El Gobierno no contratará a empresas sancionadas por discriminación de género

El Gobierno de Cantabria quiere dar prioridad a la hora de sus adjudicaciones a las empresas con buenas prácticas en materia de igualdad y no contratará con aquellas que hayan cometido infracciones muy graves por prácticas laborales discriminatorias y hayan sido sancionadas tanto de forma administrativa o por sentencia firme.

Eldiarioalerta.com 06.02.17

Así, al menos, se recoge en el borrador del anteproyecto de Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, al que ha tenido acceso Europa Press en el que se explica que con esta norma se busca <<hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres para lograr una sociedad igualitaria>>.

El anteproyecto se publicará el lunes, 6 de febrero, en el Boletín Oficial de Cantabria, abriendo un periodo de participación pública, y en él se plantean medidas para la promoción de la igualdad de género en la Administración de la comunidad autónoma en diferentes ámbitos y otras dirigidas a incluir este principio en áreas de intervención pública, como la educación, el empleo público y privado, la salud, el bienestar, la cultura, el deporte, la participación social y la política, entre otros.

También con este objetivo se recuperan órganos de participación social en este ámbito, como el Consejo de la Mujer, suprimido en la pasada legislatura por el Gobierno del PP; se crean nuevos órganos de asesoramiento e instrumentos, y se establecen infracciones con sanciones económicas de entre 1.000 y 30.000 euros, y otras accesorias, para aquellos que se salten esta normativa.

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA CONTRATACION PÚBLICA Y EN SUBVENCIONES.

Esta normativa es de aplicación en todo el territorio de Cantabria y, en particular, en todas sus Administraciones Públicas. Uno de los ámbitos en los que se propone actuar es en el de la contratación pública, en el que se establece la posibilidad de que los órganos de contratación de la Administración regional puedan recoger en los pliegos de cláusulas administrativas particulares <<la preferencia>> en la adjudicación de los contratos a las ofertas presentadas por empresas que, <<en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, acrediten buenas prácticas en materia de igualdad>>. Se añade, sin embargo, que esta preferencia existirá <<siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base a la adjudicación>> y respetando lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público.

También se plantea incluir la perspectiva de género como criterio de adjudicación de ayudas o subvenciones a proyectos, a personas o entidades y, si finalmente se mantiene lo que establece el anteproyecto, que tiene 131 artículos, el Gobierno <<no podrá conceder ningún tipo de ayuda o subvención>> a quien haya sido sancionado por discriminación por razón de sexo o por <<alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente>>.