El TS examina el alcance y efectos de la declaracin de inconstitucionalidad y nulidad efectuada por la STC 182/2021, de determinadas normas relativas al IIVTNU, y su incidencia en la accin de responsabilidad patrimonial del Estado legislador

 18/04/2024
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No ha lugar al recurso interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros desestimatorio de las reclamaciones de indemnizacin por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, en relacin con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -IIVTNU-, reclamaciones derivadas de la declaracin de inconstitucionalidad contenida en la STC 182/2021.

Iustel

Señala el Tribunal que la expulsin del ordenamiento jurdico de determinados preceptos del TRLHL no conduce necesariamente -como pretende el recurrente- a calificar de antijurdico el abono de determinadas cantidades en concepto del IIVTNU o que esas cantidades, por equivalencia, constituyan un daño efectivo desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial. Para llegar a tal conclusin es preciso que se acredite a travs de los medios de prueba establecidos en el ordenamiento tributario que el hecho imponible no se ha producido o que se ha producido en cuanta distinta a la establecida por la Administracin con su mtodo de estimacin objetiva, o que las reglas de clculo aplicadas eran incorrectas.

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Seccin 5.ª

Sentencia 163/2024, de 01 de febrero de 2024

RECURSO DE CASACIN Nm: 55/2023

Ponente Excmo. Sr. WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY

En Madrid, a 1 de febrero de 2024.

Esta Sala ha visto el recurso contencioso-administrativo nmero 55/2023, interpuesto por el procurador D. Jorge Deleito Garca, en nombre y representacin de D. Luis Andrs, bajo la direccin letrada de D.ª Isabel Cnovas Ortiz, contra la resolucin del Consejo de Ministros, de 15 de noviembre de 2022, desestimatoria de las solicitudes de indemnizacin por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, en relacin con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Ha comparecido como demandado el Sr. Abogado del Estado, en la representacin que legalmente ostenta de la Administracin General del Estado.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Wenceslao Francisco Olea Godoy.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representacin procesal de D. Luis Andrs se interpone recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo de 15 de noviembre de 2022 del Consejo de Ministros, recado en el procedimiento sobre indemnizacin por responsabilidad patrimonial del Estado legislador en relacin con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, con Referencia NUM000, y que trae causa en la Sentencia n.º 182/2021 del Tribunal Constitucional de 26 de octubre 2021, el cual fue admitido por la Sala, motivando la reclamacin del expediente administrativo que, una vez recibido, se puso a disposicin del procurador Sr. Deleito Garca, para que, en la representacin que ostenta, formalizase la demanda dentro del plazo de veinte das, lo que verifica con el oportuno escrito presentado el 10 de mazo de 2023 en el que, despus de exponer los hechos y alegar los fundamentos de derecho que estim oportunos, termina suplicando a la Sala: "Que tenga por presentado este escrito y lo admita; tenga por deducida demanda frente al Acuerdo de 15-11-22 dictado por el Consejo de Ministros; y en su da dicte sentencia anulando el Acuerdo recurrido por ser contrario a derecho, reconociendo a esta parte el derecho a ser indemnizados por el importe de 15.965,13 euros ms los intereses pertinentes y con la imposicin de las costas a la Administracin demandada."

SEGUNDO.- Dado traslado del escrito de demanda, la Abogaca del Estado, presenta escrito de contestacin a la demanda, argumentando en contra del planteamiento del recurso, suplicando a la Sala: "que tenga por contestada la demanda deducida en el presente proceso y, previos los trmites legales oportunos, dicte en su da sentencia que desestime el recurso interpuesto, confirme el acto recurrido y condene en costas a la recurrente."

TERCERO.- Por decreto de 19 de abril de 2023 se acuerda fijar la cuanta del presente recurso en la cantidad de 15.965,13 euros. Y no habiendo solicitado ninguna de las partes el recibimiento del recurso a prueba, de conformidad con lo establecido en el artculo 64 de la Ley reguladora de esta Jurisdiccin, se da traslado a las partes para trmite de conclusiones, lo que realizan la representacin procesal del demandante y el Sr. Abogado del Estado con el resultado que puede verse en las actuaciones.

CUARTO.- Declaradas conclusas las actuaciones, quedaron pendientes de señalamiento para votacin y fallo cuando por turno correspondiera, por providencia de 29 de noviembre de 2023 se señala para votacin y fallo la audiencia del da 9 de enero de 2024, en cuyo acto tuvo lugar su celebracin, habindose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del presente recurso contencioso-administrativo.

Se impugna en este recurso el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 15 de noviembre de 2022, identificado con referencia "PL/A/000007/2021 y acumulados (IJ)", en virtud del cual se desestiman cincuenta solicitudes de indemnizacin por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formuladas por los interesados que se citan en el anexo al Acuerdo, con sustento en la Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 182/2021, de 26 de octubre, en relacin con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, entre las que se encuentra la solicitud formulada por D. Luis Andrs, identificada con nmero de expediente NUM000.

En el citado Acuerdo se señala que el principio de responsabilidad patrimonial del Estado legislador en los casos de declaracin de inconstitucionalidad de una ley admite excepciones, con cita de la sentencia nm. 1620/2019, de 21 de noviembre, del Tribunal Supremo, cuando circunstancias singulares, de clara y relevante entidad, podran, como hiptesis no descartable, llegar a explicar y justificar una afirmacin contraria, que aseverara que el perjudicado tuviera el deber de soportar el daño.

Tales circunstancias habran sido apreciadas por el propio Tribunal Constitucional al limitar de forma expresa en la Sentencia n.º 182/2021, de 26 de octubre, el alcance y efectos de la declaracin de inconstitucionalidad, no permitiendo la posibilidad de ser revisada con fundamento en la sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por el impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolucin administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrn tambin la consideracin de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y las autoliquidaciones cuya rectificacin no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha.

Considera el Consejo de Ministros que la voluntad del Tribunal Constitucional es inequvoca en relacin con la posibilidad de proceder a una revisin por la va de resarcimiento econmico que se pretende con la reclamacin de responsabilidad patrimonial.

SEGUNDO.- Alegaciones y pretensiones de la parte actora.

En su escrito de demanda, la parte actora alega -en esencia- la improcedencia de la resolucin recurrida por cuanto en el supuesto controvertido concurran el conjunto de presupuestos legalmente establecidos en relacin con la responsabilidad patrimonial del Estado legislador cuya apreciacin debi conducir al reconocimiento de la indemnizacin instada por la recurrente.

Refiere la demanda que D. Luis Andrs. present una solicitud de indemnizacin por responsabilidad patrimonial del Estado legislador con base en la Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 182/2021, de 26 de octubre, de conformidad con lo previsto en el artculo 32.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Rgimen Jurdico del Sector Pblico (LRJSP).

Esta solicitud se fundamentaba en los siguientes antecedentes, segn se relata en la demanda:

"SEGUNDO.- La Resolucin ahora enjuiciada trae causa en primer lugar de los actos dictados por la Agencia Tributaria Municipal de Madrid, Departamento Gestin Autoliquidacin Transmisiones Intervivos de su Excmo. Ayuntamiento que tras proceder a la revisin de las autoliquidaciones de mi representado, practic nuevas liquidaciones resultando unas cuotas totales a pagar de 14.917.93 € y de 1.016 €, de principal y 31.17 €, y 0.13 € de intereses de demora, respectivamente, y un total de 15.965,13 euros por el concepto IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (IIVTNU); Liquidaciones NUM001 y NUM002 que traan causa de la transmisin de una vivienda y una plaza de garaje sitas en Madrid, formalizada por escritura de fecha 13-10-2015, titularidad de mi mandante en el 50%, adquirida hace ms de 20 años Copia de la citada escritura de compraventa se adjunt con nuestra solicitud como doc. N.º 1 y copias de las liquidaciones que fueron satisfechas en su da, docs. 2 y 3. Todos ellos obrantes en el expediente administrativo.

TERCERO.- Dichas liquidaciones, hoy firmes, fueron impugnadas en el recurso contencioso-administrativo del que conoci el Juzgado n.º 14 de los de Madrid, Procedimiento Abreviado 71/2018, en cuyos autos se dict la sentencia n.º 268/18, de fecha 11-12-2018, hoy firme por no caber recurso alguno contra la misma; sentencia desestimatoria de nuestra demanda que confirm las liquidaciones municipales al rechazar nuestras pretensiones de declaracin de nulidad de las liquidaciones impugnadas por inconstitucionalidad de los arts. 104, 107.1, segundo prrafo, 107.2.a), 107.4 y 110, todos del TRLHL aprobado por Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tal y como consta en los referidos autos 71/2018 en los que el Ayuntamiento de Madrid fue parte demandada.

Obra en el expediente administrativo copia de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de los de Madrid; as copia de nuestra demanda unida a fin de verificar los motivos de nulidad por inconstitucionalidad invocados por esta parte, y acreditar cumplida la exigencia del art 32.4 de la ley 40/2015, 1 octubre, docs. n.º 4 y 5."

Como admite la parte, sus pretensiones fueron desestimadas en la va jurisdiccional.

Con fecha 25 de noviembre de 2021 se public en el BOE la Sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, de 26 de octubre, que estim la cuestin de inconstitucionalidad 4433-2020, promovida por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluca, Ceuta y Melilla, con sede en Mlaga, declarando la inconstitucionalidad y nulidad de los artculos 107.1, segundo prrafo, 107.2 a) y 107.4 del TRLRHL, por contravenir injustificadamente el principio de capacidad econmica como criterio de imposicin consagrado en el artculo 31.1 de la Constitucin, y ello con independencia de que existiera o no incremento de valor de los terrenos en el momento de la transmisin.

Sostiene el actor que la propia resolucin recurrida reconoce que cumple con los requisitos para obtener la indemnizacin pretendida, pero discrepa en la conclusin que alcanza de que la lesin patrimonial no sea indemnizable. Entiende que tiene el derecho a ser indemnizado por el mal funcionamiento del Estado legislador, plasmado en tres sentencias del Tribunal Constitucional, sosteniendo que la ltima de ellas determina su derecho a ser indemnizado con total independencia de si se ha producido un incremento de valor. La limitacin de efectos contenida en STC 182/2021 no alcanza a la responsabilidad patrimonial, debiendo enfatizarse que no nos hallamos ante una revisin del acto tributario, sino un derecho independiente.

El perjuicio sufrido se cifra en la suma de las cuantas abonadas en concepto de IIVTNU.

TERCERO.- Alegacin de la parte demandada.

El Abogado del Estado en su escrito reconoce los hechos en los que funda su pretensin la parte actora, pero considera inviable la estimacin de la pretensin, conforme a doctrina de este Tribunal Supremo (STS de 21 de noviembre de 2019, recurso 89/2019) por concurrir en el caso circunstancias singulares de clara y relevante entidad que justifican que el obligado tributario que pag la liquidacin tiene, en este caso, el deber de soportar dicho impacto patrimonial y no el derecho a resarcirse.

Estas circunstancias singulares son las que caracterizan los presupuestos y pronunciamientos de la STC 2021, particularmente el pasaje de la sentencia que limita drsticamente el alcance de su declaracin de inconstitucionalidad (Fundamento jurdico 6, b). Este pasaje impide revisar las obligaciones tributarias que hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada. Tambin las decididas definitivamente mediante resolucin administrativa firme. Y, finalmente, las obligaciones tributarias abiertas con toda naturalidad a los procedimientos de modificacin o revisin ordinarios (recursos que estn en plazo de interponerse, solicitud de rectificacin de autoliquidaciones igualmente dentro de plazo), pero que no haban sido todava utilizados. Esto es, el obligado que a la fecha de la sentencia no haya emprendido todava alguna de estas iniciativas, ya no puede hacerlo, aun estando en plazo para ello. A juicio del Abogado del Estado, un pronunciamiento como este ltimo no se haba producido nunca.

La razn de este singular pronunciamiento, no contenido en las precedentes sentencias 59/2017, de 11 de mayo, y la STC 126/2019, obedece a que la STC 182/2021 derriba absoluta e incondicionalmente el sistema del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales en lo relativo a la determinacin de la base imponible, lo que comporta la imposibilidad de su liquidacin; y esto, con independencia de que realmente exista un incremento de valor y de la cuanta de ste.

Lo verdaderamente importante es que la declaracin de inconstitucionalidad de la STC 2021 no se basa en las consideraciones concretas relativas al efecto lesivo que la normativa legal produce sobre el obligado. Las sentencias de 2017 y 2019 discernan casos en consideracin al impacto de la liquidacin resultante, y buscaban excluir el efecto confiscatorio all donde ste se produca. La STC 2021 impide radicalmente declarar la obligacin tributaria, tanto cuando esa liquidacin fuera confiscatoria (por no darse incremento de valor o por determinar una deuda tributaria que consumiera en exceso el incremento existente) como cuando no lo fuera; tanto cuando no hubiera incremento como cuando lo hubiera; tanto cuando el incremento "real" fuera inferior al incremento determinado mediante la estimacin objetiva de la base como cuando fuera superior (sin que, por lo dems, la STC 2021 proporcione medio alguno para hacer posible esta comparacin).

La razn de esta limitacin la encuentra el representante de la Administracin en que la decisin adoptada en la sentencia daba lugar a que numerossimos contribuyentes que haban obtenido un real incremento de valor podran beneficiarse de la sentencia de manera contraria a la justicia tributaria, en el caso de que quedaran liberados de todo gravamen.

En definitiva, la drstica limitacin de efectos persigue evitar -en la mayor medida posible- que se alteren situaciones, consolidadas e incluso no consolidadas, en obediencia no solo al principio de seguridad jurdica sino tambin (y sobre todo) al de justicia tributaria y a la interdiccin del enriquecimiento injusto, y esto con referencia a un cambio de criterio del TC respecto de decisiones muy recientes (las STC 2017 y 2019), que haban considerado que el sistema de determinacin de la base imponible poda seguir aplicndose.

El propsito de la STC no fue corregir gravmenes concretamente injustos sino terminar con una regulacin insatisfactoria; no evitar el gravamen donde no hay capacidad econmica -se afirma expresamente que la hay- sino evitar que se hiciera sin la apropiada proporcin.

Es por esto por lo que la STC 2021 limita sus efectos sobre las relaciones tributarias concretas tanto como cree que puede. El caso y el pronunciamiento presentan precisamente estas singularidades, por razn de las cuales no ha lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador.

Se une a lo anterior la inexistencia en estos casos de un "daño efectivo" ya que a partir de la STC de 2021 es indiscernible si ha habido perjuicio y en qu medida.

Concluye el Abogado del Estado señalando que en el presente caso el alcance extremo de las limitaciones de efectos contenidas en la sentencia evidencia la concurrencia de circunstancias singulares que excluyen la accin de responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Si quien pag una liquidacin calculada mediante el sistema objetivo derribado por la STC 2021 estuviera en plazo para impugnarla o para pedir la rectificacin, no podra hacerlo porque la STC 2021 se lo impide expresamente. Es absurdo que, no pudiendo hacer por tal motivo algo tan completamente directo, natural y provisto de amparo legal, s pueda obtener el mismo resultado por la va oblicua de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador.

CUARTO.- Los escritos de conclusiones.

El actor reitera en sus conclusiones las argumentaciones plasmadas en la demanda, y sostiene que la nica razn que se opone de contrario para tratar de justificar la desestimacin de la demanda es la concurrencia en el caso de " circunstancias singulares, de clara y relevante entidad " que justificaran que tenga el deber jurdico de soportar el daño producido por la norma declarada inconstitucional.

Insiste en que no se est ejercitando una accin de revisin limitada por la sentencia del Tribunal Constitucional, sino una accin de responsabilidad patrimonial que no tiene tales lmites. No resulta de aplicacin al caso la jurisprudencia alegada por la parte demandada, habida cuenta, adems, de las singulares caractersticas de la presente reclamacin. La va de reclamacin escogida no puede ser calificada de oblicua, pues es una va compleja y diferente.

El Abogado del Estado en sus conclusiones se remite a su escrito de contestacin a la demanda.

QUINTO.- Las sentencias del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo de 2017, 126/2019, de 31 de octubre de 2019 y la 182/2021, de 26 de octubre de 2021.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la constitucionalidad de determinados preceptos contemplados en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en relacin con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

La primera - Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, relativa a este Impuesto-, declar inconstitucionales y nulos los artculos 107.1, 107.2.a) y 110.4, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, pero nicamente en la medida en que someten a tributacin situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Posteriormente, el Alto Tribunal, en su Sentencia 126/2019, de fecha 31 de octubre de 2019, declar tambin inconstitucional el artculo 107.4 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, respecto de los casos en los que la cuota a satisfacer sea superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente.

Y, finalmente, la Sentencia 182/2021, de fecha 26 de octubre de 2021, que ha venido a declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los artculos 107.1, segundo prrafo, 107.2.a) y 107.4 del mencionado texto refundido, dejando un vaco normativo sobre la determinacin de la base imponible que impide la liquidacin, comprobacin, recaudacin y revisin de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad.

Esta sentencia da respuesta a la cuestin de inconstitucionalidad nm. 4433-2020, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluca, Ceuta y Melilla -sede en Mlaga-, respecto de los arts. 107.1, 107.2 a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por posible vulneracin del art. 31.1 CE.

Los referidos preceptos decan lo siguiente:

"Artculo 107. Base imponible.

1. La base imponible de este impuesto est constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un perodo mximo de 20 años.

A efectos de la determinacin de la base imponible, habr de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artculo, y el porcentaje que corresponda en funcin de lo previsto en su apartado 4.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultar de lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de stos en el momento del devengo ser el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobacin de la citada ponencia, se podr liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidacin definitiva se aplicar el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoracin colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, stos se corregirn aplicando los coeficientes de actualizacin que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de caractersticas especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podr practicar la liquidacin cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

(...)

4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicar el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento, sin que aqul pueda exceder de los lmites siguientes:

a) Perodo de uno hasta cinco años: 3,7.

b) Perodo de hasta 10 años: 3,5.

c) Perodo de hasta 15 años: 3,2.

d) Perodo de hasta 20 años: 3.

Para determinar el porcentaje, se aplicarn las reglas siguientes:

1.ª El incremento de valor de cada operacin gravada por el impuesto se determinar con arreglo al porcentaje anual fijado por el ayuntamiento para el perodo que comprenda el nmero de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo ser el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el nmero de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.

3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operacin concreta conforme a la regla 1.ª y para determinar el nmero de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2.a, slo se considerarn los años completos que integren el perodo de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho perodo.

Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrn ser modificados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado."

En el auto de planteamiento de la cuestin de inconstitucionalidad de 28 de julio de 2020, el rgano judicial proponente, tras precisar los hechos que dieron lugar al planteamiento del recurso de apelacin, subraya que el mtodo de clculo empleado por el legislador para obtener la base imponible del tributo puede dar lugar a cuotas tributarias que supongan una "carga fiscal excesiva" o "exagerada" para el contribuyente en supuestos como el controvertido en el que, aun cuando el importe de la cuota tributaria no resulta superior a la plusvala realmente obtenida con la transmisin, s supone una parte muy significativa de la misma. Esa tributacin podra atentar al principio de capacidad econmica e incurrir en una confiscatoriedad constitucionalmente proscrita ( art. 31.1 CE).

En este sentido afirmaba que en el supuesto enjuiciado la cuota tributaria liquidada no haba consumido la totalidad del importe de la ganancia generada, con lo que no se habra agotado la riqueza imponible, que es lo prohibido por el principio de no confiscatoriedad ( SSTC 150/1990, de 4 de octubre; 14/1998, de 22 de enero; 233/1999, de 16 de diciembre, o 26/2017, de 16 de febrero).

El Tribunal, para analizar la constitucionalidad de los preceptos, se centra en el examen del mtodo estimativo utilizado, de naturaleza objetiva con exclusin de la estimacin directa, en relacin con el incremento del valor gravado en el IIVTNU, y afirma en el fundamento 5, apartado D, lo siguiente:

"D) Ahora bien, para que este mtodo estimativo de la base imponible sea constitucionalmente legtimo por razones de simplificacin en la aplicacin del impuesto o de practicabilidad administrativa, debe (i) bien no erigirse en mtodo nico de determinacin de la base imponible, permitindose legalmente las estimaciones directas del incremento de valor, (ii) bien gravar incrementos medios o presuntos (potenciales); esto es, aquellos que previsiblemente o "presumiblemente se produce[n] con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana" ( SSTC 26/2017, FJ 3; 37/2017, FJ 3; 59/2017, FJ 3; 72/2017, FJ 3, y 126/2019, FJ 3). Esta ltima posibilidad pudo ser cierta con anterioridad a la cada del mercado inmobiliario, pero lo que resulta incontrovertido es que "la crisis econmica ha convertido lo que poda ser un efecto aislado -la inexistencia de incrementos o la generacin de decrementos- en un efecto generalizado" ( STC 59/2017, FJ 3) y, por lo que aqu interesa, ha dado lugar a que tampoco sean excepcionales o "patolgicos" los supuestos en los que el efectivo incremento de valor sea de importe inferior -con frecuencia, incluso, notablemente inferior, como en el supuesto aqu enjuiciado- al incremento calculado ex art. 107 TRLHL. Siendo, pues, que la realidad econmica ha destruido la antes referida presuncin de revalorizacin anual de los terrenos urbanos que oper en la mente del legislador para crear la norma objetiva de valoracin ahora cuestionada, desaparece con ella la razonable aproximacin o conexin que debe existir entre el incremento de valor efectivo y el objetivo o estimativo para que razones de tcnica tributaria justifiquen el sacrificio del principio de capacidad econmica como medida o parmetro del reparto de la carga tributaria en este impuesto. Con lo que la base imponible objetiva o estimativa deja de cuantificar incrementos de valor presuntos, medios o potenciales.

En consecuencia, el mantenimiento del actual sistema objetivo y obligatorio de determinacin de la base imponible, por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis econmica y, por tanto, estar al margen de la capacidad econmica gravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente, vulnera el principio de capacidad econmica como criterio de imposicin ( art. 31.1 CE).

Es ms, cabe añadir que la simplificacin en la aplicacin del IIVTNU desaparece en su actual configuracin, dado que para su gestin ya se recurre al incremento efectivo y a su cuanta. As, la materializacin del incremento de valor del terreno urbano transmitido es condicin sine qua non para el nacimiento de la obligacin tributaria tras la STC 59/2017, FFJJ 3 y 5 a), y su cuanta real es determinante para la inexigibilidad del tributo en los supuestos en los que la cuota tributaria agote o supere el referido incremento efectivo tras la STC 126/2019, FJ 5 a). Por lo que carece ya de sentido exigir obligatoriamente el gravamen en funcin de la cuanta de un incremento objetivo basando su legitimidad constitucional en razones de practicabilidad ante una pretendida dificultad para determinar la existencia y cuanta del incremento del suelo urbano transmitido, cuando esa dificultad forma parte hoy de la mecnica de la aplicacin de este impuesto."

Por todo ello, debe estimarse la presente cuestin de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluca, Ceuta y Melilla -sede en Mlaga- y declarar inconstitucionales y nulos los arts. 107.1, segundo prrafo, 107.2 a) y 107.4 TRLHL por contravenir injustificadamente el principio de capacidad econmica como criterio de la imposicin ( art. 31.1 CE).

Declarada la inconstitucionalidad de estos preceptos, el Tribunal dedica el fundamento 6 de la sentencia al "alcance y efectos de la declaracin de inconstitucionalidad y nulidad" en los trminos siguientes:

"Sobre la presente declaracin de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo prrafo, 107.2 a) y 107.4 TRLHL cabe realizar las siguientes precisiones:

a) Por un lado, la declaracin de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo prrafo, 107.2 a) y 107.4 TRLHL supone su expulsin del ordenamiento jurdico, dejando un vaco normativo sobre la determinacin de la base imponible que impide la liquidacin, comprobacin, recaudacin y revisin de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad. Debe ser ahora el legislador (y no este tribunal) el que, en el ejercicio de su libertad de configuracin normativa, lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el rgimen legal del impuesto para adecuarlo a las exigencias del art. 31.1 CE puestas de manifiesto en todos los pronunciamientos constitucionales sobre los preceptos legales ahora anulados, dado que a fecha de hoy han trascurrido ms de cuatro años desde la publicacin de la STC 59/2017 ("BOE" nm. 142, de 15 de junio). Como ya se record en la STC 126/2019, al tratarse de un impuesto local, corresponde al legislador estatal integrar el principio de reserva de ley en materia tributaria ( arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE) como medio de preservar tanto la unidad del ordenamiento como una bsica igualdad de posicin de los contribuyentes en todo el territorio nacional [ STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 10 c)] y el principio de autonoma local ( arts. 137 y 140 CE), garantizando con ello adicionalmente la suficiencia financiera de las entidades locales exigida por el art. 142 CE.

b) Por otro lado, no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolucin administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrn tambin la consideracin de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificacin no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha."

Mediante el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, se adapt el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la referida sentencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, introduciendo, entre otras normas, una regla de salvaguarda con la finalidad de evitar que la tributacin por este impuesto pudiera en algn caso resultar contraria al principio de capacidad econmica, permitiendo, a instancia del sujeto pasivo, acomodar la carga tributaria al incremento de valor efectivamente obtenido, de manera que el sistema objetivo de determinacin de la base imponible del impuesto se convierte en un sistema optativo, que solo resultar de aplicacin en aquellos casos en los que el sujeto pasivo no haga uso del derecho que ahora tiene reconocido a la estimacin directa del incremento del valor.

Junto a ello, se incorpora en el art. 104.5 el principio de no sujecin al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisin y adquisicin.

SEXTO.- Alcance y efectos de la declaracin de inconstitucionalidad y nulidad efectuada por la STC 182/2021, de 26 de octubre de 2021. Incidencia en la accin de responsabilidad patrimonial del Estado legislador.

En el fundamento anterior hemos recogido lo manifestado por el Tribunal Constitucional sobre el alcance y efectos de la declaracin de inconstitucionalidad de los preceptos reseñados del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Para analizar dicha manifestacin hemos de partir del art. 39 de la LOTC, en relacin con el art. 161.1.a) CE.

El art. 161.1.a) de la CE establece que "[...] la declaracin de inconstitucionalidad de una norma jurdica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectar a sta, si bien la sentencia o sentencias recadas no perdern el valor de cosa juzgada [...]".

Por su parte el art. 39 de la LOTC dispone que "[...] Cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad, declarar igualmente la nulidad de los preceptos impugnados, as como, en su caso, la de aquellos otros de la misma Ley, disposicin o acto con fuerza de Ley a los que deba extenderse por conexin o consecuencia [...]", efecto de nulidad y expulsin del ordenamiento jurdico cuyo alcance, respecto a situaciones en las que hubiera sido aplicada la norma declarada inconstitucional ha venido siendo modulado en numerosas ocasiones por el propio Tribunal Constitucional.

El primer lmite al alcance de la declaracin de inconstitucionalidad efectuada en la STC 182/20201 es el de las situaciones decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, lmite que impone expresamente el art. 40.1 LOTC, al disponer que "[...] Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirn revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicacin de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reduccin de la pena o de la sancin o una exclusin, exencin o limitacin de la responsabilidad [...]". Esta norma ha sido interpretada, entre otras, en la STC 60/2015, de 18 de marzo, pero tambin en la STC 182/2021, de 26 de octubre, como un mnimo, que puede ser ampliado en aras de otros principios constitucionales, señaladamente el de seguridad jurdica ( STC 126/2019, de 31 de octubre). En la STC 60/2015, de 18 de marzo, se afirma la excepcionalidad de la limitacin de los efectos de las sentencias de declaracin de inconstitucionalidad para las situaciones pro futuro, que define como los "[...] nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde an no haya recado una resolucin firme [...]" y en anlogos trminos la STC 126/2019, de 31 de octubre [...]" (FJ 6.ª).

Volviendo a la delimitacin de efectos que ha realizado la STC 182/2021, de 26 de octubre, lo relevante es que esta sentencia equipara, a efecto de intangibilidad, por una parte (i) las situaciones decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, lmite que impone expresamente el art. 40.1 LOTC, as como (ii) las resoluciones administrativas firmes y, finalmente, (iii) las "situaciones consolidadas" segn las denomina la STC 182/2021, en las que se incluyen, a estos exclusivos efectos, (iii, a) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y (iii, b) las autoliquidaciones cuya rectificacin no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha.

Como es de ver ninguna limitacin de efectos se establece respecto al ejercicio de la accin de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, en los trminos establecidos en el art. 32.6, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Rgimen Jurdico del Sector Pblico, que señala que "[...] [l]a sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carcter de norma contraria al Derecho de la Unin Europea producir efectos desde la fecha de su publicacin en el "Boletn Oficial del Estado" o en el "Diario Oficial de la Unin Europea", segn el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa [...]".

Es claro que la STC 182/2021 no ha establecido ninguna limitacin de efectos en relacin con la responsabilidad patrimonial del Estado legislador y es doctrina reiterada de este Tribunal (desde la sentencia del Pleno de la Sala Tercera de 2 de junio de 2010, recurso nm. 588/2008) que no constituye obstculo para ejercitar una accin de responsabilidad patrimonial del Estado por actos del legislador declarados inconstitucionales la circunstancia de que los actos generadores del daño (liquidaciones tributarias, en el caso) sean firmes, ni siquiera si gozan de la eficacia de la cosa juzgada, siempre que tales actos hayan fundamentado la decisin administrativa productora del perjuicio.

Como se dijo en aquella sentencia, ello es as porque las pretensiones que fueron juzgadas, y a las que alcanza la " res iudicata", son distintas de las deducidas en el ejercicio de la accin de responsabilidad patrimonial de Estado legislador. Precisamente ah reside la razn jurdica que conduce a interpretar que lo ordenado en aquellos artculos 161.1.a) CE y 40.1 LOTC a los que antes nos referamos no impide el ejercicio de una accin de responsabilidad patrimonial sustentada en el perjuicio irrogado por la aplicacin en la sentencia dotada de ese valor de cosa juzgada de la ley o norma con fuerza de ley luego declarada contraria a la Constitucin. El bien jurdico cuya proteccin se solicita al deducir esta pretensin est, nadie lo duda, claramente conectado con aqul que se solicit en el proceso no revisable que feneci con esa sentencia, hasta el punto de que uno y otro pueden llegar a guardar una plena relacin de equivalencia o utilidad econmica, que les hara as, aunque slo desde esta perspectiva, intercambiables. Pero no es el mismo bien jurdico; no hay identidad entre uno y otro. En el proceso fenecido lo era el derecho o derechos que a juicio del pretendiente derivaban de una concreta situacin o relacin jurdica. En el nuevo lo es el derecho a ser indemnizado cuando un tercero causa en su patrimonio un perjuicio que no tiene el deber jurdico de soportar. Como tampoco la hay necesariamente entre las partes de uno y otro proceso, entendidas con la extensin con que lo hace el prrafo primero del art. 222.3 LEC, pues en el fenecido slo lo eran y slo podan serlo quienes definan la situacin o integraban la relacin jurdica cuyo contenido o cuyos derechos se ponan en litigio, mientras que en el nuevo lo es el tercero tal vez ajeno a ellas a quien se imputa el daño antijurdico.

En suma, si lo que excluye la cosa juzgada es, tal y como dice el art. 222.1 LEC, un ulterior proceso cuyo objeto sea idntico al del proceso en que aqulla se produjo, no es ese efecto de exclusin el que producen aquellos artculos 161.1.a) CE y 40.1 LOTC para el posterior proceso de reclamacin de responsabilidad, pues no es esa situacin de identidad de objeto la existente entre ste y el anterior.

Mantenemos pues el criterio reiterado en la controvertida jurisprudencia que iniciaron aquellas sentencias de 29 de febrero, 13 de junio y 15 de julio de 2000, que afirma que la accin de responsabilidad patrimonial ejercitada es ajena al mbito de la cosa juzgada derivada de la sentencia que hizo aplicacin de la ley luego declarada inconstitucional, y que dota por tanto de sustantividad propia a dicha accin.

Criterio que es, asimismo, el que mejor se acomoda al que rige la posibilidad de ejercicio de acciones de responsabilidad patrimonial contra los Estados miembros, derivadas de los perjuicios que hubiera podido causar la aplicacin de normas internas no compatibles con el Derecho Comunitario. As, en la sentencia de 30 de septiembre de 2003, dictada por el Pleno del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto Köbler (C-224/2001), se dice en su FJ 39, con una argumentacin que recuerda a la que antes hemos desarrollado, que " Sin embargo, hay que considerar que el reconocimiento del principio de la responsabilidad del Estado derivada de la resolucin de un rgano jurisdiccional que resuelva en ltima instancia no tiene como consecuencia en s cuestionar la fuerza de cosa juzgada de tal resolucin. Un procedimiento destinado a exigir la responsabilidad del Estado no tiene el mismo objeto ni necesariamente las mismas partes que el procedimiento que dio lugar a la resolucin que haya adquirido fuerza de cosa juzgada. En efecto, la parte demandante en una accin de responsabilidad contra el Estado obtiene, si se estiman sus pretensiones, la condena del Estado a reparar el daño sufrido, pero no necesariamente la anulacin de la fuerza de cosa juzgada de la resolucin judicial que haya causado el daño. En todo caso, el principio de la responsabilidad del Estado inherente al ordenamiento jurdico comunitario exige tal reparacin, pero no la revisin de la resolucin judicial que haya causado el daño ".

No obstante lo señalado anteriormente, en el Acuerdo del Consejo de Ministros ahora impugnado, sin excluir la posibilidad del ejercicio de la accin de responsabilidad patrimonial derivada de la declaracin de inconstitucionalidad contenida en la STC 182/2021, toma en consideracin las limitaciones de efectos contenidas en dicha sentencia para valorar la antijuridicidad del daño reclamado por el pago del impuesto, llegando a afirmar que la garanta de la seguridad jurdica como principio esencial del Derecho, recogido en nuestra Constitucin en su artculo 9.3, lleva a considerar que la limitacin de los efectos establecida en esta sentencia por el Tribunal Constitucional se vera conculcada si, de forma subrepticia, a travs de la va de la responsabilidad patrimonial se reabrieran procedimientos administrativos y judiciales firmes, para reconocer el derecho al resarcimiento señalado.

Nos referiremos posteriormente a esta cuestin despus de analizar los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador.

SPTIMO.- La responsabilidad patrimonial del Estado legislador.

La responsabilidad patrimonial del Estado legislador se fundamenta, prima facie, en el art. 9.3.º de nuestra Constitucin, precepto utilizado inicialmente en la jurisprudencia de este Tribunal Supremo para reconocer su exigencia.

Tras haber sido contemplada expresamente en el artculo 139.3 de la Ley 30/1992, ha sido la vigente Ley de Rgimen Jurdico del Sector Pblico de 2015, la que contiene una regulacin precisa del rgimen de esa responsabilidad en los artculos 32 y siguientes.

El art. 32 de la ley 40/2015 establece que:

"1. Los particulares tendrn derecho a ser indemnizados por las Administraciones Pblicas correspondientes, de toda lesin que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesin sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios pblicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurdico de soportar de acuerdo con la Ley. [...]

3. [...] La responsabilidad del Estado legislador podr surgir tambin en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores:

a) Cuando los daños deriven de la aplicacin de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4.

[...]

4. Si la lesin es consecuencia de la aplicacin de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, proceder su indemnizacin cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuacin administrativa que ocasion el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada."

Ha de destacarse cmo la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Rgimen Jurdico del Sector Pblico, introduce en nuestro ordenamiento jurdico la primera regulacin legislativa especfica de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones pblicas por leyes contrarias a Derecho. En efecto, como hemos visto, el precepto distingue entre los casos en que la lesin deriva de una norma con rango de ley declarada inconstitucional y aquellos en los que los daños fueron ocasionados por la aplicacin de una norma contraria al Derecho de la Unin Europea.

En ambos supuestos, para que nazca el deber de indemnizar, deben concurrir los requisitos generales de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones pblicas: a) que la aplicacin de la ley haya ocasionado una lesin que "el particular no tenga el deber jurdico de soportar"; y b) que el daño alegado sea "efectivo, evaluable econmicamente e individualizado con relacin a una persona o grupo de personas".

Tambin respecto de ambos casos, la Ley 40/2015 dispone que [solo] proceder la indemnizacin "cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuacin administrativa que ocasion el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad [o la infraccin del Derecho de la Unin Europea] posteriormente declarada". Es decir, los perjudicados por la aplicacin de la ley posteriormente declarada invlida, que no agotaron todas las instancias judiciales contra dicha aplicacin o no adujeron en ellas la correspondiente inconstitucionalidad o infraccin del ordenamiento jurdico comunitario, no podrn luego exigir el resarcimiento de los daños sufridos.

En cuanto a la antijuricidad del daño, como se señal en nuestra sentencia de 21 de noviembre de 2019, rec. 86/2019, en los casos en que el ttulo de imputacin de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador lo es la posterior declaracin de inconstitucionalidad de la ley o norma con fuerza de ley cuya aplicacin irrog el perjuicio, debe imponerse como regla general o de principio la afirmacin o reconocimiento de la antijuridicidad de ste, pues si tiene su origen en esa actuacin antijurdica de aqul, constatada por dicha declaracin, slo circunstancias singulares, de clara y relevante entidad, podran, como hiptesis no descartable, llegar a explicar y justificar una afirmacin contraria, que aseverara que el perjudicado tuviera el deber jurdico de soportar el daño.

Esa regla general o de principio es, sin duda, la que se desprende con toda evidencia de nuestra jurisprudencia iniciada en las primeras sentencias del año 2000, en donde se señala que no parece necesario abundar en razones explicativas de la antijuridicidad del daño, dado que ste se produjo exclusivamente en virtud de lo dispuesto en un precepto declarado inconstitucional ( STS de 15 de julio de 2000); o que no exista para los recurrentes el deber jurdico de soportar ese perjuicio, puesto que el mismo lo produjo una ley posteriormente declarada inconstitucional ( STS de 9 de mayo de 2008 ).

OCTAVO.- Las circunstancias del caso juzgado puestas en relacin con la declaracin de inconstitucionalidad realizada por la STC 182/2021.

D. Luis Andrs abon las liquidaciones giradas como consecuencia de una revisin de autoliquidaciones por el Ayuntamiento de Madrid por la suma de 14.917,93 euros y 1.016 euros como importe principal y 31,30 euros de intereses de demora, por la transmisin de dos inmuebles de su propiedad (al 50%) desde haca ms de 20 años.

En todos estos casos, la parte recurrente cuestion las liquidaciones tanto en sede administrativa como judicial por considerar que el tributo aplicado (IIVTNU) era inconstitucional por contravenir el principio de capacidad econmica, entre otras alegaciones.

Posteriormente, en el procedimiento judicial, la parte aleg la STC 59/2017, que haba declarado la inconstitucionalidad y nulidad parcial de determinados preceptos del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, donde se encuentra regulado el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Sin embargo, el recurrente en ningn momento aleg que no se hubiera producido un incremento en el valor de los terrenos, sino que, en esencia, los artculos que regulaban el tributo eran completamente inconstitucionales y no exista una base vlida para el clculo del tributo, lo que implicaba necesariamente la nulidad de la resolucin y la restitucin ntegra de los importes. Ninguna prueba, por otra parte, propuso en relacin con tal falta de incremento del valor.

Sobre el alcance de la STC 59/2017 se pronunci nuestra sentencia 1.163/2018, de 9 de julio, considerando, de una parte, que los artculos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretacin que debe darse al fallo y fundamento jurdico 5 de la STC 59/2017, "adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial".

"En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar (...) que la transmisin de la propiedad de los terrenos por cualquier ttulo (o la constitucin o transmisin de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos) no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad econmica susceptible de ser gravada con fundamento en el artculo 31.1 CE ".

De otra parte, entiende esta sentencia que "el artculo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, 'no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicacin de las reglas de valoracin que contiene', o, dicho de otro modo, porque 'impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situacin inexpresiva de capacidad econmica ( SSTC 26/2017, FJ 7, y 37/2017, FJ 5)".

Es, precisamente, esta nulidad total del artculo 110.4 del TRLHL la que, de acuerdo con la sentencia de esta Sala, "posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administracin municipal o, en su caso, ante el rgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicacin de los artculos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL".

En relacin con la prueba de la inexistencia de una plusvala real y efectiva obtenida en la transmisin del terrero, considera la sentencia, en primer lugar, que corresponde "al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido "; en segundo trmino, que para acreditar que no ha existido la plusvala gravada por el IIVTNU "podr el sujeto pasivo ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla" (como es, por ejemplo, la diferencia entre el valor de adquisicin y el de transmisin que se refleja en las correspondientes escrituras pblicas); y, en tercer lugar, en fin, que aportada "por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deber ser la Administracin la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de plusvala".

La parte opt por postular una interpretacin maximalista de la sentencia, que no se compagina ni con lo declarado por la misma ni, tampoco, con lo posteriormente resuelto por esta Sala en la interpretacin de dicha sentencia en pronunciamientos anteriores a la desestimacin de las pretensiones de la parte actora (la ya citada STS 1.163/2018). No slo, pues, no existe actividad probatoria dirigida a acreditar un decremento de valor sino que, de una parte, es claro el incremento del mismo habida cuenta del transcurso de ms de 20 años y de otra, esta ausencia de prueba es parte de la estrategia procesal seguida por el actor y no surge de ninguna limitacin impuesta por parte de los rganos judiciales.

De este modo, podemos afirmar que en el presente caso no se ha vulnerado el principio de capacidad econmica, que es la ratio decidendi tanto de la inconstitucionalidad declarada en la STC 59/2017, como de la declarada en la STC 182/2021, circunstancia que resultar relevante como veremos a la hora de determinar la existencia de la antijuricidad derivada de la declaracin de inconstitucionalidad y de un daño efectivo y cuantificable econmicamente, presupuestos imprescindibles para que la responsabilidad patrimonial pueda ser apreciada.

La STC 182/2021 da un paso ms en relacin con los criterios de determinacin de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, pero no declara la inconstitucionalidad del Impuesto, ni, particularmente, del hecho imponible expresivo de capacidad econmica que lo justifica -el incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto a consecuencia de la transmisin de la propiedad por cualquier ttulo o de la constitucin o transmisin de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos, ex art. 104 del TRLHL-.

Como examinamos en el fundamento quinto de esta sentencia, lo que se cuestion en el proceso constitucional fue el mtodo de clculo empleado por el legislador para obtener la base imponible del tributo, que, utilizado de forma excluyente, poda dar lugar a cuotas tributarias que supusieran una "carga fiscal excesiva" o "exagerada" para el contribuyente. Sin embargo, esa reflexin no le lleva al Tribunal Constitucional a rechazar el mtodo estimativo utilizado, de naturaleza objetiva, basado en los valores catastrales -lo considera constitucionalmente legtimo- sino que lo que considera inconstitucional es la exclusin, como alternativa tambin legtima y necesaria, de la estimacin directa de la base imponible. Tan es as que unos das despus de publicada la sentencia, mediante el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, se adapt a lo señalado en ella el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, introduciendo, entre otras normas, una regla de salvaguarda con la finalidad de evitar que la tributacin por este impuesto pudiera en algn caso resultar contraria al principio de capacidad econmica, permitiendo, a instancia del sujeto pasivo, acomodar la carga tributaria al incremento de valor efectivamente obtenido, de manera que el sistema objetivo de determinacin de la base imponible del impuesto se convierte en un sistema optativo, que solo resultar de aplicacin en aquellos casos en los que el sujeto pasivo no haga uso del derecho que ahora tiene reconocido a la estimacin directa del incremento del valor.

Por este motivo, no se puede afirmar que de la nulidad de los preceptos contrarios a la Constitucin, declarada en la STC 182/2021, emerja imperativamente un daño antijurdico que pueda ser cuantificado por equivalencia a la cantidad satisfecha. El Tribunal Constitucional no considera ilegitimo el impuesto, ni siquiera el mtodo de estimacin objetiva de la base imponible hasta ahora utilizado. Lo que s considera contrario a la Constitucin es la exclusividad de ese mtodo, pero tal exclusividad haba sido ya eliminada por nuestra jurisprudencia al aplicar la doctrina contenida en las SSTC 59/2017, de 11 de mayo de 2017, y 126/2019, de 31 de octubre de 2019, que abrieron la puerta a la posibilidad de utilizar mtodos de estimacin directa de las bases imponibles dirigidos a acreditar la existencia y cuanta de los incrementos o decrementos patrimoniales. En el presente caso, de las propias manifestaciones de la parte actora vino a confirmarse la existencia de un incremento de valor del terreno y, en consecuencia, una manifestacin de riqueza real o potencial cuyo gravamen resulta plenamente compatible con artculo 31.1 CE.

Es cierto que, declarados contrarios al texto constitucional determinados preceptos del TRLHL, la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributacin es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuracin normativa, a partir de la publicacin de la Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el rgimen legal del impuesto, como as se hizo a travs del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, pero de esta atribucin al poder legislativo de la competencia exclusiva para reformar el IIVTNU no puede inferirse que, hasta que el legislador no lleve a cabo semejante tarea, no pueda probarse por el contribuyente -ni, en consecuencia, valorarse por el aplicador del Derecho- la existencia o inexistencia de plusvala real susceptible de ser sometida a imposicin. Ya la propia STC 59/2017 record que corresponda efectivamente al legislador, en su libertad de configuracin normativa, a partir de la publicacin de la Sentencia, llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el rgimen legal del impuesto para que en lo sucesivo dejaran de gravarse situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana contrarias al principio de capacidad econmica, pero ello no significa que para las situaciones existentes y previas a la obligada modificacin legal impuesta por la STC 182/2021 no pueda utilizarse por el contribuyente la base legal que proporciona el ordenamiento tributario para disciplinar la prueba de las bases imponibles, o que se excluya la posibilidad de valoracin por el aplicador del Derecho de la existencia o inexistencia de un incremento de valor del terreno, o de una regla positiva de clculo para cuantificarla.

La expulsin del ordenamiento jurdico de determinados preceptos del TRLHL por la STC 182/2021 no conduce necesariamente -como pretende el recurrente- a calificar de antijurdico el abono de determinadas cantidades en concepto del IIVTNU o que esas cantidades, por equivalencia, constituyan un daño efectivo desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial. Para llegar a tal conclusin es preciso que se acredite a travs de los medios de prueba establecidos en el ordenamiento tributario que el hecho imponible no se ha producido o que se ha producido en cuanta distinta a la establecida por la Administracin con su mtodo de estimacin objetiva, o que las reglas de clculo aplicadas eran incorrectas.

Aunque de una declaracin de inconstitucionalidad puede extraerse la presuncin de la antijuricidad de los daños derivados de los actos de aplicacin, lo cierto es que tal presuncin no es absoluta y puede ser desvirtuada por las circunstancias que concurren en el caso concreto, como aqu acontece. No existe, pues, el automatismo pretendido por la parte actora, que deduce su derecho a la indemnizacin del simple hecho de haber abonado el tributo, obviando la existencia de unos procesos previos en los que se tuvo en cuenta la doctrina constitucional emanada de las SSTC 59/2017, de 11 de mayo de 2017, y 126/2019, de 31 de octubre de 2019, y que facilitaron una prueba del hecho imponible en lnea con lo declarado por la STC 182/2021, sin que se pusiera de manifiesto una realidad patrimonial que sometida a tributacin contraviniera el principio de capacidad econmica. Ningn obstculo se opuso en estos procesos judiciales a la posibilidad de aportar prueba para acreditar una realidad patrimonial gravada contraria a tal principio, siendo la propia decisin de la parte la que dio lugar a la completa ausencia probatoria sobre tal extremo, incapacidad probatoria que se hace ahora extensiva, en este proceso, a la determinacin de la efectividad del daño y a su cuanta, circunstancias que tampoco podemos presumir obviando los resultados de los procesos judiciales previos.

NOVENO.- Conclusiones y costas.

A la vista de lo razonado en los precedentes Fundamentos, procede declarar no haber lugar y desestimar el presente recurso, as como confirmar el Acuerdo impugnado por ser conforme a Derecho.

Y, en consecuencia, conforme a lo previsto en el art. 139 de la LJCA, procede imponer las costas a la parte demandante, al no apreciarse serias dudas de hecho o de derecho que pudieran excluirlas. No obstante, haciendo uso de la facultad de moderacin prevista en el apartado 3 de dicho precepto disponemos que dicha imposicin solo alcance, por todos los conceptos acreditados por la parte demandada, a la cantidad mxima de 4.000 euros, ms el IVA si procediere, a la vista de la ndole del asunto, la cuanta litigiosa y las actuaciones procesales desarrolladas.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitucin, esta Sala ha decidido

Primero.- Declarar no haber lugar y desestimar el recurso contencioso-administrativo nm. 55/2023 interpuesto por la representacin procesal de D. Luis Andrs, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2022, desestimatoria de las solicitudes de indemnizacin por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, en relacin con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Segundo.- Confirmar el Acuerdo del Consejo de Ministros impugnado por ser conforme a Derecho.

Tercero.- Imponer las costas a la parte recurrente en los trminos indicados en el ltimo Fundamento de esta sentencia.

Notifquese esta resolucin a las partes, hacindoles saber que contra la misma no cabe recurso, e insrtese en la coleccin legislativa.

As se acuerda y firma.

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