Otoño clave para los ayuntamientos

La reforma local de Rajoy, que plantea vaciar de competencias los consistorios más pequeños, amenaza con dar un vuelco a la administración local. Los 40 millones que el Principado debe a los municipios tensan todavía más sus delicadas finanzas.

Elcomercio.es 26.08.12

Afrontan los ayuntamientos asturianos un final de año complicado. Por dos razones. Una coyuntural, que tiene que ver con la crisis que lastra las finanzas de todas las administraciones públicas y que en el caso de la local se agrava con esa deuda de casi 40 millones de euros que el Principado todavía no ha solventado -promete hacerlo a partir de septiembre- por la prestación de un amplio ramillete de servicios sociales. La segunda es de corte estructural y gira en torno a la reforma del mapa municipal que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de Mariano Rajoy. Su intención de vaciar de competencias los consistorios de menos de 20.000 habitantes si no cumplen una serie de 'estándares de calidad' todavía por definir ha soliviantado a regidores y concejales, que piensan que se les quiere convertir en cabezas de turco en el debate sobre el modelo territorial español.

Ambas cosas confluyen en un final de 2012 que amenaza con no dar respiro a los municipios. La recesión, lejos de suavizarse, se agrava poco a poco y la vuelta del parón estival está marcada por sombríos augurios de descenso de la recaudación tributaria, menor actividad económica y, por tanto, más paro. Un escenario inquietante para los ayuntamientos en general y para los asturianos en particular, que ven como siguen ejerciendo competencias y prestando servicios que en realidad no les corresponden sin contar con la pertinente financiación. El asunto ha estallado esta semana.

Camina hacia su final el mes de agosto y los ayuntamientos no han recibido todavía ni un euro de los aproximadamente 40 millones -39,6 exactamente- que adeuda el Principado en concepto de cumplimiento de los convenios que otorgan a los concejos el ejercicio de una serie de competencias en el capítulo de servicios sociales -salario social, atención a domicilio...- que por ley corresponden a la comunidad. La demora en el pago de esas cantidades ha llevado a la mayoría de los consistorios a una situación límite, toda vez que sus recursos ordinarios ya están comprometidos en la ejecución de sus políticas habituales. Algunos alcaldes confiesan que la liquidez se agota en septiembre. Otros, muchos, han tenido que solicitar crédito a los bancos en un momento en que los intereses están disparados para poder atender el pago de las nóminas. La situación es acuciante.

El Principado se ha comprometido a buscar una solución urgente. La idea es transferir ese dinero a los ayuntamientos en dos pagos, del 50% cada uno; el primero a partir de septiembre y el resto, antes de que concluya el año. Es verdad que no todos los consistorios cobrarán a la vez. Lo harán en función del orden de firma de los convenios que regulan la prestación de esos servicios sociales. A la par, el Ejecutivo regional ha sacado a concurso las subvenciones para los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, quizá los que más sufren el impacto de la crisis, por importe de 865.000 euros, con el fin de habilitar recursos que aseguren la prestación de los servicios básicos.

Siendo el económico un asunto relevante, la reforma local que ha lanzado el Ejecutivo central es un asunto que tiene más recorrido por su trascendencia. Rajoy propone quitar las competencias a los municipios de menos de 20.000 habitantes si no garantizan que pueden prestar unos servicios de calidad al ciudadano. Competencias que recaerían en las diputaciones o, en el caso de las comunidades uniprovinciales como Asturias, en el Gobierno autonómico. La propuesta, que según el presidente de la Federación Asturiana de Concejos, Antonio de Luis Solar, supondría prácticamente liquidar 71 de los 78 ayuntamientos de la región, ha levantado en armas a los alcaldes. También a los del PP.

Quizá por ello el brío que demostró La Moncloa en la presentación de esta reforma se ha atemperado. El Ejecutivo ha renunciado a impulsar sus planes por decreto y ha abierto una negociación con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que reunirá a su junta de portavoces el día 30 para discutir las alegaciones presentadas por sus organizaciones territoriales. La FACC ha hecho ese trabajo.

Texto de consenso

Todos los grupos políticos representados en la FACC, incluidos los del PP, han pactado un texto conjunto de rechazo a los planes de Rajoy y su equipo económico. Un documento suavizado para poder encajar a los alcaldes populares y que, en la práctica, reclama que esos 'estándares de calidad' a cumplir sean fácilmente asumibles y no desencadenen un terremoto municipal que acabe con la desaparición de un rosario de ayuntamientos, sobre todo los de menos tamaño. Alega la federación, además, que volcar las competencias en el Ejecutivo autonómico obligaría a crear una nueva estructura para su gestión que, lejos de suponer un ahorro económico, acabaría propiciando un incremento del gasto.

Ambos asuntos, la deuda del Principado y la reforma local, se resolverán antes de que termine 2012. El primero tiene más fácil solución y depende de la voluntad y la disponibilidad de recursos del Ejecutivo regional. El segundo, de mayor calado político, augura un debate 'caliente' en las próximas semanas. Los ayuntamientos asturianos se juegan mucho en ambos procesos.

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