Publicadas las resoluciones por las que se aprueba la valoración provisional de méritos de la fase de concurso de los aspirantes que han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas para acceso, por promoción interna para personal funcionario y para personal laboral fijo, a los Cuerpos General Administrativo de la Administración del Estado y Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado

Esta oferta formativa quiere dar respuesta a algunas de las principales demandas de los entes locales españoles y de los vecinos de los distintos municipios y provincias. Se continuarán impartiendo los distintos itinerarios formativos que pretenden, en todos los casos, profesionalizar las diversas labores que desarrollan los empleados locales para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

 

Estamos haciendo un importante esfuerzo para utilizar todas la herramientas que se encuentran a nuestra disposición para el apoyo a la innovación y la distribución del conocimiento en las Administraciones públicas. Para ello, hemos creado una red social cuyas temáticas se centran en aspectos vinculados con la Administración.

El INAP, en colaboración con el grupo de empresas de la Fundación ONCE, Ilunion, ha organizado dos jornadas de concienciación que tienen por objeto la experimentación en primera persona de las dificultades de las personas con discapacidad en los diversos ámbitos de la vida y apreciar su capacidad para afrontarlas, su lucha permanente para superar barreras, también culturales, y su decidida apuesta por la vida. Esos principios son esenciales en el trabajo al servicio de los ciudadanos, y mucho más en quienes ejercen o están llamados a ejercer funciones directivas de alto nivel.

 

Con el título "10 años de RSE y Sostenibilidad en Iberoamérica: lecciones aprendidas y desafíos de futuro", el pasado 26 de febrero se presentó en Madrid el décimo "Anuario Corresponsables", un balance anual, elaborado a iniciativa de MediaResponsable y Fundación Corresponsables, de la evolución de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) desde la perspectiva de las empresas y de sus grupos de interés.

 

INAP, 2014
ISBN:
978-84-7351-313-5 (formato papel)
978-84-7351-432-3 (formato electrónico)
340 páginas / 20,00 €

 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que recoge la Oferta de Empleo Público ordinaria de 2015 y un Real Decreto Ley para la Oferta de Empleo Público extraordinaria. En conjunto, ambas ofertas incluirán 11.250 plazas, de las que 7.416 serán para el turno libre y 3.834, para promoción interna. Las 11.250 plazas para 2015 son 8.351 plazas más que en 2014, cuando se convocaron 2.899. En turno libre, las 7.416 nuevas plazas para este año, frente a las 1.211 plazas de 2014, representan un 340 por 100 más. En promoción interna, las 3.834 plazas que se convocan este año, frente a las 1.688 de 2014, suponen un 44,2 por 100 más.

Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los servicios públicos, para el impulso del funcionamiento de la Administración de Justicia y en aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE de 23 de marzo de 2015). Texto completo.

Real Decreto 196/2015, de 22 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2015 (BOE de 23 de marzo de 2015). Texto completo.

Real Decreto 194/2015, de 22 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo Nacional de Policía para el año 2015 (BOE de 23 de marzo de 2015). Texto completo.

Real Decreto 195/2015, de 22 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2015 (BOE de 23 de marzo de 2015). Texto completo.

La Sala acuerda desestimar el recurso interpuesto contra la sentencia que declaró la nulidad de la multa impuesta a la recurrente por la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, ordenando a dicha Comisión que se dictase nueva resolución en la que se impusiera una multa de hasta el 10% del volumen de negocio total de la empresa infractora, por la comisión de la infracción consistente en la fijación de precios o de otras condiciones comerciales o de servicios.