Jhoan Sebastián Torres Alfonso

El boosting como técnica de intervención administrativa conductual

 06/07/2026
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Este artículo analiza el surgimiento y desarrollo del análisis conductual del derecho y su proyección en el Derecho administrativo, centrando la atención en la intervención administrativa conductual. Partiendo de la superación del paradigma de la elección racional propio del análisis económico del derecho, el trabajo incorpora los avances de las ciencias del comportamiento para explicar los límites de la eficacia normativa y del cumplimiento de los fines de interés general.

Jhoan Sebastián Torres Alfonso es Investigador Predoctoral en la Universidad de Salamanca

El artículo se publicó en el número 72 de la Revista General de Derecho Administrativo (Iustel, mayo 2026)

RESUMEN: El presente artículo analiza el surgimiento y desarrollo del análisis conductual del derecho y su proyección en el Derecho administrativo, centrando la atención en la intervención administrativa conductual. Partiendo de la superación del paradigma de la elección racional propio del análisis económico del derecho, el trabajo incorpora los avances de las ciencias del comportamiento para explicar los límites de la eficacia normativa y del cumplimiento de los fines de interés general.

Tras examinar las distintas formas clásicas de intervención administrativa a la luz de sus criterios subyacentes —libertad individual e interés general—, el estudio sostiene que las estrategias conductuales constituyen una nueva categoría de intervención administrativa, caracterizada por su bajo coste económico, su potencial eficacia normativa y su capacidad para respetar, en abstracto, la libertad de elección de los individuos. En este marco se analizan las principales técnicas conductuales, distinguiendo entre el nudge y el boost. Ahora bien, frente a los problemas de legitimidad asociados a la oscuridad y posibles vulneraciones a la libertad individual de algunas modalidades de nudge, el boosting se presenta como una técnica especialmente idónea para el Derecho administrativo, en la medida en que empodera a la ciudadanía, fortalece su capacidad de agencia y promueve el desarrollo de competencias duraderas para la toma de decisiones racionales. Desde una perspectiva de prospectiva administrativa, el boost permite corregir errores conductuales sin recurrir a la manipulación ni a la coerción, reforzando la transparencia, la autonomía personal y la legitimidad democrática de la actuación administrativa.

En conclusión, este artículo propone la incorporación del boost como técnica de intervención administrativa conductual preferente en contextos donde se busque maximizar el respeto a la libertad individual, asegurar la eficacia normativa y materializar los fines de interés general con un mínimo coste para el gasto público.

BOOSTING AS A BEHAVIORAL ADMINISTRATIVE INTERVENTION TECHNIQUE

ABSTRACT: This article analyzes the emergence and development of behavioral analysis of law and its projection in administrative law, focusing on behavioral administrative intervention. Starting from the overcoming of the rational choice paradigm characteristic of economic analysis of law, the work incorporates advances in behavioral sciences to explain the limits of regulatory effectiveness and the fulfillment of general interest objectives.

After examining the different classical forms of administrative intervention in light of their underlying criteria—individual freedom and general interest—the study argues that behavioral strategies constitute a new category of administrative intervention, characterized by their low economic cost, their potential normative effectiveness, and their capacity to respect, in the abstract, the freedom of choice of individuals. Within this framework, the main behavioral techniques are analyzed, distinguishing between nudges and boosts. However, given the legitimacy issues associated with the obscurity and possible violations of individual freedom of some types of nudges, boosting is particularly well suited to administrative law, insofar as it empowers citizens, strengthens their capacity for agency, and promotes the development of lasting skills for rational decision-making. From an administrative perspective, boosting allows behavioral errors to be corrected without resorting to manipulation or coercion, reinforcing transparency, personal autonomy, and the democratic legitimacy of administrative action.

In conclusion, this article proposes the incorporation of boosting as the preferred behavioral administrative intervention technique in contexts where the aim is to maximize respect for individual freedom, ensure regulatory effectiveness, and achieve objectives of general interest at minimal cost to public expenditure.

I. INTRODUCCIÓN

Durante décadas, el Derecho administrativo ha confiado en una concepción del comportamiento humano marcada por el presupuesto de la racionalidad: se ha asumido que los ciudadanos, ante una norma jurídica clara y acompañada de incentivos o sanciones adecuadas, ajustarán su conducta de manera coherente a los fines perseguidos por el ordenamiento. Sin embargo, la experiencia empírica y los avances de las ciencias del comportamiento han demostrado de forma consistente que esta premisa resulta, en muchos casos, insuficiente para explicar y orientar la conducta real de los individuos. Las personas no siempre deciden tras un cálculo racional de costes y beneficios, sino que lo hacen bajo condiciones de racionalidad limitada, influidas por heurísticas, sesgos cognitivos y restricciones contextuales que condicionan profundamente el cumplimiento normativo y la eficacia de la intervención pública.

En este contexto emerge el análisis conductual del derecho como una metodología capaz de enriquecer la dogmática jurídica, al incorporar conocimientos empíricos sobre cómo las personas toman decisiones y cómo responden efectivamente a las normas. Su relevancia resulta especialmente visible en el ámbito del Derecho administrativo, donde la intervención pública no solo persigue la realización de los fines de interés general, sino que debe hacerlo respetando la libertad individual, la autonomía personal y los principios de buena administración. Comprender los errores sistemáticos en la toma de decisiones permite a la Administración diseñar instrumentos más eficaces, menos costosos y potencialmente más legítimos que las técnicas tradicionales basadas exclusivamente en la coerción o en incentivos económicos.

La recepción del análisis conductual en la actuación administrativa ha dado lugar al desarrollo de lo que puede denominarse intervención administrativa conductual, un conjunto de estrategias orientadas a influir en el comportamiento de los ciudadanos sin suprimir sus opciones de elección. Dentro de este marco, el nudge ha ocupado un lugar central en el debate académico y en la práctica administrativa. No obstante, su utilización ha suscitado importantes objeciones normativas, especialmente en relación con su posible carácter opaco, su impacto sobre la capacidad de agencia de los individuos y los costes que puede generar sobre la libertad cuando se apoya en decisiones automáticas o inconscientes.

Frente a estas tensiones, el boosting se presenta como una alternativa conceptualmente distinta y normativamente más exigente. Pese a que su impacto normativo aun es reducido en España y en Europa – por estar en fases iniciales de investigación – presenta importantes diferencias respecto del nudge, el boost no busca explotar los sesgos cognitivos, sino fortalecer las competencias de los ciudadanos para que puedan tomar decisiones más informadas, reflexivas y acordes con sus propios intereses. Desde esta perspectiva, el boosting no se limita a modificar contextos de elección, sino que aspira a generar efectos duraderos en el comportamiento, reforzando la capacidad de agencia, la libertad y el empoderamiento ciudadanos frente a la toma racional de sus propias decisiones.

Este trabajo sostiene que el boosting constituye una técnica de intervención administrativa conductual especialmente idónea para las administraciones públicas, pues le permite compatibilizar de forma más equilibrada los criterios subyacentes de la intervención administrativa: la libertad individual y el interés general. A partir del análisis conductual del derecho, este estudio propone una reconstrucción dogmática del boosting como instrumento legítimo, eficaz y prospectivo de actuación administrativa, capaz de mejorar el cumplimiento normativo sin incrementar el gasto público y de fortalecer, al mismo tiempo, la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

II. EL ANÁLISIS CONDUCTUAL DEL DERECHO

1. Del análisis económico al análisis conductual del derecho

El análisis económico del derecho fue uno de los más grandes avances en la metodología de la investigación jurídica del siglo pasado. En opinión de Ortiz de Urbina, es <<una aproximación al derecho que se basa en la aplicación de las técnicas del análisis económico al estudio de los fenómenos e instituciones jurídicas>>(1). Esta definición logra sintetizar, de manera didáctica, una metodología de estudio del derecho que en la práctica es mucho más compleja, pues requiere la aplicación de los modelos económicos para predecir los comportamiento de las personas, y modelarlos por medio de la prescripción jurídica.

Se suele concebir a la economía como la ciencia que estudia la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios, en sociedades con recursos limitados. Por tanto, es plausible sostener que se trata del estudio de las actividades diarias que realizan los seres humanos, razón por la que es especialmente estrecha su relación con el derecho, ya que los fenómenos estudiados en la economía son objeto directo de la norma jurídica. Ahora, si el método de estudio de la economía puede ser aplicable a otras disciplinas, el derecho resulta ser un afectado directo; para ello solo hay que variar el análisis económico de los mercados explícitos susceptibles a ser evaluados en términos monetarios, por mercados implícitos cuyas transacciones no sean susceptibles de evaluarse en dinero. Este tipo de análisis en las diferentes disciplinas solo requiere un elemento en común: el enfoque de la elección racional.

La economía tradicional se levanta sobre la idea según la cual los seres humanos actúan racionalmente. Es decir, cada uno de los agentes del mercado <<toma decisiones de una forma coherente, tras evaluar las alternativas y estudiar concienzudamente los costes de oportunidad asociados a cada uno de ellos>>. Es ahí donde, para que la decisión sea racional, se necesita el cumplimiento de dos características: que sean eficientes, es decir que el agente <<no renuncie a ninguna cantidad de bien que este a su alcance>> y, por otro lado, que sean consistentes, lo que implica que el consumidor <<no elija una oportunidad que previamente había rechazado, si la anteriormente elegida aún está disponible>>(2). Por tanto, según la idea tradicional de la toma de decisiones del ser humano, el individuo es totalmente racional, busca su propio interés y maximizar su bienestar personal. Este postulado encuentra soporte en que basamos nuestras decisiones en la lógica, la información completa y siempre con el objetivo de maximizar nuestra ganancia personal.

Este análisis económico aplicado al derecho, entonces, presupone que el sistema jurídico <<crea incentivos que hacen que las personas se comporten de una forma u otra induciendo a unos resultados sociales positivos o negativos que serán evaluados mediante un procedimiento objetivo>>(3). De tal manera, se trata de establecer prescripciones normativas que incentiven o no determinado comportamiento de los individuos, en atención al fin propuesto por ordenamiento jurídico. Por tanto, las normas no solo permiten y prohíben, sino que también previenen su violación o incumplimiento aumentando su costo. Por tanto, si el Legislador quiere incentivar determinada conducta, deberá disminuir sus costos y, al contrario, si quiere disuadirla.

Lo explico con la siguiente fórmula, entendiendo que C es el costo de oportunidad de la violación normativa, B es el beneficio obtenido por la violación normativa y CU es el cumplimiento normativo.

C>B=CU

Entonces, si C es mayor que B se obtiene CU, con lo cual la norma logra ser eficaz. En sentido contrario, la ecuación se escribe así:

C<B=-CU

Por tanto, lo que se refleja en la fórmula es que si el costo de incumplir la norma es menor que el beneficio de incumplirla, la persona preferirá no cumplir y, por tanto, la prescripción jurídica sería ineficaz. No obstante, ¿Qué pasaría si C es igual a B? en este caso, se tendrían que revisar otras variables para predecir el cumplimiento normativo, pero ¿cuáles serían? Las variables que se podrían incluir a priori serían criterios morales, el convencimiento del principio de legalidad o de la legitimidad de los poderes públicos, aunque no hay certeza aun sobre ellos. Otra solución es aumentar C en tal porcentaje que logre ser mayor que B y volver sobre la formulación inicial.

Ahora bien, he sostenido que el análisis económico se realiza por medio del enfoque de la elección racional, por lo que la única motivación del individuo sería siempre maximizar su bienestar. No obstante, la experiencia nos indica que no siempre es así. El ser humano no en todos los casos realiza ese análisis de costo-beneficio que le lleve a cumplir la norma y, aun cuando pueda hacerlo, puede tener información incompleta, dificultades para analizarla y tomar decisiones en atención a ella. Por tanto, comienza a quedar en evidencia que las decisiones no siempre son totalmente racionales.

Entonces, si las decisiones humanas no son racionales o con racionalidad limitada, se plantea un problema para el método de análisis económico tradicional, pues la previsión de los comportamientos humanos en los mercados queda en duda. Si lo trasladamos al derecho, no siempre aumentar los costos del incumplimiento normativo, se traduciría en mayor eficacia. Por tanto, los economistas, desde finales del siglo pasado, han buscado perfeccionar el modelo para tener uno más acorde con las realidades sociales y predecir con mayor grado de certeza las decisiones humanas, con ello los comportamientos de los mercados.

Para mejorar la certeza de los modelos económicos, los economistas comenzaron a incluir, en sus análisis, los avances de las ciencias del comportamiento. A manera de reseña histórica, en 1960 los investigadores en economía comenzaron a estudiar sobre el fallo de información asimétrica en el mercado de limones, notando que, si incorporaban supuestos realistas basados en la observación del comportamiento de las personas, tenían como resultado modelos más realistas. Fue George A Akerlof, quien identificó algunos problemas que se repetían en todos los mercados y que su explicación era más razonable si se incluían las ciencias conductuales(4). Por esta razón ganó el premio Nobel en 2001.

Ahora bien, en la década siguiente, con una mayor auge en la aplicación de las ciencias conductuales en la metodología de análisis económico, fueron Daniel Kahneman y Amos Tversky, quienes iniciaron una línea de investigación en sesgos del comportamiento y heurísticas, que les llevo al planteamiento de la teoría prospectiva, la cual expone que las personas suelen variar su atracción al riesgo dependiendo del cambio de referencia, es decir, existe un cambio de decisión si se presenta en términos finales o en términos de ganancias y pérdidas. Más adelante, se conocería como sesgo de aversión a la pérdida(5).

Esta vinculación de las ciencias conductuales al análisis económico, permitieron desmontar el planteamiento de la elección racional o, por lo menos, que no lo es en términos absolutos. De tal forma, la economía tradicional se vio limitada en sus modelos y con una necesidad ingente de incluir los planteamientos conductuales en su investigación. Naturalmente, este proceso se traspoló al mundo jurídico, pasando del análisis económico al análisis conductual del derecho.

2. El análisis conductual del derecho

El análisis conductual del derecho, es pues, una metodología de investigación jurídica que incorpora los avances de las ciencias del comportamiento al estudio del derecho. Según Cass Sunstein, hay al menos tres funciones sobre las cuales se ha de construir el análisis conductual del derecho, las cuales explico a continuación.

En primer lugar, el trabajo positivo o predictivo sostiene que el análisis jurídico debe predecir los comportamientos de las personas, más exactamente, sus respuestas a las normas jurídicas. Por un lado, el análisis económico del derecho hablaba directamente de incentivos, con lo cual si la ganancia del cumplimiento normativo era mayor a la pérdida, la predicción sobre el comportamiento humano era que el ciudadano cumpliría la norma jurídica. Es ahí donde entran las heurísticas, ya que no siempre la ciudadanía hace ese análisis de costo-beneficio para tomar la decisión de cumplir la ley. Por ello, el simple aumento del costo de oportunidad de la violación normativa no genera una respuesta de no hacer por parte de las personas. Así, se debe entender que pueden existir sesgos del comportamiento que modifican el modelo de predicción de la elección y hacen que la norma sea o no cumplida en atención a esos sesgos conductuales.

Antes sostenía que a la ecuación de C > B = Cu era incompleta, o al menos debe cuestionarse, y tener en cuenta que le faltarían variables, dentro de las cuales propuse a modo de ejemplo el sistema de creencias morales del individuo. Ahora, lo que nos dice el análisis conductual del derecho es que existen variables y estas están asociadas a las heurísticas y sesgos del comportamiento, que pueden generar cambios en la eficacia normativa e influyen directamente en cómo actúa el ciudadano frente a determinada proposición prescriptiva. Habrá, pues, que tenerlos en cuenta a la hora de generar cualquier desarrollo normativo. Es decir, la eficacia de la norma jurídica no solo depende del costo de oportunidad de la violación normativa, sino también de las heurísticas y sesgos del comportamiento.

En segundo lugar, Sunstein presenta el trabajo prescriptivo, que en su opinión <<apunta a cómo la sociedad puede alcanzar metas compartidas, ese es el propósito central del análisis económico del derecho>>. Sunstein plantea un ejemplo muy simple que transcribiré para su mejor comprensión. Imaginemos que la Administración quiere reducir el consumo de agua en Barcelona, por la sequía que enfrentan los embalses que alimentan la red de acueducto de la capital catalana durante el verano, para lo cual el regulador ha propuesto un aumento de un X % en la factura si el consumo excede determinada cantidad de centímetros cúbicos. ¿Cuál es la mejor forma en que la Administración puede comunicar la regulación? Tenemos dos opciones: (i) Si disminuye su consumo, se ahorrará un X %; o (ii) Si no disminuye su consumo, perderá X %(6). El sesgo de aversión a la pérdida, que predica que las personas solemos dar mayor importancia a las pérdidas que a las ganancias, indicaría que la segunda opción sería mucho más eficaz. Por tanto, la técnica empleada en la prescripción de normas jurídicas sí importa, y la incorporación de los avances en las ciencias del comportamiento puede ser trascendental para que el ordenamiento jurídico logre ser verdaderamente eficaz.

El tercer y último trabajo referenciado por Sunstein es el normativo, que trata sobre la prescripción normativa del deber ser jurídico: lo que debe hacer el derecho. En ese punto, la prescripción normativa debe evaluar los sesgos del comportamiento que pueden limitar el cumplimiento normativo, como puede ser el sesgo de optimismo ilusorio. Este sostiene que las personas son ilusamente optimistas y creen que algo no les va a pasar nunca, como puede ser no desarrollar competencias ciudadanas contra posibles siniestros ocurridos a causa del cambio climático. Por ejemplo, el aumento de temperatura de la tierra ha contribuido a que aumenten los incendios en los bosques. Esta pérdida de vegetación hace que no se retengan las aguas lluvias y haya riesgos de inundaciones, con lo cual la decisión más racional es desarrollar sistemas de prevención de riesgo tanto a nivel local, barrial y familiar. No hacerlo viene de la idea según la cual a nosotros eso nunca nos va a pasar, pues las personas suelen creerse inmunes al daño pese a la comprobación científica del aumento de probabilidades de que ocurra el siniestro. Por tanto, teniendo en cuenta la existencia de este sesgo y la necesidad de la eficacia del deber ser jurídico, se requiere que el derecho pueda encontrar soluciones para este tipo de dilemas. Una de ellas podría consistir en crear técnicas conductuales tendentes a desarrollar competencias en términos de qué hacer si se presentan desastres climáticos o cómo podemos ser empujados a disminuir el consumo de productos que no protegen los ecosistemas.

2.1. Los sistemas de toma de decisiones, las heurísticas y los sesgos del comportamiento

Hasta este momento he incluido algunos conceptos de las ciencias conductuales que son básicos para entender el planteamiento del análisis conductual del derecho, específicamente he hablado de los sesgos del comportamiento, trayendo a colación el sesgo de aversión a la pérdida. Empero, con el objetivo de presentar en plenitud el planteamiento, debo ir al inicio: los sistemas de toma de decisiones de los seres humanos, luego explicar lo que se entiende por errores del comportamiento: las heurísticas y los sesgos conductuales.

Según Kahneman y los seguidores de la teoría dual del comportamiento, el ser humano tiene dos sistemas de pensamiento para la toma de decisiones, que serían utilizados en función de las circunstancias que rodean la elección, nombrados como Sistema 1 y Sistema 2. El primero es el encargado de recibir estímulos y responderlos de inmediato, puede llegar a ser peligroso, pero en definitiva nos permite a las personas tomar decisiones sencillas sin percatarnos de haberlo hecho. En estos casos, actuamos sin reflexión, respondemos a nuestro entorno de formas complejas aunque nuestras preferencias estén en contraposición.

Este sistema de toma de decisiones, que responde a estímulos, es automático; por tanto, debemos aceptar que hay decisiones que no son racionalizadas, sino automatizadas: respuestas rápidas a situaciones concretas que ya están ancladas en nuestra memoria y que se denominan como atajos cognitivos o heurísticos. Cuando la asociación mental es errónea, los científicos del comportamiento la han llamado sesgo cognitivo. Entonces, tenemos que la toma de decisiones automática se produce por medio de heurísticos, que solo cuando es errónea se llamará sesgo cognitivo, pero que no siempre es así, y estos atajos pueden ayudar a que el agente tome decisiones óptimas.

Por otro lado tenemos el Sistema 2 el cual es complejo, racional y costoso, pues analiza las circunstancias y en atención a la información, realiza la elección que mayor beneficio le reporta. Se pone en práctica en las situaciones donde es necesario estar atento, y si no se está preparado o la atención no es la adecuada, las actividades correspondientes se realizarán peor o no se harán en absoluto. Aquí, el cerebro logra cambiar la manera de trabajar del Sistema 1 al Sistema 2, permitiendo participar a la memoria y la atención, pues ello le permite tener elecciones conscientes y no automáticas(7). Es el que recibe un estímulo del medio, lo procesa lentamente, racionaliza y da una respuesta adecuada. Este sistema nos permite actuar de forma reflexiva, orientándonos hacia objetivos particulares, conscientes de nuestras motivaciones y acciones, capaces de detenerlas o modificarlas si surge la necesidad. Está orientado a objetivos, es flexible y racional en la medida en que está motivado por creencias explicitas y deseos, aunque también es lento, engorroso y metabólicamente costoso, absorbe nuestra atención e impide otros procesos.

Ahora, se puede entender que un error del comportamiento sucede en las ocasiones en las que tomamos decisiones que no maximizan nuestro bienestar. Los errores suceden en los dos sistemas de pensamiento. En el Sistema 1, las heurísticas pueden llevar al decisor a errar, y en el Sistema 2, la falta de información, por ejemplo, puede hacer que aun cuando se racionalice una decisión, se cometan errores.

Entonces, la manera en cómo decidimos los individuos demuestran nuestra racionalidad limitada, toda vez que está sujeta a errores, heurísticas y sesgos del comportamiento, incluidos en nuestros dos sistemas de decisiones. Con lo cual, si el derecho quiere incidir en la conducta de los individuos, debe partir desde el presupuesto correcto: la racionalidad limitada, ello hace que podamos diseñar mejor la norma jurídica, pero también tiene una profunda incidencia en torno al procedimiento administrativo y los litigios en sede judicial.

2.2. La proyección administrativa y judicial del análisis conductual del derecho

Ahora bien, pese a su importancia y trascendencia, el análisis conductual del derecho sigue estando en etapas muy iniciales. Muchos de los juristas contemporáneos no le consideran como parte del derecho por el desconocimiento de decisiones judiciales o prescripciones jurídicas al respecto. No obstante, existe una creciente atención judicial en varios tribunales alrededor del mundo por el análisis conductual del derecho, especialmente en el derecho del consumo por prácticas comerciales que explotan los sesgos cognitivos de los consumidores, considerándolas prácticas desleales o manipuladoras, especialmente en casos de dark patterns.

Un ejemplo reciente es el acuerdo al que llegaron Amazon y la Federal Trade Commission (en adelante FTC) en noviembre de 2025. La FTC acusó en 2023 a Amazon alegando que la empresa utilizaba dark patterns para suscribir a los usuarios a Amazon Prime, sin su claro consentimiento, y luego hacía que la cancelación de su suscripción fuera excepcionalmente difícil. Esta actuación es un claro ejemplo de uso negativo de los sesgos del comportamiento por parte de las empresas. En este caso, Amazon se estaría aprovechando de varios sesgos, por ejemplo: del sesgo de status quo, que describe nuestra preferencia a que las cosas permanezcan como estan y evitar realizar cambios, en este caso, la plataforma influía en el comportamiento de los consumidores al suscribirlos a Amazon Prime sin un claro consentimiento, pues ya una vez suscritos, el sesgo del status quo los llevaría a permanecer, pese a que en determinados casos esa no fuera la decisión que maximiza su bienestar, porque, por ejemplo, paga una suscripción de la cual no consume sus contenidos. Luego, se aprovecharía de la inercia del individuo y el sesgo de procrastinación aumentando la dificultad de la cancelación, pues ello llevaría al individuo a desistir, aun cuando sabe que permanecer en la suscripción le genera mayores costes.

El resultado de esta acusación, fue un acuerdo donde Amazon deberá pagar mil quinientos millones de dólares en reembolsos a clientes afectados por esta práctica ilegal, además, la empresa deberá pagar una multa civil por mil millones de dólares y cesar con esta práctica(8). Por este tipo de conductas, la FTC a acusado también a Age of Learning y Movie Pass, y también ha propuesto una regulación conocida como <<Click-to-Cancel>> o <<Regla de opción negativa>> desde finales de 2024, que exige la fácil cancelación de las suscripciones evitando el aprovechamiento de sesgos conductuales por parte de las empresa.

Pero el análisis conductual no se circunscribe a las dark patterns en el derecho del consumo. De hecho, es posible encontrar otro tipo de manifestaciones, como es el caso de una intervención de amicus curiae donde se analiza la inconstitucionalidad de una ley del Estado de Nueva York y, por otro lado, una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el deber de prudencia de un fideicomisario, que prueban el impacto que poco a poco está teniendo esta metodología de estudio del derecho en los tribunales, especialmente en los Estados Unidos.

En el caso Expressions Hair Desing vs. Eric T. Schneiderman de 2016, la Corte Suprema debía pronunciarse respecto de una ley del estado de Nueva York que prohibía a los comercios informar sobre las diferencias de precio según el método de pago, favoreciendo así a las tarjetas de crédito. Según el concepto remitido a la Corte por parte de los amici, la regulación estatal condicionaba la decisión de los consumidores restringiendo su acceso a la información completa y les orientaba al uso de tarjetas de crédito. De tal forma, la Administración del estado de Nueva York actuaba como un arquitecto de la decisión de los ciudadanos, por lo que los amici le pidieron a la Corte tener en cuenta los avances de las ciencias del comportamiento respecto de cómo las personas toman decisiones, para la decisión final(9).

La argumentación de los amici se podría presentar en tres puntos clave del análisis conductual para evidenciar que este tipo de leyes, más popularmente conocidas como <<sin recargo>>, se basan en una suposición errónea de la economía tradicional e ignoran los sesgos conductuales de los individuos, actuando en detrimento de los consumidores.

El argumento de los amici se puede dividir en tres: el primer punto desarrollado por los amici se basa en la Teoría Prospectiva y el sesgo de aversión a la pérdida (ya explicado), pues al no comunicar a los consumidores de forma clara la pérdida que tienen por realizar pagos por medio de tarjetas de crédito, se evita una reacción negativa contra este medio de pago, aun cuando esto aumenta el costo del consumidor y solo beneficia a los bancos. El segundo punto, se basa en el Framing Effect o encuadramiento de la decisión, pues no sería neutral y produciría que el consumidor ignorara el costo adicional que tiene realizar pagos con tarjeta de crédito. El tercer y último punto, se basó en un experimento aleatorio y controlado en el que participaron 820 personas, donde pudieron demostrar que describir la diferencia de precio como un recargo por el uso de la tarjeta de crédito redujo la preferencia de uso de este medio de pago en más de un tercio en comparación a describirlo como un descuento por pago en efectivo.

Aunque el fallo de la Corte fue de forma y no de fondo, pues se remitió por competencia al Tribunal inferior, este amicus curiae es clave para entender cómo se realiza el análisis conductual del derecho, pues le permite evidenciar a los operadores jurídico cómo estudiar una ley desde una perspectiva conductual, permitiéndole entender que existe la arquitectura de la decisión de los individuos, y que puede ser modificada por parte de las empresas o la misma Administración pública, que en muchos casos no siguen el interés general y no respetan los derechos de los ciudadanos.

Para el último caso de estudio, no presento un tema de derecho del consumo, sino una proyección más aplicable al derecho comercial en general. En el caso Hughes vs. Universidad de Northwestern, los empleados de la universidad la demandaron por violar sus obligaciones fiduciarias, pues, según los trabajadores, los planes de ahorro y jubilación ofrecidos por la universidad incluían 400 opciones, lo que hacía que los empleados no pudieran tomar la mejor decisión, y como consecuencia, en muchas ocasiones, elegían seguros con tarifas inusualmente altas y con mayores costos administrativos. En este caso, la Corte Suprema tuvo la oportunidad de aplicar el análisis conductual y así lo hizo. En el fallo, el alto tribunal sostuvo que el deber de prudencia del fiduciante implica tener en cuenta la arquitectura de la decisión del usuario, pues la presentación de tantas opciones puede causar la parálisis de la decisión y llevar a los consumidores –en este caso, a los empleados–, a no tomar la decisión correcta o, directamente, a no tomarla(10). Por tanto, según la Corte Suprema, en palabras de Sunstein, <<el sludge puede contar como una violación del deber de prudencia y, por tanto, crear un riesgo jurídico>>(11).

Ahora bien, el <<sludge>> es un anglicismo que puede traducir como <<lodo>>, pero que en ciencias del comportamiento, hace referencia a las interferencias o barreras, intencionales o no, que impiden a las personas tomar las decisiones que mayor bienestar le generan. Entonces, cuando se le dan tantas opciones para elegir a las personas, se crea una especie de parálisis de la elección que los lleva a no maximizar el beneficio de determinada decisión. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado por las ciencias conductuales. Comúnmente se suele seguir el silogismo según el cual <<entre más libertad tienen las personas, más bienestar tienen. Entre más opciones de elección tienen, más libertad tienen, entonces, más opciones de elección, es más bienestar>>(12) lo cual, según los estudios de las ciencias del comportamiento no es tan cierto. Así lo han afirmado Schwartz et al. Quienes basándose en otros estudios encontraron que <<más elección no es necesariamente mejor, al menos en determinadas circunstancias. La creciente literatura sobre la sobrecarga de la elección ha revelado que las personas han terminado potencialmente peor que cuando tenían menores opciones>>. Así, se han descubierto tres consecuencias negativas en estos estudios: (i) Producen parálisis de la elección, al abrumar al elector, pues no sabe cómo tomar una buena elección; (ii) provocan peores resultados, aumentando el arrepentimiento y la insatisfacción del elector; y (iii) generan resultados objetivamente peores, porque la sobrecarga cognitiva creada para evaluar demasiadas opciones socava la toma de decisiones(13). Por tanto, si el individuo tiene como objetivo, al realizar una elección libre, la satisfacción de preferencias que manifiesten su autoexpresión, consecuencias como la parálisis del elector no generan ni más libertad, ni más bienestar.

Entonces, lo que se puede apreciar hasta ahora, es que el análisis conductual del derecho, le permite a los operadores jurídicos poder crear, desarrollar e interpretar las normas jurídicas en sentidos mucho más garantistas de los derechos fundamentales de los individuos. Lo que en principio parecería un tema baladí, como la sobrecarga de la elección, tiene repercusiones que le importan al derecho, por lo que es necesario analizar conductualmente la norma si se quiere proteger los derechos de los individuos. Por tanto, es evidente el crecimiento progresivo de decisiones administrativas –como es en el caso de la FTC – y judiciales basadas en el análisis conductual del derecho, por lo que es imprescindible que los juristas se familiaricen con esta metodología de estudio de la norma jurídica.

III. LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA CONDUCTUAL

El análisis conductual del derecho tiene importantes implicaciones en todas las áreas del derecho, siendo una de las más importantes, las que se proyectan en el Derecho administrativo, especialmente en la intervención administrativa. En este apartado, presento un estudio sobre la intervención administrativa centrado en los criterios subyacentes de sus formas, y cómo es plausible la incorporación de nuevas formas y técnicas; luego, expondré la actuación administrativa conductual como una forma de intervención administrativa.

1. Los criterios subyacentes de la intervención administrativa

La intervención administrativa es la manifestación material del Derecho administrativo. Es decir, es la manera en que la Administración concretiza los mandatos constitucionales y legales. De allí la importancia de su estudio. Generalmente, al estudiar este tema, la doctrina se centra en las formas de actuación de la Administración siguiendo la clasificación tripartita propuesta por Jordana de Pozas, la cual ha servido como material didáctico para su estudio desde mediados del siglo pasado en todo el Derecho administrativo iberoamericano.

No obstante, es necesario estudiar también los criterios subyacentes de intervención administrativa. Es decir, las reglas, razones o fundamentos implícitos que han tenido las formas y técnicas de intervención en su desarrollo. Este estudio, le permite al Derecho administrativo tener claridad sobre el por qué se crea, desarrolla y prefiere una forma o técnica de intervención. Estos criterios subyacentes son la libertad individual y el interés general. Por un lado, la libertad se presenta como un principio y derecho constitucional, sobre el cual la Administración se le obliga a asumir una actitud de respeto. Por otro lado, el interés general, como criterio que motiva la actuación misma de la Administración y justifica su existencia. Entonces, tenemos dos criterios que se deben tener en cuenta y que a lo largo de la historia de la intervención administrativa se han sobrepuesto, pero que, en realidad, el estado de Derecho, exige que actúen de forma equilibrada.

Ahora bien, la intervención administrativa tiene formas de actuación que se han desarrollado bajo el entendido de esos criterios subyacentes, de tal manera que se puede estudiar la actividad de la Administración acreditando la interrelación entre la libertad individual y el interés general. Es así como, en determinadas formas, se privilegia uno sobre el otro, debido a la relación que en cada momento histórico tuvo la Administración con los individuos. Estos, a través de procesos políticos, exigieron una mayor o menor injerencia de la Administración para el logro de los fines de interés general. Por ello, aun cuando la forma de intervención respete la libertad, las técnicas de intervención le generan algún costo, y siempre que se procura el interés general, suele darse un costo administrativo, que no es otro que el gasto público.

1.1. Priorización de la libertad sobre el interés general

Esta relación implica que la Administración utiliza formas y técnicas de intervención en las cuales se prioriza la libertad sobre el interés general. Es decir, se antepone la libertad prefiriendo que sean los particulares quienes generen las soluciones a sus necesidades. Se prescinde de la intervención administrativa para la satisfacción de los servicios públicos o la corrección de los mercados, por lo que se prefiere que los particulares tengan todas las libertades para generar los mercados que satisfagan las necesidades ciudadanas, y que sea la relación entre oferta y demanda la que garantice la libre competencia. Garrido Falla lo expone en las siguientes palabras: <<esta concepción de la libertad impone, como consecuencia, una Administración abstencionista en la que cada intervención concreta se explica únicamente como excepción al principio general>>(14).

Esta actuación de la Administración es clástica del Estado liberal y se puede asociar directamente con la actividad de policía, ahora mejor llamada de limitación o de ordenación y control, la cual tiene como fin de interés general <<el mantenimiento del buen orden de la cosa pública y la tranquilidad social>>(15). Sus técnicas se configuran en la reglamentación de determinadas actividades, que le permiten a la Administración establecer obligaciones y prohibiciones, las cuales pueden llegar a ser comprobadas por medio de inspecciones, que tienen como resultado autorizaciones, certificaciones o sanciones.

La idea de policía administrativa durante el Estado liberal privilegiaba la libertad, toda vez que, en principio, solo podría desarrollar las reglamentaciones para evitar y sancionar los daños a terceros con la actuación de un privado; si se quiere, podríamos representar esa relación así:

Donde IG es interés general y LI es libertad individual. Es decir, que el Estado liberal y la clásica actividad de policía establecía mayor libertad en detrimento del interés general. No obstante, ello provenía del contenido del interés general de aquel momento, el cual solo era la ordenación y control, por lo que seguramente un jurista del siglo xviii podría decirnos que el Estado cumplía a cabalidad el fin de interés general que le daba la ley y dibujaría las dos variables en una constante que implicaría la igualdad. Ahora bien, con el panorama actual y la gran diversidad de nuevos fines de interés general que se dan gracias a las nuevas necesidades de los ciudadanos, si solo se diera la actuación administrativa por medio de técnicas de policía, sería claro el detrimento del interés general, ya que la Administración no materializaría los contenidos esenciales de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Por otro lado, esta interrelación también debe medirse por los costos sobre la libertad que tienen las técnicas de intervención, los cuales podríamos decir que son altos, medios y leves. Altos serían todos aquellos que impliquen la prohibición y sanción sobre las actividades de los privados; medianos los que establecen requisitos, con obligaciones de hacer o no hacer a un privado para obtener una autorización; y leves, aquellos que autorizando determinada actividad, solo establece medidas para lograr certificaciones, por ejemplo de calidad.

1.2. Priorización del interés general sobre la libertad

Hay otra forma de intervención que, en abstracto, prepondera el interés general sobre la libertad individual, pues ya no se la entendía como piedra angular del Estado de derecho, sino como un valor político sobre el que recae la causa de todas las injusticias de nuestro tiempo. La libertad como provocadora de las complicaciones sociales y económicas que ha vivido la humanidad después de la Revolución Francesa. Por tanto, se debe privilegiar el interés general sobre la libertad, a tal punto que se identifica a la seguridad social como el fin último de la Administración y, para expandirla, será necesaria el arrinconamiento de las libertades individuales(16).

Así pues, es la actividad de servicio público aquella que privilegia el interés general sobre la libertad individual, siendo definida por Jordana de Pozas en las siguientes palabras: <<consiste en satisfacer la necesidad pública que se trate de una manera directa, por órganos de la propia Administración, creados al efecto y con exclusión o en concurrencia con los particulares>>(17). En su sentido primigenio, se trataba de responder a los fines de interés general creados por la incorporación de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, dentro de los textos constitucionales, estableciendo la obligación de la Administración de lograr progresivamente la igualdad material en un contexto de dignidad humana de todos los ciudadanos. Como consecuencia, el privado queda relegado, limitando su capacidad de acción, por lo que se entiende que se privilegia el interés general sobre la libertad individual, específicamente, la libertad económica. La representación de las variables sería la siguiente:

Es así como se entiende que, a mayor satisfacción de los intereses generales, menor libertad individual. Esto es claro con la creación de monopolios estatales, como en su momento lo fueron los de telecomunicaciones: el interés general era prestar el servicio de telecomunicaciones a los ciudadanos, pero al hacerlo solamente la empresa pública, se disminuía drásticamente la libertad del individuo para acceder a este mercado.

Ahora bien, el costo sobre la libertad económica de la prohibición de participación en los mercados por parte de los privados es alta. Empero, aquí debemos adicionar otro tipo de costos y no solo los correspondientes a la libertad. En materia del interés general también se generan costos, pero estos serán económicos, pues la prestación directa por el Estado de los servicios públicos le genera un gasto monetario sobre el que incurre para, por ejemplo, proveer un servicio de acueducto y alcantarillado; estos servicios no suelen ser gratuitos, sino que exigen la contraprestación de parte de los ciudadanos, pero que en muchos casos no alcanzaba a cubrir los gastos de la prestación. Por tanto, nos encontramos frente a un alto costo monetario que varía según el servicio prestado por parte de la Administración, a este costo se le llama gasto social.

Debe tenerse en cuenta que el gasto social puede aumentar por otros factores, específicamente la corrupción y la ineficiencia administrativa. Estos no deberían sumarse per se, pero suele ser un importante argumento esgrimido para la liberalización de los mercados que contenían monopolios estatales, al entenderse que la entrada de los privados en los mercados genera la competencia necesaria para asegurar buenas prácticas, que mejoren el gasto y presten bienes y servicios de la mejor calidad. No obstante, ello no se cumple en todos los casos, por la posibilidad de prácticas desleales en la competencia, los acuerdos colusorios, etc., que ponen en riesgo el equilibrio en los mercados.

1.3. El equilibrio de los intereses generales con las libertades individuales.

Ahora bien, también hay formas y técnicas de intervención que plantean una relación mucho más equilibrada. Es decir, donde el individuo tiene la libertad de actuar sin limitaciones más allá de la libertad de otro, pero también se asegura el cumplimiento de los fines de interés general. Mannhein sostenía que es inadecuada cualquier posición radical en donde se privilegie la libertad o el interés general. Y ello porque las nuevas dinámicas sociales revelan la necesidad de la intervención administrativa, por lo que se habrá de procurar que se haga de la mejor forma posible, en atención al derecho a la buena administración y a la innovación en la actuación pública. No implica la superposición de criterios, sino su trabajo armónico para lograr mejores intervenciones(18), entiende las nuevas dinámicas sociales, los nuevos hallazgos de la ciencia y la necesidad de incluirlos en el Derecho administrativo, para, en este caso, presentar intervenciones innovadoras que garanticen el mayor respeto a la libertad y el máximo cumplimiento de los fines de interés general.

Como referencia podría poner al Estado regulador, en donde se varía la posición de la Administración respecto de la prestación de los servicios públicos, de prestador a garante. No obstante, voy más atrás, aun en épocas del Estado liberal, cuando la Administración entiende que el fin de ordenación y control también es aplicable a los mercados y comienza a tomar un papel de director en el desarrollo de la actividad económica.

El dirigismo implicaba que el Estado asumía un papel protagónico, central, en la orientación y control de la actividad de los particulares. Es así como se crea la necesidad de una nueva forma de intervención que atendiera el fin de interés general de promover determinadas actividades económicas que podían resultar mucho más rentables para un país. Esa nueva actividad es el fomento, que se configuró como un instrumento jurídico fundamental del dirigismo, permitía al Estado canalizar recursos y generar estímulos para promover actividades estratégicas o sectores económicos prioritarios sin recurrir necesariamente a la coerción propia de la actividad de policía. Así, se establece una relación de complementariedad entre dirigismo y fomento, donde este último actúa como un mecanismo flexible y colaborativo que fortalece la capacidad de planificación y conducción económica del Estado, preservando al mismo tiempo ciertos márgenes de libertad para la iniciativa privada.

Así, el fomento es la <<acción encaminada a proteger o promover las actividades, establecimientos o riquezas debidas a los particulares y que satisfacen necesidades públicas o se estiman de utilidad general, sin usar la coacción ni crear servicios públicos>>. Su finalidad, por tanto, es utilizar incentivos para convencer a los particulares de que hagan u omitan algo y, de esa manera, que cumplan indirectamente con el fin que la Administración persigue(19).

De lo anterior se deduce que se respeta la libertad del individuo, por lo que podrá realizar lo que a su propia consideración le es conveniente, solo que el Estado le incentivará para que cumpla con los fines de interés general, esencialmente mediante subsidios. Por tanto, podríamos decir que el costo sobre la libertad del individuo, en caso que se le incentive a hacer algo que no querría, sería leve toda vez que sobre la persona sigue recayendo la decisión. No obstante, el gasto público, al tener que subsidiar determinada actividad para promoverla, será alto.

La última forma de intervención, mucho más reciente en Derecho administrativo continental, pero que respeta la libertad individual y logra el cumplimiento de los intereses generales, es la regulación administrativa. En el derecho continental, su nacimiento se da más por adopción que por generación espontánea, y se interrelaciona directamente con la economía. Durante el proceso liberalizador que le permite la entrada a los particulares para prestar directamente los servicios públicos, el interés del Estado varía para garantizar la calidad de la prestación; ello solo se asegura con la libre competencia e interviniendo para corregir los fallos del mercado.

Entonces, la premisa central sobre la que se desarrolla la regulación administrativa, es la intervención por fallos en los mercados. Por tanto, es ante todo un instrumento del Estado para la garantía del crecimiento económico equilibrado y la prestación de servicios públicos en cumplimiento con los postulados constitucionales y requisitos legales. Necesariamente es interdisciplinar, toda vez que su naturaleza es múltiple, evidentemente económica y necesariamente jurídica. Ello se puede deducir de la definición aportada por Rivero Ortega, quien ha dicho que es un concepto económico, de origen anglosajón, en donde se busca causar efectos en el funcionamiento del mercado para ajustarlo a los fines constituciones que se enmarcan en la cláusula del Estado Social(20).

Por lo que hace al criterio de libertad, en abstracto, esta es respetada y solo se interviene si hay un fallo del mercado, es decir, cuando se está generando un daño. Al mismo tiempo, permite el cumplimiento de los fines de interés general, porque, idealmente, logra corregir los fallos del mercado y asegurar la libre competencia. Con lo cual, es otra forma de intervención que logra una relación armónica entre los criterios subyacentes. Tanto la regulación como el fomento, podrían ilustrar las variables en el siguiente sentido:

Ahora bien, frente a la regulación, se da uno de los <<problemas>> descritos por Esteve Pardo, es decir, la versatilidad de las técnicas de intervención utilizadas por la regulación sobrepasan las categorías conceptuales de la clasificación tradicional, con lo que a menudo un instrumento regulatorio suele recoger técnicas propias de otras formas de intervención, como puede ser la prohibición, las sanciones por prácticas en contra de la competencia, o el establecimiento de impuestos o subsidios pigouvianos. Por tanto, dependiendo de la técnica utilizada, los costos sobre la libertad individual y el gasto público serán distintos.

Ahora bien, hasta aquí he pretendido demostrar que existen dos criterios subyacentes a la intervención administrativa, y que las formas y técnicas de actuación varían, generando diferentes tipos de relacionamiento. Es claro que hay situaciones externas que pueden provocar cambios en el análisis propuesto, por lo que es aplicable el postulado de ceteris paribus; es decir, que este análisis obvia la posibilidad de excesos de poder o intervenciones abiertamente irregulares (cuando no ilegales), o los costos asociados a la corrupción o a la ineficiencia.

2. La actuación administrativa conductual: una propuesta desde los criterios subyacentes

Entonces, si se tiene en cuenta la existencia de dos criterios subyacentes que motivan el surgimiento de las formas de actuación, el derecho debe someter a un estudio del cumplimiento de los mismos por parte de nuevas formas de intervención que la Administración pretenda desarrollar. Los resultados de dicho análisis sirven para que los servidores públicos puedan tener herramientas claras a la hora de preferir una forma de intervención sobre otra, pero, sobre todo, para que al preferirla, estén garantizando su legitimidad. Me explico, la ciudadanía quiere que la Administración pública satisfaga los intereses generales en la mayor medida posible, pero respetando sus libertades individuales, con lo que la legitimidad de la actuación se logra cuando se cumplen estos dos requisitos. Es más, me atrevo a decir que cualquier forma de intervención que no cumpla con dicho objetivo es insuficiente e innecesaria, por lo que aun cuando fuere legal, estaría destinada a la inutilidad por la existencia de tan variadas y robustas formas de intervención ya existentes.

Adicionalmente, las formas de intervención innovadoras deben asegurar el menor costo posible a la Administración, es decir, que no aumenten el gasto público. Así se respeta el principio de eficiencia y economía que rige al poder público, sobre todo en las circunstancias actuales de las administraciones en todo Occidente, donde el elevado gasto público tiene a los Estados altamente endeudados. Por tanto, será próspera cualquier forma innovadora de intervención que cumpla con materializar los fines de interés general con el menor costo sobre la libertad individual, sin aumentar el gasto público; de hecho, cualquier reducción es bienvenida.

Ahora bien, el análisis conductual del derecho ha tenido repercusiones importantes en el Derecho administrativo, específicamente respecto a la intervención administrativa, donde ha generado la actuación conductual de la Administración, a las que también he denominado como <<estrategias conductuales>>. La actuación conductual de la Administración parte de la comprensión del error conductual en la toma de decisiones que cometemos todos los seres humanos, reduciendo nuestro bienestar y habilitando a la Administración para recomponerlo a través de la intervención administrativa.

Así, lo primero es establecer que la actuación conductual deviene de las contribuciones de las ciencias del comportamiento, que —como ya he abordado— han evidenciado cómo los seres humanos tomamos decisiones erróneas porque no tenemos la información suficiente o porque incurrimos reiteradamente en nuestros sesgos conductuales. Estos yerros en cómo tomamos decisiones nos permite sostener la idea de racionalidad limitada en el ser humano, lo cual trae como resultado que no tomamos las opciones que maximizan nuestro propio bienestar.

Frente a ello, la Administración puede asumir dos conductas: primero, entender que corregir los errores conductuales de los individuos, sugiere una actuación paternalista donde se limitad la libertad del individuo para asegurar su propio bienestar, contrario al principio del daño expuesto por Mill y, por tanto, no actuar. O, segunda, asumir que esos errores conductuales de los individuos, en algunos casos, no permiten que la Administración cumpla con el interés general, y por tanto, debe actuar buscando garantizar la libertad individual en la mayor medida posible. Ahora, la Administración ya ha decidido y se ha decantado por intervenir, en lo que se ha dado en llamar actuación conductual de la administración. Una forma de intervención que no solo es estudiada por en los artículos de revistas especializada por investigadores de los países más desarrollados, sino que es real, existe y cada día son más utilizadas por las Administraciones en todo el mundo.

Es así como me refiero de una categoría distinta de intervención administrativa, cuyo fin es la corrección del error conductual de los individuos y que hasta ahora está compuesta por dos técnicas de intervención, el nudge y el boost.

Entonces, siguiendo con lo expuesto, si la actuación conductual es una nueva forma de intervención, deberá ser estudiada por medio de los criterios subyacentes propuestos con anterioridad. En ese sentido, he de resaltar que a premisa principal de las estrategias conductuales, es la idea de no generar prohibiciones, no eliminar las opciones de decisión del individuo. Haciéndola una forma de intervención respetuosa de la libertad individual, pues le permite al ciudadano tomar una decisión diferente a la que el Estado le sugiere. Es decir, no anula su capacidad de decisión, respetando su libertad.

Ahora bien, este postulado debe matizarse, pues se deben revisar los costos sobre la libertad que pueden generarse por las diferentes técnicas de intervención. Como ya se ha visto con formas de intervención como el fomento, no basta con preservar la libertad, sino evidenciar el costo que la técnica de intervención tiene sobre la libertad individual. En ese punto, la actuación conductual genera debate, pues aun cuando permite otras opciones y, por tanto, respeta la libertad de elección del individuo sin establecer prohibiciones, sus técnicas de intervención se pueden cuestionar por los costos que pueden generar a la libertad.

Ahora, al ser actuaciones que intervienen en la toma de decisión de los individuos, hay ocasiones en que pueden resultar opacas, en el sentido en que la persona no sabe que tiene otras opciones o que está siendo sujeto de una intervención conductual. Por ello, cabe la pregunta según la cual ¿solo con preservar otras opciones se garantiza la libertad? La respuesta debe ser negativa. De esta manera, con una ciudadanía global que exige mayor respeto de sus libertades individuales, no se pueden promover intervenciones opacas que, aun cuando sobre el papel digan respetar la toma de decisiones del individuo no lo hacen, sino que, aprovechándose del proceso de toma de decisiones, establecen una suerte de incentivos conductuales que les llevan a preferir una opción sobre otra, obviándola, y no como fruto de un proceso racional que evidencia la adopción de una opción.

Es decir que, en ocasiones, las técnicas de intervención pueden tener altos costos sobre la libertad, aun cuando en abstracto la respete. De ahí la necesidad de establecer límites normativos que establezcan obligaciones adicionales a la Administración para el uso de ese tipo de técnicas y que permitan identificar con claridad el respeto de la actuación conductual a la libertad individual.

Ahora bien, la otra arista que se debe estudiar es la relación de la actuación conductual frente al cumplimiento de fines de interés general como criterio subyacente de la intervención administrativa. En este sentido, se debe hablar sobre el efecto que tiene la intervención conductual en el cumplimiento normativo, es decir, que le permite lograr la eficacia al ordenamiento jurídico permitiendo que se logren fines de interés general.

Frente a la eficacia del ordenamiento jurídico, sostengo la premisa según la cual puede verse limitado el cumplimiento normativo por error en el comportamiento de los ciudadanos, limitando que se logren fines de interés general perseguidos por la intervención administrativa. Según Nájera, <<si queremos desde un punto de vista científico promover el cumplimiento de las leyes, debemos comprender la conducta humana subyacente e identificar las intervenciones eficaces, reconociendo que ambas son procesos complejos e interactivos. Así en un enfoque que incorpora los aspectos psicológicos y sociales de las decisiones, el ciclo de las intervenciones cobra un aspecto distinto>>(21). Es decir, el cumplimiento normativo no solo exige la clásica prohibición sanción o el establecimiento de incentivos económicos, sino reconocer que hay aspectos psicológicos que guían el comportamiento humano, cuya identificación le permite al ordenamiento jurídico desarrollar normas que serán cumplidas, porque estan diseñadas adecuadamente para ello.

Es entonces, bajo la idea de lograr la eficacia normativa, que la Administración puede intentar comprender el comportamiento de los ciudadanos, identificando posibles errores del comportamiento y creando intervenciones que permitan la eficacia de la ley y, sobre todo, lograr el cumplimiento del fin de interés general que motiva la creación normativa.

Entonces, frente al uso de técnicas conductuales que permiten mayor eficacia de la norma jurídica materializando los fines de interés general, la Administración siempre debe seguir el principio de legalidad. En ese sentido debe utilizar como parámetro el respeto, protección y garantía de los derechos humanos, cumpliendo con mínimos como lo son la libertad de elección, la preferencia en la elección de unas conductas sobre otras, el respeto a la autonomía, a la dignidad humana, los gustos y la felicidad individual(22). De tal manera, las técnicas conductuales presentan una gran potencialidad para el cumplimiento normativo y la materialización de los intereses generales, siempre que estén sujetas a derecho y sean respetuosas de los derechos humanos.

Adicionalmente, debo apuntar que este tipo de intervenciones basadas en las ciencias del comportamiento no hacen incurrir a las administraciones en un elevado gasto. De hecho, seguramente sea el más bajo posible para una forma de intervención. Hay algunas estrategias que solo requieren cambios en la forma de escribir las normas o en los diseños de los carteles publicitarios de alguna política pública. También puede tratarse solo de cambios en las páginas web, imágenes incluidas en las facturas de consumo de cualquier servicio público domiciliario o etiquetas de productos. Se requiere más inversión en investigación, experimentación y diseño de la intervención, que en su puesta en ejecución, con lo que se puede afirmar sin lugar a dudas que se trata de una forma de intervención eficiente y económica, que no requiere mayor gasto público y que coadyuva a dar cumplimiento a los fines de interés general.

Por tanto, la actividad conductual de la administración se trata de una forma de intervención que en abstracto es respetuosa de la libertad, pero que puede llegar a generar costos según la técnica que se desarrolle, por lo que será necesario limitarla normativamente. En adición, permite mayor eficacia normativa y, en el entendido de que el cumplimiento normativo en la práctica es la materialización del interés general, resulta ser una forma de intervención que puede llegar a potenciar su cumplimiento, con un mínimo gasto público. Es así como presento una forma de intervención que podría generar grandes cambios en la actividad de la Administración y que de la cual puede preverse una alta legitimidad.

Ahora, hasta este punto me he encargado de presentar el análisis conductual del derecho, su incidencia sobre el Derecho administrativo, específicamente con el nacimiento de una nueva forma de intervención administrativa: las estrategias conductuales, de las cuales hacen parte el nudge y el boost. El nudge, por su parte, ha sido presentado desde hace casi dos décadas por parte de Cass Sunstein y Richard Thaler, su impacto es evidente en la Administración pública contemporánea y en la academia, tanto así que sigue siendo estudiado en por los más importantes juristas alrededor del mundo. No obstante, este trabajo no pretende volver sobre ello, no porque no sea importante, sino porque debemos seguir estudiando las demás estrategias conductuales, pues solo así podremos bridarle herramientas nuevas a la Administración, con el sustento jurídico suficiente para ser aplicadas, pero también para que los jueces puedan controlarlas. Por tanto, procedo con el objetivo central de este estudio: el boost como una nueva e innovadora técnica de intervención conductual, toda vez que debe comenzar a ponerse en discusión en el entorno jurídico, pues ello le dará las herramientas adecuadas a la Administración para poder ponerla en práctica.

IV. EL BOOSTING COMO TÉCNICA DE INTERVENCIÓN CONDUCTUAL

1. Antecedentes conceptuales del boosting

La existencia de errores cognitivos que pueden ir en contravía de la libertad del individuo o de la garantía de los intereses generales, trae la necesidad de desarrollar formas y técnicas de actuación que le permitan desarrollar mejores intervenciones a la Administración. Por tanto, es necesario presentar un nuevo enfoque, uno que, en atención a la libertad individual como criterio subyacente de la intervención administrativa, le permita a las personas decidir sobre sus propios intereses, capacitándose para poder elegir de acuerdo a sus preferencias y logrando la materialización del interés general.

Entonces, el boosting es una alternativa diseñada para captar la atención del ciudadano, entendiendo que es capaz de aprender y desarrollar nuevas competencias que le ayudan a tomar mejores decisiones; no promueve la cognición deliberada ni la elección automática, no se aprovecha de los sesgos cognitivos, los identifica y los enfrenta por medio de herramientas que le permiten al individuo mantener su libertad mientras desarrolla nuevas competencias. En este apartado, me permitiré hablar de como el cambio de enfoque en la actividad conductual de la Administración, debe ir acompañado del empoderamiento al ciudadano, la prospectiva administrativa y un mayor respeto por la libertad individual.

El empoderamiento de la ciudadanía es un reclamo legítimo de las sociedades actuales, pues cada día las democracias exigen modelos más participativos y transparentes. Entonces, es procedente un enfoque que empodere a la ciudadanía y fortalezca los sistemas democráticos, pues aunque sin duda alguna la cognición humana es limitada y la existencia de heurísticas es indudable, no se puede centrar el argumento en el error como habilitante de intervenciones conductualmente intrusivas, sino precisamente en la oportunidad para desarrollar competencias en las personas que les permita ser más racionales en la toma de decisiones desde su propia capacidad de agencia. Es decir, el enfoque de la intervención conductual debe ser la del desarrollo de competencias a partir de las deficiencias en la racionalidad humana. Ello, es darle a las personas la capacidad de decidir, les empodera y logra satisfacer un reclamo legítimo de la ciudadanía del hoy(23).

Ahora bien, para hablar de la prospectiva administrativa, inicio señalando la existencia de dos problemas que se presentan frente al uso de las ciencias del comportamiento. Primero, el conocimiento de cómo decidimos por parte de los agentes del mercado les ha permitido aprovechar las herramientas conductuales para crear importantes campañas de marketing o el desarrollo de dark patterns, aun contra los derechos de los mismos consumidores, quienes sin saberlo se han visto manipulados para tomar decisiones que generalmente le benefician mayormente al oferente. Segundo, la lentitud administrativa en el diseño de las estrategias conductuales. Es así como, siguiendo estas dos premisas, planteo la necesidad según la cual se desarrollen intervenciones conductuales que no simplemente respondan al uso indebido de los sesgos conductuales por parte de los actores del mercado, sino que debe prevenirlos.

Frente a la necesidad de diseñar estrategias que logren solucionar los fallos del comportamiento en la actualidad, la intervención conductual se deberá realizar en el menor tiempo posible, por lo que tendrá que hacer uso de técnicas conductuales que tengan efectos a corto plazo, para lo cual podría venir bien el desarrollo de un nudge, pero no se puede obviar la posibilidad de desarrollar nuevas intervenciones cuyos efectos perduren a futuro. Aquí hay un tema esencial, y es la importancia de la perdurabilidad de las intervenciones, pues poco o nada se hace si una vez retirada la intervención se vuelve al estado inicial de las cosas, es imprescindible que las intervenciones generen cambios de comportamiento perdurables en el tiempo.

Por tanto, es indispensable que las estrategias conductuales tengan como objetivo la creación de intervenciones a largo plazo, pues le permiten a la Administración, en un ejercicio de prospectiva, visualizar un posible riesgo y solucionarlo por medio de técnicas conductuales que tengan vocación de permanencia, lo que coadyuva a la protección de los consumidores de futuras manipulaciones por parte de agentes del mercado aprovechando su racionalidad limitada.

El ejercicio de prospectiva administrativa que sugiero se trata, según Zulima Sánchez, en que la Administración debe <<tener en cuenta un horizonte a largo plazo en la toma de decisiones. Es una forma de pensar en posibles escenarios de futuro>>(24). Lo que quiere decir, entonces, es que la Administración requiere de herramientas que le permitan, en un ejercicio previsor, poder visualizar los posibles problemas del futuro y, desde el presente, crear intervenciones que puedan prevenirlos. Es decir, que las técnicas de intervención deben tener vocación a largo plazo.

En ese sentido, el boosting genera competencias a largo plazo, con lo cual no se trata de una intervención que responde a un problema concreto en un momento específico, sino que le permite a la persona desarrollar las competencias necesarias para que ahora y a futuro pueda utilizar libre y conscientemente la estrategia, no verse manipulado por el marketing conductual de los mercados y tomar la mejor decisión posible. Esta libertad de decisión, también le permite a la persona ser crítica respecto de su entorno y evaluar la conducta de los agentes del mercado, lo que le daría la posibilidad de desarrollar resistencias a la manipulación. El boosting puede ser una herramienta esencial, incluso prioritaria, para la materialización de intervenciones con prospectiva administrativa.

Por lo anterior, queda en evidencia que el boosting genera la necesidad según la cual el individuo tenga cierto grado de compromiso y motivación sobre una decisión en concreto, pues solo podrá elegir si le interesa hacerlo; solo podrá desarrollar la competencia si se compromete con su aprendizaje y aplicación en las situaciones que la requieren.

El boosting, por tanto, se presenta como una técnica innovadora que le permite a los ciudadanos desarrollar competencias para la toma de decisiones, lo que en sí mismo sugiere que sean intervenciones a largo plazo y que respetan la libertad de la ciudadanía.

De ese modo, resulta importante que, frente a la existencia de los fallos conductuales, la Administración pueda establecer técnicas destinadas al fortalecimiento de las competencias de los ciudadanos. Ello no solo tiene implicaciones en términos de desarrollar mejores intervenciones, pues, como sostengo, es una técnica que garantiza la materialización de la prospectiva administrativa; sino que también es una técnica de intervención con una importante legitimación porque se basa en la capacidad de agencia, lo que la hace respetuosa de los derechos de libertad, y exalta la transparencia de la intervención. Esa legitimidad es esencial en los Estados democráticos, pero también es un instrumento que fortalece nuestros sistemas de derecho, pues es un hecho notorio el crecimiento de la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones.

Por tanto, el boosting como técnica conductual representa una nueva manera de intervención que es respetuosa con la libertad individual, entendida como criterio subyacente, y que logra materializar los fines de interés general de la Administración, legitimando su actuación y fortaleciendo nuestros sistemas democráticos.

Por último, el boosting se plantea como un enfoque transformador, pues la Administración no solo debe limitarse a generar técnicas de intervención restringidas al diseño de contextos de elección más eficientes (arquitectura de la elección); debe contribuir a formar ciudadanos capaces de tomar decisiones racionales, autónomas y resilientes frente a los errores conductuales, las vulneraciones de los Derechos Fundamentales o el cumplimiento de los ODS. En este marco, el boost no es una herramienta que la doctrina especializada del norte de Europa propone para las Administraciones sin ninguna vocación de futuro, sino que en realidad tiene un gran potencial en la transformación de la toma de decisiones por parte de los ciudadanos, ayudándoles a desarrollar las competencias necesarias para asegurar el mayor bienestar posible, creando una técnica de intervención legitima, respetuosa de las libertades, transparente y con vocación de permanencia. Este cambio de enfoque puede prestar útiles beneficios, por lo que no puede ser obviada ni olvidada por las Administraciones; debe ser investigada e incluida en las técnicas de intervención y utilizada cuando sea necesario para lograr responder a las necesidades de los ciudadanos y cumplir con los fines de interés general.

2. La capacidad de agencia como parte fundamental de las técnicas de intervención basadas en estrategias conductuales

La agencia podría entenderse como la capacidad de las personas para formarse intenciones y actuar libremente(25). Es decir, se trata de la libertad como criterio subyacente que limita la intervención administrativa. De tal forma, toda técnica de intervención que logre los fines de interés general, respetando la libertad individual y con bajos costos, resulta altamente legítima y su incorporación dentro de la dogmática del derecho administrativo, necesaria.

Lo primero, entonces, sería afirmar que resulta cuestionable cualquier técnica conductual que no respete la capacidad de agencia de los individuos; es decir, aquella que pase por encima de las intenciones y acciones libres de las personas. Por ello se ha cuestionado el nudge, pues aprovechar los reflejos y los impulsos no constituye una acción libre y voluntaria, lo que implica una falta de respeto por la autonomía del individuo.

En muchos casos, cuando el nudge se basa en aprovechar sesgos del comportamiento para que el individuo tome decisiones en automático —como lo es en el caso de las opciones por defecto—, aun cuando dicha decisión materialice un fin de interés general, puede no ser plenamente compatible con la capacidad de agencia. De hecho, la ausencia de consciencia o la automaticidad no excluye necesariamente la agencia, pero en la mayoría de los supuestos sí la limita.

Por tanto, la primera reflexión debe girar en torno a la necesidad de fortalecer la agencia en las técnicas tipo nudge y en el desarrollo de nuevas técnicas de intervención que sean respetuosas de la libertad del individuo, que garanticen sin ambigüedad que potencian la capacidad de agencia de las personas. Es lo que se debe en las sociedades libres y, por ello, siempre deberán preferirse aquellas técnicas(26).

Por otro lado, dentro de la necesidad de garantizar la capacidad de agencia en la intervención conductual, se ha de poner en relieve que esta solo se entiende como tal cuando los estados mentales del agente decisor estén en todas sus capacidades y acepte los motivos de la actuación administrativa. Es decir, que debe existir una racionalización desde el ciudadano respecto de la intervención. Por tanto, la intervención administrativa por medio de técnicas como las estrategias conductuales, si quieren ser respetuosas de la capacidad de agencia, deben garantizar que la persona toma la decisión racional. No es una imposición ni se puede llevar a cabo con personas que no estén en la plenitud de uso de sus facultades mentales. Esto, por cuanto la intervención conductual no puede pervertir la libertad individual induciendo o aprovechándose del individuo bajo el pretexto de que se le guía por un mejor camino, uno que le garantiza decisiones que maximizan su bienestar.

De tal modo, la intervención conductual necesita estrategias que permitan que la persona racionalice la intervención, que en realidad sepa por qué y para qué la está realizando. Debe ser por decisión libre de la persona y no por la voluntad tirana de la Administración. Por ello, el boosting resulta ser una estrategia ideal, pues se requiere en todo tiempo que la persona, en ejercicio de su libertad, entienda que puede cometer errores en su toma de decisiones y que la Administración —si el ciudadano así lo quiere y autoriza—, le puede dar las herramientas necesarias para generar cambios en su toma de decisiones le garanticen un mayor bienestar y coadyuven al cumplimiento de los fines de interés general.

Esta perspectiva de toma de decisiones respetuosa de la capacidad de agencia no es un tema baladí. Resulta trascendental dentro de las sociedades libres, que respetan los derechos humanos y cuyo ordenamiento constitucional le permite a la Administración intervenir conductualmente pero con límites claros, siendo uno de los más trascendentales el respeto por el criterio subyacente de la libertad individual, materializado en la capacidad de agencia. Por ello, se requiere que las estrategias conductuales se comprometan con dicho objetivo y, que en muchos casos, la Administración se decante por el boost como técnica de intervención, porque en panoramas dudosos en términos de intervención conductual, siempre se debe asegurar la libertad del individuo.

3. El Boost

El boost se ha venido estudiando en el último tiempo como una técnica conductual por teóricos europeos con Till Grüne-Yanoff(27) y Ralph Hertwing(28) en cabeza, quienes han desarrollado un extenso trabajo para definir, comparar y evaluar al boosting, pues según ellos es una herramienta que <<empodera a las personas, ampliando sus competencias y ayudándoles a alcanzar sus propios objetivos>>(29).

Si bien es cierto que esta estrategia no ha tenido el impacto doctrinal del nudge, porque implica más esfuerzo, tiempo y dinero por parte la Administración, es imprescindible su estudio y desarrollo, toda vez que asume la agencia de las personas, legitimando la actuación de la Administración pues le permite cumplir los fines de interés general y respeta la libertad individual, y, adicionalmente, permite adaptar las heurísticas a la racionalidad humana.

3.1. Concepto

El Boost es un verbo transitivo anglosajón que significa <<estimular, promover, potenciar>>. Curiosamente, como sustantivo, también significa <<empuje>>, al igual que nudge. A su vez, la RAE nos aporta los siguientes significados: por un lado, estimular es <<hacer que alguien quiera hacer algo o hacerlo en mayor medida>>; de igual forma, promover es <<impulsar el desarrollo o realización de algo>> y, por último, potenciar es <<comunicar en potencia algo o incrementar la que ya tiene>>. Sinónimos que nos ayudan a entender mejor lo que el boost, como técnica conductual, busca desarrollar.

El boosting, entonces, podría definirse como la acción administrativa de promover o potenciar el desarrollo de determinadas cosas, que siguiendo lo dicho por Grüne-Yanoff y Hertwing, serían competencias que le permitan a las personas tomar decisiones óptimas que maximicen su bienestar y coadyuven a la materialización de los fines de interés general.

Si el boost potencia la creación, aprehensión y desarrollo de competencia, lo primero será determinar que se entiende por la palabra <<competencias>> la cual es un concepto polisémico, es decir, que se ha venido utilizando indistintamente para hacer referencia a diferentes cosas. Para este caso concreto, empero, podría definirse como un complejo de capacidades interrelacionadas e integradas, provenientes de las distintas dimensiones ontológicas del ser humano, que concurren en un campo de acción específico(30). Esta definición permite entender que las competencias no solo hacen referencia al contexto de la educación escolar tradicional o al trabajo, sino que son parte de un complejo de capacidades distintas, que se interrelacionan para que el ser humano pueda desarrollar todas sus labores de la mejor forma posible.

En términos generales, el boost permite potenciar todo tipo de competencias humanas, siempre y cuando sean potenciables. Pero, ¿cuál es el criterio? Esta es una pregunta trascendental, porque si bien el desarrollo de competencias para la toma de buenas decisiones es una labor relevante que implica mejorar la vida de los ciudadanos, la Administración no debería acaparar la totalidad de las decisiones humanas. Ahora bien, ese sentido, es claro que son los fines de interés general los que le permitan identifican errores conductuales que pueden ser corregidos por medio del boosting.

Pero, ¿cuáles son los límites de la Administración a la hora de determinar qué competencias debería potenciar? En ese sentido, sigo en parte al profesor Otto Mayer, quien sostenía que la <<Administración es la actividad del Estado para realizar sus fines, bajo su orden jurídico>>(31). Esta afirmación nos presenta dos límites, a saber: el cumplimiento de los fines del Estado y el principio de legalidad. Pero en nuestro modelo de Estado constitucional, ello no sería entendible si se deja de lado la garantía de los derechos fundamentales; por tanto, se les debe incluir.

En ese sentido, se ha de tener en cuenta que el boost es una técnica de intervención conductual que potencia la agencia del individuo, que libremente decide hacer el esfuerzo personal para aprehender la competencia propuesta por la Administración. Por ello, es una técnica respetuosa de la libertad, intimidad y dignidad humana de los individuos. Así, su principal límite está en que no es una intervención que directamente modele la libertad activa de la persona, pues ésta tiene la decisión final sobre su adopción o no. En ese sentido, más que un límite, el principio de legalidad, en cuanto al boosting, debe estar dado en la forma, al determinar qué autoridades públicas tienen la competencia de desarrollarlos y los procedimientos que se han de seguir, y en la materia, según en los objetivos que se pretenden lograr con su desarrollo, los cuales no pueden distanciarse de los fines de interés general del Estado, es decir establecer que se pueden potenciar competencias en términos de, por ejemplo, sostenibilidad ambiental, fortalecimiento de los sistemas democráticos o de los servicios públicos.

Entonces, si la justificación de la Administración para el desarrollo de una estrategia conductual es promover la prosperidad general. Se podría crear un boost de alfabetización del riesgo para el desarrollo de competencias estadísticas que nos permita a los ciudadanos reconocer cuando es tiempo de vacas gordas para ahorrar y que posteriormente, en tiempos de vacas flacas, lograr vivir con suficiencia. En este ejemplo, la Administración debió identificar en el fin de interés general, un fallo conductual como aversión al riesgo u optimismo poco realista en el manejo de las finanzas de los ciudadanos, luego con base en el cumplimiento de la promoción de la prosperidad general como principio del Estado y sobre la base de una disposición legislativa, poder desarrollar ese boost de alfabetización al riesgo. Así funcionan los límites que racionalizan el desarrollo de la Administración.

Como ya he mencionado, hoy en día los límites a la actuación administrativa no solo son la sujeción al principio de legalidad y el cumplimiento de los fines del Estado, como lo era en los tiempos de Otto Mayer, sino que paralelamente se exige a la Administración que cumpla con su obligación de respeto de la libertad individual como criterio subyacente que legitima la intervención. En este punto, nos encontramos con el que, en principio, parece el primer problema de los marcos de intervención con estrategias conductuales. El nudging, al ser fuertemente criticado por las posibles restricciones a la libertad activa de los individuos y ser la estrategia conductual más conocida, a priori se puede temer que este tipo de estrategias tengan vicios de inconstitucionalidad por su limitación a las libertades individuales. No obstante, el boost está pensado para respetar la capacidad de agencia de los individuos, su libertad, mientras potencia nuestras competencias en la toma de decisiones, por lo cual no existen reproches de este tipo.

No obstante se tiene que decir que la libertad, como criterio subyacente de la intervención, debe entenderse por activa, cuando el ciudadano decide autónomamente hacer algo y el Estado respeta, no influye, en esa acción o elección; y por pasiva, la cual requiere que el Estado no pueda forzar a hacer o decidir algo a sus asociados que ellos no quieren. En ese sentido, el boosting ha establecido para su funcionamiento que la persona libremente decida hacerlo y se le respeta la posibilidad de no hacerlo, con lo cual, a nivel de respeto de las libertades individuales del ciudadano, el boost es respetuoso de los derechos fundamentales. En opinión de Rivero Ortega: <<el llamado boosting opta por acrecentar las capacidades de agencia (decisión libre e informada), lo cual comporta motivación y esfuerzo de las personas (voluntad, en suma). El poder público no sustituye aprovechando la inercia el criterio individual, sino que promociona competencias que sirven para tomar decisiones adecuadas y también realmente más libres>>(32).

No obstante, será determinante, en el examen de constitucionalidad, estudiar las implicaciones que en términos de derechos humanos tiene la competencia a desarrollar. Así si, por ejemplo, va en contravía de la dignidad humana como principio y derecho, o contra el derecho al medioambiente sano, necesariamente las cartas de derechos son aplicables y, por tanto, se habrá de desechar el boost. Tal como sucedería con cualquier técnica de intervención administrativa que contravenga derechos fundamentales, ya sea por propia decisión de la Administración al ver su errata o por los tribunales contencioso administrativos al declarar su ilegalidad. Por tanto, el boosting solo puede potenciar las competencias ciudadanas que garanticen los derechos humanos, permitan maximizar el bienestar del individuo y que materialicen los fines de interés general.

Una última pregunta sería, ¿cómo promovería o potenciaría esas competencias? Según Ralph Hertwing y Till Grüne-Yanoff, se logra por medio de cambios en las habilidades, el conocimiento, las herramientas de decisión y el entorno externo(33).

Las habilidades suelen definirse como <<la capacidad de hacer algo bien>> en la medida que <<elegimos, utilizamos y aplicamos correctamente el conocimiento adquirido en diferentes circunstancias, retos diversos y frecuentemente impredecibles>>(34). Es decir, se tiene una determinada habilidad cuando somos capaces de, con el conocimiento previo obtenido, actuar consecuentemente. Por tanto, si hay habilidades que no están siendo desarrolladas correctamente, la Administración puede generar un boost que le permita a las personas, con el conocimiento que tienen, corregir su comportamiento y potenciar la pretendida habilidad.

Este cambio de habilidades tiene que reconocer, primero, cuál se pretende desarrollar y qué conocimiento tiene previamente el ciudadano. Pensemos en las noticias falsas promovidas por los negacionistas del cambio climático en redes sociales. La persona puede tener la habilidad de comprensión lectora cuando se encuentra con una noticia de desinformación en las redes sociales, por lo tanto no se necesita desarrollar esa habilidad, a lo mejor, lo que se requiere es enseñar qué es y cómo se desarrolla una noticia falsa, para que la persona pueda desarrollar la habilidad que le permita identificarla. La forma de desarrollar una habilidad es ampliarla, con ejercicios, juegos de roles, u otros desarrollos que pueden ser tan infinitos como la imaginación humana.

Ahora bien, la habilidad en muchos casos no logra desarrollarse correctamente porque la persona no tiene el conocimiento base correcto. Este hace referencia a la forma en que <<percibimos, entendemos y recordamos la información>>. Por tanto, la primera forma tendrá que ver con qué información se presenta y cómo se hace para que los ciudadanos puedan percibirla, entenderla y recordarla. Aquí merece la pena tener en cuenta la teoría de los modelos de persuasión basada en los seres humanos como pobres cognitivos que solo prestamos atención a la información que nos parece relevante o interesante, así como la estrategia EAST(35) que es plenamente aplicable y necesaria respecto del boosting.

Por otro lado, las personas pueden tener el conocimiento y las habilidades, pero se enfrentan a la incapacidad de evaluar debidamente un problema por la falta de desarrollo y análisis de las herramientas de toma de decisiones. Estas son instrumentos esenciales en la construcción del pensamiento estratégico, lo que implica el desarrollo de procesos en la mente del estratega donde pueda visualizar el problema en plenitud, ver las posibles soluciones y sus consecuencias, permitiendo que pueda potenciar sus capacidades cognitivas, con el fin de que logre formular y desplegar estrategias que maximicen su bienestar individual y coadyuven a la materialización de los fines de interés general.

Las herramientas de decisión más recomendadas por los desarrolladores del boost son los árboles de decisión frugal, la heurística simple y los procesos rutinarios, las cuales se expondrán más adelante.

Por último, la estrategia que proponen los autores para el desarrollo de competencias, es el cambio en entornos externos, que no es igual a la arquitectura de la decisión propuesta en el nudge, que se basa en el sistema dual de la arquitectura cognitiva humana propuesta por D. Kahneman. En él, se aprovechan las deficiencias —sesgos conductuales— del Sistema 1, ya que teóricamente estos son sólidos, difíciles de prevenir e impermeables al cambio y los intentos de desmotivación son inútiles, por lo que es más eficiente utilizarlos haciendo cambios en la arquitectura de la decisión del individuo para que este tome la decisión que la Administración considera más racional y razonable. Adicionalmente, al utilizar los sesgos que todos los seres humanos tenemos, la Administración logra altos niveles de eficacia a bajo costo, lo que los hace ser muy rentables.

En sentido contrario, el boosting no sobrepasa la voluntad del individuo, sino que la necesita para poder desarrollarse y ser eficaz. Al no basarse en el sistema dual de la arquitectura cognitiva, entienden que las personas pueden entrenar procesos funcionales y motivacionales, pues éstos son maleables y merece la pena que sean potenciados por los individuos, por tanto, las personas podemos aprender a emplear nuevas reglas procedimentales que nos permitan rediseñar los entornos externos por nosotros mismos. Por tanto, si lo que quiere la Administración es mejorar los contenidos que leen los usuarios en las redes sociales, porque entiende que ello permite la concretización del fin constitucional de la convivencia pacífica entre los ciudadanos, el nudge a través de imágenes aprovechará la inercia del individuo para que este lea lo que la Administración cree que es mejor, mientras el boost por su parte, le enseñara al ciudadano cómo elegir los mejores contenidos y le permitirá a este que desarrolle las competencias necesarias para modificar su interfaz de usuario según los contenidos que ha elegido.

El boost hace parte del derecho público en general y del administrativo en particular, que como técnica de intervención de la Administración, es una estrategia conductual de la intervención administrativa que busca generar cambios de comportamiento en los ciudadanos a través de potenciar las competencias requeridas para que tomen libremente las decisiones que maximizan su bienestar individual, corrigiendo errores conductuales conocidos como internalidades.

3.2. Las bases del boost

Como ha sostenido Rivero, el boosting <<cuesta más esfuerzo, tiempo y dinero, () asume la condición de agencia de las personas —el presupuesto de los derechos humanos— y la promueve con información y educación, condiciones verdaderas de la libertad de elección. Ahora bien, esta técnica no consiste en incrementar los contenidos educativos, sino en favorecer competencias decisionales a partir de la heurística y la capacidad de adaptar la racionalidad a las circunstancias complejas de nuestra sociedad>>. Por tanto, sostengo que este tipo de intervenciones son el presente temeroso, pero el claro futuro de la intervención conductual de la Administración, por lo que han de ser estudiadas desde sus presupuestos teóricos, sus bases.

En ese sentido, Hertwing y Grüne-Yanoff han adelantado una relevante labor conceptualizadora del boost, así como un importante esfuerzo teórico para diferenciarlo del nudge, de tal forma han propuesto siete dimensiones de estudio de ambas estrategias conductuales, a saber: (i) el objetivo de la intervención, (ii) las raíces en programas de investigación y pruebas, (iii) las vías causales, (iv) la suposición respecto de la arquitectura cognitiva, (v) el criterio de distinción: la reversibilidad, (vi) la ambición programática y (vii) las implicaciones normativas. De estas dimensiones, he extraído cuatro que considero esenciales para entender a plenitud el concepto del boost las cuales enumero y desarrollo a continuación:

3.2.1. El objetivo del boost como técnica conductual: el desarrollo de competencias

Ya he insistido en que el boosting se enfocan en potenciar las competencias de los individuos, de tal forma que estos tomen mejores decisiones: aquellas que maximicen su bienestar y coadyuven a la materialización de los fines de interés general. Por tanto, el desarrollo del boost tiene al menos tres consecuencias descritas ampliamente por y Grüne-Yanoff; a saber: (i) se dirige a competencias más que a comportamientos inmediatos, (ii) las competencias puedes ser específicas en un único ámbito o generalizarse a todos y (iii) puede potenciar competencias existentes o desarrollar otras nuevas(36).

De esta forma, se ha de entender que esta estrategia conductual busca desarrollar competencias más que comportamientos inmediatos. Entendiéndose que las competencias son capacidades interrelaciónales integradas, son permanentes, por tanto de largo plazo en los individuos, lo que implica que su desarrollo o potenciación genera la posibilidad de que nos comportemos según ellas a lo largo de nuestra vida o al menos por largos periodos de tiempo, lo que conlleva que necesariamente no se modifiquen comportamientos específicos. Es decir, esta técnica conductual no se interesa en que el individuo al ir a la cafetería escolar escoja comer saludablemente y por la noche, en casa, se alimente a partir de frituras, sino en desarrollar las competencias necesarias para que cambie los hábitos que le permitan comprar y consumir los alimentos que le aseguren una dieta balanceada a largo plazo.

De igual forma, el boost puede potenciar competencias según los fallos conductuales de los ciudadanos especialmente relevantes para la intervención administrativa, por lo que se adoptan según las necesidades. No es necesario que sea un tipo de conocimiento genérico o un hábito particular, lo importante es que ese error del comportamiento identificado, al modificarse, genere el bienestar óptimo para el individuo y materialice fines de interés general. Por ello, el boosting puede ser específico en un único ámbito, por ejemplo levantarse temprano todos los días dejando la alarma por fuera de la habitación, lo que le hará levantarse de la cama para ir a apagarla y ya iniciar su día; o generalizarse a todos los ámbitos, aquí se requiere un cambio de conocimientos y de hábitos que le permitan a la persona, por ejemplo, desarrollar conocimientos estadísticos para la toma de decisiones diarias en distintas esferas de actuación.

Por último, si se habla de competencias, cada ser humano tiene las propias, las que ha venido desarrollando según los contextos y los medios que ha tenido a su alcance. Por tanto no se puede pensar en uniformidad de competencias, lo que da lugar a la posibilidad de potenciar las que se tienen o desarrollar otras nuevas según, nuevamente, la necesidad establecida por los fallos conductuales del individuo. En ese sentido, cada uno tiene la posibilidad de establecer cuáles errores reconoce y si decide o no cambiar su comportamiento a través de las herramientas que pone la Administración a su disposición a través del boosting, es la libertad del individuo sobre las decisiones que toma, la capacidad de agencia permitida por la Administración pública. La gran ambición del boost es dotar a las personas de las estrategias generales o específicas necesarias para maximizar su bienestar, pero somos nosotros, los ciudadanos, quienes libremente decidimos si aceptamos aprehender la estrategia y ponerla en práctica o no, es decir que el boosting solo puede tener éxito si la gente está dispuesta y es capaz de aplicar efectivamente el refuerzo, lo que plantea una desventaja porque la agencia implica que difícilmente la Administración pueda lograr que los ciudadanos hagan algo que no quieren o no pueden hacer, por lo que si no están persuadidos de su necesidad, la medida perderá eficacia(37), pero se gana en la capacidad de agencia del individuo y en la garantía de los derechos de libertad.

3.2.2. Supuesto sobre la arquitectura cognitiva: es maleable

Al iniciar este capítulo, presenté una serie de estudios conductuales en donde se veían diferentes aproximaciones a cómo las personas tomamos decisiones, desde el punto de partida de la racionalidad limitada y los sesgos del comportamiento. También se dijo cómo el presupuesto teórico de estos estudios era distinto al desarrollado por Daniel Kahneman. Estos entienden que, si bien los seres humanos no elegimos de manera totalmente racional o razonable, sino que se puede evidenciar en nuestro comportamiento fallos conductuales, no estamos destinados a vivir permanentemente con ellos. Para ello, necesitamos que la Administración diseñe la arquitectura de nuestras decisiones para poder corregirlos. Así, nuestra arquitectura cognitiva es maleable, lo que significa que se puede ejercitar, desarrollar, etc., de manera que nosotros mismos podamos evitar caer en el error conductual que nos lleve a no tener el óptimo bienestar como resultado de nuestra toma de decisiones.

Ahora bien, resulta imperativo resaltar que, cuando se utiliza el término de arquitectura cognitiva, se hace referencia al concepto de las ciencias del comportamiento que especifica la infraestructura de un sistema de procesamiento de información, un tipo de hardware mental en el cual se estructuran funciones memorísticas para el almacenamiento de creencias, objetivos y conocimientos, así como todos los procesos funcionales resultantes de su interacción. Para los científicos del comportamiento que han desarrollado el boosting como estrategia conductual, los procesos cognitivos funcionales y los procesos motivacionales son maleables y merece la pena que sean desarrollados, permitiendo que las herramientas mentales existentes puedan mejorarse en los individuos, por medio, de por ejemplo, aprender nuevas reglas procedimentales(38). Aquí, entonces, partimos de un presupuesto teórico claro: el boosting entiende que la racionalidad limitada es maleable y las personas podemos aprender a superar nuestros escollos cognitivos, por lo que la intervención de la Administración se debe centrar en el responsable de la toma de las decisiones —la persona—, y aumentar su capacidad de acción, lo que requerirá de la motivación de los individuos y de una mínima capacidad de aprender por parte estos(39).

3.2.3. Reversibilidad: efectos implícitos que persisten una vez retirada la intervención

El desarrollo de competencias permite que los efectos de la intervención sean a largo plazo. Este es un supuesto teórico que debe matizarse, pues si bien el boost está basado en la modificación de los comportamientos humanos potenciando las competencias existentes o desarrollando unas nuevas, lo esperable es que una vez aprehendidas por el ciudadano receptor, las competencias permanezcan estables a lo largo del tiempo. No obstante, el sistema de valores de los individuos puede tener una importante intervención en este punto, pues si una vez aprehendida la competencia el sistema de valores varia o no encuentra congruencia con aquella, es previsible que el comportamiento vuelva al estado anterior de la intervención(40) o a otro totalmente distinto.

Por tanto, si bien es cierto que la potenciación de competencias existentes o el desarrollo de unas nuevas por medio de un boost generado por la Administración debería tener efectos de largo plazo en el comportamiento de los individuos, no necesariamente ello va a ocurrir. Los sistemas de valores de las personas pueden ocasionar que el receptor de la intervención decida volver a su comportamiento anterior o asumir otro cualquiera que sea menos que óptimo respecto de su bienestar. Adicionalmente, se ha de tener en cuenta que la eficacia de esta intervención depende del individuo, pues somos los ciudadanos en nuestra agencia quienes, una vez identificamos nuestro fallo conductual, decidimos aprehender el boost que la Administración pone a nuestra disposición. Así, lo que sus resultados también estarán mediados por nuestras propias capacidades y esfuerzos por potenciar la competencia existente o desarrollar la nueva, así como de mantenerla en el tiempo una vez asumimos que el resultado de nuestro cambio de comportamiento es óptimo, por tanto, es el que maximiza nuestro bienestar.

Ahora bien, la evidencia conductual existente hasta el momento demuestra que el cambio de comportamiento provocado por el desarrollo de un boost tiene un efecto más duradero que el nudge una vez retirada la intervención, aunque no se midió esa duración(41). Lo mismo para la identificación de contenidos de desinformación en noticias falsas a través del conocido <<Juego de Noticias Falsas>>, en donde se logró determinar que el uso de esta estrategia conductual tenía efectos hasta de tres meses una vez retirada la intervención, por lo que se propuso que inocule periódicamente al receptor de la intervención por medio de <<booster shots>> para lograr efectos a largo plazo(42).

De tal forma, se ha de tener en cuenta que el boost puede tener efectos duraderos pero ello puede depender de situaciones exógenas a la intervención como el sistema de valores del individuo o su propia capacidad de aprehensión. Por ahora, no hay evidencia científica que demuestre que su duración sea a largo plazo, aunque se ha de tener en cuenta la posibilidad de realizar booster shots periódicamente que garanticen la posible duración a largo plazo del cambio comportamental promovido por el boost.

3.2.4. Transparencia de la intervención

La transparencia, como principio del Derecho administrativo, implica que la actividad administrativa es de dominio público, por lo que toda persona puede conocerlas salvo casos de reserva legal. Ahora bien, no es menos cierto que este principio se suele asociar al acceso a la información pública que tienen todos los ciudadanos, con importantes desarrollos jurisprudenciales en Europa en casos como Társagág a Szabadságjogokert c. a Hungría del 14 de abril de 2009 o Youth Iniciative form Humn Rights, c. Serbia, del 25 de junio de 2013, en donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció respecto de los derechos a la libre expresión y el principio de transparencia en términos de acceso a la información pública. También se pueden mencionar la centralidad del principio de transparencia en la gestión pública a través del desarrollo británico del Open Government, tan popular en el último tercio del siglo xx, y su posterior acogida por Estados Unidos en el gobierno de Barack Obama con la denominada <<Open Government Directive>> de 2009.

Ahora bien, el principio de buena administración implica que no solo la transparencia se entienda en la posibilidad que los ciudadanos tenemos de acceder a la información pública, sino que genera el deber a la Administración de dar a conocer las intervenciones realizadas por medio de estrategias conductuales sobre la ciudadanía. Es imperativo que las personas podamos reconocer cuando el Estado está interviniendo en nuestras decisiones para modificar nuestros comportamientos, de tal forma que en respeto a nuestros derechos y principios constitucionales de dignidad humana y libertades fundamentales, podamos decidir sobre si aprehendemos o no esas estrategias conductuales.

En ese sentido, el boost es una estrategia conductual necesariamente transparente, toda vez que requiere de la cooperación ciudadana para ser llevado a cabo, la persona necesita discernir la intervención y su propio cambio de comportamiento(43). Ello quiere decir que la Administración tiene la carga argumentativa de demostrarnos a los ciudadanos cuáles decisiones pueden estar generando resultados menos que óptimos para nuestro bienestar individual o colectivo, ello debe presentarse de forma accesible al ciudadano, teniendo en cuenta que nuestra mente escoge en microsegundos que mensaje merece o no su atención. Adicionalmente, debe persuadir al individuo de por qué la aprehensión de la estrategia conductual tipo boost que han generado, logra potenciar las competencias que ya tienen o desarrollar unas nuevas que nos permiten tener cambios de comportamiento que resultan tener resultados más óptimos.

Toda esta carga argumentativa que recae sobre la Administración es necesaria para que los ciudadanos podemos entender y comprometernos con la aprehensión del boost que desarrolla o potencia determinadas competencias en nuestra arquitectura cognitiva, por lo cual, somos la ciudadanía quienes decidimos, previa recepción de información de la Administración, sobre si adoptar o no determinado boost. Esto lo hace necesariamente transparente, respetuoso de las libertades individuales y de la dignidad humana.

Siguiendo este hilo argumental, se ha de entender que si el individuo no es informado o persuadido por la Administración respecto del reconocimiento del fallo conductual que tiene en su arquitectura cognitiva actual, difícilmente puede cooperar, por tanto, ser intervenido por la Administración a través de esta técnica conductual. Ello, como ya lo he mencionado, le resta eficacia, pero le suma en transparencia y respeto de los Derechos Fundamentales. Ahora bien, la eficacia de la medida, entre otras razones, también se encontrará en que la Administración logre persuadirnos de manera adecuada, en el cómo presenta la información al individuo.

4. Las clasificaciones del Boost

La ciencia ha recurrido a la clasificación de sus objetos de estudio para ordenarlos a partir de las diferencias y semejanzas que tiene con respecto de otros, dotando de claridad al objeto y coadyuvando el avance científico. Se parte de la premisa fundamental según la cual todas las cosas tienen diferentes características, unas más parecidas que otras, por lo que resulta necesaria la clasificación de los objetos, pues permite diferenciarlos de aquellos que les son semejantes.

En el derecho, la clasificación de los conceptos jurídicos es imperativa pues se suele decir que el Legislador entiende que es imposible hacer justicia a la diversidad de casos individuales sino es mediante una clasificación que los especialice, ello permite que el juez pueda encasillar los casos individuales entre dos o más tipos extremos y asignar consecuencias jurídicas más justas según las características específicas de cada caso(44). El derecho administrativo no es la excepción y bien que se podrían dar ejemplos solo pensando en el acto administrativo.

En ese sentido, el boost, como técnica conductual de la intervención administrativa, también se ha clasificado por los diferentes autores en atención a diversos criterios; a saber: (i) el plazo, (ii) la forma y (iii) las competencias que desarrollan. En uno de los portales web especializados en boost se recoge una clasificación según el público destinatario, señalando que <<[a]lgunos se dirigen a periodos específicos del desarrollo (por ejemplo, la infancia); otras son aplicables a lo largo de la vida adulta (por ejemplo, las campañas de información sobre riesgos). Algunos boost se dirigen a la población en general; otros, a subconjuntos de la población, como fumadores, médicos generalistas o diagnosticadores>>(45). No obstante, creo que intentar clasificar un objeto de estudio según el tipo del público destinatario puede ser infructífero si no se adopta un criterio como la edad, la vulnerabilidad del colectivo o cualquiera otro que límite del espectro de clasificación, por tanto, no se tendrá en cuenta en este apartado.

4.1. Según el plazo de intervención

a. A largo plazo: Este tipo de intervención busca potenciar competencias preexistentes o desarrollar nuevas en los individuos, de tal manera que durante un tiempo prolongado, después de retirada la intervención, el individuo en ejercicio de la competencia adquirida pueda seguir tomando decisiones óptimas. En este caso, la mayoría de las estrategias desarrolladas por los autores son de largo plazo, específicamente las de alfabetización del riesgo, las de gestión de la incertidumbre y los boost motivacionales, pues en todos ellos se desarrollan competencias para ser aplicadas por un periodo prolongado de tiempo.

b. A corto plazo: fomentan una competencia, pero la mejora del rendimiento se limita a un contexto específico. En este caso, se suelen poner como ejemplo los boost de estadísticas presentadas en frecuencias naturales, pues si bien el individuo suele tener las competencias de interpretación de información necesarias, en realidad la intervención está en la forma en que se presente la información. En ese sentido, su aplicación es a corto plazo, pues trata sobre la presentación de la información y la posterior decisión del individuo que debería ser más precisa, pero que no desarrolla competencias a largo plazo que se pueda utilizar en diferentes contextos. Para ser más claros, este tipo de boost está más sobre el entorno de la elección que sobre el desarrollo de competencias individuales.

4.2. Según la forma de intervención

a. Los que modifican el entorno de la elección: La visión del nudge ha propuesto, entre sus herramientas, el encuadre, consistente en aprovechar sesgos cognitivos para la presentación de la información de tal forma que el individuo se vea más favorable a tomar determinada decisión. No obstante, el boost proviene de la idea de la heurística simple, que como se ha dicho, sugiere que las personas podemos tomar decisiones equivocadas pero no estamos sujetos de por vida a seguir cayendo sobre este error, sino que por el contrario podemos desarrollar competencias para superarlas. En ese sentido, la modificación del entorno de la elección no se hace para aprovechar un sesgo del comportamiento, sino que busca utilizar métodos más comprensibles del riesgo de la toma de determinada decisión, porque cuando el riesgo es conocido y medido, se pueden utilizar representaciones estadísticas que sean mucho más entendibles para los algoritmos cognitivos de la mente humana.

En este punto, Hertwig y Grüne-Yanoff sostienen que <<algunas representaciones hacen que las personas sean más competentes para razonar de manera bayesiana en ausencia de introducción explicita>>(46). En tal sentido, no se trata de utilizar un sesgo del comportamiento para intentar persuadir al individuo, sino aprovechando las competencias preexistentes, presentar la información de tal forma que sea entendible para la persona y que esta, libremente, pueda elegir qué decisión tomar.

Así, los autores han tomado como referencia las investigaciones llevadas a cabo por Gigerenser y Hoffrage a finales del siglo pasado, y en las que demostraron que <<las estadísticas expresadas como frecuencias naturales mejoran el razonamiento estadístico tanto de expertos como de no expertos>>(47). Las estadísticas representadas en frecuencias naturales son las que, según los autores, el cerebro ha utilizado durante toda su evolución para procesar los datos, pues es la forma en que los seres humanos se han aproximado a la estadística, es decir, secuencialmente.

Ahora bien, no se puede ignorar que, frente a este tipo de boost, el que cambia el entorno de la decisión, los autores solo han hablado de la representación estadística del riesgo mediante frecuencias naturales, por lo que resulta interesante adelantar estudios conductuales sobre otras formas de cambiar los entornos sin que ello sea igual a la arquitectura de las decisiones del nudge. Por otra parte, la debilidad que se encuentra en este tipo de boosting es que las frecuencias naturales se estudiaron en 1995, y hoy día hay mucha evidencia científica que la contradice, como sería el caso de las investigaciones de Fiedler, Brinkmann y Betsch (2000), Navarrete García (2009) y Lesage (2009).

b. Los que amplían el repertorio de competencias decisionales: Este tipo de boost hace referencia a aquellos que identifican y corrigen déficits específicos de habilidades y conocimientos con consecuencias de largo alcance. Lo que se busca es ampliar directamente el repertorio de competencias de los ciudadanos, de tal forma que podamos tener un mayor rendimiento de la información inteligente que obtenemos y tomemos decisiones más óptimas. En este caso, lo que se busca es enseñarle a las personas los conocimientos fácticos y los procedimientos clave para la toma de decisiones. El objetivo de este tipo de boost es dotar a la persona de las competencias claves para tomar las decisiones que maximicen el beneficio individual, en ese sentido se podría entender que son el boost más puro en esta clasificación, pues es aquel que conceptualmente es más acorde a lo desarrollado por los autores de la materia.

c. Los mixtos: estos boost buscan desarrollar estrategias cognitivas sencillas donde el riesgo no es medido, aumentando la precisión. Grüne-Yanoff y Hertwig han planteado que los árboles frugales de decisión y las decisiones colectivas —que son aquellas decisiones individuales que se toman con el respaldo de varias personas más, generalmente familiares— pueden ser buenas formas de integrar el cambio del entorno y la ampliación del repertorio de competencias como boost.

4.3. Según la competencia que desarrollan

Esta clasificación fue desarrollado por Hertwig y Grüne-Yanoff en 2017, siendo tal vez la más citada por los estudios posteriores en la materia, como el portal web ScienceBoosting.com, asociado al Max Plank Institute for Human Development. En ese sentido, considero que es especialmente relevante para el estudio de las estrategias conductuales de la regulación administrativa basadas en boosting.

a. Alfabetización del riesgo: busca fomentar las competencias de comprensión estadística, de tal forma que el ciudadano pueda entender la información que se transmite de esta manera. Según Hertwig y Grüne-Yanoff, se pueden desarrollar estas competencias a través de: (i) representaciones gráficas que sean entendibles para todas las personas; (ii) representaciones basadas en la experiencia que han probado ser mucho más comprensibles que aquellas basadas en la mera descripción; (iii) representaciones que eviten encuadres sesgados, como aquellas que representan los supuestos en términos absolutos y no relativos; (iv) entrenamiento para la trasformación de representaciones opacas, de modo que la persona tenga las mínimas herramientas para identificar representaciones no trasparentes y pueda entender la verdad que se obtiene de los datos; y (v) entrenamiento en habilidades matemáticas en general. Respecto de esta última, no se trata de ir a la educación tradicional para aprender las cuestiones básicas de la aritmética, el algebra o la trigonometría, aunque es necesario que las instituciones educativas busquen a través de sus currículos el desarrollo de competencias de este estilo más que la mera memorización de conocimientos y más en un área tan profundamente práctica como lo es las matemáticas(48). Aquí lo que se busca es que los boost puedan ayudarle al individuo a desarrollar esas competencias prácticas que las matemáticas ofrecen y que son de uso diario, mejorando su interpretación lógica de los riesgos a los que se enfrenta, cómo poder tomas mejores decisiones en base a esas interpretaciones(49). Ahora bien, se ha advertido que los boost de alfabetización del riesgo funcionan siempre y cuando la persona tenga la posibilidad de acceder a los datos actuariales sobre el riesgo, es decir a la incertidumbre asociada a los eventos futuros, pues ello le permitirá comprender el riesgo al que se enfrenta, pues es el fin de esta tipo de boost.

b. Gestión de la incertidumbre: Este tipo de boost buscan desarrollar competencias que establezcan reglas de procedimiento, hábitos, para tomar buenas decisiones, realizar mejores predicciones en condiciones de incertidumbre. Para ello utiliza herramientas como:

- Arboles frugales de decisión: más conocidos como arboles de decisión, son utilizados en la ciencia de datos para la toma de decisiones. Es una representación en forma de árbol, donde cada nodo interno representa una pregunta o prueba de un atributo, las ramas son los resultados de las pruebas y las hojas las decisiones o clasificaciones. Esto le permite a las personas tomar la mejor opción entre varias posibles, evaluando las diferentes posibilidades y observando cual es la que mayor bienestar le genera. Por ejemplo, si se trata de una decisión respecto de la separación de residuos en casa, la persona podría hacerlo de la siguiente manera:

- Heurísticas simples o heurística rápida y frugal: el punto de partida es conceptualizar la heurística como propensa a errores, pero aun así el desarrollo de nuevas heurísticas ha proporcionado pruebas de que menos información, cálculo y tiempo, pueden ayudar a mejorar la precisión inferencial y predictiva. La evidencia considera que el sistema cognitivo depende de heurísticas adaptativas, y que la clave para un buen rendimiento reside en la capacidad de seleccionar y adaptar las herramientas de la mente al entorno actual. Por supuesto, la heurística puede fallar (por ejemplo, cuando se aplica en el entorno equivocado), pero este enfoque hace hincapié en que, en comparación con las estrategias normativas de propósito general y uso intensivo de recursos, la heurística puede ser sorprendentemente eficiente y sólida(50).

- Rutinas de procedimiento: este tipo de boost se basa sobre las competencias motivacionales y decisionales, no en proveer información. Adicionalmente, los estudios han demostrado que la creación de rutinas mejora significativamente las practicas financieras, la calidad de los informes por objeticos e, incluso, de los ingresos. Esta estrategia, se basa, en la simplificación de procedimientos y en poder generar rutinas a través de ellos para la mejor toma de decisiones de los individuos.

c. Motivacional: Fomentan la competencia para ajustar de forma autónoma la motivación, el control cognitivo y el autocontrol a través de intervenciones como:

- Ejercicios de escritura expresiva: son ejercicios de escritura libre y personal que se utilizan para explorar emociones, pensamientos y experiencias de manera honesta, que estan encaminados a motivar a los individuos respecto de sí mismos, las oportunidades y competencias que pueden desarrollar.

- Ejercicios de crecimiento mental o de sentido de propósito: este tipo de boost son actividades reflexivas y prácticas especialmente diseñadas para ayudar a las personas a conocerse mejor, desarrollar su mente y conectar con su propósito de vida. Estos ejercicios buscan que la persona pueda crecer internamente y alinear sus emociones con valores más profundos. Suelen ser especialmente útiles para fortalecer la autoestima y la autoconfianza, mejorar el bienestar emocional y mental y tomar decisiones con mayor claridad.

- Entrenamiento de la atención: este es un proceso mediante el cual la persona aprende a dirigir , mantener y regular su enfoque mental de manera consciente. De esta forma, logra ejercitar su capacidad de prestar atención de forma intencional, en lugar de tener constantes perdidas de concentración. Son procesos útiles para la mejora de competencias en términos de concentración y memoria, ayudan a reducir el estrés y la ansiedad, aumenta la claridad en la toma de decisiones y favorece el autocontrol.

- Entrenamiento de la conectividad psicológica: son ejercicios que permiten el desarrollo de habilidades y prácticas que fortalecen la relación interna que tenemos con nosotros mismos, también la conexión emocional que tenemos con los demás y con el entorno. Es un tipo de entrenamiento que ayuda a fortalecer las competencias que implican mayor bienestar psicológico, el sentido de pertenencia y la empatía.

- Ejercicios de agrupación de recompensas: son estrategias diseñadas para aumentar la motivación y hacer más atractivas las tareas difíciles o poco agradables, al asociarlas con recompensas inmediatas o placenteras. Suelen ser ejercicios donde se combinan actividades que no nos gustan hacer pero que debemos, con algo que nos gusta y nos motiva, de tal modo que el cerebro logre vincular un mayor beneficio por realizar esa primera actividad poco satisfactoria. Suelen ser muy útiles para aumentar la disciplina sin que se sienta como un castigo, ayuda a reforzar hábitos positivos, reducir la procrastinación y mejora la relación emocional con las tareas difíciles.

- Uso estratégico de procedimientos automáticos: este tipo de boost hacen referencia a aprovechar los hábitos, rutinas y respuestas mentales que ya ocurren de forma automática, las heurísticas preexistentes, para facilitar el logro de metas, mejorar el bienestar o aumentar la eficiencia en la vida diaria.

- Entrenamiento de estrategias de precompromiso: este tipo de ejercicios están vinculados con aprender y aplicar formas de toma de decisiones anticipadas que le ayuden a la persona resistirse ante la tentación, mantenerse enfocado y cumplir sus metas a largo plazo. El precompromiso, es decidir por adelantado, es definir una actuación futura y las medidas concretas a tomar cuando ella se presente. Es un boost muy útil para evitar decisiones impulsivas o reactivas, mantener firmes los hábitos, reducir el desgaste de la fuerza de voluntad y proteger al regulado de las distracciones y tentaciones.

- Entrenamiento de estrategias de autocontrol: es el proceso de desarrollar competencias, centrándonos en las técnicas, que permitan regular los impulsos, las emociones, los pensamientos y los comportamientos, especialmente en situaciones donde podrían generarse tentaciones, frustraciones o distracciones. Uno de los ejemplos más importantes para poner en consideración podría ser el selfnudging, un boost donde el individuo decide directamente el desarrollo de sus propias competencias de decisión.

- Selfnudging: este boost se caracteriza porque los individuos utilizan los nudges como estrategias de autocontrol para reestructurar sus propios entornos de toma de decisiones, de tal forma que se convierten en los arquitectos de sus propias decisiones. Es decir, que las personas podemos diseñar de forma independiente nuestros propios entornos de toma de decisiones para alcanzar lo que nosotros consideramos mejores objetivos y no los que la Administración cree que deberían ser(51). Por tanto, se debe entender que este desarrollo es una aplicación práctica de las ciencias conductuales y que logra ser una mezcla ideal del boost y el nudge. Un ejemplo es poner el despertador lejos de la cama, de tal forma que para poder apagarlo tengamos que levantarnos.

A partir todo lo anterior, sostengo que el boost es una técnica de intervención administrativa que se basa en la evidencia de las ciencias del comportamiento, que no varía el régimen de incentivos y que tampoco es reglamentaria. Se trata de reforzar las competencias decisionales y de autocontrol, respetando la capacidad de agencia de los individuos y manteniendo todo el tiempo la transparencia de las regulaciones por la necesidad de participación activa del regulado. Toda la información hasta aquí aportada en esta investigación, la condenso en el siguiente mapa conceptual del boost: definición, bases y clasificación.

V. APLICACIONES DEL BOOSTING

1. Ejemplos de Boosting: los desarrollos más relevantes a día de hoy

La teoría sobre el boost abordada hasta ahora es muy importante en la medida que me ha permitido conceptualizarlo, presentarlo como una técnica de intervención conductual que logra equilibrar la materialización de los fines de interés general y la libertad individual de los privados, por lo que es una herramienta legitima que fortalece nuestros Estados de derechos y la democracia. No obstante, son técnicas que se han venido estudiando con cada vez mayor frecuencia en los países más desarrollados del norte de Europa, como lo son Alemania y los países nórdicos, por lo que ya tenernos una buena cantidad de ejemplos supremamente útiles para el entendimiento de la técnica regulatoria, pero también para evidenciar su uso y eficacia. Por tanto, mi objetivo en este apartado es poder presentar los boost abordados hasta ahora, así como también las evaluaciones que demuestran su eficacia.

1.1. Alfabetización del riesgo

Este tipo de boosts son aquellos relacionados con el desarrollo de competencias para que el individuo pueda comprender, evaluar y actuar adecuadamente frente al riesgo. Esta técnica de intervención requiere que las personas puedan conocer y comprender los riesgos de la toma de determinada decisión, para que logre tomar decisiones adecuadamente. Algunos ejemplos de estudios desarrollados en el mundo son:

- Boosting para la comparación de riesgos del Covid-19 utilizando tutoriales sencillos(52): Un equipo interdisciplinar de la Universidad estatal de Kent, la Universidad de Kentucky, la Universidad de Winsconsin – Madison y la Universidad de Columbia, identificaron un error matemático que podría contribuir a la creencia según la cual el virus del Covid-19 era menos letal que el de la gripe, por lo que crearon un boost de alfabetización del riesgo por medio del cual ayudaban a las personas a desarrollar competencias para la compresión precisa de los números racionales relacionados con el virus de la Covid-19.

El sesgo de números enteros es un error matemático según el cual las personas solemos centrarnos en los componentes del numerador y denominador de los números enteros de forma aislada y no en la integralidad de los datos presentados en fracciones. Es así como los investigadores realizaron un boost que potenciaba las competencias de 1.297 adultos participantes frente al razonamiento estadístico, apoyados de analogías con contextos familiares, en las cuales lo que se busca es instar a las personas a realizar equivalencias partiendo de sus conocimientos previos, y líneas numéricas para la visualización, es decir, un tipo de representación que promueve el razonamiento preciso sobre todas las magnitudes numéricas, incluidos los números racionales. La totalidad del boost se puede evidenciar en el siguiente cuadro, el cual se presenta en el estudio.

Esta intervención logró demostrar que procedimientos matemáticos paso a paso ayudan a superar conceptos erróneos aritméticos comunes. En cada paso, las personas aprenden información sobre por qué son correctos o incorrectos para la solución del problemas. Frente al caso en conceto, los participantes del experimento demostraron comprender los datos de riesgo de salud y cambiaron su comportamiento, informando el aumento de la frecuencia de hábitos de salud preventivos recomendados por expertos y agencias competentes como el uso de mascarillas, lavado de manos y el distanciamiento social. También es de resaltar que la medición de resultados posevaluación arrojó que los participantes lograban evaluar los riesgos y se preocupaban más después de participar del boost, con lo cual se puede demostrar un muy buen grado de éxito en la intervención.

- Comunicación del riesgo en tablas vs. textos(53): En un estudio realizado por investigadores multidisciplinares de la Universidad de Cambridge, la Universidad de Ámsterdam, la Universidad de Potsdam y el Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano, en el cual participaron 2.305 personas residentes en Reino Unido, se logró evidenciar que la presentación de información en recuadros tabulares genera mayor comprensión del riesgo de enfermedad frente a la presentación de la misma información en texto. Ello permite que se dé una comunicación eficaz del consentimiento informado y mejora la toma de decisiones de los pacientes, aportando ventajas éticas y prácticas.

Según este estudio los cuadros de datos pueden resultar más fáciles de usar y apetecibles para el lector en lugar del texto, entre varias razones, porque la información es mucho más fácil de localizar o extraer por las características visuales que permiten la interacción. El estudio puso a disposición de los participantes información médica en formato de texto y de recuadros informativos, luego les hacía una serie de preguntas para evaluar su comprensión; los resultados mostraron que los recuadros informativos fueron mayormente comprendidos frente a los textos y los participantes sostuvieron que apoyarían personalmente la intervención médica para un miembro de su familia.

- Enseñar razonamiento bayesiano en menos de dos horas(54): Este estudio tenía como objetivo identificar la mejor forma de educar sobre alfabetización estadística, específicamente su meta era diseñar un método efectivo de enseñar la inferencia bayesiana. Lo anterior, porque la inferencia bayesiana es ajena a la inferencia humana y no existían hasta ese momento estudios exitosos que propusieran una forma fácil de enseñarla.

Según el estudio, los algoritmos cognitivos trabajan sobre información y esta siempre necesita una forma de representación. En ese sentido, los estudios previos han sostenido que los cálculos bayesianos son más simples cuando la información se representa en frecuencias naturales en comparación con probabilidades, porcentajes o frecuencias relativas, y que las frecuencias naturales parecen corresponder al formato de información que los humanos hemos encontrado a lo largo de nuestro desarrollo evolutivo.

De tal forma, el estudio plantea que saber construir mapas conceptuales que representen frecuencias naturales con la información estadística requerida, puede ayudar a las personas a realizar inferencias bayesianas con éxito. Para ello, el boost propuesto tiene cuatro pasos: (i) leer la descripción del problema representado en las probabilidades; (ii) dibujar un mapa conceptual, puede ser una árbol de decisión, donde el nodo inicial es el número de casos y los siguientes son los subcasos; (iii) rellenar los números sobre 100; y (iv) calcular posteriormente la probabilidad, tal como aparece en la Ilustración 10.

El logro de este boost fue demostrar que, por medio de la traducción de la información de la probabilidad aritmética al árbol de decisión y luego aplicar la regla de Bayes, los individuos pueden realizar cálculos correctos de las probabilidades. Los ejemplos tratados en el estudio demuestran que puede ser muy útil para transmitir información respecto de enfermedades graves (como el VIH o el cáncer de mama) y que las personas puedan comprender realmente las probabilidades de riesgo de un tratamiento o de la vida misma(55).

La virtud de los boosts de análisis del riesgo es que le permite al regulador desarrollar estrategias innovadoras que ayudan a las personas comprender los riesgos a los que se está sometiendo en determinada decisión, los estudios hasta ahora desarrollados tienen una relación directa con el derecho a la salud de los ciudadanos, ya que sí se nos informara de forma correcta y, adicionalmente, se nos potenciaran las competencias para entender dicha información, podríamos ser capaces de tomar mejores decisiones de autocuidado y, también, respecto de tratamientos médicos que podrían salvar vidas. La implicación directa que tienen este tipo de estrategias con fines de interés general relacionados con el derecho a la salud, permiten desarrollar mejores modelos de salud pública y que en realidad podamos llegar a tener un impacto importante para salvar la vida de las personas.

1.2. Selfnudging

Como presenté con anterioridad, dentro de los boosts motivacionales están los selfnudging, un tipo de boost que le permite a las personas empoderarse en el diseño de su propia arquitectura de la decisión, estructurando sus propios entornos y convirtiéndose en su propios arquitectos. Es una forma en que se logra aplicar los desarrollo de las ciencias del comportamiento sin tener preocupaciones por las restricciones paternalistas o la manipulación que podría ocurrir con el nudge. Esta se podría describir como una poderosa herramienta que permite reducir las fallas de autocontrol y mejorar la capacidad de agencia del individuo eficazmente(56).

Según Reijula y Hertwig, las personas que tienen mayor autocontrol parecen ser más capaces de alcanzar sus objetivos a largo plazo, medidos en términos de salud, riqueza y otras dimensiones importantes en el ser humano. Esta estrategia conductual permite a la Administración guiar el comportamiento de las personas por medio de técnicas en las que el ciudadano, reconociendo el bienestar que le provee el cambio de hábitos, decide libremente, aprehender estas técnicas conductuales de autocontrol que le permitan alcanzar sus propios objetivos.

Para lograr lo anterior, el individuo debe comprender el vínculo existente entre su propio comportamiento y la arquitectura de la decisión, así como el boost que le ayuda a modificar ese vínculo para que logre tomar mejores decisiones. En realidad, muchas personas conscientemente han desarrollado sus propios selfnudges para cambiar determinados comportamientos. Como ejemplos podríamos citar guardar la medicación diaria al lado del cepillo de dientes para recordarla, mantener pequeñas cantidades de alcohol o, en mi caso, dulces, en casa para evitar la tentación de consumirlos recurrentemente, dejar la tarjeta de crédito en casa cuando se sale de compras para evitar gastos innecesario (estrategia que tendrá que variar con la tecnología Near Field Comunication - NFC), o transferir el ahorro a otra cuenta para evitar gastarlo, entre otras muchas que nos permiten tomar mejores decisiones y que hemos desarrollado individualmente.

Ahora bien, frente al selfnudge, Reijula y Hertwing presentan un listado de posibles desarrollos que podrían generarse a futuro: (i) de planificación a través de recordatorios y sugerencias, para que los individuos puedan mejorar el logro de sus objetivos subjetivos; (ii) encuadre auto despejado de decisiones, en las que los individuos modifican sus contextos sabiendo que decidirán de manera distinta; (iii) manipular la accesibilidad a través del orden y la organización de las cosas; (iv) generar comparaciones sociales y ejercer presión social, donde el individuo se preocupa por su consumo y lo compara con las demás para utilizar esa clasificación para automotivarse a cambiar y lograr los objetivos subjetivos.

El selfnudge como un tipo de boost puede ayudar a resolver problemas de autocontrol, por lo que se garantiza la autonomía del individuo y se requiere la participación activa de los ciudadanos. Aun así, se requiere seguir investigando cómo diseñar intervenciones más eficientes que logren potenciar el cumplimiento de los objetivos subjetivos de los individuos y que coadyuven a la materialización de los intereses generales.

Dentro de los selftnudges desarrollados hasta ahora, tenemos las siguientes investigaciones:

- Afrentar desafíos digitales con herramientas cognitivas(57): En un estudio interdisciplinario adelantado entre el Instituto Max Planck para el Desarrollo humano, la Universidad de Bristol y la Universidad de Australia Occidental, se evidenciaron boost desarrollados para (i) permitirle a las personas mejorar su capacidad de atención en los entornos digitales y (ii) a que potencien las competencias de razonamiento y resiliencia a la manipulación. El gran objetivo de estas intervenciones es proveer de herramientas cognitivas a los ciudadanos para fomentar la civilidad en el discurso en línea y proteger la razón y la autonomía humana contra arquitecturas manipuladoras, técnicas para captar la atención o la difusión de información falsa.

El uso del boosting como estrategia conductual responde a la necesidad de empoderar al usuario de internet, a aumentar las competencias de las personas para lidiar con los desafíos digitales y a evitar que intereses de terceros (como es el caso de los gigantes tecnológicos) terminen prevaleciendo frente al bienestar general. Lo anterior, porque existe una necesidad latente en poder desarrollar intervenciones cognitivas que respondan al desafío de los entornos digitales cambiantes por medio de fomentar competencias duraderas y generalizadas de los usuarios. Los investigadores proponen los siguientes selfnudges:

- Adaptación a la accesibilidad cognitiva por medio de: (i) Limitar la pantalla de inicio solo a herramientas, las aplicaciones que pueden hacerle menos productivo deben estar en carpetas; (ii) mantener el teléfono lejos de su alcance, cargarlo fuera de la habitación mientras hace actividades importantes; (iii) desactivar todas las notificaciones, banners o insignias; (iv) eliminar aplicaciones que distraen; (v) utilizar la escala de grises para disminuir los incentivos sensoriales.

- Ajuste de valores predeterminados: (i) ajustar las horas en las que el teléfono puede pasar automáticamente a modo silencio; (ii) revisar y controlar la privacidad de las diferentes aplicaciones; y (iii) configurar el navegador para borrar el caché y las cookies automáticamente una vez se apague, además de habilitar la protección de seguimiento de <<no rastrear>> para evitar la recopilación de datos del ordenador por parte de terceros.

- Uso de la tecnología: (i) controlar el tiempo que pasa el individuo en el dispositivo; (ii) controlar y bloquear selectivamente aplicaciones en el teléfono; (iii) utilizar bloqueadores de anuncios; (iv) utilizar navegadores de búsqueda respetuosos de la privacidad, (v) utilizar el modo incognito en el ordenador; y (vi) utilizar VPN encriptada cuando se utilicen redes de wifi públicas.

1.3. Detección de misinfomation y micromarketing en plataformas web

La misinfomation y el micromarketing son dos fenómenos recientes pero de gran relevancia en el mundo actual, pues suponen un cambio trascendental para el comercio y el derecho a la información de los consumidores. Misinformation es un anglicismo que se traduce como <<desinformación>>, que hace referencia a la información falsa o incorrecta que se difunde con el propósito de engañar, si bien es cierto en este tiempo se puede asociar directamente con las noticias falsas para, en muchos casos, lograr la movilización política de las personas tras determinada posición, puede generarse también como una técnica de mercado para engañar al consumidor.

Por su parte, el micromarketing es una estrategia de mercadeo que dirige mensajes con alto nivel de personalización y coincidencia con las preferencias de los posibles clientes. Estamos hablando de técnicas que se suelen cuestionar por su valor ético, toda vez que explotan las características inferidas de los destinatarios, incluyendo atributos sensibles como el género, la orientación sexual, la raza o la posición económica, con mensajes que sobrepasan la persuasión para llegar a la manipulación del consumidor y en ausencia total de la transparencia en el manejo de la información por parte de las plataformas que se encargan de recolectar nuestros datos y venderlos.

El boost en este sentido, suele ser altamente eficaz, pues se ha demostrado que cuando las personas logran identificar que un anuncio a utilizado practicas inaceptables para su difusión, suele resultar menos creíble por los usuarios. Con lo cual, enseñar a los consumidores a identificar técnicas de argumentación engañosas, asociadas al micromarketing o a la misinformation, permite cumplir un fin de interés general como es el de generar una ciudadanía menos influenciada por las técnicas de desinformación.

Frente a este caso concretom se desarrolló un estudio por investigadores del Max Plank Institute para el Desarrollo Humano, el School of Psychological Science and Cabot Institute de la Universidad de Bristol y del School of Psychological Science de la Universidad de Western, el cual estaba basado en dos experimentos(58). En el primer experimento, realizado a 318 personas, se les hacía completar un cuestionario de extraversión de ocho preguntas y luego se les presentaba diez anuncios publicitarios (cinco dirigidos a personas extrovertidas y cinco para introvertidas) y se les pedía señalar cuál de los anuncios creían se dirigía a ellos. A quienes se les dio la información del resultado de su cuestionario de extroversión lograron identificar correctamente en un 26 % adicional los anuncios dirigidos a su personalidad. El segundo experimento, con 638 participantes, no generó ningún feedback sobre la personalidad de los participantes y sus resultaron demostraron que si el individuo no reflexiona sobre su personalidad, no logra identificar los anuncios dirigidos a él.

Del estudio anterior, resulta clave poder desarrollar un boost de autorreflexión que le permita a la persona a ser consciente de su vulnerabilidad al micromarketing o a la misinformation, para que puedan tomar mejores decisiones.

- El juego de noticias falsas: Este es un boost desarrollado bajo el entendido de dotar a las personas de las competencias necesarias para que puedan identificar noticias falsas. Debo evidenciar que ha contado con múltiples estudios, lo que hace que su éxito esté corroborado. El juego de noticias falsas se basa en que los participantes puedan crear su propia noticia falsa, lo cual les permite reducir la percepción de fiabilidad y persuasión de los artículos noticiosos, además que les permite identificar las estrategias más usuales utilizadas por los creadores de este tipo de engaños (desacreditar al oponente, apelar a la emoción, polarizar la audiencia, suplantación, teorías conspirativas y trolear). En este caso, lo que se realiza es un tipo de inoculación preventiva, que expone al individuo a una versión débil de un engaño para que pueda contraargumentarlo y refutarlo posteriormente(59). Este juego ha demostrado ser efectivo a corto plazo, con estudios documentados hasta de 33 semanas frente a su efectividad, razón por la cual se recomienda una suerte de booster shots, es decir, una repetición de juego cada cierto tiempo que le permita a la persona desarrollar y aprehender la estrategia conductual propuesta(60).

Este juego de noticias falsas se ha realizado con temas específicos como la migración y el cambio climático, ambos temas que suelen ser usados por el populismo político para la manipulación de la ciudadanía. Frente al cambio climático, se trata de combatir el argumento de falso consenso, según el cual en la ciencia existen dudas razonables frente a la existencia del cambio climático, generalmente utilizando la opinión de falsos expertos sobre el tema. Ahora bien, la inoculación es a muy corto plazo, alrededor de una semana, por lo que se deben buscar más herramientas para enfrentar las noticias falsas frente al cambio climático(61).

Hasta este punto he evidenciado algunos de los boosts más importantes desarrollados hasta ahora y documentados por los diferentes estudios científicos. He de advertir, empero, que al ser un tema en constante evolución e investigación, se desarrollan con frecuencia nuevas estrategias que responde a otras racionalidades regulatorias adicionales a las que hasta ahora se han venido respondiendo, por lo que este apartado no busca describir cada uno de los boosts existentes hoy en día, sino poder exponer algunos ejemplos que muestran su eficacia y varios de los campos de acción en los que se pueden desarrollar estas técnicas regulatorias.

2. Nudge educativos, educación tradicional y boost

Hasta este punto se ha conceptualizado a profundidad el boost como una técnica de las estrategias conductuales de la intervención administrativa. He clasificado su diferentes desarrollos, así como he expuesto su procedimiento de creación y evaluación, y también he dado ejemplos de boosts que se han generado hasta ahora. Por tanto, estas últimas secciones estan dedicadas a diferenciar el boost de algunas formas de intervención que podrían ser similares, como lo pueden ser los nudges educativos o, también, la educación tradicional.

Lo primero será diferenciar el boost de los nudges educativos. Según Hertwig y Grüne-Yanoff, Sunstein habría introducido la noción de nudges educativos, entre los que se encuentran los recordatorios, las advertencias y la información, los cuales tendrían particulares coincidencias con los boosts a corto plazo, pues requieren un mínimo de motivación y habilidad cognitiva, así como solo presentan soluciones a problemas muy determinados. No obstante, estos nudges educativos requieren del desarrollo de competencias por parte de los tomadores de decisión pues las advertencias o la información deberán ser gestionadas cognitivamente de manera adecuada. Con lo cual, se evidencia con claridad que para el boost no se trata de dar información al individuo (como sucede con los nudges educativos) sino de lograr desarrollar competencias asociadas a la compresión de esa información para asegurar que en realidad los individuos la estan comprendiendo la información y en ejercicio pleno de su libertad, toman la decisión que más les beneficia(62).

Ahora bien, los nudges educativos son los conocidos también como system 2 nudge o nudge deliberativo, los cuales tienen como objetivo educar al individuo en la toma de decisiones, mejorando su capacidad de agencia. Este tipo de nudges tienen, por definición, algunas coincidencias con el boost, tan es así que el mismo Sunstein ha sostenido <<los nudges educativos, ofrecidos por las agencias gubernamentales, deberían ser vistos como intentos por fortalecer de la mano del Sistema 2 la deliberación y los juicios de las personas. El ejemplo más obvio es el de la divulgación de información relevante. Algunos tipos de nudges, algunas veces descritos como ‘boosts’, intentan mejorar la capacidad de toma de decisiones autónoma, por ejemplo, mejorando la alfabetización estadística>>(63) (énfasis mío). Es decir, para Sunstein los boosts solo serían tipos de nudges educativos, de hecho hay coincidencia con algunas estrategias como los precompromisos, que son enlistadas dentro de las dos técnicas conductuales, pero la respuesta de Hertwig y Grüne-Yanoff es acertada, pues los nudges educativos solo presentan coincidencias con un tipo específicos de boosts y, por los ejemplos desarrollados por Sunstein, se limitan a solo entregar información al individuo sin dotarlo de las competencias necesarias para su comprensión, con lo cual tienen objetivos distintos pese a que en determinados casos, en la práctica, la estratega pareciera ser coincidente.

Por otro lado, el desarrollo de competencias parece ser una labor educativa, por lo cual se podría entender que los boosts deberían enseñarse por medio de la educación tradicional. En cierta medida, algunas competencias deberían desarrollarse dentro de la educación tradicional, permitiendo que toda la población escolarizada tenga la posibilidad de, por ejemplo, entender inferencias bayesianas para calcular el riesgo en determinada toma de decisiones. No obstante estas técnicas de intervención tienen planteamientos diferentes por varias razones: en primer lugar, porque el boost supone el desarrollo de competencias para la toma adecuada de decisiones y no solo ofrecer conocimientos descriptivos sobre temas genéricos, como hoy en día se suele hacer en la educación tradicional. Por otro lado, los boosts también se basan en la evidencia de las ciencias del comportamiento; los currículos escolares, no. Lo tercero a tener en cuenta es que los boosts están pensados para potenciar competencias especificas frente a decisiones concretas, con tiempo y lugar determinado, no de la mera entrega de información sobre conocimiento genérico programado en un plan de estudios(64).

De igual forma, si aceptamos que los boosts son una forma de asegurar la libertad del individuo, incluir este tipo de técnicas conductuales en los currículos escolares, de una u otra forma lo que hace es generar cierta obligatoriedad sobre la aprehensión de la estrategia, por lo cual se llegaría a una suerte de intromisión en la capacidad de agencia del individuo y se desvirtuaría uno de las bases fundamentales sobre las que se sustenta la estrategia. En ese mismo sentido, se debe evaluar que la edad de las personas para el desarrollo del boosts no es un límite, pues son técnicas que deben plantearse para la toma adecuada de decisiones sin distinción de edad, es más, ese es un criterio a tener en cuenta para su buen diseño, pero en la educación tradicional las personas adultas suelen ya haber terminado esta etapa, con lo cual no podrían verse beneficiados de este tipo de técnicas reguladoras.

3. Hyperboost. Integración de la Inteligencia Artificial al Boosting

La IA es un medio para poder materializar las estrategias conductuales, con lo que es natural que la Administración se vea habilitada para poder usarla en el diseño de estrategias conductuales tipo boost. En este punto, será importante revisar algunos conceptos clave en materia de sistemas IA para luego ver su posible vinculación y desarrollo con el boosting.

El uso de sistemas IA en la Administración en general requiere una comprensión preliminar de los principales enfoques tecnológicos que los sustentan. En términos generales, se puede decir que no todas las veces en que la Administración utiliza formulas algorítmicas para el desarrollo de sus funciones se trata de IA, pues los algoritmos en sí mismos, solo reflejan un procedimiento bajo la idea de <<si, entonces>>. Por otro lado, tenemos intervenciones donde a los algoritmos se les integran capacidades que asimilan las humanas, en esos casos ya nos encontramos frente a sistemas IA. En ese sentido, debemos tener en cuenta que los sistemas IA pueden clasificarse en dos grandes categorías, de acuerdo con su lógica de funcionamiento: los sistemas basados en reglas y los sistemas basados en aprendizaje automático(65).

Los sistemas de IA basados en reglas, también denominados IA simbólica o determinista, operan mediante la aplicación de un conjunto de premisas lógicas predefinidas que conducen a una conclusión. Estos sistemas utilizan algoritmos diseñados conforme a criterios lógicos explícitos, lo cual permite una trazabilidad completa del proceso de decisión. Son particularmente útiles en contextos administrativos donde se requiere previsibilidad, uniformidad y control riguroso de los procedimientos(66).

Por otro lado, los sistemas de IA basados en aprendizaje automático (machine learning) emplean técnicas estadísticas y computacionales para analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones y generar modelos predictivos o clasificatorios. A diferencia de los sistemas deterministas, el aprendizaje automático permite una mayor adaptabilidad al contexto, especialmente en situaciones dinámicas y complejas, aunque con menores niveles de explicabilidad y control directo por parte de los operadores humanos(67). El siguiente cuadro intenta resumir el uso de los algoritmos en la Administración pública hasta ahora.

Ilustración 4. Uso algorítmico en la Administración pública

Ahora bien, la incorporación de este tipo de sistemas en el ámbito de la Administración pública puede contribuir de manera sustancial a la mejora de las intervenciones administrativas y a la consecución de los fines constitucionales. En ese sentido Ponce Solé sostiene que permite aumentar la capacidad de procesamiento de información, adaptar (personalizar) la oferta a la demanda del usuario con lo que se podría hablar de personalización de las intervenciones administrativas, realizar predicciones y evitar los sesgos cognitivos aun de las mismas administraciones públicas y la incorporación de nuevas profesiones al servicio público (como lo son los programadores de software)(68).

Entonces, la pregunta que cabe hacerse es si es posible integrar los sistemas IA a las estrategias conductuales tipo boost. La respuesta es clara: no solo es posible y deseable, es necesario. Los sistemas de IA pueden ayudar a la Administración a identificar fallos conductuales cometidos por los ciudadanos, pero también pueden ser un vehículo supremamente útil para llevar las intervenciones, masificarlas a todos los ciudadanos que estén dispuestos a aprehenderlas, con un componente esencial, ya nombrado por Ponce Solé: la individualización. Los sistemas de IA podrían llegar a identificar los procesos de adopción de determinada competencia por el individuo y ayudarle a que logré desarrollarla por completo. Ello podría representar una forma de vencer uno de los problemas de esta herramienta y es su limitado alcance, pues en intervenciones sin IA, la Administración se ve abocada a largos procesos de estudio, identificación de patrones, debates al interior de la Administración, para luego proponer una intervención que puede ser masivamente promocionada, pero que al respetar la capacidad de agencia, no logra ser conocida y aceptada por todo el público objetivo. En este caso no sería así, porque los algoritmos se pueden encargar de evidenciarle a la persona que está incurriendo en fallos conductuales y que puede desarrollas competencias que le ayuden a superarlos, si decide libremente hacerlo; luego la IA se encarga de enseñarle.

Pero entonces, ¿cuál es el sistema de IA que debe utilizar la Administración? Intuitivamente, mi respuesta es aquellos basados en aprendizaje automático, pues se requiere de una IA capaz de poder identificar patrones del individuo, que interacciones con él o ella, y le indique la posibilidad de adquirir competencias específicas para no cometer determinado fallo conductual. Para ello, se requiere de un sistema de IA que pueda analizar grandes volúmenes de datos del individuo, clasificarlos y presentarle las conclusiones, quien libremente podrá decidir si tomar o no la intervención Administrativa que individualmente se le presenta a través de un sistema de IA capaz de adaptarse a sus necesidades personales.

Hasta ahora, no se ha evidenciado un desarrollo en ese sentido por parte de la Administración, por lo que aquí presento una interesante línea de investigación que pueda traer como resultado la creación del hyperboost: intervenciones administrativas conductuales llevadas a cabo por medio de la IA.

Los beneficios del hyperboost se pueden resumir en que potencian el alcance de una herramienta que es transparente, promueve la capacidad de agencia del individuo y puede tener importantes efectos en la toma de decisiones individuales a largo plazo. La IA lo que hace, en este caso, es lograr desarrollar intervenciones más personalizadas, lo que aumenta su probabilidad de éxito y permite que más personas se vean impactadas con este tipo de intervenciones.

En su momento(69), he planteado lo útil que puede llegar a ser, con la detección de noticias falsas, el uso del hyperboost del juego de noticias falsas al que ya me he referido en páginas anteriores. Esta intervención podría decirle a un individuo que reiteradamente puede estar leyendo y compartiendo noticias falsas con solo un estudio de sus publicaciones compartidas en la mayoría de las redes sociales, luego presentarle la posibilidad de desarrollar competencias para la detección de noticias falsas, y, después de la aceptación, el sistema IA puede jugar con la persona el juego de noticias falsas para ayudarle a identificarlas, luego si el algoritmo identifica que se necesitan refuerzos, volverle a proponer la posibilidad de volver a jugar. Esto podría generar una sociedad mucho más crítica, bien informada y con la capacidad de identificar noticias falsas.

Por tanto, como he sostenido, es deseable el desarrollo de técnicas de intervención tipo boost con sistemas de IA que respetan la libertad individual, mientras que la IA se encarga de potenciar los resultados, dotando de gran eficacia a la intervención, por lo que logra la materialización del fin de interés general perseguido, legitimando la actuación conductual de la Administración

VI. CONCLUSIONES

Primera. El análisis desarrollado a lo largo de este trabajo pone de relieve que el análisis conductual del derecho constituye una metodología imprescindible para comprender y mejorar la eficacia del ordenamiento jurídico. La evidencia empírica proveniente de las ciencias del comportamiento demuestra que el presupuesto clásico de la racionalidad plena resulta insuficiente para explicar la respuesta real de los ciudadanos frente a las normas jurídicas, lo que obliga a repensar los instrumentos tradicionales de intervención administrativa desde una perspectiva más realista del comportamiento humano.

Segunda. En el ámbito del Derecho administrativo, la incorporación del análisis conductual permite enriquecer la dogmática de la intervención administrativa, al evidenciar que el incumplimiento normativo no siempre responde a una voluntad deliberada de infracción, sino a errores sistemáticos en la toma de decisiones derivados de la racionalidad limitada, las heurísticas y los sesgos cognitivos. Esta constatación amplía el abanico de técnicas disponibles para la Administración, más allá de la prohibición, la sanción o el incentivo económico, y habilita el desarrollo de formas de intervención más eficaces y menos gravosas.

Tercera. El estudio de los criterios subyacentes de la intervención permite evaluar críticamente la legitimidad de las nuevas estrategias conductuales. Desde esta perspectiva, la intervención administrativa conductual se presenta como una categoría autónoma, cuyo valor reside en su potencial para materializar los fines de interés general con un bajo coste económico y sin recurrir necesariamente a la coerción. No obstante, su legitimidad no puede darse por supuesta, sino que debe analizarse atendiendo a los costes reales que cada técnica genera sobre la libertad y la capacidad de agencia de los individuos.

Cuarta. Si bien el nudge ha sido la técnica conductual más difundida en la práctica administrativa y en la literatura jurídica, este trabajo ha puesto de manifiesto sus límites normativos, especialmente cuando se apoya en decisiones automáticas, opacas o inconscientes que pueden erosionar la autonomía personal. La mera preservación formal de opciones de elección no garantiza, por sí sola, el respeto efectivo de la libertad individual, lo que requiere de una evaluación más exigente de estas técnicas desde la óptica del Estado constitucional de Derecho.

Quinta. Frente a dichas tensiones, el boosting se configura como una técnica de intervención administrativa conductual particularmente adecuada, en la medida en que desplaza el foco desde la arquitectura de la elección hacia el desarrollo de competencias ciudadanas. Al fortalecer la capacidad de los individuos para comprender la información relevante, identificar errores cognitivos y tomar decisiones más reflexivas, el boost potencia la capacidad de agencia sin instrumentalizar los sesgos conductuales.

Sexta. Desde una perspectiva de la prospectiva administrativa, el boosting ofrece además una ventaja adicional: su vocación de permanencia. A diferencia de otras intervenciones cuyos efectos suelen ser contingentes al mantenimiento del estímulo, el boost permite generar cambios duraderos en los patrones de decisión, contribuyendo a prevenir futuras manipulaciones conductuales por parte de actores públicos o privados y fortaleciendo la resiliencia de los ciudadanos frente a entornos decisionales complejos.

Séptima. El boosting debe ser reconocido como una técnica legítima, eficaz y normativamente preferente dentro del catálogo de técnicas de intervención administrativas, especialmente en aquellos ámbitos donde esté en juego la libertad individual, la autonomía decisional y la confianza ciudadana en las instituciones. Su incorporación en la dogmática del Derecho administrativo no solo amplía las técnicas de actuación de la Administración, sino que contribuye a un modelo de intervención más respetuoso de los derechos fundamentales, más transparente y mejor alineado con los principios del Estado democrático y constitucional de Derecho.

NOTAS:

(1). ORTIZ DE URBINA GIMENO, I., “El análisis económico del derecho”, COURTIS, C. (Editor académico), Observar la ley: ensayos sobre metodología de la investigación jurídica, Editorial Trotta, 2006, pp. 321-348.

(2). NIETO, J., Decisiones y mercados: una introducción a la economía, Ediciones Pirámide, 2001.

(3). DE QUEROL ARAGÓN, N., Análisis económico del derecho: teoría y aplicaciones, Ediciones FIEC, 2009

(4). AKERLOF, G., <<Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior>>, The American Economic Review, vol. 92, no. 3, 2002, pp. 411-433. Disponible: ENLACE.

(5). KAHNEMAN, D. & TVERSKY, A., <<Prospect Theory: An analysis of decision under risk>>, Econometría, vol. 14, no. 2, 1979, pp. 263-292. DOI: ENLACE

(6). SUNSTEIN, C., <<Behavioral Analysiso f Law>>, University of Chicago Law Review, 1997, pp. 1175-1195.

(7). KANHEMAN, D., Pensar rápido, pensar despacio, CHAMORRO, J. (Traductor), Debate Editorial, 2012.

(8). COMISIÓN FEDERAL DE COMERCIO. Reembolsos de Amazon, 2025. Disponible en: ENLACE

(9). SCHOLARS OF BEHAVIOURAL ECONOMICS. Brief of Scholars of Behavioural Economics as Amici Curiae in Support of Petitioners, Expressions Hair Design v. Schneiderman, No. 15-1391, 2016, Corte Suprema de los Estados Unidos. Disponible en: ENLACE

(10). CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Hughes v. Northwestern University, 595 U.S. 432, 2022, disponible en: ENLACE

(11). SUNSTEIN, C., Advanced introduction to behavioral law and economics, Edward Elgar Publishing Limited, 2023.

(12). SCHWARTZ, B. & CHEEK, N., <<Choice, freedom, and well-being: considerations for public policy>>, Behavioural Public Policy, Cambridge University Press, vol. 1, no. 1, 2017, pp. 106-121.

(13). Ibid., p. 108.

(14). Frente a esta nueva concepción, Garrido Falla recomienda el ejemplo que da Jordana de Pozas cuando rememora la historia contada por el profesor Sidney Webb a sus estudiantes, donde evoca el diario vivir del señor John Smith, un habitante de Birmingham cuya vida transcurre en plenitud gracias a la prestación de servicios sociales que le hace la Administración municipal. DE POZAS, J. <<El problema de los fines de la actividad administrativa>>, Seminario sobre problemas actuales de la Administración Pública, Instituto de Estudios Políticos,1951, pp. 11-28.

(15). RIVERO ORTEGA, R., Derecho administrativo económico, Marcial Pons, Décima edición, 2025, pp.157.

(16). GARRIDO FALLA, F., Tratado de Derecho Administrativo, Instituto de Estudios Políticos, vol. I, sexta edición, 1973, pp. 77.

(17). DE POZAS, J., <<Ensayo de una teoría de fomento en el derecho administrativo>>, Revista de Estudios Políticos, no. 48, 1949, pp. 41-54.

(18). MANNHEIM, K., Libertad y planificación social, Fondo de cultura económica, 1946.

(19). DE POZAS, L. J., Op. cit., pp. 43.

(20). RIVERO ORTEGA, R., op. cit., pp. 20-21.

(21). MARTÍN NÁJERA, S., Las instituciones de control, el análisis conductual y el derecho a la buena regulación, Marcial Pons, 2021.

(22). SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Z. <<¿Es ético el green nudging para la mejora de la calidad normativa en materia medioambiental?>>, RIVERO ORTEGA, R. (Coordinador), Innovación en las normas ambientales, Tirant Lo Blanch, 2019, pp. 49-70.

(23). HERZOG, S., & HERTWIG, R., <<Boosting: empowering citizens with Behavioral Science>>, Annual Review of Psychology, vol. 76, no. 8, 2025, pp. 51-81.

(24). SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Z., <<Administración, previsión y regulación resistente al futuro>>, SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Z. (Directora), Regulación con prospectiva de futuro y de consenso. Gobernanza anticipatoria y prospectiva administrativa, Aranzadi, 2022, pp. 29-51.

(25). BANERJEE, S., GRÜNE-YANOFF, T., JOHN, P., & MOSELEY, A., <<It’s time we put agency into behavioural public policy>>, Behavioural Public Policy, 2024, pp. 789-806. DOI: ENLACE.

(26). Ibid. 795.

(27). Es Profesor de filosofía en el Royal Institute of Technology (KTH) en Estocolmo, donde sus principales líneas de investigación son la filosofía económica, la filosofía de la ciencia y la teoría de las decisiones.

(28). Psicólogo alemán, investigador para el Max Plank Institute for Human Development, cuyas principales líneas de investigación en modelos de racionalidad limitada y ecológica, decisiones desde la experiencia, psicología del riego, desarrollo de toma de decisiones de por vida y políticas públicas basadas en la evidencia (boosting).

(29). GRÜNE-YANOFF, T. & HERTWIG, R., <<Nudge versus boost: How coherent are policy and theory?>>, Minds&Machines, no. 26, 2016, pp. 149-183.

(30). GUZMÁN MARÍN, F., <<El concepto de competencias>>, Contexto Odontológico, vol. 5, no. 10, 2015, pp. 17-38.

(31). MAYER, O., Derecho Administrativo Alemán. Parte especial: poder de policía y poder tributario, Editorial Palma, 1950, pp. 89.

(32). RIVERO ORTEGA, R., <<¿Nudging o boosting? buenas prácticas conductuales en la administración local>>, (coordinador) PONCE SOLÉ, J., Anuario de Buen Gobierno, 2024.

(33). HERTWIG, R. & GRÜNE-YANOFF, T., <<Nudging and boosting: steering or empowering good decision>>, Perspectives on psicological science, vol. 12, no. 6, 2017, pp. 974.

(34). VILLASEÑOR, P., <<La habilidad de desarrollar habilidades>>, Banco Mundial Blogs, 2018, recuperado de: ENLACE

(35). Las estrategias EAST constituyen un marco de diseño de intervenciones conductuales desarrollado por el Behavioural Insights Team (BIT), orientado a facilitar el cambio de comportamiento mediante la simplificación de las decisiones (easy), el aumento de su atractivo (attractive), el aprovechamiento de las normas sociales (social) y la intervención en momentos decisionales oportunos (timely), sin recurrir a la coerción ni a la modificación directa de los incentivos económicos.

(36). HERTWIG, R. & GRÜNE-YANOFF, T., (2017) op. cit., p. 977.

(37). HERZOG, S. M. & HERTWIG, R., <<Kompetenzen mit “Boosts” stärken: Verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse jenseits von Nudging>>, Report Psychologie, vol.47, no. 4, 2022, pp. 18-21.

(38). HERTWING, R. & GRÜNE-YANOFF, T., (2017) op.cit., pp. 979-980.

(39). VAN ROEKEL, H., REINHARD, J. & GRIMMELIKHUIJSEN, S., <<Building the behavior change toolkit: designing and testing a nudge and boost>>, Behavioral Scientist, 2021. Disponible en: ENLACE

(40). HERTWIG, R. & GRÜNE-YANOFF, T., (2017) op. cit., p. 978.

(41). VAN ROEKEL, H., et al., (2021) op. cit.

(42). MAERTENS, R., ROOZENBEEK, J., BASOL, M. & VAN DER LIDEN, S., <<Long-term effectiveness of inoculation against misinformation: three longitudinal experiments>>, Journal of Experimental Psychology applied, American Psycological Association, vol. 27, no. 1, 2021, pp. 1-16.

(43). HERTWIG, R., <<When to consider boosting: some rules for police-makers>>, Behavioral Public Policy, Cambridge University Press, 2017, pp. 143-161. DOI: ENLACE.

(44). RADBRUCH, G., <<Conceptos de clasificación y conceptos ordenadores del pensamiento jurídico>>, GUZMÁN DABORN, J. (Traductor), Revista electrónica de ciencia penal y criminología, 2009.

(45). SCIENCEBOOSTING, <<Types of boosts. What types of boosts are there?>>. Disponible en: ENLACE

(46). GRÜNE-YANOFF, T. & HERTWIG, R., (2016), op. cit., pp. 149-183.

(47). Ibid., pp. 159-160.

(48). En este punto, GIGERENZER ha dicho que <<[n]ecesitamos cambiar los planes de estudios escolares. Nuestros niños aprenden las matemáticas de la certeza, como la geometría y la trigonometría, pero no las matemáticas de la incertidumbre, es decir, el pensamiento estadístico. La alfabetización estadística debe enseñarse tan pronto como la lectura y la escritura>> (traducción propia) GIGERENZER, G., <<Colective statistical illiteracy>>, Archives of Internal Medicine, no. 170, pp. 468-469.

(49). HERTWIG, R. & GRÜNE-YANOFF, T., (2017) op. cit., p. 980.

(50). HERTWIG, R. & GRÜNE-YANOFF, T., (2017), op. cit., p. 976.

(51). HERZOG, S. M. & HERTWIG, R., op cit., p. 21.

(52). THOMPSON, C. A., TABER, J. M., SIDNEY, P. G., FITZSIMMONS, C. J., MIELICKI, M. K., MATTHEWS, P. G., SCHEMMEL, E. A., SIMONOVIC, N., FOUST, J. L., AURORA, P., DISABATO, D. J., SEAH, T. H. S., SCHILLER, L. K., & COIFMAN, K. G., <<Math matters: A novel, brief educational intervention decreases whole number bias when reasoning about COVID-19>>, Journal of Experimental Psychology: Applied, vol. 27, no.4, 2021, pp. 632–656. DOI: ENLACE

(53). BRICK, C., MCDOWELL, M., & FREEMAN, A. L. J., <<Risk communication in tables versus text: A registered report randomized trial on “fact boxes”>>, Royal Society Open Science, vol. 7, no. 3, 2020, Article 190876.DOI: ENLACE

(54). SEDLMEIER, P., & GIGERENZER, G., <<Teaching Bayesian reasoning in less than two hours>>, Journal of Experimental Psychology: General, vol. 130, no. 3, 2001, pp. 380–400. DOI: ENLACE

(55). Hay tres estudios adicionales presentados en el mismo sentido, los cuales verifican que la presentación de la información en frecuencias naturales permite una mejor comprensión de esta, especialmente si se trata de datos estadísticos, a saber: GIGERENZER, G., & HOFFRAGE, U., <<How to improve Bayesian reasoning without instruction: Frequency formats>>, Psychological Review, vol. 102, no. 4, 1995, pp. 684–704. DOI: ENLACE; HOFFRAGE, U., LINDSEY, S., HERTWIG, R., & GIGERENZER, G., <<Communicating statistical information>>, Science, vol. 290, 2000. DOI: ENLACE; y MCDOWELL, M., & JACOBS, P., <<Meta-analysis of the effect of natural frequencies on Bayesian reasoning>>, Psychological Bulletin, vol. 143, no. 12, 2007, pp. 1273–1312. DOI: ENLACE

(56). REIJULA, S., & HERTWIG, R., <<Self-nudging and the citizen choice architect>>, Behavioural Public Policy, Cambridge University Press, vol. 6, no.1, 2022, pp. 119–149.

(57). KOZYREVA, A., LEWANDOWSKY, S., & HERTWIG, R., “Citizens versus the internet: Confronting digital challenges with cognitive tools”, Psychological Science in the Public Interest, vol. 2, no. 3, 2020, pp. 103–156, DOI: ENLACE

(58). LORENZ-SPREEN, P., GEERS, M., PACHUR, T., HERTWIG, R., LEWANDOWSKY, S., & HERZOG, S., <<Boosting people’s ability to detect microtargeted advertising>>, Scientific Reports, Nature portfolio, 2021, DOI: ENLACE.

(59). ROOZENBEEK, J., & VAN DER LINDEN, S., <<The fake news game: actively inoculating against the risk of misinformation>>, Journal of Risk Research, no. 22, 2019, pp. 570 – 580.

(60). MAERTENS, R., ROOZENBEEK, J., BASOL, M., & VAN DER LIDEN, S., <<Long-term effectiveness of inoculation against misinformation: three longitudinal experiments>>, Journal of Experimental Psychology applied, American Psychological Association, vol. 27, no. 1, 2021, pp. 1-16.

(61). MAERTENS, R., ANSEEL, F., & VAN DER LINDEN, S., <<Combatting climate change misinformation: evidence for longevity of inoculation and consensus messaging effects>>, Journal of Environmental Psychology, 2020.

(62). HERTWIG, R. & GRÜNE-YANOFF, T., (2017) op. cit., pp. 981.

(63). SUNSTEIN, C., “People prefer system 2 nudges (Kind of)”, Duke Law Journal, no. 66, 2016, pp. 121-168.

(64). HERTWIG, R. & GRÜNE-YANOFF, T., (2017) op. cit., pp. 990-991.

(65). PONCE SOLÉ, J., El reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea de 2024, el derecho a una buena administración digital y su control judicial en España, Marcial Pons, 2025.

(66). Ibid, pp. 44–45.

(67). Ibid., pp. 45.

(68). Ibid., pp. 51–56.

(69). TORRES ALFONSO, J., <<Desinformación y odio a través de las redes sociales en Colombia: nudge y boost, propuestas desde las estrategias conductuales y la inteligencia artificial generativa>>, BUENO DE MATA, F. (Coordinador), FODERTICS 13.0. Estudios sobre innovación jurídica y derecho digital, Editorial Comares, 2025, pp. 313-330.

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