Los empleados públicos tendrán "más flexibilidad" para compatibilizar su trabajo con el de profesor asociado de la Uex

El Consejo de Gobierno del Ejecutivo extremeño ha acordado autorizar la superación de los límites previstos en el artículo 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, para ser profesor universitario asociado en la Universidad de Extremadura, "en el régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada".

Europa Press

Según explica el Gobierno extremeño, esta ley mantiene una serie de "supuestos excepcionales" por los que los empleados públicos pueden compatibilizar su trabajo para la Administración con el ejercicio como profesor universitario asociado, "con dedicación a tiempo parcial y duración determinada, siempre que sus retribuciones, por ambos puestos, no superen determinados límites (los previstos a DG, o determinados porcentajes)".

En la práctica, señala el Ejecutivo, "casi nadie puede acceder a ser profesor asociado de este tipo porque siempre superaban los límites", por lo que el acuerdo aprobado este martes por el Consejo de Gobierno -tal y como establece la propia Ley de Incompatibilidades- "elimina esas restricciones y permite que los empleados públicos tengan más flexibilidad a la hora de poder compatibilizar su trabajo con el de profesor asociado en la Universidad".

CONVENIO DE COLABORACIÓN DE LA CASA DE LA MONEDA

Por otra parte, el Gobierno de Extremadura ha autorizado la suscripción de una adenda al convenio actualmente vigente entre el Ejecutivo regional y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda para la prestación de servicios de certificación de firma electrónica y otros servicios relativos a la Administración electrónica.

Esta adenda está "motivada por la coyuntura económica actual, situación en la que convergen factores que han propiciado llevar a cabo una política de estabilidad presupuestaria", explica el Ejecutivo extremeño.

En este contexto "se estima necesario proceder a una reducción del coste actual de los servicios", de tal forma que, con la modificación del convenio propuesta, el coste anual será de 184.924,93 euros, impuestos no incluidos, lo que implica una reducción neta de 77.976,59 euros.

Asimismo, también se estima "factible aminorar el número anual de certificados de sede electrónica y de sello electrónico", en base a que una de las pretensiones de la normativa de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, es la de "ofrecer un punto único de acceso a los ciudadanos a los trámites que tenga con la Administración".