Hacia la fusión no traumática de Ayuntamientos; por Alejandro de Diego Gómez, Secretario de Administración Local con ejercicio en el Ayuntamiento de Avión (Ourense)

Estamos asistiendo últimamente a la revitalización de un asunto antiguo y latente como es la fusión de ayuntamientos para el cual se están dando ideas y acudiendo a fórmulas la mayoría ya superadas.

Introducción.

Estamos asistiendo últimamente a la revitalización de un asunto antiguo y latente como es la fusión de ayuntamientos para el cual se están dando ideas y acudiendo a fórmulas la mayoría ya superadas.

Bajo el paraguas que me dan 30 años de servicio en la Administración Local como Secretario de Habilitación Nacional trato de aportar mi granito de arena a esta situación con lo que creo que podría ser el camino que nos lleve a esa fusión a través de un sistema no traumático, aunque, evidentemente, tampoco voluntario.

Para acotar el tema en sus justos términos debemos conocer cuál es la situación actual del municipalismo español y ver cuáles son las soluciones que se proponen y sus consecuencias, pues la mayoría no son novedosas, ya se han puesto en práctica con el resultado negativo evidente de que seguimos hablando de este tema.

Situación actual.

En España hay 8.116 ayuntamientos de los que sólo 145 cuentan con más de 50.000 habitantes, escasamente el 1,8 %, mientras que 4.874, lo que supone el 60 %, tienen menos de 1.000 habitantes, 1.040 tienen menos de 100 y 3.787 no llegan a 500.

En cuanto a la distribución poblacional podemos distinguir 3 segmentos:

– Alrededor de 21 millones de personas viven en ayuntamientos con más de 75.000 habitantes.

– Otro número similar lo hacen en los comprendidos entre los 5.000 y los 75.000 habitantes.

– Y algo más de 6 millones lo hacen en municipios con una población inferior a 5.000 habitantes.

Es decir, el 13 % de la población vive en el 84 % de los ayuntamientos. Dicho de otra forma: 6 millones de personas viven en 6.825 municipios y los 40 millones restantes lo hacen en 1.291. Lo que deviene en una organización administrativa insostenible.

El Consejo de Europa ha elaborado un estudio sobre el volumen mínimo de población de un municipio para que sus prestaciones no sean gravosas para sus residentes y para que alcancen un nivel óptimo de calidad, considerando que:

– A partir de 10.400 habitantes las finanzas municipales podrían estar saneadas. En España sólo habría 738 ayuntamientos por encima de esa población, el 9 %. ¿Quizás sea esta una de las claves, entre otras, de la actual situación económica de las corporaciones locales?, pues 6.825 de ellas, el 84 % del total, ni siquiera llegan a la mitad de esa cifra, y casi 5.000 no llegan ni al 10 %.

– A partir de 11.600 vecinos podría haber una correcta planificación urbana. Esto nos lleva a una conclusión similar a la premisa anterior, pues menos del 8 % de los ayuntamientos españoles cumplen o superan ese mínimo.

– A partir de 8.200 residentes podrían garantizarse los servicios sociales, pues este límite mínimo no lo alcanzan 7.241 de los 8.116 ayuntamientos, es decir, más del 89 %, ¿y con estos mimbres queremos tener un Estado del bienestar?

Soluciones que se están proponiendo.

Las soluciones que se están proponiendo están basadas en fórmulas de cooperación que son casi tan antiguas como los propios municipios y que han dado lugar a las mancomunidades, consorcios, agrupaciones y otras de similares características.

Las mancomunidades surgieron fundamentalmente en los años 80 y 90, y tenían sentido pues los servicios que se prestaban por los ayuntamientos eran prácticamente inexistentes, por lo que había que empezar de nuevo en casi todos ellos como también pasa hoy con los microayuntamientos que existen por toda España. Pero con el tiempo acabaron sobredimensionadas en sus estructuras y gastos de funcionamiento, sobre todo por carecer de una gestión técnica, pues si bien son administraciones públicas locales en realidad no se trata de otra cosa que de entes prestadores de servicios, pero todas ellas cuentan con una estructura como si fueran gobiernos comarcales. Otra de las razones de su decadencia es que los servicios para cuya prestación se crearon ahora tienen un desarrollo mucho mayor que en sus inicios existiendo otras fórmulas con mejores resultados. Así, principalmente nacieron para la prestación de la recogida de basuras, recaudación municipal y servicios sociales. Sin embargo de la simplicidad de prestación inicial del primero de ellos a la complejidad actual del mismo hizo que sea mucho más económica y efectiva su prestación por las Diputaciones. Igualmente sucede con la recaudación municipal, por lo que, en definitiva, han quedado básicamente para la prestación de servicios sociales pero con una infraestructura y unas cargas, tanto en bienes como en personal como en gasto corriente insostenibles para sus miembros.

Según una encuesta el 81 % de los alcaldes que se oponen a la fusión optarían por la mancomunidad como fórmula para reducir gastos. Pero veamos cómo esto no es así: hace poco 3 alcaldes anunciaron que mancomunaban los servicios de recogida de basura, tratamiento de aguas y alguno más. Para ello los técnicos de la Diputación redactarían el estudio de viabilidad para posteriormente elevarlo a los respectivos técnicos municipales. Pues bien, sólo con esto ya vemos que el ahorro no existe: los técnicos de la Diputación tienen que hacer un estudio que habrá de pasar por tres técnicos municipales, cuando si en lugar de mancomunarse se hubieran fusionado sólo habría uno. Además como mancomunidad tendrán que habilitar una oficina, contratar personal administrativo, comprar un ordenador, instalar un teléfono, etc., es decir, habrá una serie de gastos corrientes y de funcionamiento que hay que afrontar antes de empezar a prestar ningún servicio, cuando si se fusionasen podrían valerse de los equipos, infraestructura y personal del ayuntamiento resultante.

También se está postulando la agrupación para la prestación de servicios, que es similar a una mancomunidad aunque con algún ahorro ya que podría gestionarse desde uno de los ayuntamientos. Pero si esto es así y se pueden prestar los servicios a toda la población que compone la agrupación también podrían fusionarse en uno solo, con lo que no sería necesario contar con una pluralidad de corporaciones, Casas Consistoriales y plantillas de personal, y con el ahorro consiguiente se podrían prestar los servicios, mejorarlos y aumentarlos, suponiendo más beneficios para la población que el mantenimiento de esas infraestructuras municipales improductivas.

Por último está la propuesta del Gobierno de que sean las Diputaciones las que se hagan cargo de los servicios (o su tutela) de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Pero es que en España hay 7.730 ayuntamientos en esas condiciones, el 95 % del total. Además 26 provincias (justo la mitad) no tienen ningún ayuntamiento por encima de ese umbral excepto su respectiva capital provincial. Con esto pasaríamos de un país excesivamente fragmentado a una supremacía de las Diputaciones hasta el punto de que casi en la mitad de España sólo habría 2 “Alcaldes” por provincia, el de la capitalidad y el Presidente de la Diputación. Pero no se elimina ningún ayuntamiento sino que seguiríamos teniendo microayuntamientos que, a pesar de dejar de prestar servicios, seguirán generando gasto corriente e improductivo. Todo ello sin hablar de que quien ejercerá esas competencias municipales será una Corporación no elegida directamente por los ciudadanos.

Propuesta de fusión no traumática de Ayuntamientos.

Mi propuesta parte de la fusión de los pequeños (en algunos casos minúsculos) ayuntamientos para convertirlos en nuevas organizaciones de, como mínimo, 5.000 habitantes, siendo la cifra óptima la de los 8.200 que establece el Consejo de Europa como garantía para la prestación de los servicios sociales y el objetivo ideal la de alcanzar los 10.400 habitantes considerados por el mismo Organismo como mínimos para que las finanzas municipales estén saneadas. Soy consciente de que llegar a esto último es muy complicado, y aunque debe ser el objetivo a alcanzar, con el modelo que propongo acabaríamos contando con un buen número de municipios en torno a los 6.000 – 8.000 habitantes, con una gran generalidad de 5.000 y algunas excepciones para casos muy puntuales donde podrían quedarse en unos 4.000.

¿Y cómo hacemos esas fusiones?, agrupando bajo un mismo ayuntamiento a todos los que se encuentren en unas isócronas de tiempo de entre 15 o 20 minutos con respecto a la capitalidad que se establezca. Para esto habría que tomar como base a las actuales cabeceras de comarca y, aplicando esa ratio de tiempo, establecer el nuevo término municipal, sin ceñirnos a las divisiones comarcales. Una vez hecho esto quedarán núcleos fuera de estas nuevas delimitaciones para los cuales habrá que determinar la capitalidad municipal en función de aquel de mayor población o del que ya cuente con mayor número de servicios o sea susceptible de tenerlos. Y si estudiamos el mapa municipal español podremos ver que no es tan difícil establecer estos nuevos ayuntamientos, pues muchos de los que se encuentran alejados de las cabeceras comarcales o de sus capitalidades provinciales ya cuentan con un buen número de servicios públicos establecidos porque así se lo demandan sus habitantes, y de los que, además, se suelen estar beneficiando los de los municipios colindantes que, en su mayor parte, pasarían a formar parte de este nuevo ayuntamiento.

La población para la formación del nuevo ayuntamiento no la tomaremos del Padrón de Habitantes sino de otro elemento mucho más fiable como es el padrón del IBI de urbana. ¿Por qué?: hay un gran número de servicios, los de mayor coste económico, que no se prestan a los habitantes sino a las viviendas, como recogida de basuras, traída de aguas, alcantarillado, asfaltado de calles, encintando de aceras, alumbrados públicos, extinción de incendios, etc., que los ayuntamientos tienen que prestar haya o no haya empadronados en las respectivas casas. Esto sucede, fundamentalmente, en municipios de segundas residencias tanto veraniegas como de fin de semana o, incluso, en lugares marcados por la emigración.

En cuanto a su configuración física ésta comprenderá todos aquellos núcleos que se encuentren en la ratio de tiempo indicada, poniéndolos en relación con el entorno para que haya una armonía local. Así, el objetivo es conseguir que la población de los nuevos municipios alcance el mínimo de 5.000 habitantes, pero si dentro de esas isócronas de 15 a 20 minutos podemos conseguir algunos mayores tendremos que ir hacia ellos pero sin grandes diferencias. Así supongamos que en una zona geográfica tenemos pueblos que, en su conjunto suponen 15 o 16.000 habitantes, en este caso el objetivo no sería agruparlos en 3 ayuntamientos sino en 2, y preferiblemente de alrededor de 7 u 8.000 habitantes cada uno que no en uno de 10.000 y otro de 6.000. No obstante, y en supuestos absolutamente excepcionales, se estaría a determinadas casuísticas debidamente justificadas en las que podría inclinarse la balanza más hacia uno que hacia otro ayuntamiento por las relaciones históricas, culturales, vecinales o de otro tipo entre los distintos habitantes de unos pueblos con respecto a otros.

Con la fusión que se propone conseguiríamos varios objetivos principales:

Convertir a todos los ayuntamientos en verdaderas administraciones públicas, ¿o alguien cree que los casi 3.800 municipios con menos de 500 habitantes, o los más de 1.000 con menos de 100, tienen realmente esta consideración en la práctica?, la respuesta es que no, son más bien comunidades de vecinos en los que es impensable desarrollar ningún tipo de política de estabilidad presupuestaria o de desarrollo de la normativa de contratos públicos, por poner algunos ejemplos.

Diversificar la profesionalización de la Administración Local, optimizando los puestos de trabajo de forma que, además del personal de oficina, podamos contar con otros profesionales. Hay que tener en cuenta que en estos momentos hay una ingente cantidad de ayuntamientos que no pueden contar con técnicos en materia, por ejemplo, de urbanismo, desarrollo local, servicios sociales, etc. y sus vecinos están condenados a vivir sin poder optar a servicios básicos que sí existen en otros con mayor población, mientras que con la fusión generalizaríamos y aumentaríamos los servicios a que tendría acceso toda la población. Pensemos que la ciudadanía tiene una exigencia ahora que no tenía hace 15 años.

Reducir drásticamente los gastos de prestación de los servicios, ya que no sería necesario crear nuevos organismos con sus correspondientes gastos corrientes y de funcionamiento, sino que estos se prestarían de dos formas distintas:

– Por una parte aquellos servicios individualizables serían prestados por los ayuntamientos, pero garantizando la contención y racionalidad en el gasto.

– Por otro lado, aquellos servicios comunes serían prestados por las Diputaciones. Yo no soy partidario de su supresión sino de la modificación de sus funciones de forma que se conviertan en organismos vertebradores de la Provincia, prestando aquellos servicios comunes como, por ejemplo, la recogida de basuras y tratamiento de residuos, los controles sanitarios del agua potable o de las aguas residuales, el servicio de oficina de supervisión de proyectos prevista en la legislación de contratos, o, incluso, la centralización en ciertos suministros, como el de energía eléctrica, telefónico y otros o instaurar una central de compras, de forma que en todos estos servicios se generará un importante ahorro. A mayores pondrían a disposición de los ayuntamientos los medios técnicos y humanos para optimizar las posibilidades de financiación europea o de otra índole para determinados proyectos o la infraestructura necesaria para la puesta en común entre varios de determinadas iniciativas. Y por último asumirían aquellos servicios y funciones que tengan un marcado carácter provincial y que supongan un valor añadido para esa circunscripción. Para ello sería necesario modificar su estatuto y composición así como la representación política, pues no parece lógico que esté formada por representantes que no han sido elegidos directamente por los ciudadanos, sino que, ante la drástica reducción de ayuntamientos tras la fusión, el Pleno Provincial debería estar formado por todos los Alcaldes, convirtiéndose así en una verdadera entidad de gobierno provincial, pudiendo, incluso, participar con mayor legitimidad en otros foros tanto para las relaciones con la Comunidad Autónoma respectiva como en reuniones sectoriales o con el Estado, pues con 52 participantes tendríamos representados a todos los ayuntamientos del país.

¿Y cómo hacemos estas fusiones para que no resulten traumáticas?

Lo primero que habrá que hacer, a la vez que se realizan los trabajos de campo necesarios para la configuración del nuevo mapa de planta municipal, es establecer el catálogo de servicios básicos que habrán de prestarse desde todos los ayuntamientos para evitar discriminaciones por razón de residencia, como sucede ampliamente en la actualidad.

Una vez establecido ese catálogo entran en juego las Comunidades Autónomas, disponiendo los medios y recursos necesarios para hacer que todos estos servicios se presten desde los ayuntamientos que acabarán siendo las nuevas capitalidades. Además suprimirán cualquier subvención o incentivo para que estos servicios se sigan prestando por aquellos que habrán de ser fusionados de tal forma que sus vecinos acudan a usarlos o disfrutarlos a aquél en el que será su capital municipal. Esta actuación no va a suponer un mayor desembolso por parte de ninguna Comunidad Autónoma, al contrario, ya que en las capitalidades comarcales y en muchos de los ayuntamientos alejados de éstas existen la mayoría de esos servicios, por lo que el esfuerzo que tengan que hacer para completar el catálogo va a ser compensado con el ahorro por la supresión de las subvenciones e incentivos que se están concediendo en la actualidad a los que han de ser fusionados. De lo que se trata es que se comprueben los efectos de la fusión antes de que se realice.

Críticas alrededor de la fusión de Ayuntamientos.

Pérdida de identidad vecinal:

– Hay una parte cada vez más importante de la población que abandona los pequeños ayuntamientos para irse a vivir a otro más grande situado a poca distancia con el objeto de poder disfrutar de servicios y prestaciones que el suyo, por escasez de recursos, no puede darle (no hablo aquí de los movimientos poblaciones en busca de trabajo o nuevas posibilidades sino simplemente de poder tener derecho a una ayuda a domicilio, una guardería, una biblioteca, etc.) Esto está suponiendo la despoblación y abandono de estos diminutos municipios, y la pregunta es ¿alguien considera que esta gente ha perdido su identidad vecinal?, rotundamente no, cada uno se sigue sintiendo de su pueblo, pero por razones que todos entendemos se va a vivir a otro más grande. Pero además es que la población de esos pequeños ayuntamientos suele tener una vinculación muy estrecha con la capitalidad comarcal, entonces ¿por qué no hacer que todos esos ayuntamientos inviables pertenezcan a otro cercano y con el que ya existen multitud de vínculos y lazos y que sea lo suficientemente grande como para que puedan prestar todos estos servicios y por lo tanto puedan seguir viviendo en la casa de su pueblo?, ¿no sería esto un mayor fomento de esa identidad vecinal?.

– Si nos fijamos en Galicia y Asturias, donde los municipios están formados por una pluralidad de núcleos de población, ¿podríamos decir que la gente de todos esos pueblos no tienen identidad local?, pues claro que no, la gente siente su pertenencia a su ayuntamiento pero, fundamentalmente, se sienten de su pueblo y eso lo seguirán siendo independientemente de que haya o no fusión con otros.

Alejamiento del nuevo Ayuntamiento:

– Estamos hablando de que la capital municipal esté en una isócrona de tiempo de 15 a 20 minutos de cualquiera de los núcleos de población que formen el nuevo ayuntamiento, a cambio todos sus vecinos tendrán acceso a unos servicios y prestaciones que ahora no tienen, antes al contrario, para poder acceder a los que puedan hacerlo necesitan desplazarse, en muchos casos, más de ese tiempo. Es decir con la fusión se acercan los servicios a los vecinos.

– Hay una gran cantidad de servicios para los cuales es necesario desplazarse: acudir al despacho de un abogado, un médico, una gestoría, o incluso a determinadas oficinas como Notaría, Registro de la Propiedad, etc., por lo que si a nadie le preocupa tener que desplazarse para esto ¿por qué le va a preocupar tener que hacerlo al ayuntamiento?. Me gustaría que todos hiciéramos una reflexión y pensemos cuántas veces al año acudimos a nuestro ayuntamiento. Seguramente la respuesta general es ninguna o casi ninguna, entonces ¿es necesario mantener un ayuntamiento en cada pueblo por si algún día tenemos que acudir a él o sería mejor dotar a todos esos pueblos de servicios básicos aunque desplacemos su lugar de decisión?, porque no nos engañemos, la gente lo que quiere es que se le presten los servicios y no les importa demasiado quién se los preste.

Despoblación del rural:

Todos aquellos pueblos que ya están abandonados o a punto de serlo lo serán irremediablemente, con fusión, con agrupación o con mancomunidad, pero sin embargo creo que la fusión puede frenar, o por lo menos retardar, la despoblación de otros núcleos que, sin ella, acabarán sufriéndola. Vuelvo a repetir aquí: ¿si mi ayuntamiento me presta los servicios que necesito, por qué me voy a ir a vivir al de al lado, aunque trabaje en él, si mi casa está a menos de 20 minutos de mi trabajo?. ¿Si se van a ver mejorados y aumentados los servicios básicos, igualándolos todos sin discriminación por razón de vecindad por qué esto va a suponer la despoblación del rural?. ¿Por qué no supondrían despoblación otras figuras como las agrupaciones, mancomunidades o la asunción de servicios por parte de las Diputaciones y si la va a suponer la fusión?. Es evidente que son preguntas sin respuesta lógica.

Otras reflexiones en torno a la fusión de Ayuntamientos.

Preexistencia del modelo que se propone:

En primer lugar referirme a la ratio de tiempo de 15 a 20 minutos que propongo para establecer el término municipal. Ya con ocasión de la Revolución Francesa, en 1790 el país vecino estableció los Departamentos que se constituyeron tomando como base el que una persona pudiera dirigirse a ellos, como máximo, en una jornada a caballo. 222 años después sólo cambio la medida de tiempo por otra más razonable.

En cuanto a la existencia de varios núcleos de población pertenecientes al mismo ayuntamiento podría citar varios ejemplos europeos, pero no es necesario salir de España, no en vano todos conocemos la figura de la pedanía que salpica un gran número de ayuntamientos, aunque en unas Comunidades más que en otras, siendo, no obstante, sus máximos exponentes las Comunidades de Galicia y Asturias.

Poniendo como ejemplo el caso gallego, es frecuente que bajo el mismo término municipal confluyan 40, 60 o más pueblos, muchos con mayor población que ayuntamientos existentes en otras regiones donde existen un total de 1.040 con menos de 100 habitantes. Y aún así después de las fusiones necesarias aparecerán en Galicia ayuntamientos con mayor número de entidades de las indicadas y no pasará nada mientras todos ellos estén dentro de esas isócronas de tiempo de 15 a 20 minutos con respecto a su capitalidad. Y si hasta ahora ha funcionado perfectamente aquí no hay ninguna razón para que no funcione igual de bien en el resto del Estado.

Administración electrónica:

Una cuestión íntimamente relacionada con la modernización municipal (y la fusión forma parte de esta modernización) es la administración electrónica. Es fundamental que todo el mundo tenga acceso a su ayuntamiento vía internet con lo que no lo tendríamos ni a 15 ni a 20 minutos sino que estaría en el salón de nuestras casas. Pero su implantación se está ralentizando con la excusa de que la gente mayor tendría dificultades para utilizarla. Pues bien, a algunas empresas que prestan servicios básicos, como telefonía, suministro eléctrico, y otras, no les frenó esta cuestión y hace años que sus relaciones con los clientes son por medios telefónicos o telemáticos y ninguna persona mayor se ha visto impedida de contar con estos servicios. También esa gente mayor es una gran usuaria de la telefonía móvil, a la que no le ha costado tanto adaptarse. E incluso puedo acreditar que una parte importante de ese segmento de población utiliza internet para comunicarse con sus familiares o para mantenerse informados. Si durante el tiempo que se necesita para llevar a cabo las fusiones ponemos interés en desarrollar y expandir la administración electrónica esta no será un problema. Además tenemos que tener mayor visión de futuro, ya que estamos hablando de una configuración municipal que debería durar muchos años, incluso siglos, y pensar que si ahora puede haber gente con problemas de acceso a través de la red llegará un momento, no muy lejano, en que esto no suceda, pues todos nos haremos mayores y será difícil mantener ese argumento.

Repercusiones económicas de este modelo:

Quizás es más importante tener en cuenta los recursos que quedan disponibles para aumentar el número y calidad de los servicios públicos que el ahorro que pueda suponer, pues no son los ayuntamientos los grandes generadores del déficit, aunque acumulan una deuda importante que también quedaría atenuada con la fusión.

Sobre este tema económico, y basándome en el caso gallego, voy a hacer un ejercicio a la inversa: supongamos cualquier ayuntamiento de Galicia de menos de 5.000 habitantes que tenga 36 núcleos de población (lo que no es una gran cantidad), pues bien, desde el punto de vista de la generalidad española no sería 1 ayuntamiento sino 36, con lo que habría 36 Alcaldes y unos 200 Concejales, así como con un mínimo de 7 Secretarios, 36 auxiliares administrativos y un número indeterminado de peones, además de tener que hacer frente a los gastos generales de 36 Casas Consistoriales. Mientras en el supuesto gallego hay un único Alcalde y 10 Concejales, una sola Casa Consistorial, con un importante ahorro en luz, teléfono, internet, papelería, informática, seguros, etc. En cuanto al personal, y al contrario de lo que pudiera parecer, no todas las fusiones acabarán con reducción de personal, sino que habrá necesidades y cualificaciones distintas. A la vista de esto, y teniendo en cuenta que a nivel nacional lo que existen serían esos 36 ayuntamientos en lugar de uno sólo, ¿alguien cree que sería defendible que siguiera existiendo esa pluralidad de municipios en lugar de fusionarse?, ¿qué beneficios podría reportarle a la población seguir como hasta ahora?, ¿podrían tener los vecinos de esos 36 ayuntamientos los mismos servicios que si perteneciesen únicamente a uno?. No hace falta responder.

Modificaciones legales necesarias:

Es evidente que llevar a cabo una fusión obligatoria de ayuntamientos supone en sí mismo una modificación en profundidad de la legislación sobre régimen local, que debería venir después de haber dibujado el nuevo mapa de planta, tras un minucioso estudio de campo, provincia por provincia y caso por caso, pues es una de las formas de conseguir que la fusión no resulte traumática sino que devenga de forma natural.

Otra de las modificaciones que se deben acometer es la del sistema de elección de los representantes municipales, que debería ser de forma directa a través de listas abiertas. Incluso creo que sería bueno que se dividieran los ayuntamientos en Distritos. Con esto conseguiríamos que los vecinos se sientan más representados, pues si bien es imposible que haya un Concejal por cada pueblo fusionado no obstante aquellos que quieran formar parte del nuevo Consistorio deberán ganarse la representatividad de varios de esos núcleos y mantenerla para conseguir, en futuros comicios, la elección o la reelección en el cargo, según los casos.

También deben modificarse las Diputaciones, que deberían estar compuestas por los Alcaldes de la Provincia. Esto no tendría por qué suponer un aumento del número de Diputados pero sí las convertiría en auténticos órganos de gobierno provinciales, vertebradores de este territorio y foco de mayor ahorro en la prestación de determinados servicios. Lo que no tiene sentido es que se conviertan, como se está proponiendo por el Gobierno, en entidades que lleguen a vaciar de competencias a los pequeños (y no tan pequeños) ayuntamientos, cuando lo más lógico sería contar con una red de municipios de cierta entidad, colaboradores con esas Diputaciones.

Todo esto también traería consigo la modificación de las haciendas locales, recogiendo la nueva configuración de los ayuntamientos en cuanto no sólo a la cantidad e intensidad de los servicios a prestar, sino también en cuanto al número de núcleos de población y extensión del término municipal, así como se deje de tomar en consideración la población empadronada para la transferencia de fondos.

Un cambio inaplazable es desechar de una vez por todas la política de subvenciones para la financiación de servicios públicos. ¿Cómo es posible que para la financiación de servicios sociales o de prevención de incendios las Comunidades Autónomas convoquen subvenciones en régimen de concurrencia competitiva?, ¿es que los ayuntamientos deben competir entre ellos en materia de servicios públicos? ¿Por qué sucede esto?, muy sencillo: teniendo en cuenta que con los ayuntamientos grandes las Comunidades sí firman convenios, ello quiere decir que al resto no los consideran auténticas administraciones públicas sino más bien una especie de comunidades de vecinos que deben ser o tuteladas o supervisadas, y la fusión es un muy buen medio para corregir esta situación al surgir ayuntamientos más grandes y por lo tanto con más entidad para poder entablar relaciones de igualdad con el resto de Administraciones Públicas. Hay que tener en cuenta que la financiación de servicios públicos debe ser siempre conveniada para garantizar la permanencia en el tiempo del servicio de que se trate, al contrario de lo que sucede en la actualidad que ningún ayuntamiento sabe si al año siguiente va a poder seguir prestando el servicio y de ser así qué financiación va a tener, con lo que es imposible planificar, lo que supone una actuación contraria a cualquier política de eficacia tanto en la gestión administrativa como en materia económica y presupuestaria.

También debemos modificar el status de los Funcionarios de Habilitación Nacional de forma que se garantice su imparcialidad, ya que, aunque actualmente todos los que pertenecemos a este colectivo tratamos de cumplir con esta premisa a veces lo tenemos muy difícil, por un lado porque una parte importante de nuestras retribuciones están en manos de las Corporaciones y por otro porque la provisión de vacantes está marcada por los baremos específicos y la libre designación en determinados puestos, cuando nunca hubo razones objetivas, ni menos las hay hoy en día, para esto ya que todos, cada uno dentro de su categoría y escala, estamos capacitados para trabajar en cualquier ayuntamiento. Por último, debería darse mayor fuerza a los reparos que podamos poner como órganos de fiscalización y control de legalidad internos, lo que impediría muchos de los casos que después vemos, desagradablemente, en los medios de comunicación.

7. Calendario de las actuaciones a llevar a cabo.

Lo primero es determinar las nuevas capitalidades municipales y a partir de ahí hacer un estudio, minucioso e in situ, del nuevo mapa de planta para su configuración final. A la vez se debería conformar el catálogo de competencias básicas a prestar en todos los nuevos ayuntamientos. Todo esto debería estar en un plazo máximo de 6 meses.

Nueva definición y configuración de las Diputaciones Provinciales, por un lado, y elaboración de las modificaciones legales por otro. Esto debería estar terminado antes de la convocatoria de las próximas Elecciones Municipales, en 2015.

Implantación de la Administración electrónica, alejándonos de esos macroproyectos elaborados por empresas con pocos conocimientos de la Administración en general y de la local en particular, que han hecho que no se utilicen por su complejidad, cuando hoy en día existen aplicaciones desarrolladas por empresas especializadas que son muy fáciles de utilizar y que suponen un coste mucho menor que los anteriores. Esta Administración electrónica debería estar implantada en todos los que van a ser los nuevos ayuntamientos entre finales de 2013 y principios de 2014.

Ajuste de las plantillas municipales. Esto tiene dos vertientes: los funcionarios y laborales con contratos indefinidos o fijos y los laborales temporales. En el primer caso el ajuste será más lento ya que habrá que ir esperando a las jubilaciones para amortizar plazas, en el segundo será más rápido pero también, por una parte, más doloroso ya que supondrá la no renovación de muchos contratos, aunque debe tenerse en cuenta que los ayuntamientos no pueden seguir siendo oficinas de colocación, pero por otra tiene una cara positiva por cuanto los nuevos ayuntamientos van a necesitar otro tipo de trabajadores, más especializados o con cualificaciones distintas, por lo que se abren nuevas perspectivas laborales.

Retrasar la decisión de fusionar ayuntamientos, que entiendo difícil y valiente pero absolutamente necesaria e imprescindible, supondrá retrasar todo el proceso y con ello poner en riesgo la solución final de forma pacífica y asumida, amén de que podría conllevar un retraso hasta la convocatoria electoral de 2019, lo que sería un auténtico lastre para nuestra economía (podríamos empezar a optimizar recursos públicos, sobre todo municipales y autonómicos, ya desde 2013), así como para el desarrollo del municipalismo español y para la universalización de los derechos de todos los españoles con independencia de su lugar de residencia.

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