El INAP convoca, en colaboración con la Delegación del Gobierno en el País Vasco, una oferta formativa para el aprendizaje y perfeccionamiento del euskera, que tiene como destinatarios a los empleados públicos de la Administración General del Estado destinados en el ámbito territorial del País Vasco.

 

Publicadas las nuevas convocatorias para la Escala de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional en las categorías de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, Secretaría, categoría de entrada y Secretaría-Intervención

 

El 26 de septiembre de 2016, el director del INAP, Manuel Arenilla, y la Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, suscribieron un convenio de colaboración entre ambas instituciones para la cesión de uso de los siguientes servicios del Instituto: el servicio de intercambio de cursos de formación "on line", INAP Social - La Red Social Profesional de la Administración Pública y las colecciones editoriales del INAP "INNAP INNOVA" E "INNAP INSERTA" para su traducción al valenciano.

 

Estamos haciendo un importante esfuerzo para utilizar todas la herramientas que se encuentran a nuestra disposición para el apoyo a la innovación y la distribución del conocimiento en las Administraciones públicas. Para ello, hemos creado una red social cuyas temáticas se centran en aspectos vinculados con la Administración.

 

Las empresas sociales han tenido un importante desarrollo en la producción de bienes y servicios complementando la labor del Estado y el mercado a la hora de satisfacer las necesidades de la población en áreas tan sensibles como: la inserción socio-laboral, la salud, la educación, la producción de alimentos, el apoyo a la tercera edad etc. Nuestra Investigación pretende modelizar los patrones de negocio de las empresas sociales e identificar las variables clave que incentivan la innovación social con el fin de definir nuevos mecanismos de gobernanza en la producción de bienes y servicios públicos.

Protocolo al amparo del Acuerdo firmado en Madrid el 10 de octubre de 1995 entre el Gobierno de la República Francesa y el Gobierno del Reino de España relativo a la construcción y explotación de la sección internacional de una línea ferroviaria de alta velocidad entre Francia y España (vertiente mediterránea), hecho en París el 23 de mayo de 2016 (BOE de 30 de septiembre de 2016). Texto completo.

Decreto 128/2016, de 25 de agosto, por el que se regula la certificación energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG de 29 de septiembre de 2016). Texto completo.

Orden de 28 de julio de 2016, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que se establecen las bases para la concesión, en el corriente ejercicio 2016, de las subvenciones a favor de los Ayuntamientos para la atención a gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz (BOPV de 29 de septiembre de 2016). Texto completo.

 

La Sala desestima el recurso interpuesto contra la resolución del TEAC que denegó al actor la devolución de ingresos indebidos relativos al IRPF e IP. El origen de la solicitud de devolución parte de las declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo que presentó el sujeto pasivo; la Administración tributaria no regularizó ninguno de los ejercicios declarados, dando traslado al Ministerio Fiscal ante la posibilidad de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública, archivándose el procedimiento penal por apreciarse la concurrencia de excusa absolutoria del art. 305 del CP.

 

La sentencia que en estas páginas se comenta declara que los límites de edad para la contratación en el ámbito de los servicios de seguridad del Estado impuestos por la normativa autonómica resultan desproporcionados y contrarios al principio de igualdad de trato. A través de la sentencia Vital Pérez el TJUE no considera justificada una edad máxima de 30 años para acceder al cuerpo de la policía local ni por las exigencias y requerimientos objetivos de la actividad que tiene que desempañarse ni por eventuales circunstancias de política de empleo que podría invocar el Estado interesado (reparto del trabajo entre generaciones, período mínimo de formación para el desempeño de tareas policiales, o reducción de costes).