El Tribunal Constitucional declara que el inicio del plazo para recurrir un acuerdo de un órgano administrativo comienza a computar, concurriendo determinadas circunstancias, a partir de la publicación del acuerdo de rectificación de errores

La Sala Primera del Tribunal, en una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga, considera por unanimidad que se ha vulnerado el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho de acceso a la jurisdicción, en un supuesto de inadmisión por extemporaneidad de un recurso contencioso-administrativo presentado dentro del plazo concedido en el acuerdo corrigiendo el régimen de recursos fijado en la resolución inicial.

La demandante, funcionaria del Cuerpo de Habilitación Nacional de Secretarios e Interventores de la Administración Local, con plaza en propiedad de secretaria-interventora del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, recurrió en vía contencioso-administrativa el 16 de junio de 2017 el acuerdo del citado Ayuntamiento por el que se modificaba la Relación del Puesto de Trabajo (RPT), publicado el 30 de marzo de 2017. Posteriormente, el Ayuntamiento dictó un nuevo acuerdo de corrección de errores en la identificación del régimen impugnatorio, publicado el 18 de abril de 2017.

En la vía judicial se inadmitió su recurso al considerar que la demanda se había presentado fuera del plazo de dos meses desde la inicial publicación del acuerdo. Se argumentó que, si bien los actos administrativos sólo producen sus efectos desde que se realiza su notificación o publicación íntegra, por lo que las rectificaciones que sean necesarias, por afectar a su integridad material o formal, deben tomarse en consideración a los efectos de los posibles recursos y del cómputo de su plazo de interposición, lo que sólo debe producirse cuando lo rectificado tenga incidencia en los derechos de los interesados. El Tribunal Supremo concluyó que, en este caso, la circunstancia de que se hubiera presentado el recurso contencioso-administrativo fuera del plazo concedido en el acuerdo inicial pero dentro del concedido en el acuerdo de corrección de errores, supone que se ha presentado fuera de plazo.

El Tribunal Constitucional estima el amparo y anula la decisión judicial razonando que la presentación del recurso en el plazo concedido en el acuerdo de corrección de errores supone que se ha presentado dentro de plazo. Señala que el contenido rectificado afecta al derecho de la interesada, refiriéndose especialmente a la circunstancia de la completa sustitución del régimen impugnatorio de la resolución inicial con ocasión de la publicación de la corrección de errores, destacando que ello generó una razonable expectativa en los interesados, en este caso la demandante, de que la única, válida y eficaz indicación de recursos era la que había sido publicada el 18 de abril de 2017. Es a partir de dicha fecha cuando comienza a computar el plazo para interponer el recurso contra el acuerdo inicial del Ayuntamiento de modificación de la RPT.

STC 19.10.26

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón, presidente, y los magistrados y magistradas don Ricardo Enríquez Sancho, doña Concepción Espejel Jorquera, doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, don Juan Carlos Campo Moreno y don José María Macías Castaño, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 130-2025, promovido por doña María de la Paz Sánchez Manzano, contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo núm. 1757-2024, de 4 de noviembre de 2024, por la que se desestima el recurso de casación núm. 3158-2022 interpuesto contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, de 25 de enero de 2022, por la que se desestima el recurso de apelación núm. 833-2021 interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Jerez de la Frontera núm. 112- 2021, de 13 de mayo de 2021, por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento abreviado núm. 837/2017. Ha comparecido el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña María Luisa Segoviano Astaburuaga.

I. Antecedentes

1. Doña María de la Paz Sánchez Manzano, representada por la procuradora de los tribunales doña Inmaculada Ruiz Lasida, bajo la dirección del letrado don Fernando Martín Mora, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales mencionadas en el encabezamiento mediante escrito registrado en este Tribunal el 9 de enero de 2025.

2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:

a) La demandante es funcionaria de carrera del Cuerpo de Habilitación Nacional de Secretarios e Interventores de la Administración Local, con plaza en propiedad de secretariainterventora del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera desde 2014, integrada en el ordinal segundo B de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del citado Ayuntamiento aprobada por la Junta de Gobierno Local de 14 de septiembre de 2012, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOPC) de 15 de octubre de 2012.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento modificó la RPT, mediante acuerdo de 27 de febrero de 2017, publicado en el BOPC núm. 60, de 30 de marzo de 2017, procediendo a la amortización, modificación, creación y readaptación de determinadas plazas y efectuando una nueva valoración del complemento específico de los puestos de trabajo de la plantilla. En el articulado se incluía una regulación sobre la entrada en vigor y se declaraba el agotamiento de la vía administrativa, informando sobre el régimen de recursos ante la jurisdicción contenciosoadministrativa.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, mediante acuerdo de 17 de marzo de 2017, publicado en el BOPC núm. 71, de 18 de abril de 2017, procedió a la corrección de errores materiales advertidos en el anterior acuerdo, que afectaba a la puntuación de los complementos de determinados puestos de trabajo -ninguno el ocupado por la demandante-, la entrada en vigor y el régimen de impugnación de recurso. En cuanto al régimen de impugnación, se rectificó el punto décimo del anterior acuerdo, que establecía: “Contra el presente Acuerdo que pone fin a la vía administrativa y contra el texto de la Relación de Puestos de Trabajo cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez de la Frontera, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación”; en el sentido de establecer que: “Contra el presente Acuerdo que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación o, en su caso, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez de la Frontera, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación”.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, mediante acuerdo de 24 de marzo de 2017, publicado en el BOPC núm. 77, de 26 de abril de 2017, procedió a la corrección de errores materiales advertidos en el anterior acuerdo, que afectaba a la entrada en vigor de determinadas previsiones.

b) La demandante interpuso el 16 de junio de 2017 recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Jerez de la Frontera, que fue tramitado como procedimiento abreviado núm. 837-2017, contra el acuerdo de modificación de la RPT y sus sucesivas correcciones de errores instando, como pretensión principal, la nulidad del acuerdo por defectos de forma en su adopción ante la falta de negociación previa obligatoria en la Mesa General de Negociación conforme al art. 37.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; y, como pretensión subsidiaria, la equiparación de su complemento específico con el resto de los funcionarios habilitados estatales por considerar que la puntuación asignada a su plaza ha sido objeto de trato desigual y discriminatorio.

El recurso fue desestimado en su integridad por la sentencia núm. 112-2021, de 13 de mayo de 2021. La sentencia, por lo que se refiere a la impugnación del inicial acuerdo de 27 de febrero de 2017, concluye que es extemporáneo al haberse interpuesto superado el plazo legal de dos meses. En cuanto a la impugnación de los posteriores acuerdos de rectificación, concluye su desestimación con fundamento en que “ninguno de los errores rectificados afecta a la plaza que ocupa la recurrente en la RPT del Ayuntamiento”, por lo que carece de legitimación activa para su impugnación.

d) La demandante interpuso recurso de apelación, que fue tramitado con el núm. 833-2021 por la Sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, invocando el art. 24.1 CE, desde la perspectiva del derecho de acceso a la jurisdicción, con fundamento en que los acuerdos de rectificación se integran dentro del inicial acuerdo, por lo que el plazo de dos meses para la interposición del recurso contenciosoadministrativo debe computarse desde la publicación de la segunda rectificación, por lo que el recurso se habría interpuesto en plazo; e incidiendo en que el recurso planteaba también una impugnación general de la modificación de la RPT por defectos procedimentales en su proceso de elaboración.

El recurso fue íntegramente desestimado por sentencia de 25 de enero de 2022, insistiendo en que “el acto administrativo original podía ser impugnado desde que se publicó, sin que la corrección de errores, por no afectar al contenido del acto impugnado por la actora, permita ampliar, de forma artificial, el plazo de recurso”.

e) La demandante interpuso recurso de casación, que fue tramitado con el núm. 3158-2022 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, invocado nuevamente el art. 24.1 CE y reiterando que los acuerdos de rectificación no son independientes del acuerdo inicial y que la cuestión litigiosa planteada se extendía también a aspectos globales sobre el procedimiento de aprobación de los acuerdos impugnados.

El recurso fue desestimado por sentencia núm. 1757-2024, de 4 de noviembre de 2024. En primer lugar, tras analizar las previsiones referidas a la eficacia de los actos administrativos y las obligaciones de notificación/publicación de estos en los arts. 39, 40 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), afirma que “el principio inspirador de la norma es que únicamente surten efecto las notificaciones y publicaciones cuando contienen el texto íntegro del acto, integridad que no es tal si está afectada por defectos atinentes a cualquier de sus requisitos. Dicho de otra manera, únicamente cuando la integridad del acto es recibida por el destinatario se producen sus efectos y, en consecuencia, tampoco el acto notificado los produce en contra de los interesados, salvo que estos realicen actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interpongan cualquier recurso que proceda” (FD Quinto). A partir de ello, la sentencia afirma que “los actos administrativos solo producen sus efectos desde que se realiza su notificación integra, o desde su publicación cuando esta forma sea la necesaria, y que por ello la notificación o publicación de las rectificaciones dictadas al amparo del artículo 109.2 de la LPACAP y que sean necesaria por afectar a su integridad material o formal, deben tomarse en consideración a los efectos de los posibles recursos y del cómputo de su plazo de interposición, ello siempre que tengan incidencia en los derechos de los interesados, pero no en el caso contrario”. Se concluye, en cuanto a la cuestión de interés casacional, que: “En definitiva, la respuesta será que el cómputo del plazo para la interposición de recurso contenciosoadministrativo contra un acto administrativo que, una vez publicado en el correspondiente boletín oficial, es objeto de rectificación de errores, comienza desde la fecha de la publicación de la rectificación de errores solo en el caso de que esta afecte al contenido de los derechos que integran las pretensiones ejercitadas”; incidiendo en que no resulta aplicable el precedente de la sentencia de la Sección tercera de esa Sala de 6 de junio de 2013 (RC 896-2011), ya que en aquel caso el propio acuerdo de rectificación establecía que “la presente resolución sustituye íntegramente a la anterior”, generando con ello una confianza legitima en esa declaración, que no concurre en este caso (FD Sexto).

La sentencia, en segundo lugar, al proyectar esa doctrina casacional al caso, argumenta que el acuerdo inicial fue objeto de sendos acuerdos de rectificación “que afectaban tanto a cuestiones materiales propias del instrumento organizativo, como a la información de las normas procedimentales y/o procesales para posibilitar las posibles revisiones o impugnaciones”; y que “es esencial partir de que las sentencias de instancia y apelación acordaron la desestimación del recurso con base en una afirmación muy clara: las dos rectificaciones de errores no afectaban ni menoscababan el derecho de defensa del interesado. Para ello atendieron a que la recurrente nunca alegó ni cuestionó que las rectificaciones del contenido material del acto afectasen a las reclamaciones sustantivas que planteaba en su recurso”. En relación con ello, se afirma que “Aún con las matizaciones que luego haremos, nos mostramos de acuerdo con esta afirmación. Que ello es así lo evidencia el hecho de que tampoco incide en ese extremo el escrito de interposición del recurso de casación. Por tanto, no es posible afirmar que las rectificaciones de errores realizadas por la JGL del Ayuntamiento de Jerez incidieron en los derechos de la hoy recurrente. Tampoco en el derecho de defensa tardíamente ejercitado (26 de junio de 2017) frente al acuerdo inicial de modificación de la relación de puestos de trabajo (BOP de Cádiz de 30 de marzo de 2017) pues, en definitiva, desde el primer momento el contenido de sus pretensiones estaba ya determinado -las rectificaciones del contenido material no le afectaban- у la posibilidad de interposición del recurso jurisdiccional le fue indicada desde el primer momento. En todo caso, lo que la parte nunca ha defendido es que esa indefensión derivase de la falta de indicación del recurso de reposición administrativo, que era de carácter potestativo, y que nunca llegó a ejercitarse tras las rectificaciones. Finalmente, la prueba definitiva de la irrelevancia del planteamiento de la recurrente está en que tras la segunda rectificación interpuso el recurso jurisdiccional procedente pese a que, como alega, la publicación de esa rectificación incurría en el vicio de no contener indicación de los recursos procedentes contra ella” (FD Séptimo).

La sentencia concluye que “Estamos así ante un caso en el que la doctrina fijada debe determinar la desestimación del recurso de casación pues, en función de las pretensiones ejercitadas en la demanda, la publicación inicial del acto impugnado debe considerarse completa ya que las ulteriores rectificaciones no tenían incidencia en los derechos de la recurrente, que no vio afectadas sus pretensiones por los defectos salvados con las rectificaciones”; incidiendo en que “En orden a las matizaciones anunciadas, conviene precisar que solo desde esta perspectiva es admisible la desestimación basada en la extemporaneidad del recurso frente al acto inicial de modificación de la relación de puestos de trabajo, como acto independiente de los de rectificación, respecto de ellos que también se desestima el recurso por la falta de indicación de vicios en la demanda. Decimos esto porque, en puridad, el acto impugnado era único y estaba conformado por la modificación y las dos rectificaciones. Y es que debe tenerse en cuenta que el acto aclarado y el aclaratorio se integran formando una unidad lógico-jurídica que no puede ser impugnada sino en su conjunto a través de los recursos que, en su caso, pudieran interponerse contra la resolución aclarada (STC 90/2010, de 15 de noviembre). Entendemos que eso es lo que hizo la recurrente, pero en forma extemporánea, como ha quedado razonado” (FD Séptimo).

3. El demandante de amparo solicita que se estime el recurso declarando que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), para cuyo restablecimiento considera necesario anular las resoluciones judiciales impugnadas con retroacción de actuaciones al momento de pronunciarse la sentencia de instancia para dictar otra en la que se resuelvan las pretensiones deducidas en la demanda.

El demandante fundamenta la invocación del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho de acceso a la jurisdicción, argumentando que la decisión judicial de inadmitir el recurso contencioso-administrativo por considerar que su presentación fue extemporánea es contraria a las exigencias del principio pro actione, ya que es el resultado de una interpretación rigorista de la normativa sobre el inicio del cómputo del plazo de impugnación de las resoluciones administrativas. A esos efectos, destaca que, partiendo de la base no controvertida de que la resolución administrativa impugnada sufrió sucesivas correcciones de errores publicadas en el diario oficial correspondiente, la pretensión principal afectaba a la integridad del contenido de la resolución, incluyendo sus sucesivas modificaciones, que conformaban una unidad lógicojurídica. Igualmente, destaca que la interpretación aportada no pondera que las resoluciones aclarada y aclaratorias, mediante sucesivas subsanaciones y cambios sustanciales, fueron propiciados por la Administración Pública, autora de dichos actos, generando una situación de confusión contraria a los principios del art. 9.3 CE, que no puede utilizarse en provecho de las Administración y en contra de los derechos de los ciudadanos. Por último, pone de manifiesto que esta interpretación más favorable al derecho fundamental ya fue asumida por la STC 90/2010, de 15 de noviembre, en relación con el comienzo del cómputo del plazo para los recursos jurisdiccionales en caso de aclaración de resoluciones judiciales prevista en el art. 267.9 LOPJ.

La demandante alega que en el recurso concurre la necesaria transcendencia constitucional, ya que da la posibilidad al Tribunal Constitucional de “determinar el alcance de su doctrina en relación con la proyección del contenido esencial del derecho fundamental para acceder a la tutela judicial efectiva y de la aplicación del principio pro actione sobre el cómputo de los plazos, cuando está en juego tal acceso ()”; vinculado al carácter suspensivo que podría tener en el régimen de impugnación de las resoluciones administrativas las correcciones de errores que puedan sufrir previstas en el art. 109.2 LPACAP.

4. La Sección Primera del Tribunal, por providencia de 25 de mayo de 2026, acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, apreciando que concurre en la misma una especial trascendencia constitucional al plantear un problema o afectar a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no había doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 a)]; y dirigir atenta comunicación a los órganos judiciales para remisión de las actuaciones correspondientes y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que puedan comparecer en el recurso de amparo.

5. La Secretaría de Justicia de la Sala Primera del Tribunal, por diligencia de ordenación de 22 de junio de 2026, acordó tener por personado al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y dar vista de las actuaciones a las partes y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que, conforme con lo previsto en el art. 52 LOTC, pudieran presentar alegaciones.

6. El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el 14 de septiembre de 2026, presentó alegaciones interesando la estimación del amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso a la jurisdicción, para cuyo restablecimiento considera necesario declarar la nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas, con retroacción de actuaciones al momento en el que se dictó la sentencia de instancia, para que “se dicte una nueva resolución ajustada a las exigencias de motivación reforzada donde se valore la incidencia de los acuerdos aclaratorios para determinar si constituyen una unidad lógico-jurídica”.

El Ministerio Fiscal, tras efectuar una síntesis de los antecedentes fácticos y de la fundamentación de las resoluciones recaídas en el procedimiento y argumentar la concurrencia de todos los presupuestos formales para la viabilidad del recurso, expone la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, desde la perspectiva del derecho de acceso a la jurisdicción, con una especial referencia a los supuestos de cómputo de plazos judiciales en el caso de resoluciones judiciales aclaratorias resueltos en las SSTC 90/2010, de 15 de noviembre, y 34/2020, de 24 de febrero, cuya aplicación al caso descarta por falta de identidad de razón y de normativa reguladora.

El Ministerio Fiscal, en aplicación de la jurisprudencia constitucional sobre el principio pro actione, hace un detenido análisis de la normativa y jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los actos administrativos, su posibilidad de subsanación y su régimen de impugnabilidad; incidiendo en que en la normativa procesal no hay una mención expresa al inicio del cómputo del plazo para recurrir en vía judicial un acto administrativo en los supuestos en los que ha habido una rectificación posterior del mismo conforme al artículo 109.2 LPACAP. A partir de ello, concluye que concurre una vulneración del art. 24.1 CE, con fundamento en que las sucesivas rectificaciones de la resolución impugnada afectaban, por una parte, a la entrada en vigor de la nueva RPT del Ayuntamiento y, por otra, a la información sobre el régimen de recursos y, por tanto, al alterar “aspectos con relevancia jurídica, el dies a quo debe situarse en la fecha de publicación de dicha rectificación, pues sólo entonces existe un acto plenamente cognoscible y susceptible de impugnación, evitándose una restricción desproporcionada del derecho de acceso a la jurisdicción”. A ello añade que la pretensión principal de la demandante era la nulidad de la modificación de la RTP por defectos de procedimiento por lo que la relevancia de la aclaración debía analizarse también desde esa perspectiva; de modo que “el órgano judicial al resolver sobre la admisibilidad de la acción omitió el examen de un elemento objetivamente relevante para la determinación del plazo de interposición y optó por la aplicación del óbice procesal de extemporaneidad de manera formalista y con ello por la solución más desfavorable para el ejercicio del derecho de acceso a la jurisdicción sin ponderar adecuadamente los efectos de los actos aclaratorios dictados por la Administración”.

7. El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, mediante escrito registrado el 23 de julio de 2026, presentó alegaciones interesando la inadmisión del recurso y, subsidiariamente, su desestimación.

Fundamenta la inadmisión del recurso es que no concurre el requisito de admisibilidad de la especial transcendencia constitucional del recurso alegando que “el recurso no plantea una faceta nueva del derecho a la tutela judicial efectiva no abordada por la doctrina constitucional preexistente sobre el principio pro actione y los límites del control de las decisiones de inadmisión, sino que pretende, en esencia, una revisión de la valoración fáctica y jurídica realizada, de forma coincidente, por tres órganos judiciales distintos”.

Fundamenta la desestimación del recurso en que las resoluciones impugnadas no han incurrido en ningún defecto constitucional de motivación al apreciar la causa de inadmisión apreciada ni tampoco cabe apreciar que se haya generado una indefensión material, ya que desde la inicial publicación de la resolución recurrida en la vía judicial la recurrente dispuso de toda la información y del plazo legal para recurrir. A ello añade que no resulta de aplicación al caso de la jurisprudencia establecida en la STC 90/2010, de 15 de noviembre, respecto de la unidad lógicojurídica entre resolución aclarada y aclaratoria, que fue establecida en relación con la aclaración de resoluciones judiciales con fundamento en unas previsiones legales que no pueden ser automáticamente trasladas a este caso.

8. La demandante, mediante escrito registrado el 14 de julio de 2026, presentó sus alegaciones, ratificándose en su demanda de amparo.

9. Por providencia de 13 de octubre de 2026 se fijó para deliberación y votación de la presente sentencia el día 19 del presente mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. Objeto del recurso y su especial transcendencia constitucional A) El objeto del presente recurso es determinar si vulnera el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho de acceso a la jurisdicción, la decisión judicial, confirmada en apelación y casación, de desestimar el recurso contenciosoadministrativo que interpuso contra el acuerdo de la Junta del Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera de 27 de febrero de 2017, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOPC) de 30 de marzo de 2017, rectificado por sendos acuerdos de 17 de marzo de 2017, publicado en el BOPC de 18 de abril de 2017, en el que, entre otros aspectos, se corrigió el régimen de impugnación de recurso; y de 24 de marzo de 2017, publicado en el BOPC de 26 de abril de 2017.

La decisión judicial se fundamenta en la extemporaneidad de la impugnación, a partir de la doctrina de interés casacional fijada en la sentencia del Tribunal Supremo recurrida en amparo, conforme a la cual, si bien el principio inspirador de la normativa administrativa, “es que únicamente surten efecto las notificaciones y publicaciones cuando contienen el texto íntegro del acto, integridad que no es tal si está afectada por defectos atinentes a cualquier de sus requisitos”;

sin embargo, “el cómputo del plazo para la interposición de recurso contencioso-administrativo contra un acto administrativo que, una vez publicado en el correspondiente boletín oficial, es objeto de rectificación de errores, comienza desde la fecha de la publicación de la rectificación de errores solo en el caso de que esta afecte al contenido de los derechos que integran las pretensiones ejercitadas”. Se argumenta que esta circunstancia no habría sucedido en este caso en el que, por una parte, la demandante nunca alegó ni cuestionó que las rectificaciones del contenido material del acto afectasen a las reclamaciones sustantivas que planteaba en su recurso y, por otra, la modificación del precepto referido al régimen de impugnación de la resolución, que solo afectó a la falta de indicación del recurso de reposición administrativo, que era de carácter potestativo, nunca llegó a ejercitarse tras las rectificaciones y, además, tampoco se alegó fuera el causante de indefensión alguna.

B) La especial transcendencia constitucional de este recurso ya fue apreciada por el Tribunal en la providencia de admisión, vinculada al carácter novedoso de la cuestión suscitada [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 a) y g)]. En efecto, si bien la jurisprudencia constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la relevancia de las decisiones judiciales de aclaración, complemento o rectificación para la determinación del dies a quo para el cómputo de los plazos de los recursos judiciales, desde la perspectiva del derecho de acceso al recurso (SSTC 105/2006, de 3 de abril, FJ 5; 90/2010, de 15 de noviembre, FJ 3; y 96/2021, de 10 de mayo, FJ único) e incluso del procedimiento de amparo (SSTC 34/2020, de 24 de febrero, FJ 2; 132/2022, de 24 de octubre, FJ 2; y 29/2026, de 13 de abril, FJ 2); sin embargo, el Tribunal no ha tenido la posibilidad de abordar la cuestión, planteada en este recurso, de la relevancia de los acuerdos administrativos de aclaración o rectificación adoptados al amparo del art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) para la determinación del dies a quo para el cómputo de los plazos de los recursos contenciosoadministrativos para la impugnación de esos actos administrativos.

Ello determina que deba rechazarse la causa de inadmisión alegada por el Ayuntamiento de Jerez de que el presente recurso carece de especial trascendencia constitucional, 2. La jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, en su dimensión del derecho de acceso a la jurisdicción, en relación con la causa de inadmisión por extemporaneidad en la normativa contencioso-administrativa, y la relevancia de la identificación del régimen impugnatorio en la notificación de los actos administrativos.

La resolución de la cuestión controvertida en este recurso de amparo debe ajustarse al parámetro de control establecido en la jurisprudencia constitucional sobre el derecho de acceso a la jurisdicción como contenido del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), para lo que es necesario, además de exponer dicha jurisprudencia constitucional (apartado A), poner de manifiesto la proyección que ha tenido en los supuestos de decisiones judiciales contenciosoadministrativas de inadmisión por la presentación de la demanda fuera de plazo (apartado B) y la relevancia que se ha dado a la correcta y completa identificación del régimen impugnatorio en la notificación de los actos administrativos a los efectos de determinar el dies a quo en el cómputo del plazo para la interposición de la demanda (apartado C).

A) El Tribunal ha reiterado que el primer contenido del derecho a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales constitucionalizado en el art. 24.1 CE, en un orden lógico y cronológico, que constituye su sustancia medular o su elemento nuclear, es el derecho de acceso a la jurisdicción, con respecto al cual el principio pro actione actúa con toda su intensidad. En relación con él, existe una doctrina consolidada de este tribunal que, de modo resumido y siguiendo la síntesis realizada, por ejemplo, en las SSTC 61/2024, de 9 de abril, FJ 4; 118/2024, de 25 de septiembre, FJ 4; 55/2025, de 10 de marzo, FJ 2; 69/2025, de 24 de marzo, FJ 2; 152/2025, de 6 de octubre, FJ 3; 161/2025, de 7 de octubre, FJ 4; o 36/2026, de 25 de mayo, FJ 2, cabe concretar en los siguientes aspectos:

(i) El derecho de acceso a la jurisdicción se concreta en el derecho a ser parte en el proceso para poder promover la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas.

(ii) Es un derecho prestacional de configuración legal, de tal manera que su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del ordenamiento procesal. No es, pues, un derecho de libertad, ejercitable sin más y directamente a partir de la Constitución, ni tampoco un derecho absoluto e incondicionado a la prestación jurisdiccional, sino un derecho a obtenerla por los cauces procesales existentes y con sujeción a una concreta ordenación legal que puede establecer límites al pleno acceso a la jurisdicción, siempre que obedezcan a razonables finalidades de protección de bienes e intereses constitucionalmente protegidos.

(iii) Este derecho fundamental queda también satisfecho cuando los órganos judiciales pronuncian una decisión de inadmisión o meramente procesal, apreciando razonadamente la concurrencia en el caso de un óbice fundado en un precepto expreso de la ley, si este es, a su vez, respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental.

(iv) La verificación de la concurrencia de los presupuestos y requisitos materiales y procesales a que el acceso a la jurisdicción está sujeto constituye, en principio, una cuestión de legalidad ordinaria que corresponde resolver a los jueces y tribunales, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que les atribuye el art. 117.3 CE. No obstante, el control constitucional de las decisiones de inadmisión ha de verificarse de forma especialmente intensa, dada la vigencia en estos casos del principio pro actione, que obliga a los órganos judiciales a aplicar las normas que regulan los requisitos y presupuestos procesales no solo sin incurrir en arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente; sino, además, teniendo siempre presente el fin perseguido por el legislador al establecerlos, evitando cualquier exceso formalista que los convierta en obstáculos procesales impeditivos del acceso a la jurisdicción que garantiza el art. 24 CE, aunque ello no implica necesariamente la selección forzosa de la solución más favorable a la admisión de la demanda de entre todas las posibles, ni puede conducir a que se prescinda de los requisitos establecidos por las leyes que ordenan el proceso en garantía de los derechos de todas las partes.

A esos efectos, se ha incidido en que los requisitos formales no son valores autónomos que tengan sustantividad propia, sino que solo sirven en la medida en que son instrumentos para conseguir una finalidad legítima, por lo que su incumplimiento no presenta siempre igual valor obstativo, con independencia de la trascendencia práctica del mismo; antes al contrario, los requisitos formales han de examinarse teniendo en cuenta la finalidad que con ellos pretende lograrse, para, de existir defectos, proceder a una justa adecuación de las consecuencias jurídicas por la entidad real del defecto mismo, pues debe existir proporcionalidad entre este y aquellas.

(v) En definitiva, en el examen de la constitucionalidad de las resoluciones judiciales que deniegan pronunciarse sobre las pretensiones de tutela deducidas en primera instancia, corresponde a este tribunal verificar tanto la existencia de motivación y la razonabilidad de la misma, como la inexistencia de interpretaciones de la ley que por su rigorismo, por su formalismo o por cualquier otra razón, revelen una clara desproporción entre los fines preservados por la disposición legal que habilita la restricción del derecho de acceso a la jurisdicción y los intereses que se sacrifican.

Esta jurisprudencia ha tenido una singular y especial proyección respecto del control judicial de los actos de la administración, al destacarse que deben operar de forma más incisiva, ya que “cuando el derecho a la tutela judicial efectiva es instado en defensa de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos frente a los actos de la administración, integra más específicamente el ‘derecho de los administrados a que el Juez enjuicie los actos administrativos que les afectan (art. 24.1 CE), controlando la legalidad de la actuación administrativa (art. 106.1 CE), esto es, su sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE)’; lo cual ‘constituye la culminación del sistema de derechos y garantías característico del Estado de Derecho’ (SSTC 294/1994, de 7 de noviembre, FJ 3; 76/1996, de 30 de abril, FJ 7; 179/2003, de 13 de octubre, FJ 3; 312/2006, de 8 de noviembre, FJ 4). Como ha afirmado la sentencia 103/1996, de 11 de junio, FJ 7, la prescripción constitucional de que los ‘tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican’ (art. 106.1 CE) es la ‘auténtica cláusula regia del Estado de Derecho’” (SSTC 52/2014, de 10 de abril, FJ 2; o 63/2021, de 15 de marzo, FJ 3).

B) La jurisprudencia constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre esta concreta dimensión del derecho de acceso a la jurisdicción, como garantía integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, en relación con diversas decisiones judiciales. Entre estas decisiones obstativas de una decisión sobre el fondo cabe ahora destacar, por lo que afecta al presente recurso, las relativas a la presentación extemporánea de las demandas contencioso-administrativas, que han sido objeto de pronunciamiento en diversos supuestos como son los referidos, por ejemplo, a no ponderar la previa presentación en plazo ante un órgano judicial incompetente (SSTC 147/2005, de 6 de junio, FJ 2; 63/2006, de 27 de febrero, FJ 3; 194/2009, de 28 de septiembre, FJ 3;

194/2013, de 2 de diciembre, FFJJ 3 a 8; o 60/2017, de 22 de mayo, FJ 3), en el juzgado de guardia (STC 151/2008, de 17 de noviembre, FFJJ 3 y 4) o antes de las 15:00 horas del día siguiente al del término en aplicación supletoria del art. 135.1 LEC (SSTC 64/2005, de 14 de marzo, FFJJ 2 a 4;

335/2006, de 20 de noviembre, FJ 4; 343/2006, de 11 de diciembre, FJ 4; 348/2006, de 11 de diciembre, FJ 2; 25/2007, de 12 de febrero, FJ 3; o 199/2007, de 24 de septiembre, FJ 3); a no tomar en consideración la interrupción del plazo derivado del ejercicio del derecho a la asistencia jurídica gratuita (SSTC 219/2003, de 15 de diciembre, FJ 4; 148/2007, de 18 de junio, FJ 2; o 141/2011, de 26 de septiembre, FFJJ 4 a 6), que lo impugnado era una desestimación presunta por silencio administrativo (SSTC 72/2008, de 23 de junio, FJ 3; 149/2009, de 17 de junio, FJ 2;

207/2009, de 25 de noviembre, FJ 3; o 52/2014, de 10 de abril, FJ 3), que había existido una duplicidad de notificaciones (STC 133/2009, de 1 de junio, FJ 4), que era el resultado de la desacumulación de demandas requerida por el propio órgano judicial (STC 124/2004, de 19 de julio, FJ 2), o que se había seguido la indicación de recursos del acto a impugnar (STC 274/2006, de 25 de septiembre, FFJJ 2 y 3); o en la determinación del dies a quo del plazo para el ejercicio de la acción de reconocimiento del error judicial del art. 293.1.a) LOPJ (STC 118/2024, de 25 de septiembre, FFJJ 4 y 5).

La jurisprudencia constitucional ha puesto de manifiesto de manera común en estos pronunciamientos, en conexión con que está concernido el derecho de acceso a la jurisdicción para la impugnación de actos de las Administraciones Públicas y el parámetro de control constitucional establecido al efecto, las siguientes consideraciones, resumidas en las citadas SSTC 265/2006, FJ 7; 141/2011, FJ 4; 194/2013, FJ 3; 63/2021, FJ 3; o 118/2024, FJ 4:

(i) Los institutos de la caducidad de la acción y de prescripción constituyen causas legales impeditivas de un pronunciamiento sobre el fondo y, como tales presupuestos procesales establecidos legalmente en aras del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), no vulneran por sí mismos el derecho a la tutela judicial efectiva, como tampoco se deriva ninguna lesión de su correcta aplicación por parte de los órganos judiciales, ya que los plazos en que las acciones deben ejercitarse no se encuentran a disposición de las partes.

(ii) El control del cómputo de los plazos sustantivos y procesales es una cuestión de estricta legalidad ordinaria, cuya interpretación compete a los órganos judiciales y sólo alcanza relevancia constitucional cuando afecte al art. 24.1 CE por haberse realizado de manera manifiestamente errónea, sin razonamiento alguno o con un razonamiento arbitrario o irrazonable y, además, en la medida en que supone cerrar la posibilidad de obtener una primera resolución judicial sobre el fondo, también adquiere relevancia constitucional cuando sea el resultado de una interpretación y aplicación legal que, por su rigorismo, formalismo excesivo o desproporción entre los fines que preservan y la consecuencia de cierre del proceso, se conviertan en un obstáculo injustificado para resolver sobre la pretensión deducida.

C) La jurisprudencia constitucional también ha tenido la posibilidad de pronunciarse sobre la relevancia constitucional que en estas decisiones obstativas de un pronunciamiento sobre el fondo tiene la necesidad de ponderar la correcta notificación del régimen impugnatorio del acto de la administración. A esos efectos, ha declarado que, al establecer el dies a quo para el cómputo del plazo, no cabe omitir considerar la existencia de una normativa expresa que califique la notificación del acto a impugnar como defectuosa, habida cuenta de que no puede calificarse de razonable una interpretación que prime los defectos en la actuación de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido su deber de notificar con todos los requisitos legales y perjudicando paralelamente al particular afectado por el acto administrativo, que no quedó ilustrado de la vía a seguir frente a una resolución que estimaba gravosa como consecuencia de la falta de diligencia o del error de la Administración al realizar una notificación insuficiente sin cumplir los estrictos requisitos que la normativa vigente establece al efecto (así, SSTC 158/2000, de 12 de junio, FJ 6; 179/2003, de 13 de octubre, FJ 4; o 112/2019, de 3 de octubre, FJ 4).

Así se ha afirmado, tanto cuando el defecto consistía en la omisión del régimen impugnatorio (SSTC 158/2000, de 12 de junio, FJ 6; o 112/2019, de 3 de octubre, FJ 4), como cuando incluía solo la referencia a que “dispone de quince días para recurrir contra esta resolución, a partir de la fecha en que le sea notificado”, pero no se precisaba si dicha resolución era o no definitiva en la vía administrativa, ni los recursos que contra la misma procedían, ni el órgano ante el que hubieran de presentarse (STC 25/1982, de 19 de mayo, FJ 4), o se omitía el órgano ante el que hubieran de presentarse los medios impugnatorios indicados en la notificación del acto administrativo (STC 179/2003, de 13 de octubre, FJ 4).

3. La aplicación de la jurisprudencia constitucional al caso A) El Tribunal aprecia, en los términos desarrollados más ampliamente en los antecedentes, que los elementos fácticos más significativos para la resolución del presente recurso son los siguientes:

(i) La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera modificó la relación de puestos de trabajo (RPT), mediante acuerdo de 27 de febrero de 2017, publicado en el BOPC núm. 60, de 30 de marzo de 2017, estableciendo en su punto décimo: “Contra el presente Acuerdo que pone fin a la vía administrativa y contra el texto de la Relación de Puestos de Trabajo cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez de la Frontera, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación”.

La citada Junta, mediante acuerdo de 17 de marzo de 2017, publicado en el BOPC núm.

71, de 18 de abril de 2017, procedió a la corrección de errores materiales advertidos en el anterior acuerdo, que afectaba, entre otros extremos, al régimen de impugnación, de modo que se rectificó el punto décimo del anterior acuerdo, en el sentido de establecer que “Contra el presente Acuerdo que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación o, en su caso, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez de la Frontera, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación”. Esto es, se rectificó de manera completa el punto décimo, que recibió una nueva publicación oficial, para incluir, lo que se había omitido en la redacción a modificar, que también “cabe interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación”.

Todavía hubo un tercer acuerdo de esta Junta de 24 de marzo de 2017, publicado en el BOPC núm. 77, de 26 de abril de 2017, procedió a la corrección de otros errores materiales, que ya no afectaban al régimen impugnatorio.

(ii) La demandante interpuso recurso contencioso-administrativo el 16 de junio de 2017 contra el acuerdo inicial y sus sucesivas correcciones de errores instando, como pretensión principal, la nulidad del acuerdo por defectos de forma en su adopción ante la falta de negociación previa obligatoria en la Mesa General de Negociación; y, como pretensión subsidiaria, la equiparación de su complemento específico con el resto de los funcionarios habilitados estatales.

Esto es, si bien la demanda se interpuso el 16 de junio de 2017, fuera del plazo de dos meses desde la publicación del primer acuerdo, que tuvo lugar el 30 de marzo de 2017; lo hizo dentro de los dos meses desde la publicación del primer acuerdo de corrección en el que se rectificó el régimen de impugnación, que tuvo lugar el 18 de abril de 2017, y de segundo acuerdo de corrección, que tuvo lugar el 26 de abril de 2017.

(iii) La demanda fue desestimada en primera instancia con fundamento en que la impugnación, respecto del primer acuerdo, era extemporánea y, respecto de los dos acuerdos de corrección, no contaba con la necesaria legitimación activa pues “ninguno de los errores rectificados afecta a la plaza que ocupa la recurrente en la RPT del Ayuntamiento”. La sentencia de apelación confirmó la decisión de desestimación, frente al argumento de la demandante de que el plazo de los dos meses debía computarse desde la publicación de la segunda rectificación, con fundamento en que “el acto administrativo original podía ser impugnado desde que se publicó, sin que la corrección de errores, por no afectar al contenido del acto impugnado por la actora, permita ampliar, de forma artificial, el plazo de recurso”.

Por su parte, la sentencia de casación también desestimó el recurso interpuesto contra la sentencia de apelación con fundamento en el siguiente razonamiento: (a) El principio inspirador de la LPACAP es que solo surten efecto las notificaciones y publicaciones de los actos administrativos cuando contienen el texto íntegro del acto, integridad que no es tal si está afectada por defectos atinentes a cualquier de sus requisitos, por lo que la notificación o publicación de las rectificaciones dictadas al amparo del artículo 109.2 de la LPACAP y que sean necesaria por afectar a su integridad material o formal, deben tomarse en consideración a los efectos de los posibles recursos y del cómputo de su plazo de interposición; de modo que el cómputo del plazo para la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra un acto administrativo que, una vez publicado en el correspondiente boletín oficial, es objeto de rectificación de errores, comienza desde la fecha de la publicación de la rectificación de errores, ya que el acto aclarado y el aclaratorio se integran formando una unidad lógico-jurídica que no puede ser impugnada sino en su conjunto a través de los recursos que, en su caso, pudieran interponerse contra la resolución aclarada. (b) Este principio general solo resulta de aplicación en el caso de que la rectificación tenga incidencia en los derechos de los interesados que integran las pretensiones ejercitadas, pero no en el caso contrario. (c) En el supuesto controvertido, la demandante nunca alegó ni cuestionó que las rectificaciones del contenido material del acto afectasen a las reclamaciones sustantivas que planteaba en su recurso incluyendo la modificación del precepto referido al régimen de impugnación de la resolución, que solo afectó a la falta de indicación del recurso de reposición administrativo, que era de carácter potestativo, pero que nunca llegó a ejercitarse tras las rectificaciones.

B) En atención a estos antecedentes y a la jurisprudencia constitucional expuesta, el Tribunal reitera que en esta jurisdicción de amparo y bajo la invocación del art. 24.1 CE no le corresponde efectuar una interpretación de las normas reguladoras de los requisitos procesales para la obtención de una resolución del fondo. La función del Tribunal queda limitada a determinar si, en el caso ahora enjuiciado, la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria realizada en la vía judicial previa, especialmente en la sentencia de casación por ser la que ha fijado la doctrina casacional para resolver, también bajo la invocación del art. 24.1 CE, lo decidido en anteriores instancias, han incurrido en alguno de los defectos de motivación con relevancia constitucional incluidos en el parámetro de control establecido por la jurisprudencia constitucional respecto del derecho de acceso a la jurisdicción.

A esos efectos, el Tribunal constata que, ante el silencio del art. 109.2 LPACAP y de la normativa procesal contencioso-administrativa, la sentencia de casación desarrolla una labor interpretativa de los arts. 39.2, 40.2 y 3 y 45.2 LPACAP para establecer una doctrina casacional respecto del momento en que debe determinarse el dies a quo para el cómputo de los plazos de impugnación administrativa y judicial de un acto administrativo que ha sido objeto de una rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos (FD quinto). La sentencia concluye que, si bien el cómputo del plazo para la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra un acto administrativo que es objeto de rectificación de errores comienza desde la fecha de la publicación de dicha rectificación, eso solo sucederá cuando las previsiones objeto de corrección tengan incidencia en los derechos de los interesados objeto de las pretensiones ejercitadas (FD sexto). A ello añade, ya en el momento de la aplicación de esta interpretación al caso concreto, que la necesidad de que las previsiones corregidas tengan incidencia directa en los derechos del afectado se proyecta también cuando la rectificación afecta a la correcta y completa indicación del régimen de su impugnación administrativa y judicial; siendo esa circunstancia la determinante de que en este caso se desestime el recurso de casación y se confirmen las decisiones adoptadas en anteriores instancias (FD séptimo).

El Tribunal entiende que no es necesario para resolver el presente recurso analizar ni controvertir, desde la perspectiva del art. 24.1 CE, la constitucionalidad de la doctrina casacional fijada en el fundamento de derecho sexto de la sentencia de casación de que solo debe tomarse en consideración, a los efectos de los posibles recursos y del cómputo de su plazo de interposición, la publicación de las rectificaciones dictadas al amparo del artículo 109.2 de la LPACAP, cuando dichas rectificaciones tengan incidencia en los derechos de los interesados, pero no en el caso contrario; y, por tanto, “que el cómputo del plazo para la interposición de recurso contenciosoadministrativo contra un acto administrativo que, una vez publicado en el correspondiente boletín oficial, es objeto de rectificación de errores, comienza desde la fecha de la publicación de la rectificación de errores solo en el caso de que esta afecte al contenido de los derechos que integran las pretensiones ejercitadas”.

Ahora bien, el Tribunal aprecia que la sentencia de casación, al hacer aplicación de esa doctrina casacional al caso concreto y proyectarla sobre un supuesto, como el presente, en el que la rectificación afectaba a la indicación del régimen de impugnación del acto administrativo, confirmando con ello lo decidido en anteriores instancias, no ha respetado las exigencias impuestas por el deber constitucional de motivación del art. 24.1 CE, por las razones siguientes:

(i) La sentencia, para fijar la doctrinal casacional, hace una especial incidencia en que el principio inspirador de la LPACAP es que únicamente surten efectos las notificaciones y publicaciones cuando contienen el texto íntegro del acto y en que “la integridad no es tal si está afectada por defectos atinentes a cualquiera de sus requisitos”. Para llegar a esta conclusión, la sentencia hace un detenido análisis de la normativa administrativa, poniendo especial énfasis en el carácter esencial en la correcta y completa indicación del régimen impugnatorio administrativo y judicial para considerar que el acto administrativo cumple la exigencia de integridad necesaria para que su notificación y publicación surta sus efectos. Concretamente, la sentencia expone que “De acuerdo con el tenor del artículo 45.2 de la LPACAP, a la publicación de un acto se le aplican las exigencias que el artículo 40.2 y 3 establecen para la notificación. Por tanto, toda publicación, además de contener el texto íntegro de la resolución, deberá incluir el requisito referido a `la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente´. Además, la publicación que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiese alguno de los demás requisitos -entre ellos el de la expresión de los recursos a interponer-, surtirán efectos `a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda´” (FD quinto).

Pues bien, resulta en exceso formalista tomar como presupuesto que el principio inspirador de la normativa administrativa es que la indicación correcta y completa del régimen de impugnación administrativo y judicial de un acto administrativo es condición esencial para que su notificación o publicación surta plenos efectos, también respecto de la determinación del momento del computo para su impugnación en caso de rectificación; para, a continuación, dar a ese deber de indicación de los recursos el tratamiento de un mero contenido sustantivo más del acto impugnado y aplicarle la exigencia de que su rectificación debe tener una incidencia en los derechos de los interesados para poder desplazar la fecha del cómputo de su impugnación. En última instancia, si, conforme se sostiene en la resolución impugnada, la indicación del régimen de impugnación administrativo y judicial de un acto administrativo es un elemento esencial para que su publicación surta efectos (art. 45.2, en relación con el art. 40.2 LPACAP), no guarda la debida coherencia y proporcionalidad con ese carácter esencial el considerar que la rectificación de su régimen impugnatorio deba quedar sometida a la valoración y apreciación judicial de que tiene incidencia en alguno de los singulares derechos del interesado que pretenda la impugnación de acto, cuando, por su propia naturaleza, la correcta indicación del régimen impugnatorio es presupuesto para que la publicación de acto surta efectos respecto de la globalidad de su contenido.

La anterior conclusión queda reforzada si se toma en consideración que los arts. 40.2 y 3 LPACAP establecen una diferencia entre el contenido o texto íntegro de la resolución y la indicación de su régimen impugnatorio y que solo respecto de esta última se condiciona la plenitud de efectos de su publicación. En ese contexto normativo, puede no ser controvertible que la rectificación de algún contenido del texto de la resolución no desplace el comienzo del cómputo de la impugnación al momento de la publicación de la rectificación si no se ve afectado ningún derecho del interesado. Sin embargo, aplicar esa interpretación cuando lo rectificado es la indicación del propio régimen de impugnación del acto implica que no se está ponderando que la obligación de la indicación de ese régimen impugnatorio tiene una finalidad propia y autónoma a la del contenido del acto administrativo, que, por su propia naturaleza, no es susceptible de una afectación al ámbito de intereses de los afectados por el contenido del acto, más allá del de ejercer su derecho a impugnarlo.

En definitiva, resulta en exceso formalista que, en los casos de rectificación de un acto administrativo, la necesidad de alegar y acreditar que el contenido rectificado afecta a un singular derecho del interesado para deferir el plazo de su impugnación al momento de la publicación de la corrección se aplique a los supuestos en que dicha rectificación afecta a un requisito esencial condicional de la plenitud de efectos de la publicación del acto administrativo, como es la indicación de su régimen de impugnación administrativo y judicial.

(ii) El Tribunal también entiende necesario tomar en consideración en este caso una circunstancia cuya valoración no fue ponderada en la vía judicial: El punto décimo del acuerdo inicial de modificación de la RPT, en el que debía indicarse el régimen de su impugnación administrativa y judicial, fue íntegramente rectificado y sustituido por su carácter erróneo, al amparo del art. 109.2 LPACAP, por el acuerdo de 17 de marzo de 2017, siendo objeto de publicación el 18 de abril de 2017. Esto es, la indicación del régimen de impugnación del acuerdo inicial de modificación de la RPT publicada el 30 de marzo de 2017, que en la vía judicial se toma como dies a quo para concluir la extemporaneidad de la impugnación de la demandante de fecha 16 de junio de 2017, fue íntegramente sustituido, tanto en la indicación del régimen impugnatorio administrativo, que era el omitido, como del judicial, por una redacción completa y nueva, cuya publicación se produjo el 18 de abril de 2017, determinando que la impugnación de la demandante se verificara antes de finalizar el plazo de dos meses desde dicha publicación.

De ese modo, la Administración Pública, al decidir rectificar el error en la indicación del régimen impugnatorio, que solo a ella era imputable, mediante una nueva publicación completa sustitutoria de la inicial -y no solo mediante la subsanación del régimen impugnatorio administrativo, dejando pervivir la inicial publicación de la indicación del régimen impugnatorio judicial-, generó una razonable expectativa en los interesados, en este caso la demandante, de que la única, válida y eficaz indicación de recursos era la que había sido publicada el 18 de abril de 2017, que establecía que tanto el plazo de un mes para interponer el recurso potestativo de reposición como el de dos meses para interponer el recurso contencioso-administrativo lo eran a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Por tanto, la circunstancia de la completa sustitución del punto décimo de la resolución inicial por otra publicada el 18 de abril de 2017, tanto en lo relativo al régimen impugnatorio administrativo como al judicial, determina que deba considerarse rigorista tomar como dies a quo para el computo del plazo de la interposición del recurso administrativo la fecha inicial de publicación de una previsión cuyo entero contenido fue objeto de una rectificación, debidamente publicada para que pudiera surtir su plenos efectos también respecto la indicación de su régimen impugnatorio.

En conclusión, el Tribunal aprecia que ha vulnerado el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) la desestimación de su recurso contencioso-administrativa interpuesto el 16 de junio de 2017 con fundamento en que se produjo fuera del plazo de dos meses previstos legalmente, que debía computarse desde el 30 de marzo de 2017, fecha de publicación del inicial acuerdo modificativo de la RPT, sin ponderar, conforme a las exigencias del deber constitucional de motivación para las decisiones que afectan al derecho de acceso a la jurisdicción, la circunstancia de que la original indicación del régimen de impugnación administrativo y judicial contenido en el punto décimo de ese inicial acuerdo fue completamente sustituida por una nueva redacción completa en virtud de una rectificación operada al amparo del art. 109.2 LPACAP, publicada el 18 de abril de 2017, y de que la normativa administrativa establece, como requisito de la plenitud de efectos de la publicación de los actos administrativos, la indicación del régimen de su impugnación administrativa y judicial.

C) La declaración expuesta de que se ha vulnerado el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su dimensión del derecho de acceso a la jurisdicción, determina que para el restablecimiento en ese derecho deba declararse la nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas y la retroacción de actuaciones al momento del pronunciamiento de sentencia de instancia para que se dicte otra respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar el recurso de amparo interpuesto por doña María de la Paz Sánchez Manzano y, en su virtud:

1.º Declarar que se ha vulnerado el derecho fundamental de la demandante en amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su dimensión del derecho de acceso a la jurisdicción.

2.º Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Jerez de la Frontera núm. 112-2021, de 13 de mayo de 2021, pronunciada en el procedimiento abreviado núm. 837/2017; la sentencia de la Sección Primera de la Sala Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, de 25 de enero de 2022, pronunciada en el rollo de apelación núm. 833-2021; y la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo núm. 1757- 2024, de 4 de noviembre de 2024, pronunciada en el recurso de casación núm. 3158-2022.

3.º Retrotraer las actuaciones a la primera de las sentencias anuladas para que se pronuncie otra respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.

Publíquese esta sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”.

Dada en Madrid, a diecinueve de octubre de dos mil veintiséis