Estatal

El Pleno del Tribunal Constitucional, en sentencia cuyo ponente ha sido el magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla, ha desestimado por unanimidad el recurso de amparo interpuesto por los deudores de un préstamo hipotecario contra las resoluciones judiciales que rechazaron, por extemporánea, su pretensión de que se llevase a cabo el control sobre la posible abusividad de la cláusula contractual de vencimiento anticipado en un procedimiento de ejecución hipotecaria seguido a instancias de la entidad bancaria prestamista. La sentencia descarta que las resoluciones impugnadas hayan lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de los demandantes de amparo.

Estatal - Administrativo

Se recurre la sentencia de la AN que confirmó la resolución del TEAC que declaró no haber lugar a la impugnación deducida frente a liquidación de la tasa por gastos y remuneraciones en dirección e inspección de las obras realizadas por el Presidente de ADIF Alta Velocidad.

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Revoca la Sala la sentencia que desestimó el incidente de extensión de efectos de sentencia firme solicitada por el recurrente en materia de procesos selectivos de acceso al empleo público, por no haber recurrido la resolución por la que se anunció la calificación final de la fase de oposición con la relación de aspirantes, con su puntuación y calificación como aptos o no aptos, ni contra la resolución por la que designó funcionarios de carrera.

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Se plantea en el recurso si el cálculo del cupo para personas con discapacidad debe realizarse tomando en consideración todas las plazas recogidas en la correspondiente oferta de empleo público o las previstas en la específica convocatoria que, en ejecución de esa oferta de empleo público, se refiere a plazas a cubrir mediante concurso de méritos.

Estatal - Administrativo

Con desestimación del recurso interpuesto se confirma la denegación al recurrente del reconocimiento en España de efectos profesionales al título de médico especialista en cirugía plástica, estética y reparadora.

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Se plantea en el recurso si los funcionarios interinos pueden ser nombrados instructores y secretarios en los expedientes sancionadores tramitados por la Administración y, en su caso, si pueden o no ejercer tales funciones, por ser o no de la exclusiva responsabilidad de los funcionarios de carrera, así como las eventuales consecuencias jurídicas que podrían derivarse para los expedientes sancionadores tramitados por aquellos.

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Revoca el TS la sentencia que reconoció a un funcionario del Cuerpo General de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, el abono de los importes correspondientes a las guardias de su Juzgado, que no había percibido por haber permanecido en situación de baja por incapacidad temporal.

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Se plantea en el recurso a quién corresponde la competencia para la distribución del horario del personal en funciones de mando de la Guardia Civil, tanto en horas de presencia física, como de disponibilidad por necesidades de servicio. Más concretamente si el propio mando afectado tiene autonomía o potestad para la autodeterminación de su propia jornada, o si, por el contrario, la misma puede ser determinada por decisión del superior jerárquico.

Unión Europea

La negativa de un Estado miembro a hacerse cargo de solicitantes de asilo de los que es responsable puede suponer, en última instancia, que el Estado requirente deba examinar una solicitud de asilo. La Comisión o cualquier otro Estado miembro pueden interponer un recurso por incumplimiento contra un Estado miembro que no observe el Reglamento Dublín III.

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Se plantea en el presente recurso si el Comité de Evaluación para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialista en Ciencias de la Salud obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea puede hacer descansar un informe propuesta de carácter negativo, y sin posibilidad de subsanación, en la circunstancia de que la persona solicitante del reconocimiento no haya acreditado ejercicio profesional en la especialidad solicitada durante un período de tiempo en el que ya se encontraba residiendo en España y, al faltar ese reconocimiento, no podía ejercer dicha profesión.

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Se confirma la resolución del TEAC que denegó la suspensión cautelar solicitada por la mercantil actora, de la ejecución de la liquidación practicada en un procedimiento de recuperación de ayudas del Estado, por no haberse depositado la necesaria garantía en la Caja General de Depósitos, conforme a lo dispuesto en el art. 264 de la LGT.

Unión Europea

Los Estados miembros pueden exigir la tenencia de un permiso de residencia de larga duración para la asistencia social para nacionales de países terceros. En el ámbito social, el principio de igualdad de trato solo se aplica al régimen de seguridad social de los trabajadores, y no abarca los subsidios “meramente asistenciales”.

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Se plantea en el recurso si, con arreglo al art. 23.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la previsión de mutuo acuerdo, recogida en un contrato de gestión de servicio público o en el pliego de condiciones, es suficiente para exceptuar la obligación de prórroga forzosa del contrato.

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La Sección Tercera de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse, en su sentencia de 23 de febrero de 2026 (recurso de casación 1584/2023), sobre la conformidad a derecho de los umbrales de saciedad, esto es, las cláusulas de los pliegos de contratación pública que establecen índices que limiten la valoración de las ofertas económicas. Los considera lícitos siempre que tales límites o umbrales estén justificados en relación con las prestaciones que constituyan el objeto del contrato, se atengan a las disposiciones legales sobre criterios de adjudicación y respeten los principios básicos reguladores de la contratación pública. La Sección analiza con rigor el cumplimiento de dichos requisitos en el marco del ejercicio por parte de la Administración de una notable discrecionalidad técnica.

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Se plantea en el presente recurso si los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo pueden denegar la rehabilitación del plazo para la interposición de la demanda en un procedimiento abreviado, sobre la base de que la parte hubiera debido recurrir la diligencia de ordenación dictada tras la presentación de la demanda y no el auto de archivo del procedimiento, al que se remite dicha diligencia de ordenación.

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Cuestionan los recurrentes, funcionarios de las Cortes Generales, la legalidad de la modificación del Reglamento del fondo de prestaciones del personal funcionario de las Cortes Generales, en relación con los funcionarios que han prestado servicios en los Cuerpos Administrativo y de Ujieres, y que se hayan jubilado por el régimen de clases pasivas y no por el régimen general de la seguridad social.

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Establece el TS que en los supuestos en los que se siga para la gestión y liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones el régimen de declaración, las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento del pago de las liquidaciones practicadas por la administración tributaria deberá efectuarse antes de expirar el plazo de pago en período voluntario.

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Estima la Sala el recurso interpuesto por el Servicio Canario de Salud y revoca la sentencia impugnada que reconoció al demandante el derecho a que le fuera valorado a efectos de la carrera profesional el tiempo de prestación de servicios previos en un hospital concertado.