En marcha la profesionalización de la dirección pública

La Ley de la Dirección Pública Profesional de la Generalitat comienza a andar. El consejo ejecutivo aprueba su memoria preliminar de acuerdo con un grupo de expertos y asociaciones procedentes de la sociedad civil. El objetivo general de esta iniciativa es impulsar un modelo de dirección pública profesional orientado a la responsabilidad gerencial y el desempeño de objetivos.

Gencat.cat 21.07.25

El Gobierno considera que el espacio político debe definir los objetivos estratégicos y las prioridades mientras que la dirección pública profesional debe gestionar los recursos, los procesos y las actividades para conseguir la consecución de los objetivos eficientemente.

La iniciativa plantea dos niveles de directivos públicos profesionales:

- Primer nivel: direcciones generales, direcciones de servicios y puestos asimilados, a los que se les aplica supletoriamente el régimen de los altos cargos;

- Segundo nivel: puestos directivos de la Generalitat, ocupados por funcionarios de carrera en servicio activo que desempeñan funciones directivas en las subdirecciones generales y puestos de trabajo asimilados.

La nueva normativa debe incluir:

- La definición jurídica de la figura del directivo público profesional.

- Una clasificación clara de los puestos directivos incluyendo las figuras de cargos directivos de directores generales y de puestos directivos ocupados por las personas funcionarias de carrera.

- La implantación de un sistema concreto de selección basado en mérito, capacidad, publicidad e idoneidad, mediante un procedimiento abierto y objetivo.

- La creación de una comisión de calificación independiente, como mecanismo de evaluación imparcial de los candidatos.

- El establecimiento de mandatos temporales limitados en el tiempo vinculados a propuestas de gestión con objetivos cuantificados y calificables.

- La incorporación de sistemas de evaluación periódica del desempeño con impacto en la continuidad y la retribución variable.

- La fijación de un régimen jurídico propio.

- Un régimen transitorio para garantizar la continuidad institucional hasta el despliegue completo del nuevo modelo.

- Consulta pública y negociación política

Se impulsará una consulta pública previa para recoger las aportaciones de la ciudadanía, del personal público afectado y de los agentes sociales, académicos e institucionales.

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