No habrá atajos para que los interinos logren plaza fija en la Administración

El consejero de Administraciones Públicas del Gobierno regional, Julio Pérez, descartó ayer que los empleados interinos y temporales de la Comunidad Autónoma consigan plaza fija “de forma automática” como pretenden algunas formaciones sindicales. Pérez aseguró que esta opción no es posible ni legal ni jurídicamente, por lo que hay que buscar otras alternativas para la consolidación del empleo en la Administración regional.

Eldia.es – R. Acosta – 27.11.20

Pérez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y al ser preguntado por las discrepancias mostradas por algunos sindicatos por las convocatorias de las ofertas de empleo público (OPE) extraordinarias, señaló que se ha reunido con todos los representantes sindicales y tiene la percepción de que hay opiniones diferentes al respecto en el seno de los sindicatos con representación en la mesa de negociación de la Función Pública. Asimismo, también se ha reunido con la plataforma creada por los empleados públicos afectados por esta situación.

No obstante, el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad subrayó que el objetivo es promover la estabilización y consolidación del empleo de estas personas, que son unas 3.000 y que pertenecen en su mayoría a la Consejería de Educación.

Pérez aseguro que “nuestro deber es resolver la situación y dar estabilidad a estas personas que se han encontrado en una situación anómala y abusiva” e insistió en que se resolverá con respeto a la legalidad. Por ello advirtió que no es posible convertirlos en empleados fijos de forma automática sino que habrá que buscar otros procesos de consolidación.

Las ofertas extraordinarias de consolidación y estabilización del empleo público fue una iniciativa firmada en 2017 por el Gobierno del PP con las centrales sindicales mayoritarias a nivel nacional –UGT, CCOO y CSIF– con el objetivo de que en tres años, hasta 31 de diciembre de 2020, se fueran convocando los procesos con el fin de estabilizar los puestos de trabajo de los empleados públicos que llevan años sin tener plaza fija por la falta de oposiciones y la acumulación de contrataciones para cubrir plazas vacantes. En un principio el acuerdo era para tres años y finalizaba el próximo 31 de diciembre, pero recientemente se acordó prorrogarlo un año debido a la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, este proceso pactado a nivel nacional es rechazado por los dos sindicatos mayoritarios en Canarias en la mesa general de negociación –Sepca e Intersindical– que ayer se pronunciaron en contra de las ofertas extraordinarias que prepara la Dirección General de Función Pública. Los dos centrales sindicales “no piensan permitir que se vea abocado al paro el personal que mantiene la Administración de Canarias” con los planes del Gobierno autónomo de regularizar a unos 30.000 empleados públicos que ha mantenido décadas como temporales sometiéndolos ahora a oposiciones, según anunciaron ayer Manuel González, de Sepca, y Rafael Rodríguez, de IC.

El propósito de ambas organizaciones es defender los derechos de esos trabajadores que accedieron a una plaza por oposición o por sentencias judiciales, que corroboraron que habían sido contratados falsamente como temporales o autónomos pero hacían labores de indefinidos aunque nunca se les integró en plantillas permanentes, pero también “garantizar la continuidad y la calidad de los servicios públicos en las islas”.