La Junta pone en marcha un portal de licitación electrónica para impulsar la contratación pública

La Junta de Andalucía ha creado el Portal de la Licitación Electrónica para impulsar la contratación pública para reactivar la economía, en una apuesta por la innovación, la agilización de trámites y la simplificación administrativa, según destaca la Consejería de Hacienda, Industria y Energía que ha puesto en marcha esta iniciativa.

Diariosur.es – José Luis Lapiedra – 19.05.20

El departamento que dirige Juan Bravo está desarrollando la Plataforma de Contratación que aloja los perfiles del contratante, el sistema unificado de tramitación electrónica de expedientes de contratación y el Portal de Contratación, como punto unificado de información en esta materia del sector público andaluz. Tras un año de trabajo y para culminar este proceso de implantación de un Sistema integral de contratación electrónica, se ha puesto en funcionamiento este sistema de licitación que gestiona las relaciones electrónicas en materia de contratación y da soporte a la Administración autonómica.

El objetivo de esta herramienta es mejorar el funcionamiento interno de la Administración en el ámbito de la contratación pública y optimizar los canales de relación de la Junta con las empresas y la ciudadanía, lo que contribuirá a una mejor calidad en los servicios públicos, optimizando y racionalizando las gestiones y el gasto público, según informa la Consejería de Hacienda en un comunicado.

El Sistema de Información de relaciones electrónicas en materia de contratación (SiREC) gestiona las relaciones que se mantienen con los operadores económicos, incluida la presentación de ofertas electrónicas en el ámbito de los procedimientos de contratación del sector público andaluz, y garantiza la confidencialidad, integridad y no repudio de las comunicaciones. Este sistema será obligatorio para todos los órganos de contratación de la Junta y su sector público.

Reactivación económica

Esta iniciativa se inserta dentro de las políticas de estímulo a la actividad económica que garanticen una rápida recuperación económica de Andalucía que viene promoviendo el Gobierno andaluz con medidas como esta activación de las licitaciones públicas, que representan en torno al 20% del PIB nacional.

La crisis provocada por el Covid-19 ha generado la necesidad urgente de avanzar en la modernización y la mejora de los procesos de licitación pública en la Administración andaluza, lo que contribuirá a aumentar la concurrencia y la transparencia en los procesos de adjudicaciones de los contratos, beneficiando significativamente al tejido empresarial. Estas medidas reducirán los costes asociados a la gestión de la contratación pública tanto para la Administración, como para las empresas licitadoras, ya que implican agilización de los trámites y simplificación administrativa.

La situación de crisis sanitaria ha supuesto también que la atención presencial a las empresas y ciudadanía por parte de las Administraciones Públicas haya quedado reducida a servicios esenciales, reforzándose la atención telefónica y telemática, ayudando así a mantener el distanciamiento social necesario para contener la enfermedad. Por ello, para reducir la cumplimentación de trámites de manera presencial y evitar la asistencia de empresarios a las oficinas, resulta necesario articular con carácter urgente las medidas precisas que posibiliten, en las actuales circunstancias, la gestión de trámites ante el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, avanzando en la implementación de la tramitación electrónica de los procedimientos.

Para hacer frente a las necesidades de conciliación de la prestación del servicio público y la protección de la salud de la ciudadanía, así como minimizar los riesgos de contagio, se establece la medida que incluye la obligación de relacionarse exclusivamente de manera electrónica en los procedimientos de inscripción, actualización y cancelación en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Además, resulta necesario establecer el carácter indefinido de esta medida a fin de que despliegue sus efectos más allá de la citada situación de emergencia sanitaria para paliar los efectos económicos negativos que la necesaria parálisis de la actividad decretada supondrá en los meses posteriores a la misma y de la necesidad de adoptar medidas que restituyan los servicios afectados con la máxima celeridad.