Interinos y laborales optan a trabajar cuatro días a la semana por los recortes

El Ejecutivo canario detalla las directrices para aplicar la reducción del 20% de horario y sueldo

Laprovincia.es

El personal laboral y los funcionarios interinos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias trabajan desde el 1 de enero ocho horas menos a la semana y pierden una media de 200 euros en sus nóminas mensuales. Además, siempre y cuando las necesidades del servicio lo permitan, este personal podrá solicitar que se condense toda la reducción de su jornada en un solo día de la semana, de forma que pueda cumplir su jornada obligatoria semanal mediante la concentración de la actividad laboral en cuatro días semanales, frente a los cinco actuales.

Así se desvela en la circular de la Dirección General de la Función Pública, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, en la que determina los criterios a aplicar por los centros directivos, tras la aprobación de la reducción del 20% en la jornada de trabajo y en las retribuciones de la plantilla de funcionarios interinos y el personal laboral indefinido y temporal de la administración general. La medida, que afecta en total a 3.300 empleados públicos, quedó recogida en una disposición adicional de los presupuestos del Gobierno regional para este año, aprobados por el Parlamento a fines de diciembre, y con la que se pretende ahorrar 15 millones de euros.

El documento destaca que esta disminución tiene carácter coyuntural durante 2013 y responde a "razones de contención del gasto público y con la finalidad de mantener el empleo público". Precisa que en esta merma salarial y de horas laborales queda excluido el personal de la Administración de Justicia, los docentes no universitarios, los trabajadores funcionarios, laborales y estatutarios de las gerencias y centros del Servicio Canario de Salud y los del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia.

Ahora la responsabilidad de trasladar las directrices recae en las secretarías generales técnicas de cada consejería y organismos autónomos, que están trabajando a contrarreloj para adoptar las medidas que en cada caso procedan y garantizar su aplicación efectiva y el adecuado funcionamiento de los servicios, según fuentes del Ejecutivo autonómico, que indicaron que desde la Dirección General de Función Pública, encabezada por Aarón Afonso, se velará para que no se produzcan "desigualdades ni casos extraños" y los criterios sean lo más homogéneos posible". "No se permitirá nunca que un servicio se deje de prestar", añadieron.

La decisión final sobre lo que afecta a cada uno de los empleados perjudicados no depende de Función Pública, sino de los jefes en cada centro directivo. Con carácter general, el personal laboral afectado y los funcionarios interinos con jornada normal de 37 horas y 30 minutos a la semana pasarán a trabajar 30 horas, con una jornada de seis horas diarias. Mientras, los interinos con jornada especial pasarán de 40 a 32 horas, con un trabajo diario de seis horas y 24 minutos. No obstante, a petición de los interesados en ambos colectivos, y en tareas en los que no se vea afectado el servicio público, podrán acumular sus horas de trabajo en cuatro días (ocho horas cada día). Salvo cuando sea necesario garantizar el funcionamiento de los servicios, la rebaja de las horas laborales debe "compatibilizarse con el derecho de los trabajadores públicos a disfrutar de un horario flexible".

La tijera se meterá en el salario base y en los complementos asignados a la nómina de cada empleado, según CCOO, que apunta que la bajada de sueldo oscilará entre los cerca de 400 euros para un laboral del Grupo 1, que percibe unos 2.000 euros netos; y los 200 euros de pérdida para los del Grupo 5, que cobran cerca de 900 euros.

A tiempo parcial

Por otro lado, los trabajadores a tiempo parcial inferior a 25 horas semanales, en su mayoría vigilantes de comedor, verán reducida su jornada y sueldo en un 10%.

Los sindicatos advirtieron ayer de que, después de las fechas navideñas, cunde la incertidumbre entre los trabajadores por la forma en que se traducirá la resolución aprobada por el pacto CC-PSOE . Tanto el portavoz de IC, Rafael Rodríguez, como el de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Miguel Delgado, anunciaron que sus servicios jurídicos estudian impugnar la decisión por "fallos procedimentales", al estimar que la ley obliga a comunicar individualmente las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y no a través de una carta general a cada departamento.

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