La Ordenanza cívica de Cádiz se resiste

El documento está aún pendiente de su aprobación definitiva por parte del pleno, más de tres años después de que se ultimara el borrador de la norma municipal que regulará la convivencia en la ciudad.

Diario de Cádiz – 23/01/2012

Más de tres años han transcurrido ya desde que la ordenanza municipal de convivencia estuviera terminada, en octubre de 2008. Ese primer borrador pasó por un exhaustivo proceso de revisión por parte de todas las áreas municipales y finalmente se aprobó en pleno, en su fase inicial, a finales del pasado año 2010. Desde entonces, más de un año después y tras un periodo de alegaciones de dos meses, la nueva norma municipal aún no ha pasado por pleno para su aprobación definitiva, aunque según el concejal de Policía Local, el andalucista Carlos Coronado, el texto está ya casi ultimado para que pueda ser aprobado en un corto espacio de tiempo.

En estos momentos se están ultimando las alegaciones, es decir, se está trabajando desde el punto de vista jurídico en determinar cuáles de las numerosas alegaciones presentadas se pueden incorporar al documento y cuáles no.

La presentación pública de la ordenanza levantó un aluvión de críticas, sobre todo por parte de colectivos sociales y relacionados con los derechos humanos, ya que consideraban que se podían estar vulnerando derechos fundamentales como los de reunión, manifestación y libertad de expresión.

La aprobación inicial de la ordenanza motivó a principios de 2011 una serie de movilizaciones convocadas por colectivos sociales, que presentaron alegaciones a la totalidad del documento, pidiendo su retirada.

El documento recoge un amplísimo abanico de asuntos, en realidad todos aquellos que tengan como escenario la vía pública y el espacio común. Algunos de los aspectos que se regulan, como el tratar de poner en marcha mecanismos contra el vandalismo urbano, son aceptados por la mayoría de los ciudadanos, que ven como esta lacra lejos de remitir sigue creciendo, y como ejemplo reciente tenemos el de la rotura de cristales en el centro cívico de Caja de Aguas, aún sin inaugurar. En este asunto, no obstante, a pesar de que la ordenanza contempla sanciones para los vándalos pillados 'in fraganti', la dificultad radicará en determinar la autoría de los hechos, ya que normalmente se producen en horarios en los que no suele haber testigos. Sí es novedosa, dentro de la ordenanza, la propuesta de creación de un capítulo específico dentro de los presupuestos municipales de manera que el dinero que se ingrese por las infracciones relacionadas en la ordenanzas se destine a reparar los daños en el patrimonio público. Otra de las novedades es que cualquier ciudadano podrá presentar denuncias en virtud del nuevo documento, aunque estas denuncias nunca podrán ser anónimas.

También se contempla en el texto la posibilidad de que los menores sancionados por vandalismo paguen sus multas realizando determinados servicios en beneficio de la comunidad, de manera que las infracciones conlleven no solo un castigo económico (que al final pagan sus padres) sino que sirvan de alguna manera para la formación cívica de los jóvenes infractores.

El concejal de Policía Local explica que una vez que se terminen de revisar las alegaciones al documento, el mismo se presentará en Junta de Portavoces y posteriormente, se llevará a pleno para su aprobación definitiva, algo que se prevé que ocurra a corto plazo.

La regulación de la mendicidad en la calle es otro de los asuntos que regula la nueva ordenanza, prohibiéndose en su articulado también actividades como la limpieza de parabrisas en la vía pública o la actividad de los aparcacoches en la calle, actuaciones que se consideran en el texto "formas coactivas de mendicidad".

Además de los trabajos en beneficio de la comunidad en el caso de los menores, la ordenanza contempla también el que las sanciones que se impongan en materia de mendicidad puedan ser sustituidas por sesiones de atención individualizada con los servicios municipales, en las que se informará a las personas afectadas de las posibilidades que ofrecen las instituciones públicas y privadas a la hora de prestarles apoyo y asistencia social.

En el caso del ejercicio de la prostitución en la vía pública, uno de los asuntos más polémicos del texto, se especifíca la prohibición de llevar a cabo relaciones sexuales retribuidas en la calle, especialmente cerca de centros educativos, y se indica que la Policía Local recordará a los infractores que estas prácticas están prohibidas por la ordenanza. En caso de persistir en su actitud y no abandonaran el lugar, estas personas podrán ser denunciadas por desobediencia a la autoridad. Las multas en estos casos podrán llegar hasta los 3.000 euros.

Las sanciones más graves que contempla la ordenanza ascienden a 60.000 euros, cuando esté en juego la integridad física de las personas o la salud pública.

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