Juntadeandalucia.es 25.03.25
La nueva estructura incluye la creacin de 80 nuevas plazas y de nuevos puestos de jefatura con un complemento salarial, lo que supone que la Consejera de Justicia, Administracin Local y Funcin Pblica asume una inversin de ms de 3,5 millones anuales.
Tras meses de negociaciones con los sindicatos de Justicia, a quienes el consejero de Justicia, Administracin Local y Funcin Pblica, Jos Antonio Nieto, ha agradecido su trabajo y dilogo durante este tiempo pese a no haber sido posible alcanzar un acuerdo, la Consejera ha aprobado esta RPT, necesaria para cumplir el calendario previsto en la ley estatal que, en el caso de Andaluca, supone tener que adecuar las plantillas del 82,3% de los partidos judiciales.
La norma exige que antes del 1 de julio estn adaptados todos los partidos judiciales con Juzgados Mixtos y rganos especializados en Violencia sobre la Mujer, que en el caso de Andaluca son 70 de los 85 existentes en la comunidad en los que trabajan en total unos 9.000 funcionarios. El 1 de octubre debern adaptarse otros tres partidos judiciales (los de Marbella, Torremolinos y Fuengirola, todos ellos en la provincia de Mlaga) y antes de final de año, los 12 restantes correspondientes a las ocho capitales adems de Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa Mara (todos ellos en Cdiz) y Motril (Granada).
La adaptacin a la ley no solo no supondr una merma en el nmero de plazas y de derechos econmicos del personal, sino que en los 70 partidos judiciales que se adaptarn en la primera fase se crearn 80 nuevas plazas, 60 de ellas de nueva creacin y 20 que pasarn a ser estructurales, pues hasta ahora las ocupaba personal de refuerzo. Asimismo, se crean nuevos puestos de jefatura con un complemento salarial.
Todo ello supone un “esfuerzo econmico” de 3,5 millones anuales, a lo que hay que añadir la adecuacin de las infraestructuras judiciales a la nueva estructura de los tribunales de instancia y las oficinas judiciales. Un esfuerzo econmico que la Junta est realizando en solitario ya que, tal y como viene recordando el consejero, el Ministerio de Justicia no ha consignado “ni un euro” para que las comunidades con las competencias de Justicia transferidas puedan poner esta ley.
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