Oportunidad desde la adversidad; por Javier Junceda, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Internacional de Cataluña

El día 6 de junio de 2013, se ha publicado en el diario ABC, un artículo de Javier Junceda, en el cual el autor considera que se impone aprovechar esta particular coyuntura para perfeccionar nuestro modelo de administraciones públicas.

OPORTUNIDAD DESDE LA ADVERSIDAD

Ni la crisis va a perpetuarse sine die, ni parece prudente aguardar a su final sin acometer reformas sustantivas. Lo que en este contexto mejoremos, y cómo lo hagamos, sin duda contribuirá a nuestro fortalecimiento futuro, dependiendo el calendario de salida de la prontitud o demora de tales transformaciones. Se impone, por ello, aprovechar esta particular coyuntura para perfeccionar nuestro modelo de administraciones públicas, uno de los dilemas medulares de esta gran depresión, haciendo de él una oportunidad de crecimiento en lugar del lastre que en ocasiones aparenta a la vista ciudadana.

Los presupuestos ya no permiten sostener el funcionamiento de nuestros sujetos públicos. Ni los ingresos fiscales, ni la financiación externa, son capaces de cubrirlo con garantías. Tampoco desde el marco comunitario se concibe una dimensión de la administración como la que aquí aún conservamos, sino aquella subsidiaria y limitada a la actividad policial como garante de derechos ciudadanos o arbitral en el desenvolvimiento del sistema socioeconómico. Todo apunta, pues, a una administración que pueda ser financiada a través de menos impuestos, con un coste ajustado a sus nuevas tareas, facultando que dichos recursos de las empresas y las familias se destinen a la actividad emprendedora en lugar de a sustentar un oneroso aparato burocrático.

En este escenario, tanto financiero como regulatorio, los cometidos hasta hoy en manos de la administración necesariamente habrán de cursar de forma progresiva a sistemas de gestión diferentes. En el ámbito local, desde hace décadas hemos comprobado cómo se pueden prestar servicios elementales por entes privados, manteniendo los titulares públicos sus competencias de control, supervisión, sanción y fijación de las condiciones técnicas o tarifarias de tales prestaciones. Estas mal llamadas privatizaciones -nótese que la administración retiene aquí las principales potestades, incluida la remoción de los adjudicatarios- han supuesto la subrogación del personal a los entes gestores indirectos, e incluso han originado ingresos adicionales al erario, en forma de cánones o cuotas participativas de sociedades creadas específicamente para la gestión de los servicios.

Por descontado que la erradicación de duplicidades administrativas o la obligada supresión de organismos superfluos y de aquellos que consumen recursos excesivos, resultan desafíos que han de afrontarse para respetar los rigores de la estabilidad presupuestaria, pero no parecen suficientes: el reto consiste en profundizar en el cambio de nuestras administraciones convirtiéndolas en supervisoras y no necesariamente en protagonistas directas de las prestaciones y funciones, ya que este último papel ha devenido insostenible y no logra tampoco encajar en las perspectivas europeas, amén de que la iniciativa privada puede generar aquí el necesario desarrollo que precisamos y el mantenimiento de los puestos de trabajo del sector público, en la actualidad en serio riesgo, convirtiendo a dichos empleados administrativos en emprendedores que puedan resultar adjudicatarios de los servicios por su experiencia en sus funciones y remunerarse directamente de los ciudadanos.

Ojalá, en fin, sepamos concebir oportunidades desde la adversidad. Si lo logramos, habremos sido merecedores del calificativo que Séneca reservaba a los sabios.

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