Eldiariomontanes.es 29.11.17
El acuerdo alcanzado con CCOO, CSI-CSIF, UGT y la Federación de Servicios de Educación y Sanidad (FSES) hace posible recuperar esa compensación hasta alcanzar el cien por cien de las retribuciones que correspondan en nuevos supuestos, como es el caso de la hospitalización domiciliaria y la intervención quirúrgica ambulatoria.
El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, y todos los representantes sindicales han rubricado el acuerdo, que será aprobado posteriormente por el Consejo de Gobierno para que entre en vigor el 1 de enero de 2018.
Supone, en opinión del consejero, "llegar al máximo" de lo que el Gobierno de Cantabria puede alcanzar dentro de los límites legales.
Según ha explicado, el acuerdo refleja el compromiso del Gobierno de Cantabria de mejorar la situación de los servicios públicos y recuperar los derechos laborales de sus empleados, tras los recortes efectuados en la etapa de gobierno del PP.
A su juicio, los empleados públicos sufrieron "una profunda agresión en sus derechos, pero también en su imagen y prestigio" y que no se corresponde "a la importante labor que tienen encomendada".
El acuerdo suscrito por unanimidad amplía las situaciones de incapacidad temporal en los supuestos de hospitalización (de día y domiciliaria) y se amplían los supuestos de intervención quirúrgica, como es la ambulatoria, casos en los que los empleados públicos pasarán a cobrar el cien por cien de las retribuciones, como complemento a la prestación reconocida por la Seguridad Social.
Se incluyen los procesos de enfermedades graves de declaración obligatoria, fracturas, enfermedades derivadas del uso de la voz cuando sea indispensable para el desempeño del puesto de trabajo, las derivadas de acoso laboral acreditado, violencia de género, interrupción voluntaria del embarazo, junto a incapacidades temporales derivadas de exploraciones diagnósticas invasivas (endoscopias, colonoscopias, cateterismos y otras de similar entidad).
Tampoco se verán reducidas las retribuciones de los empleados públicos en cuatro días de ausencia al año, siempre que estén motivadas por enfermedad común o accidente no laboral y que no den lugar a incapacidad temporal.
Una vez alcanzado este acuerdo, De la Sierra ha adelantado que el Gobierno y los sindicatos avanzarán la próxima semana en la recuperación de otras demandas laborales de los empleados públicos, y, en concreto, de los derechos sindicales.
Será la primera de las reuniones técnicas para recuperar estos derechos, ya incluidos en una de las disposiciones adicionales del proyecto de Ley de Presupuestos para 2018.
Según informa el Gobierno, el responsable de CCOO, Francisco Javier Báscones, ha declarado que se ha recuperado uno de los derechos pendientes dentro de los muchos suprimidos por la Ley de Sostenibilidad que aprobó el Gobierno cántabro durante la etapa de Ignacio Diego.
Manuel Garay, representante del sindicato CSIF, ha expresado también su satisfacción por este acuerdo, pero ha reclamado al Gobierno de España la derogación del real decreto de 2012 que permite los recortes actuales en los derechos laborales.
El secretario general de la Federación de Empleados Públicos de UGT, Luis Clemente, lo ha calificado de "avance positivo" y ha puesto de manifiesto su aspiración a conseguir una mayor profundidad en el acuerdo e incorporar más supuestos de compensación de la incapacidad temporal.
Por último, la representante de la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad, Rus Trueba, ha apuntado que los recortes en la incapacidad temporal fue una de las medidas que "más puso en entredicho la profesionalidad de los empleados públicos".
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