El funcionario interino que es cesado por no superar el tercer proceso de estabilización no tiene derecho a ser compensado con veinte días de retribuciones fijas por año de servicio

El TS da la razón a la Administración del Estado y declara que la funcionaria demandante no tiene derecho a la compensación económica del art. 2.6 de la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, solicitada por su cese como consecuencia de ser su puesto ocupado por un funcionario de carrera que superó el proceso selectivo de estabilización de empleo temporal.

Iustel

Afirma que la compensación económica solo es aplicable a los funcionarios interinos cuya relación de servicios finalice por no superar el tercer proceso de estabilización de empleo temporal previsto en el art. 2. Y el cese de la funcionaria fue causado por el desarrollo y finalización de los dos procesos de estabilización anteriores, convocados para el ámbito del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, quedando al margen del proceso adicional o tercer proceso de estabilización, así como del supuesto previsto en el art. 2.1 párrafo segundo de la Ley.

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso

Sede: Madrid

Sección: 4

Fecha: 07/10/2026

Nº de Recurso: 4148/2024

Nº de Resolución: 1124/2026

Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)

Ponente: MARIA ALICIA MILLAN HERRANDIS

Tipo de Resolución: Sentencia

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Cuarta

Sentencia núm. 1.124/2026

En Madrid, a 7 de octubre de 2026.

Esta Sala ha visto el recurso de casación n.º 4148/2024 interpuesto por el Abogado del Estado en la representación que le es propia, frente a la sentencia de 10 de marzo de 2024, dictada por el Juzgado delo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Bilbao (Bilboko Administrazioarekiko Auzien 3 zenbakiko Epaitegia)en el recurso contencioso-administrativo n.º 360/2023. Ha comparecido la parte recurrida, doña Erica representada por el procurador don Joaquín Fanjul De Antonio bajo la dirección letrada de don José Manuel Salinero Feijoo.

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª María Alicia Millán Herrandis.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La representación procesal de doña Erica, interpuso el recurso contencioso-administrativo n.º360/2023 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º3 de Bilbao (Bilboko AdministrazioarekikoAuzien 3 zenbakiko Epaitegia), seguido por los trámites del procedimiento abreviado, contra la resolución de fecha 18 de agosto de 2023, en virtud de la cual se desestima la solicitud del reclamante en relación con su cese para el abono de una indemnización.

SEGUNDO. - Dicho recurso fue estimado por sentencia de 10 de marzo de 2024.

TERCERO.- Notificada la sentencia, se presentó ante dicho Juzgado escrito por la Abogacía del Estado informando de su intención de interponer recurso de casación y, tras justificar en el escrito de preparación la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, identificar la normativa a su parecer infringida y defender que concurre en el caso interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en los términos que señala en su escrito, el Juzgado sentenciador, por auto de 24 de abril de 2024, tuvo por preparado el recurso, con emplazamiento de las partes ante esta Sala del Tribunal Supremo.

CUARTO. - Recibidas las actuaciones en este Tribunal y personados la Administración del Estado como recurrente y doña Erica como recurrida, la Sección de Admisión de esta Sala acordó, por auto de 20 de noviembre de 2025, lo siguiente:

“1.º) Admitir a trámite el presente recurso de casación n.º 4148/2024 preparado por el Abogado del Estado, en la representación que le es propia, contra la sentencia núm. 83/2024, 10 de marzo, dictada por Juzgado delo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Bilbao en el procedimiento abreviado n.º 360/2023.

2.º) Declarar que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia si la compensación económica prevista en el artículo 2.6 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, resulta aplicable, exclusivamente, a los supuestos de funcionarios interinos que han visto finalizada su relación con la Administración por la no superación del tercer proceso selectivo de estabilización, o si resulta también aplicable a los funcionarios interinos que han visto finalizada su relación con la Administración por la no superación del primer y segundo proceso de estabilización con convocatorias ya publicadas antes de la entrada en vigor de la Ley 20/2021.

3.º) Identificar como norma jurídica que, en principio, habrá de ser objeto de interpretación la contenida en el mencionado artículo 2.6 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.

4.º) Ordenar la publicación de este auto en la página web del Tribunal Supremo.

5.º) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.

6.º) Remitir las actuaciones para su tramitación y decisión a la Sección Cuarta de esta Sala, competente de conformidad con las normas de reparto.

El presente auto, contra el que no cabe recurso alguno, es firme (artículo 90.5 LJCA).”.

QUINTO. - Por diligencia de ordenación de 27 de noviembre de 2025 se dispuso la remisión de las actuación esa esta Sección Cuarta para su tramitación y decisión y se confirió a la parte recurrente el plazo de treinta días para presentar su escrito de interposición.

SEXTO. - La representación procesal de la Administración del Estado evacuó dicho trámite mediante escrito de 15 de enero de 2026 y su pretensión es:

“1.º) Que estime este recurso de casación y anule la sentencia impugnada.

2.º) Que desestime la pretensión del demandante en la instancia y confirme la legalidad de la actuación administrativa impugnada.

3.º) Todo ello conforme a la interpretación que ha sido defendida en este escrito de interposición del precepto al que se refiere el Auto admitiendo esta casación, en concreto, que la compensación prevista en el artículo 2.6 de la Ley 20/2021 resulta aplicable exclusivamente a los funcionarios interinos que vean finalizada su relación con la Administración por la no superación del tercer proceso selectivo de estabilización.”

Y, en consecuencia, se dicte sentencia estimatoria del recurso por la que se anule la sentencia n.º 83/2024,de 10 de marzo, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Bilbao en el Procedimiento Abreviado360/2023.

SÉPTIMO. - Por providencia de 21 de enero de 2026 se acordó tener por interpuesto el recurso de casación y en aplicación del artículo 92.5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA), dar traslado a la parte recurrida y personada para que presentase escrito de oposición en el plazo de treinta días, lo que efectuó la representación procesal de doña Erica, mediante escrito de 4 de marzo de 2026, en el que interesó el dictado de una sentencia que desestime el recurso.

OCTAVO. - Mediante providencia de 1 de julio de 2026 se señaló este recurso para votación y fallo el 6 de octubre de 2026, y se designó Magistrada ponente a la Excma. Sra. Dña. María Alicia Millán Herrandis.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Antecedentes administrativos.

D.ª Erica fue nombrada funcionaria interina, por vacante, tomando posesión en el puesto de trabajo de "Técnico Oficina Empleo Prestaciones" con código NUM000, en el Servicio Público de Empleo Estatal, con fecha01/07/2009.

Mediante Resolución de 26 de mayo de 2021 de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, se convocaron procesos selectivos para ingreso, acceso y estabilización de empleo temporal en Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado (B.O.E. 28/05/2021), siendo el número de plazas convocadas en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado en el proceso para la estabilización de empleo temporal de 408.

Por Resolución de 24 de julio de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, (B.O.E. 26/07/2023) se nombró personal funcionario de carrera en el proceso de estabilización de empleo temporal del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, convocado mediante Resolución de la suprimida Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública de 26 de mayo de 2021 (“Boletín Oficial del Estado” del 28).

La citada Resolución de 24 de julio de 2023 nombró personal funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado a doña Loreto y se le adjudicó como destino, la plaza de Técnico/Técnica de Oficina Prestaciones" con código NUM000, que venía ocupando, como funcionaria interina, por vacante, D.ª Erica.

D.ª Erica formulo recurso de reposición reclamado compensación económica frente a la resolución de 26 de julio de 2023 por la que se acordó su cese como funcionaria interina conforme al artículo 10.3 del EBEP. Dicho recurso se desestimó por resolución de 18 de agosto de 2023.

SEGUNDO. - La sentencia recurrida en casación.

1. La sentencia impugnada parte de que esta Sala tiene declarado que la existencia de situaciones de abuso de la temporalidad no implica que proceda automáticamente la indemnización y que, de proceder, se podrá reclamar al amparo del instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración (cfr. sentencia1401/2021, de 30 de noviembre, casación 6302/2018).

2. Según la juez de instancia el caso de autos no es ese pues lo que se solicitó fue la compensación económica prevista en el artículo 2.6 de la Ley 20/2021 al no haber superado un proceso selectivo de estabilización tras mantener durante años una relación de servicios como funcionaria interina.

3. A tal efecto señala que el artículo 2.1 de la Ley 20/2021 prevé tres procesos de estabilización:

“1.º El del artículo 19. Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (en adelante, LPGE 2017).

2.º El del artículo 19. Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año2018 (en adelante, LPGE 2018).

3.º La tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, dotadas presupuestariamente, se hayan ocupado temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantilla su otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas.”

4. Añade que la exposición de motivos de la Ley 20/2021 prevé una compensación económica para los funcionarios interinos que, estando en activo, finalicen su relación de servicios al no superar el proceso selectivo de estabilización, con remisión a los plazos previstos en el artículo 2.

5. Pues bien, doña Erica llevaba prestando servicios desde el 1 de julio de 2009, concurrió al proceso selectivo convocado el 26 de mayo de 2021 y no lo superó, luego “...concurre el supuesto de hecho previsto en la Ley20/2021”.

6. Añade que la disposición transitoria segunda de la Ley 20/2021 no afecta a la regulación de su artículo 2.6,pues el legislador nada ha indicado, es más, pudiendo, no ha dicho que la compensación económica litigiosa sólo proceda en caso de procesos selectivos de estabilización convocados tras su entrada en vigor el 30 de diciembre de 2021. Además, la Ley 20/2021 tampoco dice que deba estarse al Real Decreto Ley 14/2021, de6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (en adelante, Real Decreto Ley 14/2021).

7. En conclusión, la compensación prevista en el artículo 1 de la Ley 20/2021 en relación con el artículo 10.3del EBEP sólo se reconoce cuando finaliza la relación de interinidad en los casos que prevé, no así -y es el caso de autos- si el cese trae por causa no haber superado el proceso selectivo de estabilización.

8. Impugnada esta sentencia por la Abogacía del Estado, en casación, la cuestión de interés casacional es la fijada en el auto de 20 de noviembre de 2025, cuya parte dispositiva hemos transcrito en el Antecedente de Hecho Cuarto de esta sentencia.

TERCERO. - El escrito de interposición del recurso de casación.

1. La Abogacía del Estado recurre esa sentencia y centra la controversia en determinar si el derecho de compensación económica del artículo 2.6 de la Ley 20/2021, es aplicable únicamente a los funcionarios interinos que no superaron el tercer proceso de estabilización al que se refiere el artículo 2.1, o también a los que no superaron alguno de los otros dos procesos anteriores.

2. Para la Abogacía del Estado, la compensación económica del artículo 2.6 no es aplicable a los procesos de estabilización iniciados antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 14/2021 que, una vez convalidado, se derogó por la Ley 20/2021. Ambas normas regulan un tipo de proceso de estabilización temporal –el tercero- distinto de los dos anteriores y la recurrente en la instancia participó en los procesos de estabilización anteriores al Real Decreto-ley 14/2021 y la Ley 20/2021.

3. Deduce de la literalidad del artículo 2.6, que la compensación litigiosa que regula sólo rige para ese tercer proceso de estabilización pues lo reconoce en caso de no superar "[el] proceso selectivo de estabilización", expresado así, en singular. A la misma conclusión se llega desde una interpretación teleológica, pues si el legislador hubiese querido extenderlo a todos los procesos de estabilización así lo habría regulado. Y, en fin, de la interpretación sistemática del artículo 2.6 se deduce que no regula un régimen general o común para todos los procesos de estabilización, sino para el tercero.

4. Concluye la Abogacía del Estado que el artículo 2 de la Ley 20/2021 carece de efectos retroactivos pues los anteriores procesos de estabilización quedan sujetos a sus normas reguladoras, esto es, las LPGE de 2017 y2018, leyes que, ni modificadas ni derogadas, no han previsto la compensación económica.

CUARTO. - Oposición al recurso de casación

1. La representación procesal de doña Erica, tras recordar que en el momento de su cese la Ley 20/2021estaba vigente, destaca que el artículo 2 de la Ley 20/2021 establece una regulación aplicable a todos los procesos selectivos de estabilización a los que se refiere y lo hace en singular, sin hacer matiz alguno, luego su interpretación literal no puede referirse sólo al tercer proceso de estabilización. Por tanto, donde la ley no distingue, no debemos distinguir, haciendo, además, una aplicación restrictiva de derechos.

2. Apoya su oposición en lo razonado en otras sentencias dictadas en primera instancia por Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Bilbao respecto de la interpretación literal del artículo 2 apartados 1, 2, 4 y 5que, bajo el epígrafe -en plural- "Procesos de estabilización de empleo temporal", regula los tres; ahora bien, en el apartado 6 se refiere literalmente a la no superación del proceso selectivo de estabilización, en singular, lo que no significa que regule sólo uno de los tres -el último- sino que ya desde una interpretación lógica hay que entender que se refiere a cualquiera de los tres y que sólo en uno de ellos se dará el presupuesto del artículo2.6, esto es, la no superación como causa del cese.

3. La interpretación sistemática lleva a la misma conclusión pues el artículo 2 habla de los tres procesos de estabilización conjuntamente, luego si lo hace sin matiz no tiene sentido restringir su interpretación sólo al tercero.

Lo mismo desde un punto de vista teleológico, pues la norma pretende solucionar el problema de la temporalidad en el empleo público y así cumplir la normativa comunitaria, por lo que no cabe una interpretación que excluya miles de casos, negando una indemnización quienes provengan de los procesos de estabilización de 2018 y 2019, que en el "colectivo SEPE" es la mayoría.

4. La interpretación que sostiene la Abogacía del Estado no se ajusta al objetivo de la ley con la que España intenta cumplir con la cláusula 5 del Acuerdo Marco adoptado por la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que lo interpreta. De esta manera sostiene que debe hacerse una "interpretación conforme" con los objetivos del derecho comunitario para no perpetuar su incumplimiento pues lo contrario generaría una discriminación injustificada.

QUINTO. - Juicio de la Sala.

Sobre la cuestión de interés casacional ya se ha pronunciado esta Sala, en particular a propósito de la impugnación de sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Bilbao (Bilboko Administrazioarekiko Auzien 1 zk.ko Epaitegia). Así cabe citar la sentencia 1249/2025, de 8 de octubre (casación 2731/2024), que casó y anuló precisamente una de las que invoca la defensa de doña Erica en su escrito de oposición, esto es, la sentencia de 13 de febrero de 2024 (procedimiento abreviado 355/2023),dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Bilbao.

A la citada sentencia cabe añadir la dictada con n.º 1041/2026, de 23 de septiembre de 2026 dictada en el Recurso de Casación n.º 666/2024.

Pues bien, tanto la sentencia 1249/2025 como la 1041/2026, se basan en la sentencia 895/2025, de 1 de julio (casación 5709/2023), por lo que sobre la cuestión de interés casacional que plantea en el auto de admisión hay jurisprudencia que se resume en estos términos:

“1.º Antes de promulgarse la Ley 20/2021 se regularon los dos procesos de estabilización del empleo público temporal ya citados, el del artículo 19. Uno.6 de la LPGE 2017 y del artículo 19.Uno.9 de la LPGE 2018, para lo que se estaba a dos modelos de estabilización atendiendo a las fechas de acceso al empleo temporal; describirlos no es ahora del caso.

2.º El artículo 2 de la Ley 20/2021 prevé un tercer proceso de estabilización, adicional a los dos anteriores cuya relación con este tercero se regula en el artículo 2.1 párrafo segundo, al prever que las plazas afectadas por los dos procesos anteriores se incluirán en el tercero si, incluidas en las correspondientes ofertas de empleo público de estabilización, esas plazas al día de entrada en vigor la Ley 20/2021 -el 30 de diciembre de 2021-no hubieran sido convocadas o, habiéndolo sido, hayan quedado sin cubrir.

3.º Esta Sala ha concluido que “...solo procede la compensación económica prevista en el artículo 2.6 para el personal funcionario interino que, estando en activo como tal, viera finalizada su relación con la Administración por la no superación del tercer proceso selectivo de estabilización convocado al amparo de este articulo 2”.

SEXTO. - Aplicación al caso y resolución de la cuestión casacional.

1. Tal y como se ha expuesto en el Fundamento de Derecho Primero, doña Erica concurrió al proceso selectivo de consolidación convocado por la resolución de 26 de mayo de 2021 (BOE del 28 siguiente), proceso que traía su causa tanto de la LPGE 2017 como de la de 2018 y una vez finalizado, fue cesada por resolución de 27 de julio de 2023 al adjudicarse la plaza al aspirante que había superado el proceso selectivo de consolidación.

2. La consecuencia es que el cese de la recurrente en la instancia es causado por el desarrollo y finalización de los dos procesos de estabilización anteriores, convocados para el ámbito del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, luego quedan al margen del proceso adicional o tercer proceso de estabilización, así como del supuesto previsto en el artículo 2.1 párrafo segundo.

3. No está de más indicar que en el pleito seguido en la instancia no se planteó sobre la base de invocar una situación de abuso de la temporalidad, sino a la interpretación del artículo 2 de la Ley 20/202. Por esta razón tal y como hemos apreciado en la sentencia 1041/2026, no cabe relacionar lo litigioso con lo declarado por el TJUE en las sentencias de 13 de junio de 2024 (asuntos acumulados C-331/22 y C-332/22) y de 14 de abril de2026 (asunto C-418/24); además en la sentencia 1041/2026, también a propósito de las previsiones de la Ley20/2021, hemos rechazado la infracción del artículo 14 de la Constitución.

4. En consecuencia y a los efectos del artículo 93.1 de la LJCA, declaramos lo siguiente:

1.º Que el artículo 2.6 la Ley 20/2021 no es aplicable a los procesos selectivos de consolidación cuyas convocatorias han sido publicadas antes de la entrada en vigor de la Ley 20/2021.

2.º Que la compensación económica prevista en el artículo 2.6 de la Ley 20/2021 sólo es aplicable a los funcionarios interinos cuya relación de servicios finalizase por no superar el tercer proceso de estabilización de empleo temporal previsto en el citado artículo 2.

SÉPTIMO. - Costas

De conformidad con los artículos 93.4 y 139.3 de la LJCA, en materia de costas procesales cada parte asumirá las costas procesales causadas a su instancia y las comunes por mitad.

No se imponen las del recurso contencioso-administrativo por las dudas que ha suscitado.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

PRIMERO.- Estimar el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Administración del Estado, frente a la sentencia de 10 de marzo 2024, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Bilbao (Bilboko Administrazioarekiko Auzien 3 zenbakiko Epaitegia), en el recurso contencioso-administrativo n.º 360/2023, sentencia que se anula.

SEGUNDO. - Se desestima el recurso n.º 360/2023, deducido por la presentación de doña Erica, contra la resolución de 18 de agosto de 2023, por la que se desestima la solicitud de la demandante a la compensación económica equivalente a veinte días por años de servicio por su cese, en virtud de la aprobación de la Ley20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

TERCERO. - En cuanto a las costas, estese a lo declarado en el último fundamento de Derecho.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.