Informacion.es 05.09.12
El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig introducirá una modificación en la ordenanza de protección de la imagen de la ciudad para prohibir la actividad que ejercen los gorrillas, que tendrán sanciones de hasta 300 euros.
El objetivo de esta modificación es actualizar y mejorar una ordenanza que data del año 1997 para incluir en ella la prohibición de ofrecer el servicio de gorrillas y para sustituir la autorización para la distribución de octavillas en la vía pública por una comunicación previa al Consistorio.
El segundo teniente de alcalde y concejal de Presidencia, José Juan Zaplana, afirmó que se modificará el artículo 32 para incluir la prohibición de esta práctica, que se suma a otras ya contempladas en la normativa municipal como la venta ambulante, la limpieza de parabrisas o la venta de objetos a vehículos en espera en los semáforos, todas ellas con sanciones de 300 euros.
Zaplana señaló que, aunque el servicio de gorrillas "no está generalizado" en el municipio, sí se están registrando casos puntuales "que nos obligan a actualizar la ordenanza para proteger la imagen de la ciudad y evitar las molestias que puedan ocasionar a los conductores".
La modificación de la ordenanza se aprobará en el pleno del próximo lunes y antes de su entrada en vigor se abrirá un periodo de información pública y audiencia de treinta días desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
Con respecto a la distribución de octavillas, la autorización previa de estas en la vía pública se modifica por una comunicación previa al Consistorio y su incumplimiento conllevará una sanción de 200 euros.
El PSOE lamenta el "olvido" en educación
El portavoz municipal del PSOE de San Vicente, Rufino Selva, afirmó ayer que la Generalitat Valenciana ha tenido que rectificar el plan propuesto por el PP para el Rodalet por no incluir el detalle de la zona docente educativa o sanitaria en el Plan de Reforma Interior.
Este nuevo "olvido es reiterativo y evidencia la falta de compromiso del PP en asuntos educativos o sanitarios y la negativa a disponer suelo para la realización de infraestructuras docentes", afirmó Selva, que agregó que esta situación ya pasó en plan urbanístico para el barrio el Tubo, "donde la Conselleria obligó al ayuntamiento a que incluyera una zona educativa".
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