
Navarra.es 21.09.26
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, ha recibido hoy a las personas integrantes de este renovado Consejo de Transparencia en su primera reunión, celebrada la tarde de este lunes en el Palacio de Navarra. En su saludo, Remírez ha señalado que “esta nueva composición responde a una firme convicción de dotar a este organismo de mayor experiencia, criterio y autonomía en un momento complejo, en el que existe una gran desafección hacia muchas de las instituciones públicas”.
En este sentido, el vicepresidente ha añadido que “una Administración abierta y transparente genera mayor confianza, algo fundamental para cuidar la calidad democrática” y ha agradecido a las nuevas personas integrantes su “disposición y compromiso con esta responsabilidad compartida”.
El cambio más destacado es la sustitución de la presencia de cuatro representantes políticos del Parlamento de Navarra por una persona representante de la Cámara Foral de perfil técnico. Además, la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) pasa a contar con un representante, en lugar de los tres que tenía hasta ahora, con lo que el número total de vocales de esta entidad se reduce de doce a siete.
De este modo, el nuevo Consejo de Transparencia de Navarra queda integrado por una Presidencia, actualmente ejercida por Juan Luis Beltrán, y siete vocalías ocupadas por personal técnico con experiencia en materia de publicidad activa e información pública, a propuesta de designación del departamento del Ejecutivo foral competente en transparencia (en la actualidad, el Departamento de Presidencia e Igualdad), la FNMC, el Consejo de Navarra, la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo de Navarra, la Universidad Púbica de Navarra (UPNA) y el Parlamento de Navarra.
En concreto, los y las vocales designados para esta nueva etapa del Consejo de Transparencia son la directora del Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía del Gobierno de Navarra, Itziar Ayerdi (con la jefa de la sección de Transparencia e Integridad, Julia Fabiana Sireix como suplente); la secretaria general de la FNMC, Berta Enrique (con la técnica Bertha Sánchez como suplente); la letrada mayor del Consejo de Navarra, Pilar Álvarez (suplente, el técnico Rafael Lara); la letrada de la Cámara de Comptos, Gemma Angélica Sánchez (con el secretario general de esta institución, José Contreras, como suplente); el secretario general y asesor técnico del Defensor del Pueblo de Navarra, Carlos Javier Sarasíbar (suplente, la técnica Inés Monreal); el jefe de la sección de Gestión de Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios de la UPNA, Juan Sebastián Grau (suplente, José Antonio Marañón, vicegerente de Régimen Jurídico del PDI y Desarrollo Normativo); y la letrada mayor del Parlamento de Navarra, Silvia Doménech (suplente, el letrado Ignacio Ordoki).
La sesión de hoy ha contado con la participación de Juan Luis Beltrán, Itziar Ayerdi, Gemma Angélica Sánchez, Carlos Javier Sarasíbar, Juan Sebastián Grau y Silvia Doménech.
Otras novedades tras la modificación de la Ley Foral de Transparencia
La nueva composición de este organismo es una de las novedades introducidas en modificación de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Entre los cambios de la nueva Ley Foral 3/2026, aprobada el pasado 23 de marzo, destaca también la incorporación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción como un sujeto obligado más por la ley de transparencia y la aclaración de las funciones de las unidades de información pública, los límites del derecho de acceso y el alcance de las obligaciones de publicidad activa que afectan a las resoluciones de compatibilidad, a las agendas de los altos cargos y a las listas de espera para el acceso a los servicios públicos, habilitándose la posibilidad de presentar denuncias al Consejo de Transparencia de Navarra ante el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.
Se fortalece además el derecho de acceso a la información, clarificando la actuación de los sujetos obligados ante la presencia de datos personales en la información pública solicitada y requiriendo el trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas, con carácter previo a la resolución de la eventual reclamación interpuesta en el ámbito del acceso a la información pública.
Por otra parte, la disposición final primera asigna a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción la gestión del Registro de Grupos de Interés.