Eleconomista.es 27.07.17
Entre los objetivos de texto se encuentran reducir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos, además de que se generalizan las declaraciones responsables, con lo que se eliminan trabas burocráticas y administrativas.
Por otra parte, se apuesta por la utilización de medios electrónicos, se reducen plazos de adjudicación, se aumenta la competencia para una mayor participación de pequeñas y medianas empresas y se incentiva que los contratos se dividan en lotes para permitir el acceso de compañías de menor tamaño a la contratación pública.
Además, se recoge la posibilidad de que se exija a la empresa que el periodo de pago a sus proveedores no supere determinados límites y no podrán ser contratistas los condenados por corrupción entre particulares.
DISCAPACIDAD
En la norma se hace referencia también a aspectos medioambientales o sociales, y se podrá favorecer a empresas que acrediten tener medidas de protección de personas con discapacidad.
En concreto, se prevé que puedan reservarse contratos públicos para centros especiales de empleo cuando, al menos, el 30% de sus empleados sean personas con discapacidad.
También se establece la prohibición de contratar con la Administración a empresas con más de 50 empleados que incumplan la obligación de tener en plantilla, al menos, al 2% de trabajadores con discapacidad.
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