Estatal - Administrativo

Con estimación del recurso interpuesto, el TS reconoce a la actora la condición de trabajadora fija del Ayuntamiento de Madrid, al haber participado en un proceso selectivo de acceso a empleo laboral fijo en el que superó la puntuación mínima exigida aunque no obtuvo plaza porque había otros candidatos con mejor puntuación; posteriormente, suscribió varios contratos de duración determinada con el Ayuntamiento, incluidos dos contratos de interinidad por vacante que se prolongaron durante varios años.

Este asunto versa sobre la alegada vulneración del artículo 8.º del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho al respeto de la vida privada y familiar), en relación con una medida de expulsión administrativa con prohibición de entrada de diez años por razones de seguridad nacional (por actividades relacionadas con terrorismo islámico), que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no estima (no hay violación). Requisitos para realizar la ponderación a nivel interno; actuación correcta de las autoridades internas. Concurrencia de infracción administrativa aun habiendo sido sobreseído respecto de él el proceso penal; elementos para justificar el grado de integración; proporcionalidad.

Estatal - Administrativo

Anula la Sala la penalidad impuesta a la entidad recurrente por no formalizar el contrato de servicios que le fue adjudicado. Declara el Tribunal que en el caso analizado no concurre causa imputable al adjudicatario que justifique la imposición de la penalidad del art. 153.4 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Estatal - Administrativo

Se confirma la sentencia que reconoció a la demandante una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la suspensión de la ejecución de la obra que le fue adjudicada.

Estatal - Administrativo

Se estima el recurso interpuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra la sentencia que declaró conforme a derecho el art. 8 de la Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la que se regula el transporte público discrecional de personas mediante el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC).

Estatal - Administrativo

Con estimación del recurso interpuesto, anula la Sala la resolución que denegó al actor el complemento de maternidad porque ya fue reconocido a la madre, y, no habiendo analizado ninguna otra circunstancia, dicha resolución ha incurrido en una discriminación por razón de sexo.

Unión Europea

Sustancias nocivas emitidas por los cigarrillos con filtro: si una directiva de la Unión destinada a proteger la salud humana se remite a normas internacionales, un particular debe poder consultarlas.

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El TS declara que la doctrina de la Sala tiene establecido que, a los efectos del contenido de la motivación para el control de la discrecionalidad técnica en los procesos selectivos, cuando en las bases se contemple que en la calificación de un ejercicio se desglose la puntuación de cada miembro del tribunal de selección, es necesario incorporar esas calificaciones individuales al expediente del proceso selectivo.

Estatal - Administrativo

Anula la Sala el Acuerdo del Consejo de Ministros que denegó al recurrente el indulto solicitado, pues el informe de conducta a que se refiere el art. 24 de la Ley de Indulto contiene una serie de defectos que privó al órgano decisorio de elementos esenciales para adoptar su decisión.

Estatal - Administrativo

Con estimación en parte del recurso interpuesto, anula el TS el art. 48.2 y la disposición final tercera del Decreto 47/2023, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Organización y Funcionamiento de la Atención Primaria de Salud de la Comunidad de Extremadura, en los incisos que incluyen al personal sanitario del grupo A2 para la provisión de los puestos de dirección de zona y subdirección de zona de salud.

Estatal - Administrativo

Declara el Tribunal que, conforme a lo establecido en el art. 72.2 de la LJCA, la declaración de nulidad de una disposición reglamentaria acordada en sentencia solo despliega plenos efectos una vez que dicha declaración ha adquirido firmeza, salvo que se hubiera acordado su ejecución provisional.

Estatal - Administrativo

Con estimación del recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Sevilla, se declara la conformidad a Derecho de la resolución que denegó a un policía local la solicitud de grado de personal consolidado como policía local de otro Ayuntamiento.

Estatal - Administrativo

Se plantea en el recurso si a efectos del cumplimiento del art. 65.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, en los contratos de transporte sanitario en la Comunidad Autónoma de Canarias es necesario que las empresas cuenten con la autorización administrativa general prevista en la normativa nacional o es suficiente con la normativa singular para cada vehículo que pretende prestar el transporte conforme establece la norma canaria.

Estatal - Administrativo

Se estima en parte el recurso interpuesto y se rebaja la sanción impuesta a la actora en su cuantía máxima por la comisión de una infracción en materia de aguas, habiéndose tenido en cuenta la valoración del daño producido al dominio público-hidráulico.

Unión Europea

Valores de la Unión: Hungría ha infringido el Derecho de la Unión al adoptar una ley que estigmatiza y margina a las personas LGBTI+. El Tribunal de Justicia declara, en particular, por primera vez en un recurso interpuesto contra un Estado miembro, una infracción del artículo 2 TUE, que enuncia los valores en los que se fundamenta la Unión Europea.

Estatal - Administrativo

Declara el TS que en los supuestos de anulación de un período de alta en el RETA y su consiguiente baja de oficio, por la existencia de fraude de ley, cuando conste un pronunciamiento anterior de la jurisdicción social respecto de la sanción anudada a ese período que descarta esa conducta fraudulenta, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo que conozca posteriormente del enjuiciamiento impugnatorio de las resoluciones de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre el alta y baja, deberá, en principio, ajustar su pronunciamiento relativo al carácter no fraudulento del alta en el RETA a la declaración que haya establecido la jurisdicción social en sentencia firme.