MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Se trata de una acción que se aplica como consecuencia de la aprobación del Real Decreto-Ley 12/2012 del Gobierno Central y que se traducirá en 46 millones más para las arcas municipales y de cien en 2013. La modificación, que tendrá efecto desde el 1 de junio, ha salido adelante con los votos en solitario del PP frente a la oposición de UPyD y la abstención de PSOE e IU.
Dicho decreto estatal modifica la regulación del impuesto convirtiendo en voluntaria la reducción del 40 por ciento que, hasta el momento, los municipios tenían que aplicar por imperativo legal. Este impuesto no grava la plusvalía real del terreno (valor de transmisión-valor de adquisición), sino una estimación que la ley hace de la misma a partir del valor catastral del terreno, que se revisa cada diez años.
La cuota depende del valor catastral del suelo que, una vez determinado por la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, es válido durante una década.
Hasta la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, cuando se modificaban los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, la norma obligaba a reducir este valor entre un 40 y un 60 por ciento durante los cinco primeros años de entrada en vigor de los nuevos valores catastrales.
El 1 de enero de 2012, y dado el carácter imperativo de la reducción, el Ayuntamiento de Madrid incorporó a la ordenanza una disposición adicional en la que se estableció una reducción del 40 por ciento como consecuencia de la aprobación de una nueva Ponencia de Valores y en este ejercicio entraban en vigor nuevos valores catastrales en el municipio.
La propuesta consiste en la supresión de la reducción del 40 por ciento para que se tribute por la totalidad del valor catastral del suelo. Esto supone que quien sufre una reducción y tiene menos valor en el momento de la transmisión puede tributar en mayor cuantía.
CRÍTICA DE LA OPOSICIÓN
Por su parte, el portavoz de Hacienda de UPyD, Mariano Palacios, ha defendido el mantenimiento de la bonificación introducida en diciembre y que ahora, cinco meses después, se suprime. Su homólogo en IU, Jorge García Castaño, ha señalado que es una medida "que no es agradable pero es mejor que una subida del IBI".
También ha pedido una modificación "radical" de la Ley de Haciendas Locales para dar más capacidad normativa a los ayuntamientos y, sobre todo, a las grandes ciudades, "para diseñar mejores impuestos con una mayor progresividad y justicia".
A su vez, la socialista Noelia Martínez ha manifestado que no sería tan grave si sólo aumentara este impuesto puntual pero el problema es que, en el cómputo global, el PP "ha subido todos los impuestos que han podido y su palabra ha quedado en entredicho". Por otro lado, la edil ha defendido que con esta modificación se da "un paso en la autonomía municipal".
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