitiva en el plazo máximo de 4 años
2.- Mediante acuerdo del Pleno de 30 de marzo de 2009, el Ayuntamiento acordó resolver el Convenio suscrito, ante la imposibilidad de llevarlo a cabo, aprobando una indemnización por la cesión anticipada efectuada por Motema S.L. ascendente a 2.487.699.00 €, más las actualizaciones que procedan, y que podrá materializarse en suelo.
3.- Disconforme con tal resolución formuló recurso de reposición y no resuelto en plazo, interpuso recurso contencioso-administrativo que fue tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 32 de Madrid en el procedimiento ordinario 84/2010, habiendo recaído sentencia n.º 401/2011, de 24 de octubre de 2011, estimando el recurso con condena al Ayuntamiento a la apertura de un expediente de justiprecio expropiatorio de los terrenos cedidos que deberán ser abonados por el Ayuntamiento en especie mediante terrenos edificables correspondientes al patrimonio municipal del suelo, preferentemente de uso residencial en el ámbito “Alcorcón-Área Norte” en el plazo máximo de un año a contar desde la notificación de la sentencia.
4.- Contra dicha sentencia se interpuso por el Ayuntamiento de Alcorcón recurso de apelación n.º 169/2012,que fue estimado parcialmente por sentencia n.º 608/2012 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Primera) de 31 de mayo de 2012, acordando revocar la sentencia de 24.10.2011 del Juzgado en cuanto al alcance de los pronunciamientos de su fallo que se dejan si efecto, procediendo que en ejecución de sentencia se valoren las fincas cedidas en los términos fijados en esa resolución judicial.
En síntesis, dicha sentencia de apelación consideró que la decisión en primera instancia debió limitarse a establecer la valoración correcta de la finca siguiendo los criterios establecidos al efecto en la fecha a la que debe remitirse la misma, estimando “...innecesaria la apertura de un expediente de justiprecio pero sí una correcta valoración de los bienes y que lo será de conformidad con lo establecido en los artículos 28.3 y 29de la Ley 6/98, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, vigente a la fecha en que se produjo la firma del convenio, ya que se trata de suelo urbano consolidado sin aprovechamiento lucrativo alguno lo que se efectuará en fase de ejecución de sentencia”. Tal resolución devino firme.
5.- En ejecución de lo acordado, la mercantil planteó el 16.01.2023 ante el Juzgado incidente de ejecución de sentencia n.º 608/2012, solicitando se fijase el importe de la indemnización que debía percibir en la cantidad de 60.960.367,21 €; cifra en la que valoraba los terrenos según el informe pericial que acompañaba.
Mediante auto de 13 de febrero de 2014, el Juzgado acordó haber lugar a la ejecución, requiriendo al Ayuntamiento de Alcorcón para que en el plazo de 2 meses permutase a la entidad Motema S.L. terrenos de su propiedad patrimonial por valor de 3.387.810,00 € más los intereses legales correspondientes, a calcular desde el 1 de diciembre de 2005, o, en su caso, indemnizase a dicha mercantil en dicha cuantía.
6.- Dicho auto fue recurrido en apelación por la mercantil (Apel. 788/2014) recayendo sentencia de la Sala n.º150/2015, de 18 de febrero de 2015, estimando parcialmente el recurso, anulando el auto apelado y acordando la retroacción del procedimiento desde el momento en que no se había resuelto el recurso de reposición interpuesto por Motema sobre la práctica de la prueba pericial solicitada, y una vez resuelto el mismo y, en su caso, acordada la práctica de la prueba pericial judicial, se resolviese conforme a lo establecido tanto en esa sentencia como en la de fecha 31.05.2012 de la misma Sala.
7.- Tras la retroacción acordada, el Juzgado dictó auto de 27 de julio de 2016 (aclarado por auto de 3 de octubre) acordando en ejecución de sentencia reconocer a la mercantil el importe de 60.960.347,21 €y condenando al Ayuntamiento de Alcorcón a que abone a la recurrente dicha cuantía.
8.- Contra dicha resolución, el Ayuntamiento interpuso nuevo recurso de apelación que fue tramitado con el n.º 67/2017, recayendo sentencia n.º 563/2017, de 18 de julio de 2017, estimatoria del recurso declarando la nulidad del auto apelado de 27.07.2026, disponiendo la retroacción de las actuaciones practicadas en la instancia al momento en que debió tenerse por formalizado el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento frente al auto de 03.06.2016, todo ello en los términos expresados en el FJ Séptimo de esa resolución.
9.- Tras la nueva retroacción acordada, practicada la prueba solicitada y demás actuaciones habidas, el Juzgado n.º 32 dictó auto en el incidente de ejecución de títulos judiciales n.º 27/2014 ( dimanante del PO84/2010 ) con fecha 30 de mayo de 2022, estimando la pretensión de la mercantil ejecutante, considerando”... procedente seguir el cálculo ofrecido por la propia parte ejecutante, según el método residual dinámico, por cuantía de 60.960,367,21 €, más los intereses generados desde el momento en que los terrenos fueron entregados a la Administración Territorial ejecutada”.
10.- Disconforme con tal resolución, el Ayuntamiento de Alcorcón formuló recurso de apelación que fue inadmitido mediante providencia de 02.09.2022, lo que motivó la interposición de un recurso de queja, que fue estimado por la Sala el 30 de enero de 2023.
Dicho recurso de apelación, tramitado bajo el n.º 567/2023, fue estimado parcialmente mediante sentencia n.º301/2023, de 15 de abril de 2024 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Madrid, acordando revocar el citado auto de 30.05.2022 y, en su consecuencia, fijar como cantidad a abonar por el Ayuntamiento, en concepto de indemnización por el valor de las fincas cedidas, la suma de 26.144.120,84 € más los intereses previstos en el artículo 106.2 de la Ley de la Jurisdicción.
11.- Contra dicha resolución se han interpuesto sendos recursos de casación por las partes, en los términos y con el alcance expuesto en los precedentes FJ.
SEXTO.- Delimitación del objeto de los presentes recursos de casación.
6.1.- De los antecedentes descritos, se desprende que los recursos de casación traen causa del incidente de ejecución de sentencia tramitado para el determinar el importe de la indemnización a abonar por el Ayuntamiento por imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de un convenio urbanístico de planeamiento, en el que se había producido ya la cesión al Ayuntamiento de un suelo, que quedó sin oportuna contraprestación.
Como tiene declarado esta Sala, entre otros, en Auto de 29 de marzo de 2019 (RQ 1/2019) cuando la sentencia de apelación ha resuelto un recurso promovido contra un auto dictado en un incidente de ejecución de resoluciones judiciales firmes, por mucho que la resolución de apelación sea una sentencia (como procede, ex arts. 80.3 y 85.9 LJCA), el recurso de casación anunciado contra ella debe ser formalizado, analizado y valorado con arreglo a las pautas y criterios específicos que suministra el artículo 87.1.c) LJCA, referido a la casación contra autos dictados en ejecución de sentencia, toda vez que versando la controversia sobre la ejecución de una resolución judicial firme, lo resuelto y fallado en esta constituye un dato intangible que no puede volver a cuestionarse. De ahí deriva precisamente el limitado ámbito de cognición del recurso de casación en este específico ámbito, que se limita a verificar la correlación entre lo decidido en sentencia y lo ejecutoriado. Ello es así, en garantía del derecho a la intangibilidad de las resoluciones firmes.
6.2.- La razón de tal limitación objetiva para los recursos formalizados al amparo del precitado art. 87.1.c)reside precisamente en que nos hallamos ante autos dictados en ejecución de una sentencia firme; y este dato de la firmeza y consiguiente inmutabilidad de la sentencia, sobre cuya correcta ejecución se discute, determina que no se trata de enjuiciar nuevamente lo que al fin y al cabo ya ha sido resuelto, sino tan solo de asegurar que la actividad jurisdiccional ejecutiva no adicione irregularmente, contradiga o desconozca aquello que ha sido ya decidido con fuerza de cosa juzgada en el proceso declarativo previo.
SÉPTIMO.- Sobre la denunciada infracción de los arts. 28.3 y 28.4 de la LSV en relación con la norma 17del Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, en el escrito de interposición de Motema S.L.
7.1.- Se trata de una infracción que fue anunciada e invocada en el escrito de preparación del recurso de casación de esa parte, y aunque no fue valorada expresa y positivamente por el auto de admisión como dotada de interés casacional objetivo, no por ello ha de quedar fuera de examen en la presente resolución, pues como tiene declarado esta Sala, una vez admitido el recurso de casación, el escrito de interposición puede extenderse legítimamente sobre todas las infracciones que hayan sido apuntadas en la preparación, sin necesidad delimitarse únicamente a las identificadas en el auto de admisión de interés casacional, siempre que estén relacionadas con estas. El escrito de interposición no se encuentra constreñido por la parte dispositiva del auto de admisión, sino solamente por la necesidad de no introducir cuestiones no anunciadas en la preparación (Acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala Tercera de 3 de noviembre de 2011).
Como señala el Auto de este Tribunal de 27 de marzo de 2025 (rec. 6342/2023) remitiéndose a otro de 12 de junio de 2018 (rec. 6187/2017) “...a falta de mayores especificaciones en el texto rituario, no debe inferirse la carencia de interés casacional objetivo de todas aquellas infracciones y pretensiones sobre las que la Sección de Admisión no se hubiere pronunciado en el Auto de admisión, y que sin embargo hubieran sido planteadas por la recurrente en su escrito de preparación. Nada impide, por tanto, que el quejoso, en el trámite de interposición del artículo 92 LJCA, pueda articular en su escrito las pretensiones que ahora estima indebidamente ignoradas, cuya prosperabilidad deberá valorar, en su caso, la Sección de Enjuiciamiento”.
7.2.- En síntesis sostiene la mercantil que si la ponencia no recoge el VBR, el art. 28.3 de la LSV no podía ser aplicado, por lo que debió acudirse al art. 28.4 de la LSV y aplicar el método supletorio establecido en ese precepto -método residual- sin que el órgano jurisdiccional pueda reconstruir la ponencia y aplicar una metodología ad hoc ajena a las previsiones de la sentencia 608/2012 que se ejecuta, pues tal interpretación conlleva la aplicación de valores catastrales desactualizados, con lesión del derecho de propiedad garantizado y de las garantías procesales del justiciable.
7.3.- La sentencia aquí impugnada de 15.04.2024, parte de que se está ejecutando la sentencia 608/2012, de31 de mayo, que estimando parcialmente el recurso consideró “...innecesaria la apertura de un expediente de justiprecio pero sí una correcta valoración de los bienes y que lo será de conformidad con lo establecido en los artículos 28.3 y 29 de la Ley 6/98, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, vigente a la fecha en que se produjo la firma del convenio, ya que se trata de suelo urbano consolidado sin aprovechamiento lucrativo alguno lo que se efectuará en fase de ejecución de sentencia”.
Mencionada sentencia, partiendo del hecho de que dicho suelo no tiene aprovechamiento lucrativo, lo que determina la imposibilidad de encontrar un espacio homogéneo en su entorno, entra a valorar el informe del perito judicial y demás informes obrantes en las actuaciones, fijando un aprovechamiento medio que se corresponde con la media de dos sumas. Estamos ante una cuestión de valoración de prueba en la que el Tribunal de casación no puede adentrarse, pues conforme al artículo 87 bis.1 de la LJCA, el recurso de casación se limitará a las cuestiones de derecho, con exclusión de las cuestiones de hecho.
Igual consideración merece la relativa a la existencia o no de Ponencias vigentes y a la valoración de la certificación e informes obrantes en autos al respecto, que finalmente llevaron a la Sala a estimar que la ponencia era válida y estaba vigente al no haber transcurrido los 8 años que el precepto establecía, pues tales cuestiones también son ajenas a la finalidad del recurso de casación, en la medida que se reducen a cuestiones puramente casuísticas y singularizadas, carentes como tales de una dimensión hermenéutica del Ordenamiento que permita apreciar su proyección o repercusión, al menos potencial, sobre otros posibles asuntos; como son, por principio, las impugnaciones circunscritas a la discusión sobre la apreciación por el órgano judicial de instancia de los hechos subyacentes en el pleito -(ATS de 19 de junio de 2017 (RQ273/2017)-.
Significar que la obtención del VBR que efectúa la sentencia, se basa en el informe del perito judicial, que a su vez tiene en cuenta el MBR actualizado como VBR, lo que a su juicio resulta lógico habida cuenta que el uso es dotacional y carecen de aprovechamiento lucrativo por lo que el VRB no diferirá del MBR; razonamiento que evidencia que estamos ante una cuestión de valoración de prueba.
7.4.- En todo caso, no podemos obviar que fue la sentencia 608/2012, cuya ejecución nos ocupa, la que estableció las “bases normativas” de aplicación para el cálculo de la indemnización, estableciendo que la valoración de los bienes había de efectuarse de conformidad con lo establecido en los artículos 28.3 (no art.28.4) y 29 de la Ley 6/98, vigente a la fecha en que se produjo la firma del convenio, ya que se trata de suelo urbano consolidado sin aprovechamiento lucrativo alguno, lo que se ha efectuado en ejecución de sentencia.
Téngase en cuenta que el art. 28.3 contempla la aplicación del valor de las ponencias catastrales para valorar el suelo urbano, mientras que el art. 28.4 aplica los valores de repercusión obtenidos por el método residual, en los supuestos de inexistencia o pérdida de vigencia de los valores de las ponencias catastrales. Pues bien, la sentencia 608/2012 fue clara respecto de la necesidad de aplicar el art. 28.3 y no el 28.4 de la LSV a la valoración de los terrenos, por lo que lo pretendido ahora por la mercantil Motema S.L. supone modificar de facto el Fallo de la sentencia cuya ejecución nos ocupa, lo que no resulta admisible, pues como se ha dicho, lo resuelto y fallado en la sentencia de 2012 constituye un dato intangible que no puede volver a cuestionarse en el presente recurso de casación, ex art. 87.1.c) de la LJCA, por lo que lo propugnado por la recurrente al respecto, en modo alguno puede prosperar.
OCTAVO.- Examen de las cuestiones que suscitan interés casacional objetivo y doctrina jurisprudencial.
8.1.- Cuestión casacional.
La Sección de Admisión entiende que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia respecto de la siguiente cuestión: “Determinar el dies a quo del devengo de intereses en supuestos de cuantificación, en ejecución de sentencia, de indemnización derivada de resolución de convenio urbanístico de planeamiento por imposibilidad legal”.
A tal efecto, en el auto de admisión se identifican como normas que, en principio, serán objeto de interpretación el 106.2 de la LJCA y los artículos 1106, 1108 y 1124 del Código Civil, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado.
Conviene recordar que como hemos dicho reiteradamente -por todas, baste citar la STS n.º 1.465/2025, de18 de noviembre (RC 2015/2023)- para dar respuesta precisa a las cuestiones planteadas debemos tener presente que la labor hermenéutica que nos requiere el auto de admisión (ex artículo 93.1) no puede hacerse ”en abstracto”, prescindiendo del objeto del litigio en los términos que derivan de la actuación administrativa recurrida y de las pretensiones ejercitadas por las partes.
Por eso, la cuestión de interés casacional suscitada debe ser analizada a la luz de las circunstancias concurrentes en el caso.
8.2.- Sobre la infracción de los arts. 1106 y 1108 del CC en relación con el art. 1124 del CC y de la jurisprudencia que se invoca como justificación del pronunciamiento sobre intereses.
I.- En lo sustancial sostiene la mercantil Motema S.L que la decisión adoptada en la sentencia impugnada de15.04.2024 respecto del dies a quo de los intereses es incorrecta, porque con independencia de cuál sea la causa de resolución del convenio, el día de inicio para el devengo de intereses no puede ser el previsto en el art.106.2 de la LJCA, añadiendo que en aplicación de la jurisprudencia sobre devengo de intereses por la invalidez o ineficacia de un convenio urbanístico (inexistente al tiempo de dictarse la sentencia recurrida y prepararse el recurso de casación) el dies a quo ha de ser la de la cesión anticipada de los terrenos sin contraprestación (16 de diciembre de 2005), subsidiariamente la fecha de materialización de la imposibilidad legal (25 de enero de 2007) y en última instancia, la de la adopción del acuerdo de resolución por parte del Ayuntamiento (30 de marzo de 2009) pero, en modo alguno, la fecha de la sentencia recurrida.
Opone de contrario el Ayuntamiento de Alcorcón que la sentencia n.º 608/2012 -objeto de ejecución- jamás impuso condena alguna al Ayuntamiento al pago de intereses moratorios ex arts. 1.124, 1.106 y 1.108 del CC.Y no lo hizo, ni podía hacerlo, porque Motema S.L no demandó nunca la condena al pago de intereses, ni en la petición principal, ni en la subsidiaria de su demanda, por lo que no cabe en ejecución de sentencia solicitarla condena al pago de unos intereses que nunca fueron solicitados en el pleito principal. En coherencia con ello, la sentencia de 15.04.2024 se pronunció únicamente en relación con los intereses procesales, y a esta cuestión únicamente debe ceñirse el pronunciamiento sobre intereses en sede casacional.
Por lo que se refiere a la objeción formulada por la Corporación, significar que la mercantil interpuso recurso contencioso-administrativo (PO 84/2010) contra la desestimación por silencio del recurso de reposición interpuesto frente al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Alcorcón de 30 de marzo de 2009 que acordó resolver el convenio suscrito el 7 de julio de 2005, ante la imposibilidad de llevarlo a cabo, aprobando una indemnización por la cesión anticipada efectuada por Motema S.L ascendente a 2.487.699.00 €, más las actualizaciones procedentes, y que podría materializarse en suelo.
En la demanda solicitó de conformidad con el Artículo 1.124 del Código Civil, en relación con el Artículo 88de la Ley 30/1992, el cumplimiento del Convenio en sus propios términos, y conforme a la Cláusula Tercera, se procediese a la expropiación ordinaria de los terrenos mediante fijación de sus aprovechamientos como terrenos urbanos, preferiblemente mediante permuta por otros terrenos del patrimonio municipal del suelo de uso residencial en el área norte, y “subsidiariamente y, para el caso de que no fuera posible el cumplimiento delo indicado, de conformidad con lo previsto en el Artículo 1.124 del Código Civil, se proceda a la indemnización de los efectivos daños y perjuicios calculados según la valoración pericial aportada”.
Como vemos, frente a lo alegado por el Ayuntamiento, el debate sobre la procedencia de intereses derivados de la imposibilidad de cumplimiento del Convenio se suscitó ya en la instancia, y se ha mantenido en fase de ejecución de la sentencia 680/2012, al punto que el auto del Juzgado de 30.05.2022 -recaído en la Pieza de Ejecución de títulos judiciales 27/2014, dimanante del PO 84/2010- obligó al Ayuntamiento al pago de la suma de 60.960.367,21 €, más los intereses generados desde el momento en que los terrenos fueron entregados al Ayuntamiento (16.12.2005), siendo este uno de los motivos impugnatorios que esgrimió la Corporación al recurrir en apelación mencionado auto, y fue objeto de examen en el FJ Octavo de la sentencia de la Sala de 15.04.2024 aquí impugnada, a lo que luego nos referiremos.
Es más, el propio auto de admisión de 26.02.2025 identifica como normas que, en principio, serán objeto de interpretación el 106.2 de la LJCA y los artículos 1106, 1108 y 1124 del Código Civil, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, por lo que no procede excluir de examen en la presente resolución la procedencia o improcedencia de los intereses referidos.
II.- Con carácter previo, estimamos necesario reseñar la jurisprudencia relativa al régimen jurídico aplicable a las reclamaciones derivadas del incumplimiento de convenios urbanísticos por causas imputables a la Administración.
Como advierte la reciente sentencia n.º 668/2026, de 1 de junio de 2026 (RCA 4053/2024 ) nuestra legislación ha eludido determinar, de forma precisa y adecuada, la naturaleza jurídica que define a los convenios urbanísticos. Esta carencia ha hecho necesaria la construcción de una doctrina jurisprudencial interpretativa para dotar a los convenios urbanísticos de un régimen jurídico cierto, ya que los problemas que puedan derivarse de ellos y su solución dependen, en definitiva, de su verdadera naturaleza jurídica.
En efecto, el régimen jurídico aplicable a la responsabilidad derivada del incumplimiento de un convenio urbanístico viene determinado por la naturaleza jurídica que a éste se le atribuya, toda vez que dicha calificación condiciona de manera directa el título de imputación, el tipo de responsabilidad exigible y la acción procedente, dependiendo de la misma los requisitos para su ejercicio y las consecuencias jurídicas del incumplimiento.
(i).- Sobre la naturaleza jurídica de los convenios urbanísticos, al hilo del estudio de la aplicabilidad de la Ley40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público a los mismos, nos hemos pronunciado en recientes sentencias n.º 708/2025, de 5 de junio (RC 8533/2023) y n.º 720/2025, de 9 de junio (RC 7399/2023). De la doctrina jurisprudencial que emana de las mismas, y que damos por reproducida, podemos extraer, por lo que aquí interesa, que la configuración jurídica de los convenios urbanísticos exige su entendimiento como auténticos convenios administrativos y no como contratos, porque su estructura, su finalidad y su función en el sistema urbanístico español los sitúan fuera de la lógica sinalagmática propia del derecho contractual.
(ii).- Esta importante premisa va a determinar el régimen jurídico que derivará del incumplimiento de las cláusulas pactadas en el convenio por parte de aquellos que lo suscriben y, fundamentalmente, como es el caso que ahora enjuiciamos, cuando el incumplimiento pueda provenir de la Administración urbanística.
En efecto, una vez afirmado que los convenios urbanísticos, incluidos los de gestión, se integran en la categoría de los convenios administrativos definida en el artículo 47 de la Ley 40/2015, y no en la de los contratos administrativos, resulta improcedente reconducir su incumplimiento al ámbito de la responsabilidad contractual, que presupone la existencia de un vínculo sinalagmático y de una causa onerosa en los términos del artículo 1274 del Código Civil.
Bajo esta perspectiva, esta Sala en la reciente sentencia de 1 de junio, ha matizado la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias n.º 169/2021, de 10 de febrero (RC 7251/2019) y n.º 903/2021, de 23 de junio(RC 8419/2019). Y es que la ausencia de esta estructura contractual impide la aplicación a los mismos de la legislación de contratos del sector público y del Código Civil y excluye la posibilidad de exigir a la Administración una responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones recíprocas, porque tales obligaciones no nacen de un contrato, sino de un acuerdo de colaboración orientado a un fin común de interés general. Esta premisa es decisiva, ya que el convenio no genera responsabilidad contractual, y por ello la reacción jurídica frente a su incumplimiento no puede articularse a través de las categorías propias del derecho de contratos.
Ahora bien, la exclusión de la responsabilidad contractual no significa que el incumplimiento administrativo quede huérfano de consecuencias, como detalladamente razona la sentencia citada, fijando como doctrina legal que “el incumplimiento de un convenio urbanístico no puede resolverse mediante las categorías propias de la responsabilidad contractual, sino mediante el régimen específico de los convenios administrativos, debiéndose articular la responsabilidad que pueda derivarse del incumplimiento a través de los mecanismos propios del derecho público, entre ellos la revisión del convenio, su modificación, su resolución por causas tasadas y, en su caso, la indemnización de los perjuicios derivados de la actuación administrativa en las condiciones pactadas o cuando concurran los requisitos previstos para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas”.
III.- Partiendo de tales consideraciones y circunscritos al supuesto que nos ocupa, hemos de recordar que el 7de julio de 2005 el Ayuntamiento de Alcorcón y la mercantil Motema S.L suscribieron un Convenio urbanístico en cuya virtud esta cedía al Ayuntamiento unos terrenos en suelo urbano consolidado del área denominada “Las Presillas”, y en contraprestación, recibía suelos en los que materializar su derecho de aprovechamiento en la zona norte del municipio.
El Convenio básicamente consistía en adscribir al distrito norte de Alcorcón el suelo de las fincas de “Las Presillas”, así como la cesión anticipada de dicho suelo al Ayuntamiento, para que el mismo pudiera ejecutar un parque periurbano. Destacar que la cesión de los terrenos (225.854 m2) al Ayuntamiento se hizo efectiva, formalizándose oportuna escritura pública el 16 de diciembre de 2005.
En la Cláusula Segunda el Ayuntamiento se comprometía a rectificar la clasificación como urbano del suelo correspondiente a “Las Presillas” reconocido en el PGOU de 1999 al no reunir los requisitos precisos para ello; remitir el documento de revisión a la Comunidad de Madrid y obtener su aprobación definitiva en el plazo máximo de 4 años.
En realidad, lo único que el Convenio preveía era la cesión de esos terrenos a cambio de la modificación de su clasificación de urbano a urbanizable. La razón de tal reclasificación parece obedecer a que el Ayuntamiento consideraba que tal suelo propiedad de Motema, que se había clasificado como urbano, lo había sido de forma errónea, al carecer de los requisitos exigidos por la legislación vigente. La finalidad era adscribir el citado suelo al área de reparto de suelo que se iba a desarrollar, fijándose el concreto aprovechamiento de esa área e indemnizar a Motema S.L. con suelo de la misma clase.
Conforme a la Cláusula Tercera, el Ayuntamiento remitirá el documento de revisión del PGOU de 1999 a la Comunidad de Madrid para su aprobación definitiva en el plazo máximo de 4 años a contar desde la aprobación definitiva del Convenio. En caso de incumplimiento, Motema S.A. podrá solicitar el justiprecio expropiatorio de los terrenos cedidos, que deberá ser abonado por el Ayuntamiento en especie, mediante terrenos edificables correspondientes al Patrimonio Municipal del Suelo, preferentemente de uso residencial en el ámbito "Alcorcón-Área Norte", en el plazo máximo de un año a contar desde la presentación de la solicitud. Disponiendo la Cláusula Cuarta que la plena eficacia y validez del Convenio se condiciona a la aprobación definitiva de la revisión del PGOU por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dentro de los 2 años siguientes al plazo citado en el primer inciso del apartado anterior.
Tras la cesión efectiva de los terrenos el 16.12.2005, el Ayuntamiento inició los trámites para llevar a cabo lo pactado en el Convenio, pero dependiendo de la Comunidad de Madrid la aprobación definitiva, tanto de la rectificación del error que había significado la inclusión de “Las Presillas” como suelo urbano en el Plan General de Ordenación Urbana de 1999, como la posterior inclusión de tal suelo a los efectos de su obtención en el Área Norte de Alcorcón, finalmente no fue posible llevar a cabo lo acordado, al haber denegado la Comunidad de Madrid la prosecución del expediente de revisión del acto de aprobación definitiva del PGOU de Alcorcón, en lo que se refiere a la clasificación del suelo en “Las Presillas”, lo que dio lugar a la retirada de referido suelo del ámbito del Distrito Norte, donde en principio había sido incluido, dando lugar a la imposibilidad de cumplir el Convenio, que motivó la adopción del acuerdo plenario de 30 de marzo de 2009, resolviendo el Convenio suscrito, ante la imposibilidad de llevarlo a cabo, aprobando una indemnización por la cesión anticipada efectuada por Motema S.L. ascendente a 2.487.699.00 €, más las actualizaciones que procedan, y que podrá materializarse en suelo, siendo dicha resolución originaria de la que traen causa todas las actuaciones judiciales reseñadas en el FJ Quinto de la presente resolución.
IV.- La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Madrid n.º 608/2012, de 31 de mayo de2012 (ap. 169/22012) cuya ejecución nos ocupa, en su FJ Quinto efectúa una serie de precisiones jurídicas sobre la naturaleza del convenio suscrito en 2005, que califica de planeamiento, puesto que el mismo tenía por objeto la modificación de la clasificación de unos suelos para su incorporación a un ámbito nuevo a desarrollar. Atendida dicha naturaleza y la finalidad del Convenio de lograr una modificación futura de la ordenación urbanística existente, la Sala constata que ningún derecho urbanístico ostentaba la recurrente con anterioridad a la suscripción del Convenio. La mercantil tenía suelo urbano sin aprovechamiento alguno, sin que conste que en su momento se hubiera impugnado esa clasificación, ni que se hubieran hecho valer derechos sobre una injusta distribución equitativa de derechos y obligaciones dentro del ámbito en el que se encontraba incluido el suelo o sobre una posible vinculación singular del mismo o que se hubiera instado su expropiación o permuta vía artículos 93 y 94 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Por ello, entendió la Sala de Madrid que debía primar la Cláusula Cuarta del Convenio que condicionaba la plena eficacia y validez de este a la aprobación definitiva de la revisión del Plan General.
No obstante, en la medida que fue el propio Ayuntamiento allí apelante, quien unilateralmente resolvió el Convenio por imposibilidad de cumplimiento y fijó una indemnización por cesión anticipada, valorando las fincas en cuestión, a tal debate quedó circunscrito el litigio.
Así las cosas, la Sala entendió, que la decisión judicial debió quedar limitada a la fijación de lo que el Ayuntamiento entendía como base de la indemnización, prescindiendo de la Cláusula Tercera del Convenio pues el mismo carecía de eficacia ya que no había llegado a perfeccionarse. Por tanto, la respuesta correcta hubiera sido la estimación de la subsidiaria de la demanda, pero vinculada a la existencia de una transmisión de bienes a favor del Ayuntamiento.
Y con base en tales consideraciones concluye la Sala de apelación en la sentencia 608/2012 que “...la sentencia debió limitarse a establecer la valoración correcta de la finca siguiendo los criterios establecidos al efecto en la fecha a la que debe remitirse la misma.
No obstante la Sala está constreñida a las pretensiones que se deducen en el recurso de apelación y una de ellas afecta a la obligación de entrega de suelo de propiedad municipal en el ámbito "Alcorcón-Área Norte" en el plazo de un año lo que, como hemos visto, es imposible y contrario al propio convenio y en tal sentido se estimará el recurso de apelación. Pero tal estimación no alcanzará al resto de pretensiones que en dicho recurso se expresan y que tiene su base en la contestación a la demanda pues exceden del contenido de la resolución impugnada que se limita a fijar una indemnización por la cesión de los terrenos y a tales efectos resulta, incluso, innecesaria la apertura de un expediente de justiprecio pero sí una correcta valoración de los bienes y que lo será de conformidad con lo establecido en los artículos 28.3 y 29 de la Ley 6/98, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, vigente a la fecha en que se produjo la firma del convenio, ya que se trata de suelo urbano consolidado sin aprovechamiento lucrativo alguno lo que se efectuará en fase de ejecución de sentencia”.
Por ello, resuelve estimar parcialmente el recurso de apelación del Ayuntamiento y revocar la sentencia de 24 de octubre de 2.011 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 32 de Madrid, en el procedimiento ordinario n.º 84/10 en cuanto al alcance de los pronunciamientos de su fallo que se dejan si efecto procediendo que en ejecución de sentencia se valoren las fincas cedidas en los términos fijados en dicha resolución judicial.
V.- En ejecución de lo acordado, la sentencia aquí impugnada de 15.04.2024 de la Sala de Madrid, estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento contra el Auto de 30 de mayo de 2022 de mencionado Juzgado, revocando el mismo, fijando como cantidad a abonar por el Ayuntamiento, en concepto de indemnización por el valor de las fincas cedidas, la suma de 26.144.120,84 €, más los intereses previstos en el artículo 106.2 de la Ley de la Jurisdicción.
Al respecto, razona en su Fundamento Octavo, en los términos reflejados en el FJ Primero de la presente resolución, la improcedencia de reconocer intereses de tal cantidad, con base en la aplicación de la regla inilliquidis non fit mora y atendiendo al canon de la razonabilidad en la oposición, tal y como se difiere de la doctrina jurisprudencial mantenida por la Sala Primera del Tribunal Supremo, sosteniendo que ese moderno criterio, da mejor respuesta a la naturaleza de la obligación y al justo equilibrio de los intereses en juego, y en definitiva de la tutela judicial, tomando como pautas de la razonabilidad el fundamento de la reclamación, las razones de la oposición, la conducta de la parte demandada en orden a la liquidación y pago de lo adeudado, y demás circunstancias concurrentes que exigen una especial contemplación del caso enjuiciado.
Este Tribunal comparte tal decisión de la Sala de instancia, con base en las siguientes consideraciones:
1.- Como declaró la sentencia 608/2012 -cuya debida ejecución nos ocupa- una vez que el Ayuntamiento resolvió el Convenio por imposibilidad legal y fijó una indemnización por cesión anticipada, apropiándose de los terrenos y valorándolos según su criterio, la sentencia de 24.10.2011 allí apelada debió limitarse a establecerla valoración correcta de las fincas siguiendo los criterios establecidos al efecto en la fecha a la que debe remitirse la misma, revocando por ello la sentencia de instancia, acordando que en ejecución de sentencia se valoren las fincas cedidas en los términos allí fijados; pronunciamiento al que necesariamente hemos de estar, reiterando que lo resuelto y fallado en la sentencia 608/2012 constituye un dato intangible que no puede volver a cuestionarse en el presente recurso de casación, significando que en tal sentencia no se condena al pago de cantidad líquida alguna, sino a la valoración de los terrenos cedidos, lo que se difiere a fase de ejecución de sentencia.
2.- Ciertamente no estamos ante un procedimiento expropiatorio, siendo innecesaria por ello la apertura de un procedimiento de justiprecio, debiendo efectuarse una correcta valoración de los bienes, de conformidad con lo establecido en los art. 28.3 y 29 de la Ley 6/98, lo que como hemos visto se ha efectuado en ejecución, fijando la Sala en concepto de indemnización por el valor de las fincas cedidas la cantidad de 26.144.120,84€.
3.- Ahora bien, que la sentencia 608/2012 estableciese las “bases normativas” de aplicación para el cálculo de tal indemnización, no conlleva que una vez fijado en 2024 el valor de las fincas cedidas, proceda el reconocimiento de intereses de tal cantidad -que no era líquida- desde el momento en que la cesión se produjo y hasta la fecha de notificación de mencionada sentencia de 15.04.2024, sin perjuicio de los intereses procesales del art. 106.2 a los que luego nos referiremos.
4.- Como hemos declarado en la reciente sentencia de 1 de junio de 2026 (RCA 4053/2024) el incumplimiento por parte de la Administración de un convenio urbanístico no puede resolverse mediante las categorías propias de la responsabilidad contractual, sino mediante el régimen específico de los convenios administrativos, debiéndose articular la responsabilidad que pueda derivarse del incumplimiento a través de los mecanismos propios del derecho público, y en su caso, la indemnización de los perjuicios derivados de la actuación administrativa en las condiciones pactadas o cuando concurran los requisitos previstos para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
En el presente caso, conforme a la Cláusula Cuarta del Convenio, la plena eficacia y validez del mismo se condicionó a la aprobación definitiva de la revisión del PGOU por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dentro de los 2 años siguientes al plazo de 4 años establecido en la Cláusula Tercera. Por tanto, el Convenio devino ineficaz al verificarse la falta de rectificación y revisión del PGOU de 1999 asumida por el Ayuntamiento.
No obstante, atendiendo a lo resuelto en la sentencia 608/2012-que aquí se ejecuta- en la medida que la Sala entendió que la sentencia de instancia debió limitarse a establecer la valoración correcta de los terrenos siguiendo los criterios establecidos al efecto en la fecha a la que debe remitirse la misma, no conteniendo condena al pago de cantidad líquida alguna, ni reconocimiento de los intereses indemnizatorios solicitados, hemos de entender que la valoración finalmente practicada en 2024, ascendente a 26.144.120,84 €,lo ha sido con referencia al momento que refirió aquella sentencia con su correspondiente actualización, por lo que desde esta perspectiva no resulta procedente el reconocimiento de los intereses indemnizatorios pretendidos, resultando por ello innecesario determinar el dies a quo de los mismos.
5.-Tales consideraciones no colisionan con el canon de razonabilidad que propugna la sentencia aquí impugnada. La larga tramitación judicial (reseñada en el FJ Quinto) y las dificultades de valoración de las fincas cedidas al existir controversia en la fijación del propio “método”, no justifica que determinado su valor finalmente en el año 2024, se reconozcan sin más los intereses resarcitorios solicitados, significando que aunque no se aprecia una conducta reticente por el Ayuntamiento en el cumplimiento de su obligación de pagar el valor del suelo cedido, tampoco se puede achacar a la mercantil actuación dilatoria alguna en el procedimiento. Basta examinar las actuaciones judiciales habidas, y más en concreto las sentencias de la Sala Territorial de 18 de febrero de 2015 (rec. 788/2014) y de 18 de julio de 2017 (rec. 67/2017) para concluir quela dilación judicial en fase de ejecución de sentencia no tuvo causa ni en una actuación del Ayuntamiento de demorar el pago, ni en una dilación artificiosa por parte de la ejecutante, sino en la propia tramitación por laque discurrió el incidente de ejecución.
A nuestro juicio, ni las evidentes diferencias jurídicas en relación con el “método” aplicable para el cálculo del valor del suelo cedido, ni las causas que provocaron la demora en la fijación de dicha valoración, pueden justificar el reconocimiento de intereses de la cantidad 26.144.120,84 € desde el 16.12.2005, el27.01.2007 o desde la fecha de resolución del Convenio el 30.03.2009, como propugna la mercantil recurrente, todo ello sin perjuicio de los intereses por mora procesal del art. 106.2 de la LJCA que seguidamente examinamos.
8.3.- Sobre la infracción del art. 106.2 de la LJCA al fijar la sentencia recurrida el dies a quo del devengo de intereses en una fecha anterior a que se hubiera fijado la fórmula o método para calcular la cantidad líquida, conforme a la sentencia ejecutada.
La sentencia de 15.04.2024 estima parcialmente dicho recurso de apelación, revoca el auto de 30.05.2022, fijando como cantidad a abonar por el Ayuntamiento, en concepto de indemnización por el valor de las fincas cedidas, la suma de 26.144.120,84 € más los intereses previstos en el artículo 106.2 de la Ley de la Jurisdicción.
Notificada tal resolución, ambas partes solicitaron aclaración del contenido del Fallo en relación con la fijación de la fecha del comienzo del cómputo del plazo de intereses de conformidad con el art. 106 de la LJCA, con base en los argumentos recogidos en el FJ Primero de la presente resolución.
La Sala, mediante auto de 7 de mayo de 2024, acordó no haber lugar a la aclaración -sin perjuicio de rectificar el error en la numeración del año de la sentencia- razonando que “... las cuestiones alegadas por ambas partes aparecen claramente determinadas en el Fallo en tanto en cuanto la condena de intereses lo es en aplicación del artículo 106.2 de la Ley de la Jurisdicción y al fijarse la cuantía en apelación de un Auto de ejecución será la fecha de éste la que determine el día inicial del cómputo, sin que la norma permita reexaminar los razonamientos expresados en relación con la condena en los Fundamentos de la Sentencia, que resuelven la controversia suscitada por la mercantil, y sin que la misma tenga en cuenta la demora, correcta o incorrecta, de la tramitación del recurso de apelación”.
La representación procesal del Ayuntamiento de Alcorcón en el escrito de interposición del recurso de casación, invoca como único motivo de impugnación, la infracción del art. 106.2 de la LJCA, alegando quela sentencia no contiene pronunciamiento alguno sobre el devengo de tales intereses y conforme a una interpretación literal el mismo resultaría de aplicación cuando la Administración es condenada al pago de una cantidad líquida, sin que pudiera serlo en supuestos en los que la cuantificación se difiere a ejecución de sentencia. En todo caso, entiende que incluso pudiéndose admitir su aplicación, no podría fijarse como dies a quo del devengo de intereses una fecha anterior a que se hubiera fijado una cantidad líquida, tal y como sucede en este caso, en el que la cantidad líquida fue fijada en apelación tras revisarse la establecida en la instancia, manteniendo que no puede aplicarse tal precepto en los supuestos de condena con reserva de liquidación, pues la Administración no puede ser de peor condición que los particulares, en los términos reflejados en el FJ Cuarto de la presente resolución.
Para resolver la cuestión suscitada, hemos de partir de que el art. 106.2 LJCA en referencia a la ejecución de condenas a la Administración al pago de cantidad líquida -contemplado en el art. 106.1 LJCA- dispone que a la cantidad líquida a que hubiere resultado condenada la Administración se añadirá “[...] el interés legal del dinero, calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia”.
(i).- Tal precepto ha sido interpretado por el Pleno de esta Sala en sentencia de 31 de octubre de 2018 (rec.3132/2017).
En una primera aproximación, desde la perspectiva de una interpretación gramatical de la norma ( art. 3.1del Código Civil ) el Pleno pone de manifiesto que el art. 106.2 LJCA identifica la fecha del devengo de los intereses legales con la de notificación de un acto procesal del órgano jurisdiccional que la norma delimita expresamente como sentencia de primera o única instancia, en clara referencia, por tanto, a que, aun en la eventualidad de existir otras resoluciones posteriores en vía de recurso, será la fecha de la notificación de la dictada en primera instancia, y no de la recaída en recurso -sea de apelación o de casación- la que deba ser tomada en consideración para el devengo de los intereses legales.
Desde un plano sistemático de interpretación, destaca que configura un derecho impuesto "ope legis" a favor del ejecutante, encaminado a preservar la integridad del valor económico de la suma monetaria a que asciende la condena al pago de una cantidad de dinero líquida, con independencia de la mayor o menor duración de las actuaciones de ejecución de la sentencia.
El art. 106.2 LJCA subordina el devengo de intereses legales al puro y simple hecho de la condena a cantidad líquida. El mandato del art. 106.2 se dirige al órgano administrativo responsable del cumplimiento de la sentencia al pago de cantidad líquida, imponiéndole la obligación de liquidar y abonar, además de la cantidad líquida a que asciende la condena, el importe resultante de aplicar sobre aquella el interés legal calculado desde la fecha de notificación de la sentencia. Ni la fecha de inicio de las actuaciones necesarias para la ejecución de la sentencia de condena al pago de cantidad líquida, ni la duración de tales actuaciones, son elementos que incidan en el devengo de los intereses legales que dispone tal precepto.
El derecho al devengo de intereses legales no tiene más presupuesto que la existencia de una condena al pago de cantidad líquida, en sentencia de primera o única instancia, y sin otra referencia temporal para su devengo que la notificación de aquella sentencia, habiéndose declarado que el “"dies a quo" para el cómputo del plazo del interés legal sobre la cantidad líquida a la que resulte condenada la Administración, a que se refiere el artículo
106 LJCA es la fecha de notificación de la sentencia de única o primera instancia a la representación procesal de la Administración demandada”.
(ii).- En el presente caso, la sentencia 608/2012 cuya ejecución nos ocupa, no condena al pago de cantidad líquida. Estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento y revoca la sentencia del Juzgado de 24.10.2011 en cuanto al alcance de los pronunciamientos de su fallo que se dejan si efecto, acordando que en ejecución de sentencia se valoren las fincas cedidas en los términos fijados en esa resolución judicial, esto es, de conformidad con lo establecido en los artículos 28.3 y 29 de la Ley 6/98, de 13de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, vigente a la fecha en que se produjo la firma del Convenio, ya que se trata de suelo urbano consolidado sin aprovechamiento lucrativo alguno lo que se efectuará en fase de ejecución de sentencia.
Es indudable que tal resolución no condena a cantidad líquida alguna, ni la valoración de las fincas es el resultado de simples operaciones aritméticas, estableciendo, eso sí, las bases para la determinación de tal cuantía indemnizatoria, cuya definitiva concreción queda diferida al período de ejecución de sentencia, en los términos autorizados por el art. 71.1.d) de la LJCA.
Ciertamente, el incidente de ejecución para la fijación de la cuantía de la indemnización ha sido largo y tortuoso. Se han dictado 3 autos por el juzgado (13.02.201, 27.06.2016 y 30.05.2022) que han sido objeto de sendos recursos de apelación, siendo revocados total o parcialmente por la Sala, como se ha especificado en el precedente FJ Quinto y además la prueba pericial judicial se dilató injustificadamente en el tiempo.
Las actuaciones habidas en mencionado incidente evidencian que las bases establecidas en la sentencia608/2012 para valorar las fincas cedidas, no eran simples, en el sentido de efectuar una simple operación aritmética. Se remitió a dos preceptos legales, cuya aplicación ha generado controversia jurídica respecto del método de valoración a aplicar. La mercantil defendió la aplicación del método residual dinámico y el Ayuntamiento la valoración conforme a las ponencias catastrales, lo que ha sido finalmente resuelto en la sentencia de 15.04.2024 aquí impugnada.
Es más, dicha resolución reconoce que el hecho que la sentencia 608/2012 fijara las bases normativas de aplicación al cálculo de la indemnización no presupone la existencia de una cantidad líquida, ni que esta fuera posible determinar por una simple operación aritmética, apuntando que si se observa la larga tramitación judicial se puede observar la dificultad de dicha operación de cálculo al existir controversia en la fijación del propio método.
Así las cosas, no resulta procedente aplicar al caso la Jurisprudencia existente sobre el dies a quo del art.106.2 LJCA, invocada por la mercantil Motema, pues como tiene dicho este Tribunal, dicho precepto subordina el devengo de los intereses legales al puro y simple hecho de la condena a cantidad líquida, lo que no acontece en el presente caso.
(iii).- Dicho esto, coincidimos con el Ayuntamiento recurrente en casación, en que lo que sí resultan aplicables son otros pronunciamientos de este Tribunal relacionados con la cuestión suscitada -entre otros, en auto de 17de septiembre de 2001 (rec. 1449/1990) y sentencias de 15 de noviembre de 2005 ( rec. 4062/2003), de 27 de septiembre de 2006 ( rec. 4278/2003 ) y de 26 de marzo de 2012 (rec. 1409/2009)- de los que se desprende que cuando para la fijación de la cuantía concreta a determinar en fase de ejecución de sentencia son necesarias además de operaciones aritméticas, otras decisiones sobre los conceptos a valorar, apreciaciones jurídicas no exentas de complejidad o la fijación de determinados parámetros, no se devengan intereses conforme al art. 106.2, sino a partir del momento en que esas valoraciones y determinaciones jurídicas han quedado establecidas y solo es necesaria una operación aritmética para obtener el importe.
En efecto, si el presupuesto necesario para el inicio del devengo de intereses por mora procesal – que recordemos nacen por ministerio de la ley, sin necesidad de petición de parte, ni de que la sentencia lo consigne en el fallo- es que la condena al pago lo sea de una cantidad líquida, lo que en el presente caso no se ha producido hasta el dictado de la sentencia n.º 301/2024, de 15 de abril -aquí impugnada- que fija finalmente la cantidad a abonar por el Ayuntamiento en concepto de indemnización por el valor de las fincas cedidas (26.144.120,84 € frente a la cantidad de 60.960.367,21 € en el auto de instancia)hemos de concluir que solo a partir de la notificación de tal sentencia podrán devengarse intereses por mora procesal; intereses que son distintos e independientes de los indemnizatorios o resarcitorios anteriormente examinados por la cesión anticipada de los terrenos, los que como hemos razonado no viene obligado a abonar el Ayuntamiento.
NOVENO.- Respuesta a la cuestión casacional.
Por cuanto hemos razonado, como respuesta a la cuestión casacional planteada, debemos concluir que el dies a quo del devengo de intereses por mora procesal del art. 106.2 de la LJCA, en supuestos de cuantificación en ejecución de sentencia, de indemnización derivada de resolución de convenio urbanístico de planeamiento por imposibilidad legal, no se inicia hasta que han quedado correctamente fijadas y determinadas las bases necesarias para su cálculo y este quede pendiente únicamente de una simple operación aritmética.
DÉCIMO.- Aplicación de la referida doctrina jurisprudencial al caso enjuiciado.
La aplicación al supuesto examinado de la doctrina jurisprudencial que acabamos de establecer, conduce a desestimar el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil Motema S.L. y estimar el impuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Alcorcón, contra la sentencia n.º301/2014, de 15 de abril de 2024, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Primera) que estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Alcorcón contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 32 de Madrid, de 30 de mayo de2022, recaído en la pieza de títulos judiciales n.º 27/2014 derivada del procedimiento ordinario n.º 84/2010, y acordó fijar como cantidad a abonar por el Ayuntamiento, en concepto de indemnización por el valor de las fincas cedidas, la suma de 26.144.120,84 €.
Y en virtud de tal estimación, declaramos que en ejecución de sentencia deberá abonarse a la mercantil Motema S.L. en concepto de indemnización por el valor de las fincas cedidas, la suma de 26.144.120,84€ (veintiséis millones ciento cuarenta y cuatro mil ciento veinte euros y ochenta y cuatro céntimos),más los intereses previstos en el artículo 106.2 de la Ley de la Jurisdicción, desde la fecha de notificación de la sentencia de 15 de abril de 2024 a la representación procesal del Ayuntamiento de Alcorcón, hasta su efectivo pago.
UNDÉCIMO.- Costas.
Conforme a lo previsto en los artículos 93.4 y 139 de la LJCA, disponemos, respecto de las de los recursos de casación, que cada parte abone respectivamente las causadas a su instancia y la mitad de las comunes, alno apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de ellas; y confirmamos la decisión adoptada en la sentencia impugnada respecto de las costas de la instancia y apelación.
F A L L O
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido:
Primero.- Establecer la doctrina jurisprudencial indicada en el Fundamento Noveno de esta sentencia.
Segundo.- Declarar no haber lugar y desestimar el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil Motema S.L. y estimar el interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Alcorcón, contra la sentencia n.º 301/2014, de 15 de abril de 2024, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Primera) que estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Alcorcón contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 32 de Madrid, de 30 de mayo de 2022, recaído en la pieza de títulos judiciales n.º 27/2014, derivada del procedimiento ordinario n.º 84/2010, y acordó fijar como cantidad a abonar por el Ayuntamiento, en concepto de indemnización por el valor de las fincas cedidas, la suma de 26.144.120,84€ (veintiséis millones ciento cuarenta y cuatro mil ciento veinte euros y ochenta y cuatro céntimos).
Tercero.- Y en virtud de tal estimación, declaramos que en ejecución de sentencia deberá abonarse a la mercantil Motema S.L. en concepto de indemnización por el valor de las fincas cedidas, la suma de26.144.120,84 € (veintiséis millones ciento cuarenta y cuatro mil ciento veinte euros y ochenta y cuatro céntimos), más los intereses previstos en el artículo 106.2 de la Ley de la Jurisdicción, desde la fecha de notificación de la sentencia de 15 de abril de 2024 a la representación procesal del Ayuntamiento Alcorcón, hasta su efectivo pago.
Cuarto.- Las costas procesales se abonarán conforme a lo establecido en el último Fundamento de esta sentencia.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.