Levantan la suspensión a las oposiciones de la Administración

El Gobierno canario que preside el PSOE ha dejado sin efecto la suspensión del plazo máximo de resolución de 17 oposiciones convocadas en la Administración regional aprobada por el anterior Ejecutivo de CC después de que el TSJC cuestionara el sistema de acceso utilizado en algunas de ellas.

Canarias7.es 07.08.19

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, quien ha destacado la inquietud que ha generado la decisión adoptada el pasado 19 de julio por el anterior director general de Función Pública entre los más de 15.000 opositores y sus familias afectados por la paralización de unos procesos que están en curso o han finalizado.

Pérez ha precisado que la suspensión seguirá vigente para el proceso selectivo relativo a ingenieros industriales, en el que participan 15 personas que concurren a 14 plazas, que fue el que motivó la decisión adoptada por el Gobierno que presidía Fernando Clavijo, si bien ha aclarado que el nuevo Ejecutivo canario tiene de plazo hasta el 4 de septiembre para recurrir el recurso presentado por uno de los afectados.

El responsable autonómico de Administraciones Públicas ha recalcado que el grueso de los aspirantes afectados por esta suspensión ahora revocada concurren a una plaza de administrativo o auxiliares, puestos que ha considerado "piezas básicas de la Administración".

Pérez ha recalcado que el Gobierno que preside Ángel Víctor Torres ha decidido anular la suspensión de estos procesos selectivos de empleados públicos, que desconocía hasta que fue publicada en el BOC el 31 de julio, por estimar que es la "jurídicamente más correcta" y por "el mandato político que asumió para resolver rápidamente este problema para no perturbar el funcionamientos de la Administración ni causar un desasosiego a los opositores y sus familias".

Se ha tratado de corregir la decisión anterior porque la ley establece que se puede recurrir a la suspensión "cuando para seguir sea indispensable iniciar un proceso judicial", una situación que no es aplicable a este caso.

Julio Pérez ha insistido en la necesidad que tiene Canarias "de cuidar a sus empleados públicos y de esmerarse en su proceso de selección".

A su juicio, el fondo de este asunto no reside en el conflicto judicial planteado en torno al proceso que afecta a los ingenieros industriales, sino a las altas tasas de interinidad que sufren las plantillas de empleados públicos de la comunidad canaria, que conforman unos 60.000 trabajadores.

Pérez ha resaltado que en sectores como el sanitario o el educativo la mitad de las plantillas las sustentan empleados que sufren diferentes situaciones de temporalidad y ha hecho un llamamiento a los sindicatos para trabajar en favor del cumplimiento de los objetivos fijados en el plan de estabilidad diseñado para este colectivo laboral e incluido en la ley de presupuestos, que sitúa por debajo del 8 % la bolsa de interinidad deseable para la Administración canaria.

"Los métodos de acceso a la función pública no pueden disuadir" a quienes quieran optar a una plaza en la Administración, de ahí que la clave resida en determinar en cada caso el peso que ha de tener la experiencia o interinidad previa, ha dicho Pérez.

Además de opinar que "no hay sistemas de selección mejores que otros", el consejero ha recordado que lo único que prohíbe la ley es el concurso público y ha estimado que "no se puede desaprovechar la experiencia de los interinos", de ahí que haya insistido en la necesidad de clarificar en cada proceso "cómo se bareman los méritos".

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