Europa Press 15.01.15
La Ley establece que, en tanto no se cumplan los requisitos de tiempo y forma de presentación establecidos en la normativa, no se entenderá cumplida la obligación de presentación de facturas en el registro.
De acuerdo con la normativa, las administraciones públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros y a las emitidas a los servicios en el exterior hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.
La firma especializada en servicios de intercambio electrónico Seres señala que el 98% de los proveedores de las administraciones públicas conoce este cambio normativo.
LOS PROVEEDORES CONOCEN LA LEY
En este sentido, desde el mes de junio, se ha reducido en un 14% el número de las empresas que, conociendo el cambio global, desconocían las consecuencias que tendrá en su actividad, ha explicado Seres.
En cuanto a la preparación, en el período de junio a septiembre de 2014, ha aumentado el porcentaje de empresas que están preparadas para afrontar la obligatoriedad. El incremento más significativo se encuentra entre las grandes empresas y las medianas.
En concreto, en el caso de las medianas empresas, el 29% afirmaba estar preparadas o muy cerca de estarlo a finales de septiembre, mientras que un 48% de las pequeñas empresas y micropymes afirmaba estar preparadas para asumir la nueva normativa.
Para el director de marketing de Iberia y Latam de Seres, Alberto Redondo, este cambio en el nivel de conocimiento de las empresas es el resultado de los esfuerzos de información y divulgación realizados por la Administración Pública, impulsados sobre todo por Red.es.
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